La Ley Antiterrorista, en el Boletín Oficial de la República Argentina citada como Ley N.º 26.734, es una ley del Congreso de la Nación Argentina sancionada el 22 de diciembre de 2011, que reforma el Código Penal de la Nación en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) «para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional».

La reforma deroga la figura de «asociación ilícita con fines terroristas» presente en la Ley N.º 26.268 de 2006, pero agrega al Código Penal el artículo 41 quinquies, que eleva al doble la pena para los casos en que «alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».

En marzo de 2017 se propuso un proyecto de ley para ampliar la legislación existente con nuevos agravantes, pero finalmente no fue aceptado.

Antecedentes Durante las décadas de 1990 y 2000, numerosos Estados impulsaron instrumentos legales para combatir el terrorismo, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que consecuentemente llevó a la guerra contra el terrorismo.

Argentina participó activamente en las iniciativas impulsadas por la Organización de los Estados Americanos, especialmente a partir de la aprobación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo en 2002. En 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo en su resolución 60/288, a la que el país sudamericano adhirió, en ella se afirma que el terrorismo «constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales».

En este contexto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), autoridad mundial líder en establecer estándares para combatir la financiación del terrorismo, el lavado de activos y la proliferación de armas de destrucción masiva, promovió la adopción de normas para «prevenir el financiamiento de actividades terroristas». Argentina, que se convirtió en miembro pleno de la GAFI en el año 2000, avanzó en la adecuación de su legislación interna con las recomendaciones propuestas por el GAFI. En marzo de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), se sancionó la Ley N.º 26.087, que modificó el artículo 14 de la Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos. Establece que los sujetos obligados (bancos y entidades financieras) no pueden oponer secreto bancario, bursátil o profesional a la Unidad de Información Financiera al reportar operaciones sospechosas.

El 20 de diciembre de 2006 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley destinado a tipificar en el Código Penal la asociación ilícita terrorista y la financiación del terrorismo, pues hasta ese momento no se contemplaba de manera específica la figura del terrorismo como delito autónomo. El principal impulsor fue el GAFI, que había adelantado que consideraría a la Argentina como «país no confiable para las inversiones» si no sancionaba una ley que castigara al terrorismo antes del 23 de junio de ese año.Finalmente el proyecto fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación el 13 de junio de 2007 y promulgado como Ley N.º 26.268. La ley fue enormemente criticada por organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y sectores de la izquierda argentina por la ambigüedad del concepto de «finalidad terrorista» que incorporaba, que dejaba la posibilidad de detenciones arbitrarías. Asimismo, fue interpretada como un gesto de alineamiento con la política exterior de Estados Unidos.

Contenido Esta ley deroga el artículo 213, incisos ter y quater del Código Penal de la Nación Argentina, incorporados en la anterior Ley N.º 26.268, que penaba la participación en una asociación ilícita destinada a generar terror en la población y el financiamiento de organizaciones terroristas, respectivamente.

Se incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Aunque se incluye una cláusula de salvaguardia, según la cual las agravantes vinculadas a la finalidad terrorista no debían aplicarse cuando los hechos tuvieran lugar en el ejercicio de derechos humanos y sociales reconocidos por la Constitución Nacional, como el derecho a la protesta. Esta disposición fue incorporada en el debate legislativo como respuesta a cuestionamientos sobre posibles abusos en la aplicación de la ley.

Se impone una pena de prisión de 5 a 15 años, junto con una multa de 2 a 10 veces el valor de la operación, a quien, de manera directa o indirecta, reúna o suministre bienes o dinero con la intención de que sean utilizados —o con conocimiento de que lo serán, total o parcialmente—.

Además en su artículo 6 se indica que «la Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte».

Historia

Proceso legislativo El proyecto fue enviado al Congreso de la Nación Argentina en octubre de 2011 por el Poder Ejecutivo Nacional, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Su impulso estuvo fuertemente vinculado a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional dedicada a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, que venía señalando la necesidad de que Argentina reforzara su legislación en materia de financiamiento del terrorismo y lavado de activos.

El tratamiento legislativo fue particularmente ágil. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2011 y fue aprobada definitivamente por el Senado el 22 de diciembre de 2011. Pocos días después, el 27 de diciembre de 2011, la ley fue promulgada, completando así un proceso de poco más de dos meses desde su presentación formal.

La rapidez con la que avanzó el proyecto respondió, en gran medida, a la intención del gobierno de evitar posibles sanciones internacionales y cumplir con los estándares exigidos por el GAFI. No obstante, este mismo ritmo acelerado generó críticas por parte de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron la falta de un debate más profundo sobre los alcances de la norma y sus posibles efectos sobre derechos y garantías.

Críticas Las críticas se concentraron principalmente en su redacción y en sus posibles efectos sobre derechos y garantías. Diversas organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con colectivos ambientalistas y sectores de la izquierda argentina, señalaron que la incorporación de la figura de «finalidad terrorista» y «actos extorsivos a las autoridades» resultaba excesivamente amplia y ambigua, ya que permitía agravar penas cuando un delito común fuera interpretado como destinado a «aterrorizar a la población» o a «obligar a las autoridades públicas», sin una delimitación precisa de esos supuestos. Según estos actores, esa vaguedad abría la puerta a interpretaciones discrecionales por parte del Poder Judicial y, en consecuencia, a la posible criminalización de la protesta social y a detenciones arbitrarias.

Varias personalidades de la política nacional y del derecho expresaron su desacuerdo con la normativa como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que opinó que se trata de una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos y la comparó con las leyes de impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín;las activistas por los derechos humanos e integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Elia Espen y Nora Cortiñas, que señalaron que reforzaba «la capacidad de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien»; el abogado y jurista Roberto Gargarella manifestó también sus reservas acerca de la laxitud de la calificación de «terrorista» prevista en la norma; y el prestigioso jurista en materia penal y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 2003 y 2014, Eugenio Raúl Zaffaroni, que declaró que «el GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero».

Proyectos de derogación El 19 de agosto de 2014 los diputados nacionales José Adrián Pérez, Laura Esper, Liliana Schwindt y Gilberto Oscar Alegre (FR-UNA) presentaron un proyecto de ley que proponía la derogación total de la Ley N.º 26.734, con el objetivo de eliminar las modificaciones introducidas al Código Penal en materia de agravantes por «finalidad terrorista». La iniciativa planteaba el restablecimiento de la redacción previa a la reforma de 2011, suprimiendo la agravante que incrementa las penas cuando los delitos son cometidos con el propósito de «aterrorizar a la población» o de «obligar a las autoridades públicas» a actuar o abstenerse de hacerlo.

El 16 de febrero de 2016, las diputadas nacionales Myriam Bregman (PTS-FIT) y Alcira Argumedo (SUR-FAUNEN) presentaron un proyecto de ley muy similar al de hacía dos años y pretendiendo la derogación absoluta, argumentando que su redacción ambigua permite la ampliación el poder punitivo del Estado y habilita mayor represión, otorgando al Poder Judicial de la Nación un margen excesivo de discrecionalidad y potencial criminalización de la protesta social. El proyecto retomaba muchas de las críticas formuladas por organizaciones de derechos humanos y proponían eliminar la agravante de «finalidad terrorista» incorporada al Código Penal. Además argumentaba que no cumple con los estándares internacionales, ya que en lugar de tipificar conductas específicas introduce un agravante general aplicable a cualquier delito.

Referencias

Antiterrorista, Ley Categoría:Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner Argentina Categoría:Leyes de 2011 Categoría:Argentina en 2011