thumb|General Dámaso Berenguer. La dictablanda de Berenguer es la denominación que se ha dado al último periodo de la Restauración borbónica y del reinado de Alfonso XIII en España. En dicho período hubo dos gobiernos: el ejecutivo del general Dámaso Berenguer, formado en enero de 1930 para que restableciera la «normalidad constitucional» tras la dictadura de Primo de Rivera, y el que le siguió un año después, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, que daría paso a la proclamación de la Segunda República española.
El término «dictablanda» fue utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de Berenguer que ni continuó con la dictadura anterior, ni restableció plenamente la Constitución de 1876, ni mucho menos convocó elecciones a Cortes Constituyentes como exigían la oposición republicana y los monárquicos «constitucionalistas».
El gobierno de Berenguer
Formación del gobierno El 28 de enero de 1930, el mismo día en que el dictador Miguel Primo de Rivera se vio obligado a dimitir, Alfonso XIII nombró al general Dámaso Berenguer, jefe de su Cuarto Militar desde 1927, presidente del gobierno, con el propósito de convocar al parlamento para retornar a la «normalidad constitucional». Pero, como ha señalado Genoveva García Queipo de Llano, esto ya no era posible si se pretendía enfocar el proceso de transición hacia un régimen liberal, simplemente mediante el restablecimiento de la situación previa al golpe de Estado de 1923, es decir, sin tener en cuenta la vinculación que había existido entre la Corona y la dictadura de Primo de Rivera. Y ese fue el error que cometieron el rey y su gobierno: intentar volver a la Constitución de 1876, cuando en realidad llevaba ya seis años abolida, porque desde 1923 Alfonso XIII era un «rey sin Constitución», y su poder durante ese tiempo no había estado legitimado por ella, sino por el golpe de Estado que el rey aceptó. La monarquía se había vinculado a la dictadura y ahora pretendía sobrevivir cuando la dictadura había caído. thumb|left|Alfonso XIII y el general Primo de Rivera Años después, en 1946, Berenguer publicó en unas memorias un listado de problemas que él identificó cuando Alfonso XIII le encargó la misión de formar Gobierno en 1930:
Los políticos republicanos y «monárquicos sin rey», así como numerosos juristas, denunciaron que la vuelta a la «normalidad constitucional» era imposible. El magistrado Mariano Gómez González escribía el 12 de octubre de 1930: «España vive sin Constitución». La dictadura de Primo de Rivera, al violar la Constitución de 1876, había abierto un proceso constituyente, afirmaba Gómez, que solo la nación podía cerrar con un retorno a la normalidad conducido por «un gobierno constituyente, unas elecciones constituyentes, presididas por un poder neutral que no fuera parte beligerante en el conflicto creado por la dictadura, un sistema de libertad y garantías ciudadanas de plenitud constituyente y Cortes con autoridad suprema para crear la nueva legalidad común».
El general Berenguer tuvo muchos problemas para conformar su gobierno porque los partidos dinásticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, después de seis años de dictadura habían dejado de existir, ya que nunca fueron verdaderos partidos políticos sino redes clientelares cuyo único fin era ocupar el poder cada cierto tiempo, gracias al fraude electoral institucionalizado del sistema caciquil. A título individual la mayoría de los políticos de los partidos del turno se negaron a colaborar, por lo que Berenguer solo pudo contar con el sector más reaccionario del conservadurismo, que encabezaba Gabino Bugallal. En sus «Memorias de la reserva y apartamiento» se quejó de que las «organizaciones monárquicas… arrastraban una vida lánguida y casi clandestina, acumulando agravios y rencores, reducidas al mantenimiento de sus cuadros en concentrada y airada actitud de protesta». El varias veces ministro Miguel Villanueva calificó al gabinete de «zaguanete de alabarderos», en referencia a la intervención directa del rey en su composición.
Por su parte la Unión Patriótica, el partido único de la dictadura convertido en 1930 en la Unión Monárquica Nacional, tampoco apoyó claramente al gobierno Berenguer. Así pues, la monarquía no tuvo a su disposición ninguna organización política capaz de conducir el proceso de transición. Sin embargo, la Unión Monárquica Nacional, a diferencia de los partidos del turno, desplegó una intensa campaña de movilización ciudadana, con actos públicos por toda España, en los que en ocasiones tuvieron que hacer frente a manifestaciones hostiles de liberales y de republicanos que se saldaron con incidentes graves en algunos lugares, como en Lugo, donde cinco personas resultaron heridas de diversa consideración por la actuación de la fuerza pública que se vio obligada a intervenir.
El intento de retorno a la normalidad constitucional La política que llevó adelante el gobierno Berenguer tampoco pareció ayudar demasiado a «salvar» a la monarquía. La lentitud con que se fueron aprobando las medidas liberalizadoras —la censura seguía vigente y la garantía de los derechos individuales continuaba en suspenso—, hizo dudar de que el objetivo del gobierno fuera realmente restablecer la «normalidad constitucional». Por eso en la prensa se comenzó a calificar al nuevo poder como «dictablanda». En realidad lo que el general Berenguer pretendía era dar tiempo a los dos partidos dinásticos para que se reconstruyeran y así poder convocar elecciones según los usos de la Restauración. De hecho, según confesó él mismo en De la Dictadura a la República, al final del verano ya había hecho una previsión del reparto de los diputados en las nuevas Cortes: 93 conservadores, 70 liberales, 34 monárquicos independientes, 27 prietistas, 20 mauristas, 18 ciervistas, 18 albistas, 16 independientes indefinidos, 15 romamonistas, 8 reformistas, 8 republicanos o socialistas, 7 regionalistas y 4 umenistas... quedando 68 distritos libres, «aún no clasificados, entre los que se contaban muchos de las grandes capitales». Esta era la razón por la que Berenguer se negaba a convocar antes las elecciones municipales, como le reclamaban políticos liberales tan destacados como el conde de Romanones y Santiago Alba. Mientras tanto la conflictividad social y laboral crecía. Pero a pesar de todo el general Berenguer se sentía optimista, tenía «fe en el resultado de las elecciones». Los informes del Ministerio de la Gobernación indicaban «cuán lejos estaban los municipios rurales, las pequeñas poblaciones... del ambiente que predominaba en muchas capitales». miniaturadeimagen|Retirada de la fachada del Palacio de las Cortes del rótulo con el nombre «Asamblea Nacional» que estaba ocultando el de «Congreso de los Diputados» (Blanco y Negro, octubre de 1930).
El propio rey tomó la iniciativa para intentar sumar apoyos a su «retorno a la normalidad constitucional» y se entrevistó en junio en París, donde se encontraba autoexiliado, con Santiago Alba. Al parecer Alfonso XIII aceptó sus condiciones de reformar la Constitución de 1876 en un sentido democrático y de actuar como «mero Poder moderador», pero Alba no acababa de fiarse del monarca y «llegado el otoño, aún seguía en París». Una desconfianza que era compartida por otros muchos políticos monárquicos, como se había puesto en evidencia en mayo cuando una parte de ellos no acudieron al cumpleaños del rey. El primero en expresarla públicamente había sido el conservador José Sánchez Guerra, que había encabezado el fracasado golpe de Estado de enero de 1929 que había intentado derribar a la Dictadura. El discurso pronunciado en el Teatro de la Zarzuela el 27 de febrero, en el que pidió la convocatoria de Cortes constituyentes, lo cerró citando al duque de Rivas —«No más servir a señores que en gusanos se convierten»—, lo que causó una gran indignación entre los monárquicos más fieles al rey —sin embargo tampoco gustó a los republicanos porque Sánchez Guerra se reafirmó en su condición de «monárquico, constitucional y parlamentario», aunque aceptó el «derecho de España a ser republicana»—.
Este grupo de monárquicos que desconfiaban de las intenciones de Alfonso XIII constituyeron el «bloque constitucionalista». Como ha señalado Miguel Martorell Linares, «consideraban muerta la Constitución de 1876 y al rey incapacitado para ejercer la jefatura del Estado si no se sometía al refrendo de unas Cortes Constituyentes». Algunos de ellos, como Joaquín Chapaprieta o Ángel Ossorio y Gallardo, que en mayo se había declarado «monárquico sin rey», iban más lejos y abogaban por la abdicación en el Príncipe de Asturias —una opción complicada debido a la grave enfermedad, hemofilia, que padecía don Alfonso—. Otros monárquicos se pasaron directamente al campo republicano como Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, y Niceto Alcalá-Zamora, que fundaron el nuevo partido de la Derecha Liberal Republicana). También el hijo de José Sánchez Guerra, Rafael Sánchez Guerra. Alcalá-Zamora declaró en abril que Alfonso XIII, «corcel del impulso absolutista», podía volver a dar en cualquier momento «el relincho alegre de la aventura». La desconfianza hacia Alfonso XIII también se extendió a la extrema derecha de la Unión Monárquica Nacional, aunque por los motivos contrarios. El exministro primorriverista Eduardo Aunós escribió: «La monarquía que desconoce su posición de árbitro supremo entre los partidos llega a hacer deseable la República».
El 13 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó convocar elecciones para el 1 de marzo del año siguiente. Pocos días más tarde dimitía el ministro de la Gobernación, el general Enrique Marzo Balaguer, al parecer como consecuencia de los disturbios que se produjeron en Madrid durante el entierro de varios obreros que habían fallecido en accidente laboral —aquel mes de noviembre estaba siendo, según el general Mola, entonces director general de Seguridad, «desde el punto de vista social proletario... el más violento desde agosto de 1917»—. Berenguer intentó que ocupara el puesto vacante algún político destacado de los partidos del turno pero no lo consiguió, por lo que tuvo hacer una remodelación del gabinete dando entrada en el mismo al hasta entonces subsecretario del Ministerio Joaquín Montes Jovellar.
En la convocatoria de las elecciones generales para el 1 de marzo de 1931 se decía que su objetivo era «llegar a constituir un Parlamento que, enlazando con las Cortes anteriores a la última etapa [la Dictadura de Primo de Rivera] restableciera en su plenitud el funcionamiento de las fuerzas cosoberanas [el rey y las Cortes] que son eje de la Constitución de la Monarquía Española». No se trataba, pues, ni de Cortes Constituyentes, ni de unas Cortes que pudieran acometer la reforma de la Constitución, por lo que la convocatoria encontró escasos apoyos, incluso entre los monárquicos de los partidos del turno. El gobierno seguía actuando como si no hubiera existido la Dictadura de Primo de Rivera con la implicación del rey en la misma.
El «error Berenguer» El 15 de noviembre, dos días después del anuncio del Gobierno de que se celebrarían elecciones el 1 de marzo de 1931, José Ortega y Gasset publicó en el periódico El Sol un artículo titulado «El error Berenguer». Tuvo una enorme repercusión sobre todo por su final: «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia». En el artículo afirmaba que, tras la dictadura de Primo de Rivera, «el Régimen» había respondido con el gobierno Berenguer,
Berenguer declaró en 1946 sobre los artículos de prensa contrarios a su gestión y al Régimen en general:
La pérdida de apoyos de la monarquía y el auge del republicanismo
Erosión de los apoyos a la Monarquía