thumb|IPC mundial en 2022. Cuanto más rojo es el color, mayor es la percepción de corrupción del país. |400px La corrupción en Chile se refiere al mal uso público del poder político y económico, por parte del Estado chileno y entidades privadas, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, contrario a lo que sería la realización de prácticas transparentes.
Según el Índice de percepción de corrupción (IPC) publicado por la ONG Transparencia Internacional en 2024, Chile quedó en el puesto 32 entre 180 países, considerándose el país latinoamericano con menor corrupción durante todo lo que va del . Los casos de corrupción en Chile no suelen ser explícitos ni estar relacionados con el cohecho como en otros países, sino que suelen tomar formas más intrincadas.
Chile previo a la dictadura militar (1891-1973) Algunos intelectuales, como Francisco Antonio Encina, dicen que desde su independencia Chile fue un ejemplo de probidad y honradez. Encina explica que han sido la envidia y las pasiones políticas las que han originado o abultado las acusaciones de corrupción a partir de 1891 (inicio del Parlamentarismo en Chile), exagerando su importancia real. La mayoría de los historiadores disienten y advierten un efectivo aumento de la corrupción desde la época parlamentaria. Gonzalo Vial dice que la corrupción en el régimen parlamentario nace del nuevo régimen electoral, que dio un rol desproporcionado a los partidos políticos. Según Vial, durante los gobiernos radicales varios miembros de ese partido aprovecharon su situación política para enriquecerse.
El historiador socialista Julio César Jobet dice que los valores de la austeridad, el sentido de la responsabilidad y la sobriedad que existieron en el y que fueron factores del desarrollo del país, se desmoronaron en el para dar paso a un desenfrenado ambiente de corrupción, mediocridad, compadrazgo, oportunismo y decadencia.Jobet, Julio César, Ensayo crítico sobre el desarrollo económico y social de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1956, pp. 224.
Parlamentarismo thumb|269x269px|Edificio del ex Congreso Nacional de Chile en 1920, centro y base del parlamentarismo chileno. Durante el período de la República Parlamentaria el resultado de las elecciones dejó de depender del presidente, quedando en manos de los partidos políticos. Los partidos armaron máquinas electorales en los municipios para manipular los comicios, comprando a regidores y alcaldes, siendo estos últimos los encargados de inscribir a los votantes, recibir los sufragios y recontarlos. Esto detonó el florecimiento de la corrupción electoral, que en ocasiones llegaba a casos tales como el hacer sufragar a los muertos, falsificar los escrutinios y robar actas y urnas.
En las regiones rurales los votantes eran manipulados de forma directa por los grandes terratenientes y empresarios regionales. También existía el cohecho y la compra de votos, práctica registrada desde los años 1870. Su raigambre llegó a ser tal que los votantes reclamaban cuando los candidatos no cohechaban y se ahorraban el gasto.
Se empezó a considerar a los servicios públicos como un botín de los partidos vencedores de las elecciones, que instalaba a adeptos suyos en la maquinaria estatal. La administración se volvió incompetente, funcionando únicamente en presencia de favores personales o sobornos. En particular los partidos se disputaban la designación de jueces, por su importancia en los reclamos electorales, los que actuaban de forma inepta, parcial y corrompida.
Se desarrollaron además vínculos entre los políticos y los grandes negocios. Varios parlamentarios, aprovechando su poder e influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra de los intereses del Fisco. Existieron casos graves que involucraban la concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte de empresas salitreras. También se registraron casos en que parlamentarios colocaban un precio para apoyar al gobierno.
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el primer mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.
República Presidencial
El autor Carlos Neely marca el inicio de una época de corrupción, mediante el abuso del aparato estatal, desde el gobierno de Gabriel González Videla, considerando al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo como el más corrupto de la historia nacional.Neely, Carlos, Crónicas de corrupción a la chilena, Santiago, Cuarto Propio, 2010.
Buena parte de las críticas contemporáneas se dirigieron a la corrupción electoral, pues la compra de votos podía llegar a controlar hasta el 5 % de los sufragios.Cruz-Coke, Ricardo, Geografía electoral de Chile, Pacífico, Santiago, 1952, pp. 56-57.
Existen testimonios de que el Partido Femenino de Chile, creado en 1946 por María de la Cruz, la primera senadora de Chile, y activo hasta 1954, recibía dineros del Partido Peronista argentino. Según la escritora y exdirigente del partido, Matilde Ladrón de Guevara, los dirigentes viajaban constantemente a Argentina entre 1950 y 1960 para buscar fondos que luego no eran consignados en las arcas del partido. María de la Cruz, en medio de un auge antiperonista en la política chilena, fue exonerada de su cargo de senadora por dichos actos delictivos, si bien los Tribunales de Justicia posteriormente declararon su inocencia.
Durante todo el período republicano entre 1830 y 1973, no está documentado que algún presidente de Chile se haya enriquecido ejerciendo en el poder. Existen varios casos semejantes al de Manuel Montt (1851-1861) o Aníbal Pinto (1876-1881), quienes continuaron ejerciendo sus profesiones originales (abogacía y docencia, respectivamente). El historiador Francisco Antonio Encina se refiere al presidente José Joaquín Pérez (1861-1871) como un hombre sin ambiciones personales, así como las influyentes figuras políticas de Antonio Varas o Diego Portales. Por su parte, los últimos tres presidentes previos a la dictadura militar —Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973)— suelen ser también considerados como ejemplos de probidad, pese a que existen documentos tales como el Archivo Mitrojin, que vinculan pagos de la KGB a Salvador Allende a cambio de información privilegiada.
Dictadura militar (1973-1990) Durante el periodo de la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet, iniciada con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende, y finalizada el 11 de marzo de 1990 con el plebiscito nacional de 1988, la corrupción en el país se comenzó a desarrollar dentro del casi absoluto secretismo, siendo favorecida por la ausencia de libertad de expresión y de libertad de prensa, propias de cualquier dictadura, así como por la imposibilidad por parte de la Contraloría de poder realizar sus funciones fiscalizadoras.
A continuación se describirán los principales casos de corrupción que se han dado a conocer después del retorno a la democracia, no considerándose las múltiples violaciones a los derechos humanos transcurridas durante este periodo, por corresponder a delitos de otro tipo.
Para el autor Patricio Orellana Vargas, este periodo fue el gatillante de la generalización de la corrupción política venidera, hasta entonces casi inexistente, y en su mayoría restringida fundamentalmente a la compra de votos.
Conflictos de intereses Despidos y exoneraciones masivos thumb|Joaquín Lavín (UDI) con solo 26 años fue designado decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción (en la foto) durante la dictadura militar.
Una de las primeras acciones de este periodo fue el despido masivo de funcionarios públicos del poder ejecutivo, y el reemplazo de otros por personas partidarias a la dictadura, no necesariamente capacitadas para los cargos. El autor Patricio Orellana considera que tales despidos masivos corresponden a un caso de corrupción «pues la decisión se basaba en obtener un beneficio personal del que decidía, porque se ganaba la lealtad de los funcionarios que quedaban y eliminaba a los que discrepaban, de manera que se torcía el sentido de la decisión ya que no se perseguía el bien común sino los afanes de poder del que decidía. Si era necesaria una reducción, lo correcto era eliminar a los funcionarios más ineficientes en primer lugar, pero la eficiencia no tuvo ninguna injerencia en la decisión de despido». Si bien se desconoce la cantidad exacta de despidos y exoneraciones realizados entre 1973 y 1977, de un 12,5% de empleos públicos se redujo drásticamente a menos de la mitad. Según documentó Joaquín Lavín, por entonces miembro de los llamados «Chicago Boys», entre 1977 y 1986 el número de funcionarios disminuyó en 208 963, y otras referencias hablan de una reducción del 52,4% de los funcionarios públicos, pasando de 305 000 empleados de planta antes del golpe de Estado (1973) a 139 440 en 1989. Dentro del poder judicial también se exoneró a los opositores al Régimen, dejando una mayoría de jueces de derecha fieles al nuevo periodo.
El Servicio Nacional de Aduanas contaba con una escuela de capacitación para sus funcionarios, que fue cerrada, exonerándose a cientos de trabajadores y siendo reemplazados por familiares de militares, sin formación formal para ejercer el cargo.
En cuanto al ámbito académico, al menos dos mil profesores universitarios que habían ganado su posición a través de un sistema de concursos, fueron exonerados y reemplazados por personas sin rendir ningún examen de competencias. Tras el retorno a la democracia, a diferencia de otros países como España, Argentina, Brasil y Uruguay, los exonerados no fueron reintegrados a sus trabajos.
En 1978 se promulgó el Decreto de Ley N.º 2.345, que permite al ministro del Interior «la remoción y nombramiento de funcionarios en toda la administración del Estado», tarea que «no será imposibilitada ni diferida por la existencia de fueros o inamovilidades legales de ninguna naturaleza». En 1984, el Decreto de Ley N.º 966 permitió al ministro de Hacienda decidir «la remoción o designación de funcionarios» en casi todas las reparticiones fiscales.
Cohecho Por esta época se produjeron coimas a los jueces para que éstos cambiaran sus veredictos o bien actuaran por omisión en algunos casos. En El libro negro de la justicia chilena, publicado en 1999, se menciona que en 1993, ya en democracia, se destituyó por estas razones a un juez del Tribunal Supremo, el ministro Pablo Cereceda.
La «ley de amarre» El 8 de marzo de 1990, solo tres días antes de que Augusto Pinochet pasara el mando al presidente Patricio Aylwin, como última práctica de la dictadura de Pinochet, este y su ministro del Interior Carlos Cáceres Contreras promulgaron la ley 18.972, también conocida como «ley de amarre», que agregó un artículo 2º a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (N.º 18.575), y un artículo 7º a la ley de Estatuto Administrativo (N.º18 834).