El Consorcio de la Zona Franca de Vigo es una institución pública que desde 1947 trabaja para potenciar el comercio internacional y el desarrollo económico desde el noroeste de España. En su sede social de la Casa de Fernando Carreras, situada en el cruce de las céntricas calles del Arenal y Oporto, gestiona una zona franca con todas sus ventajas para la importación y exportación. Como agencia de desarrollo económico no solo es el principal promotor de parques empresariales en su área de influencia, sino que proporciona a las empresas una plataforma de servicios que van desde la financiación -a través de la empresa de capital-riesgo Vigo Activo-, la ayuda a emprendedores -a través de los Centros de Iniciativas Empresariales y colaborando con la Universidad de Vigo en capital semilla-, y la información económica para la toma de decisiones –a través del servicio de información empresarial Ardán-.
Según los datos del Consorcio las más de 620 empresas instaladas en sus polígonos generan alrededor de 25 000 puestos de trabajo, alcanzando una facturación 17 982 millones de euros y un beneficio económico de 1 930 millones de euros. La rentabilidad media de las empresas de los parques del Consorcio es un 1,24 puntos porcentuales superior a la media de la comarca, y la productividad media por empleado es un 28,15% mayor. Actualmente se trabaja para ampliar la oferta de los casi 5 millones de metros cuadrados que se gestionan en los parques empresariales de Balaídos, Bouzas, A Granxa, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo (PTL) y Porto do Molle, con la puesta en marcha de la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves (PLISAN) y de un nuevo parque empresarial en el municipio de Vigo.
Esta institución está integrada por entidades como el Ayuntamiento de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, Vigo y Villagarcía de Arosa, la Autoridad Portuaria y el Estado español quien nombra, en Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Hacienda, al Delegado Especial del Estado.
El Delegado del Estado actual, David Regades, es quien preside las reuniones mensuales del Comité Ejecutivo, órgano encargado de la gestión, administración y dirección de esta institución pública. La Presidencia del Consorcio le corresponde a la Alcaldía de Vigo. En el año 2021, la institución pública trasladó su sede social a la Casa de Fernando Carreras, conocida como el «Edificio del Rectorado».
Delegados del Estado
Nombres y fechas de nombramiento de los Delegados del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo:
Rafael Portanet: 22/09/1947.Decreto de 22 de septiembre de 1947
Fernando Alonso Amat: 26/06/1978.Real Decreto 1440/1978, de 26 de junio 1978
Francisco López Peña: 27/01/1989.Real Decreto 97/1989, de 27 de enero 1989
Pablo Egerique Martínez: 12/07/1996.Real Decreto 1750/1996, de 12 de julio 1996
Francisco López Peña: 07/06/2004.Real Decreto 1379/2004, de 7 de junio de 2004
María Teresa Pisano Avello: 30/05/2008.Real Decreto 932/2008, de 30 de mayo de 2008
Teresa Pedrosa Silva: 10/02/2012.Real Decreto 372/2012, de 10 de febrero de 2012
David Regades Fernández: 06/07/2018.Real Decreto 837/2018, de 6 de julio de 2018
Historia
Una gran parte del desarrollo de Vigo se ha debido a la actividad de su Zona Franca. El Consorcio ha sido el promotor del Polígono industrial de Balaídos donde a finales de la década de los 50 se instaló la factoría de Citroën Hispania alrededor de la cual se ha desarrollado en Vigo un importante sector de la automoción; del Parque Tecnológico y Logístico de Vigo (en la parroquia de Valladares) y de las principales actuaciones de suelo industrial del área de influencia de la ciudad. El Consorcio también realizó la gran operación de recuperación urbana Abrir Vigo al Mar y consiguió poner en marcha el Museo del Mar de Galicia para devolverlo, completamente terminado, al Gobierno Gallego. En su más de medio siglo de existencia, ha ido jugando un papel cada vez más destacado no sólo en los engranajes económicos de la ciudad, sino en las infraestructuras, el urbanismo y en el apoyo a todo el proceso empresarial desde los emprendedores a la industria madura.
Orígenes
En 1947, cuando el BOE publicó el decreto por el que el Gobierno concedía a la ciudad de Vigo la tercera zona franca de España (las otras dos eran las de Barcelona y Cádiz), la noticia se celebró con gran entusiasmo por las autoridades y organizaciones empresariales locales que intuyeron que esta ventaja diferencial frente a otras ciudades impulsaría el crecimiento económico de Vigo.
Como explicaba Francisco López Peña, Delegado del Estado en dos ocasiones, a los alumnos de la Universidad de Vigo, «En el momento de creación de la Zona Franca, España se encontraba en plena autarquía y el cierre económico era absoluto. Prohibir las importaciones había sido un error radical, pues lejos de proteger la industria del país, encarecía los procesos industriales e impedía a la economía especializarse y hacerse competitiva. La Zona Franca, sin embargo, permitía la instalación de empresas que aprovechasen las ventajas de importaciones más baratas y las facilidades a la exportación. Fue un paso importante para la ciudad, una ventaja comparativa que hizo posible su despegue económico».
thumb|left|Primer almacén del Consorcio en el Puerto de Vigo.
Aún tardarían unos años, sin embargo, en hacerse realidad las prometedoras perspectivas creadas por el decreto de concesión de la Zona Franca. El Consorcio encargado de su administración y explotación, presidido por el alcalde de Vigo e integrado por un Delegado del Estado y varios concejales y representantes del Estado de entidades ciudadanas, debía presentar al Consejo de Ministros un plan de delimitación de la Zona Franca y estuvo debatiendo durante un tiempo qué orientación darle al proyecto: industrial o comercial. Rafael Portanet, primer Delegado del Estado en el Consorcio, se inclinaba por la primera, dado que la promoción del desarrollo industrial era entonces una necesidad perentoria.
Como señala Juan José Vázquez-Portomeñe en el libro «Los consorcios administradores de zonas francas. El Consorcio de la Zona Franca de Vigo» “el debate finalizó con una aparente solución de compromiso, pues el proyecto elevado por el Consorcio a la aprobación del Gobierno comprendía tanto una zona industrial como otra comercial, pero a la larga la opción industrial terminó prevaleciendo, pues la Zona Franca comercial inicialmente perfilada no llegó a constituirse”.
El proyecto inicial contemplaba la construcción en Alcabre de un puerto propio sobre terrenos ganados al mar, que contaría incluso con instalaciones de refinado de petróleo. Pero según se fueron constatando las enormes exigencias técnicas y financieras que implicaría su ejecución, hubo que restringir el proyecto a una extensión de 650 000 metros cuadrados en Balaídos, espacio suficiente para atender las solicitudes de instalación que ya habían formulado varias empresas. Esta opción se tomó dado que pendía la amenaza de caducidad de la concesión, pues los plazos estaban a punto de expirar.
Para adquirir los terrenos de Balaídos se tuvieron que comprar cerca de dos mil pequeñas fincas y utilizar procedimientos expropiatorios para conseguir las parcelas. Además, el Consorcio sólo disponía en aquel momento de una subvención estatal de un millón y medio de pesetas, insuficiente para afrontar el coste financiero de las adquisiciones. Finalmente, fue un crédito de trece millones otorgado por la Caja de Ahorros de Vigo (actualmente Abanca) lo que permitió a la Zona Franca ponerse a funcionar.
Aluminio, Ferroaleaciones y, sobre todo, Citroën Hispania, fueron las empresas que primero aprovecharon las ventajas fiscales de la Zona Franca y consolidaron su orientación industrial. En 1956, la decisión de la firma automovilística francesa de instalarse en Vigo fue un momento crucial, no sólo porque su actividad llegaría a ser la fuente primordial de los recursos financieros que han permitido al Consorcio dotarse del perfil de institución de fomento económico que actualmente le caracteriza, sino también porque con ella nació en la ciudad un nuevo sector industrial que, con el tiempo, impulsó la creación de un importante entramado de empresas auxiliares de la industria del automóvil. Hoy, el llamado Cluster del Automóvil, además de surtir a la factoría viguesa de piezas y componentes provee a otras marcas automovilísticas y atrae a Vigo a firmas multinacionales.
Normativa Europea
La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso un cambio radical en la configuración de la Zona Franca. Por una parte, España tuvo que someterse a la legislación comunitaria, que no concibe las zonas francas como lugares industriales, sino como puntos de entrada de productos de países terceros, sin impuestos ni aranceles, por otro lado, la economía pasaba a ser absolutamente abierta y a funcionar con otros parámetros.
Ante este nuevo escenario que le hacía perder el carácter industrial, el Consorcio tuvo que replantearse la función de la Zona Franca. Fue entonces cuando se decidió crear en el puerto un área comercial destinada a servicios, logística, almacenamiento y apoyo al tráfico internacional. Pero también había llegado el momento de utilizar el patrimonio acumulado para seguir potenciando el crecimiento económico de Vigo e iniciar otro tipo de actividades. El Consorcio de la Zona Franca no tardaría en convertirse en una agencia de desarrollo local.
Agencia de desarrollo económico
thumb|left|Entrada al Parque Tecnológico y Logístico de Vigo en Valladares.
A partir de 1989, las actividades estrictamente comerciales de la Zona Franca comenzaron a desplazarse hacia el nuevo enclave portuario de Bouzas, donde el Consorcio había obtenido de la Autoridad Portuaria de Vigo la concesión de una superficie de 144 352 metros cuadrados a cambio de comprometerse a realizar las infraestructuras necesarias para terminar el espacio ganado al mar. A lo largo de la década siguiente serían ocupadas todas las instalaciones y llegado el año 2000 hubo que ampliar la superficie hasta los 200 000 metros cuadrados actuales donde las mercancías disponen de almacenaje cubierto y descubierto con despacho aduanero propio. A Bouzas aquí se trasladaron también las oficinas centrales del Consorcio.
Actualmente este espacio alberga a unas cuarenta empresas que se benefician de las infraestructuras, las prestaciones y las ventajas fiscales que se les ofrecen para el almacenamiento y distribución de mercancías. Tal como afirman las publicaciones promocionales del Consorcio, el Área Comercial de Bouzas se ha convertido en la puerta atlántica del sur de Europa.
Sin embargo, más que su actividad comercial, ha sido su función de agencia del desarrollo lo que ha transformado al Consorcio de la Zona Franca en verdadero motor de Vigo y su área metropolitana. En este sentido, construir parques empresariales y facilitar suelo industrial a todo tipo de empresas llegó a ser la primera de sus actividades ya que en Vigo había una demanda enorme de suelo que impedía el progreso de la ciudad. Viendo que el crecimiento económico de Vigo era menor que su potencial, el Consorcio pensó que era importantísimo proveer a las empresas de suelo de promoción pública y con todos los servicios.
El primer polígono creado por el Consorcio sin estar considerado zona franca fue el de A Granxa, en Porriño. Inaugurado en 1996, esta actuación supuso tres mil nuevos puestos de trabajo en la comarca de Vigo. Desde entonces y hasta hoy, el Consorcio promueve, en colaboración con los ayuntamientos donde se sitúen los terrenos, millones de metros cuadrados de suelo empresarial perfectamente equipados y estratégicamente situados en el área metropolitana.