8N es el nombre dado a una masiva movilización ocurrida el 8 de noviembre de 2012 en la Argentina y otros países, que tuvo un perfil fuertemente opositor a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Las consignas y reclamos de los manifestantes estaban referidas a las políticas de la presidenta, y sus funcionarios, contra la corrupción, contra una eventual reforma constitucional, contra el impuesto a las ganancias que pagaban los trabajadores, contra la inflación, por una justicia independiente, por libertad de prensa, contra la inseguridad, contra las restricciones para la compra de dólares, y reclamando libertad y educación, entre otras.
Tanto la difusión de la fecha como la convocatoria se realizó través de diferentes redes sociales digitales, correos electrónicos, mensajes de texto y medios de comunicación de masas. Algunos partidos políticos opositores o dirigentes de los mismos a títulos personal, se sumaron o adhirieron a la convocatoria, y participaron en la misma.
Los medios hablaron de un millón de personas protestando. El Ministerio de Justicia porteño contabilizó 700000 personas en Buenos Aires, hubo 55000 personas en Córdoba, 20000 en Mendoza, 10000 en Tucumán y Mar del Plata y varios miles en el resto del país, ello sin contar la gran cantidad de argentinos que se congregaron a protestar en diferentes ciudades del mundo.
Antecedentes El 23 de octubre de 2011, se habían realizado elecciones presidenciales en Argentina, en las cuales la presidenta Fernández de Kirchner había resultado reelecta.
El 22 de diciembre de 2011, a instancias del gobierno nacional, fue modificada la Ley Antiterrorista, en un controvertido debate que incluyó apreciaciones en cuanto a que la ley podría ser utilizada para tratar a las corridas cambiarias, la prensa opositora y las protestas populares como actos tendientes a desestabilizar al gobierno. La ley fue promulgada por decreto presidencial el 28 de diciembre en un paquete que incluyó también la ley de Pasta Celulosa y Papel para Diarios.
En febrero de 2012, el periodista Nicolás Wiñazki publicó una nota en Clarín donde afirma haber establecido una relación comercial y personal entre el vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele (dueño de la ex Ciccone Calcográfica) y Carosso Donatiello, afirmando además que producto de esta relación la imprenta habría sido beneficiada con la concesión de un trabajo de impresión de billetes de 100 pesos por valor de 50 millones de dólares. El día 22 del mismo mes ocurre el accidente ferroviario de Once de 2012 donde fallecieron 51 personas y más de 703 resultaron heridas. Posteriormente, la causa judicial tuvo 21 condenas en primera instancia, de las cuales 20 fueron ratificadas en la apelación. Fueron condenados por la Justicia el ministro de Transporte Julio de Vido, el Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el anterior Secretario de Transporte Ricardo Jaime, el director de Cometrans, la empresa que debía controlar a TBA, Marcelo Calderón, los ejecutivos de TBA, el maquinista Marcos Córdoba y el empresario Claudio Cirigliano.
Referentes de distintos sectores acusaron a la administración de Cristina Fernández de Kirchner por la falta de control y el mal estado de los trenes a cargo de TBA, entre ellos Rubén Sobrero, partidos políticos como Proyecto Sur, UCR, ARI y varios más, y organismos de control como Auditoría General de la Nación.
En abril de 2012, renuncia Esteban Righi a su cargo de procurador general de la Nación, luego de ser denunciado por Amado Boudou. El fiscal impulsaba la investigación que apuntaba a Boudou por Ciccone. Boudou sostuvo ante la Justicia que el estudio que integra la esposa de Righi le ofreció hacer lobby en los tribunales de Comodoro Py, presagiándole que iba a tener problemas, lo que el vicepresidente vincula con la causa judicial en su contra que estaba a cargo de la Procuración de la Nación. Boudou denunció también que el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, se presentó ante él en 2011 sugiriendo un virtual arreglo económico para favorecer a la empresa Boldt en su intento de retener el manejo de la quebrada Ciccone Calcográfica. Righi apoyó la designación como juez de Daniel Rafecas y por lo tanto de Carlos Rívolo. El candidato impulsado por la presidencia para reemplazar a Rhighi, Daniel Reposo, renunció a su candidatura luego de que en una extensa sesión en el Senado tuviera problemas para defender los datos aportados en su currículum y su bajo historial académico. Posteriormente, Boudou fue condenado por la Justicia a 5 años y 10 meses de prisión por considerarlo autor plenamente responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles en la función pública por la venta de Ciccone.
En mayo de 2012, el gobierno argentino organizó una misión comercial a Angola, liderada por Guillermo Moreno y a la cual asiste también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta afirmó en esa ocasión que Angola "puede ser una excelente plataforma para los empresarios argentinos". También señaló que "somos abanderados en materia de defensa irrestricta de los derechos humanos" frente a José Eduardo dos Santos, que encabezabe el gobierno de ese país desde 1979, y había reformado varias veces la constitución para permanecer en el cargo. La visita sucede en medio de una polémica por el reparto de medias con la leyenda “Clarín Miente” hecha a niños angoleños por Mauricio Benítez, funcionario de la municipalidad de La Matanza en el área de la secretaría de Prensa y Difusión y militante de la JP Evita. Angola es considerada uno de los países más corruptos del mundo.
En julio de 2012, el Banco Central de la República Argentina emitió el comunicado 5318 A, donde se oficializa la prohibición de comprar dólares para atesoramiento. La circular A 5318, suspende otra normativa que permitía esa opción (el punto 4.2 del anexo a la Comunicación A 5236). La venta de dólares a particulares para atesoramiento venía siendo controlada desde octubre de 2011.
Durante los primeros días de octubre de 2012 se produjo la insubordinación de varios destacamentos (Buenos Aires, Jesús María, Bariloche, Tucumán, Salta, Jujuy, Rosario y Tierra del Fuego) de las fuerzas de Gendarmería y Prefectura motivado por un decreto presidencial que tuvo el efecto de un drástico recorte en los haberes percibidos por los efectivos de esas fuerzas.
Casi simultáneamente, la Corte Suprema de Ghana emitió una orden para detener a la fragata ARA Libertad en el puerto de Tema, haciendo lugar a un pedido emitido por los demandantes NML Capital Limited de Elliot Management y Huntlaw Corporate Service, un grupo que representa legalmente a todo tipo de fondos de inversión, en un intento por cobrar algunos fallos que obtuvieron en su favor en las Cortes de Nueva York, ante lo que calificaron como un incumplimiento del gobierno argentino en cuanto a sus obligaciones internacionales.Por un juicio de bonistas, retienen a la Fragata Libertad en GhanaRetienen la Fragata Libertad en Ghana por un reclamo de bonistas Hacia el final de ese mes el think tank kirchnerista Carta Abierta emite un borrador titulado "La diferencia" que explicita en su último apartado la necesidad de la reforma constitucional con el fin de habilitar un nuevo mandato presidencial, haciendo un llamado a "la continuidad institucional del actual liderazgo" de la presidenta Cristina Kirchner. La propuesta pronto se extendió a diversos referentes del oficialismo.
Redes sociales y convocantes
En el primer semestre del año 2012, algunos sitios web de orientación opositora a C. Kirchner organizados en las redes sociales, como El cipayo, NomásK. Unamos nuestros votos, Argentina sin korrupción, cacerolazos anti k (Veconica) ElantiK, Legión antik, Indignados argentinos o Somos el 46%, comenzaron a convocar cacerolazos (en general a través de Facebook y Twitter) El primero se concretó el viernes 1 de junio, en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona norte, destacándose el de la esquina de Callao y Santa Fe en Barrio Norte.
Los medios oficialistas sostenían que la movilización del 8 de noviembre estaba basada en una campaña financiada por la Fundación Pensar —el think tank del PRO—, investigada por lavado de dinero, que según ellos, "obtuvo recursos del gobierno de la ciudad por al menos $1302153 para beneficiar ilícitamente a la Fundación Pensar, valiéndose de la Fundación CEPPA e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural".El Destape, Imputan a Hernán Lombardi por presunto lavado de dinero El PRO, en ese momento en la oposición, fue el partido que le ganó las elecciones siguientes, en 2015.
Consignas
La movilización contó con diferentes consignas entre las que se incluyeron pedidos en contra de la inseguridad, por los casos de corrupción que salpicarían a algunos funcionarios, las restricciones a la compra de dólares, el apoyo de algunos sectores oficialistas a una eventual reforma constitucional que pudiera permitir una nueva reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la forma de medir la inflación.
Los manifestantes arrojaron sobre la Avenida 9 de julio panfletos con mensajes en defensa de la libertad nacional, reclamaron una mayor seguridad, un verdadero respeto por la libertad de prensa, un poder judicial independiente, una política que mantenga la inflación bajo control y se pronunciaron en contra de una posible reforma constitucional. Incluso en cada plaza del país hubo puntos de reunión, cada provincia salió en familia a manifestar, una referente, Verónica Moreno, quien organizó el cacerolazo en las provincias con puntos y horarios. Al saberse de esta convocatoria, argentinos en el exterior también hicieron su protesta por un país mejor. y por una mejor calidad institucional. A la manifestación llegaron columnas procedentes de distintas zonas del conglomerado, incluso de la zona sur.
thumb|left|8N frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
Opiniones desde el oficialismo
El senador Aníbal Fernández afirmó, en el programa de «Magdalena tempranísimo», que
Los asesores del senador manifiestan haber identificado a algunos de los organizadores, entre ellos a un excapitán de la Armada, una periodista de La Nación y a operadores de la Fundación Libertad y Progreso (entre cuyos directivos figura el ex-radical Ricardo López Murphy), el Partido Liberal Libertario y la Unión por Todos.
Campaña "8-N yo no voy" thumb|200px|8N frente al Cabildo. Desde las mismas redes sociales en las que se convocaba a la manifestación del 8N, se comenzó a gestar el 8 de octubre una contracampaña denominada "8-N yo no voy" que obtuvo unos 32 mil adherentes y cuyos organizadores fueron Juan Carlos Romero López (especialista en mercadeo en línea), Jorge Schussheim (ex-publicista) e Ivy Cángaro, que, si bien rechazan tajantemente el responder al gobierno, se describen como ciudadanos independientes con simpatía hacia el kirchnerismo. La propuesta se basó en que las personas envíen sus fotografías y argumenten su falta de asistencia a la protesta.
La diputada nacional Patricia Bullrich sostuvo que la campaña estaba financiada por el gobierno a través de la agencia S+C+W (Schussheim, Cosin, Weinsteiner) Estrategias en Marketing Político. y que, además, los organizadores perseguían fines comerciales con ésta Juan Carlos Romero, administrador principal de la propuesta negó las afirmaciones de la diputada Bullrich.
Lugares de la protesta
En Argentina
En diferentes ciudades del interior también hubo movilizaciones, como en Córdoba, en Rosario, cerca del Monumento a la Bandera, en la localidad de Olivos, en Mendoza, en San Miguel de Tucumán, en Bahía Blanca,
En el exterior