El Acuerdo Tripartito de Madrid o la «Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania» (también conocido como Acuerdo de Madrid o Arreglo de Madrid) es un texto jurídico firmado el 14 de noviembre de 1975 en Madrid por representantes de los gobiernos español, marroquí y mauritano para regular el devenir de la provincia española del Sáhara tras la desaparición de la administración española.
Antecedentes El futuro de la provincia había estado en disputa durante varios años, con Marruecos y Mauritania exigiendo su anexión total a su territorio y España intentando instaurar un régimen de autonomía interna o un Estado saharaui independiente proespañol. Además, un grupo independiente de indígenas saharauis, el Frente Polisario, buscaba la independencia mediante la guerra de guerrillas. Desde 1963, las Naciones Unidas consideraban la zona como una colonia y exigían su libre determinación, de conformidad con la Resolución 1514 de la Asamblea General.
Los Acuerdos de Madrid se firmaron tras la Marcha Verde, una manifestación marroquí de 350.000 personas convocada el 6 de noviembre de 1975 por el rey Hassan II con el objetivo de presionar a las autoridades españolas.
Thompson y Adloff argumentan (p. ej., págs. 132-134, 164-167) que la Marcha Verde, así como los intercambios retóricos cada vez más acalorados entre Madrid y Rabat, convencieron a España de que Marruecos estaba dispuesto a entrar en guerra por el territorio; un memorándum de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. dirigido a Henry Kissinger así lo afirmaba a principios de octubre de 1975. Con el líder español Francisco Franco agonizando (entró en coma y falleció el 20 de noviembre), el gobierno, deseoso de evitar el conflicto, decidió dividir el territorio para preservar la mayor influencia y beneficio económico posibles.
Disposiciones legales de los acuerdos thumb|250px|En inglés, partición del Sahara Occidental según el Acuerdo Tripartito de Madrid. Mauritania se retiraría en 1979 y su zona fue ocupada por Marruecos. thumb|250px|En francés, mapa más detallado de los territorios saharauis que pasarían a control marroquí (en rojo) y a control mauritano (en verde).
El texto se compone de una serie de disposiciones que se hicieron públicas tras su firma y otros puntos de naturaleza secreta que no vieron la luz hasta su publicación en la revista española Interviú el 26 de enero de 1978. Las disposiciones legales fueron firmadas por el presidente del Gobierno de España, Carlos Arias Navarro, el presidente del Gobierno marroquí, Ahmed Osman, y el ministro de Asuntos Exteriores mauritano, Hamdi Ould Mouknass.Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental.
Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania
La ONU dictaminó en 1960 que la provincia española del Sáhara estaba sometida a dominación colonial, y estableció su derecho a constituirse como país independiente bajo la denominación de Sáhara Occidental. En respuesta a esta preocupación internacional, España, como potencia administradora de la colonia del Sáhara Occidental, estableció la fecha límite de descolonización el 29 de febrero de 1976, dejando a partir de la entrada en vigor del acuerdo y hasta esa fecha una administración temporal tripartita compuesta por un representante del Gobierno marroquí (Ahmed Bensouda), un representante del Gobierno mauritano (Abdallah Ould Cheikh) y un representante de la Asamblea General Saharaui o Djema'a (o Yemaá).
Un gobernador general territorial, designado conjuntamente por las tres partes, concentraría el poder de facto sobre el territorio. El gobernador general territorial, en tanto que máxima autoridad del territorio durante el período transitorio, tendría que asumir la obligación de supervisar que el proceso de descolonización se adecuaba a lo dispuesto por Naciones Unidas y se adaptaba a la realidad social de la zona. Pese a que el acuerdo decreta la necesidad de comunicar lo expuesto en la Ley al secretario general de la ONU, esto no ocurrió hasta después de la ocupación marroquí del territorio. Los acuerdos entrarían en vigor cuando se publicara en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Descolonización del Sáhara (Ley 40/1975), lo que sucedió el 20 de noviembre de 1975, apenas tres horas después del fallecimiento del que había sido dictador de España durante 39 años, Francisco Franco.BOE (20/11/1975) https://www.boe.es/boe/dias/1975/11/20/pdfs/A24234-24234.pdf
El acuerdo derogaba todas las normas y leyes anteriores, dando pleno poder de decisión al Gobierno en pos de la salvaguarda de “los intereses españoles”. Los acuerdos no serían publicados en el BOE por la muerte ese mismo día del jefe del Estado, Francisco Franco.
Puntos del acuerdo:
La partición del territorio saharaui entre Marruecos (representado por el ministro de Exteriores, Ahmed Laraki) y Mauritania (representado por el ministro de Asuntos Exteriores, Hamdi Uld Muknas) quedaría sellada mediante un acuerdo sancionado mediante su publicación en el Diario Oficial del Gobierno de Marruecos con fecha de 14 de abril de 1976.Convenio relativo al trazado de la frontera estatal establecido entre la República Islámica de Mauritania y el Reino de Marruecos. Este acuerdo dejaba en manos del reino de Marruecos las dos terceras partes del territorio, mientras de la República Islámica de Mauritania se quedaba con el tercio restante.
Acuerdos secretosActa de las conversaciones mantenidas, de una parte entre delegaciones del Reino de Marruecos y de la República Islámica de Mauritania, y de otra, de España a propósito de los aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración del Sáhara. Paralelamente a estos se desarrollaron una serie de acuerdos de carácter privado y secreto en los que España regulaba ámbitos como la preferencia española en las transacciones comerciales con el Sáhara, la explotación de recursos saharauis como las aguas para la actividad pesquera y la indemnización por todos los “bienes privados” que España deja en el país en concepto de expropiación. El tema pesquero es el más desarrollado en los acuerdos, reconociéndose a España el derecho a la navegación a 800 barcos durante dos décadas previo pago de un canon (a partir del sexto año). Este canon será pagado a un tercer país con “un gran descuento”; la cantidad será fijada por una Comisión Mixta. En cuanto a las explotaciones de fosfato, España cedía en estos acuerdos el 65% de la empresa minera Fos Bucraa a Marruecos (renombrada como Phosboucraa), manteniendo, aun así, España la mayor parte de la explotación de fosfatos de la región.
El número de Interviú (el número 89) en el que aparecieron por primera vez publicados estos acuerdos secretos fue secuestrado judicialmente y posteriormente liberado.
Gestación de los pactos y salvaguarda de los intereses españoles La descolonización del Sáhara Occidental, reclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas hasta en siete ocasiones —basándose en las demandas interpuestas por Marruecos en el Comité Especial de Descolonización o Cuarto Comité— desde 1963 basándose en la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960 para la descolonización y la autodeterminación de los pueblos,Resolución 1514. (1960). Asamblea General de la ONU. será casi una obligación tras la Marcha verde realizada a raíz de la llamada de Hasán II de Marruecos al pueblo marroquí para reclamar mediante este movimiento pacífico su soberanía respecto al conocido como el Sáhara español.
Luis Carrero Blanco, jefe de Gobierno y uno de los máximos defensores del mantenimiento del territorio a toda costa, fue uno de los obstáculos para una independencia que se creía inminente. Esta negativa se materializará en el partido proespañol Partido de Unión Nacional Saharaui (PUNS), fundado en 1974 como brazo político de la Yemaá —un año después de la muerte del jefe de Gobierno—, que defendía una autonomía saharaui dentro del estado español y fue el único partido político legal además de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista durante el régimen franquista en España. A la muerte de Carrero, la cuestión pasará del sí o el no a la independencia, al binomio entre los partidarios de defender los dictámenes de la ONU y la celebración del referéndum encabezados por el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, y aquellos que eran más próximos a los intereses soberanistas de Marruecos liderados por el ministro-secretario general del Movimiento Nacional, José Solís Ruiz, y el Presidente del Gobierno, Don Carlos Arias Navarro. Internacionalmente, las reclamas marroquíes anexionistas fueron avaladas por Estados Unidos.
Las empresas españolas también tomaron partido; los proargelinos, partidarios del referéndum para la libre determinación del pueblo saharaui fueron Hispanoil, Dragados, Standard Eléctrica, Gas Natural, entre otras, mientras que los conocidos como entreguistas, ya que pretendían un acuerdo con Marruecos para la anexión de facto, fueron el Grupo Fierro, Banco Urquijo y Rumasa, así como medios de comunicación como ABC (periódico) y Blanco y Negro (revista).
El régimen franquista mantuvo siempre unas excelentes relaciones con la monarquía alauita, que algunos vieron temblar con el Espíritu de Barajas, reunión entre Franco y HasánII en Madrid con motivo de la cuestión de las posesiones españolas en el norte de África el 6 de julio de 1963, pese a que no se conocen con claridad las conclusiones a las que se llegaron. La presión de los estados vecinos de la colonia española para su descolonización provoca la redacción de un estatuto de autonomía que jamás llegó a publicarse. Existe una España muy diferente a la de Arias Navarro en la ONU, la España de Cortina y el representante del país en la organización, Jaime de Piniés, que intenta un proyecto de paz conocido como el Plan Waldheim que no llegará a materializarse por la firma del Acuerdo de Madrid.
El 10 de noviembre de 1975 el príncipe Juan Carlos se reunió con la Junta de Defensa Nacional y los ministros Antonio Carro Martínez (de la Presidencia) y Pedro Cortina Mauri (Asuntos Exteriores), al mismo tiempo que lo hacían la Presidencia de Gobierno y la comisión de Leyes Fundamentales en las Cortes; ambas reuniones hablaron sobre el proceso de descolonización y dieron luz verde a las conversaciones tripartitas con Marruecos y Mauritania. Un día después, los ministros de Trabajo (Fernando Suárez González) y Exteriores se reunieron con el Subsecretario de Estado para Asuntos del Sáhara y director general de la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP en francés). Esa misma noche se unió a las conversaciones el ministro de Exteriores mauritano. Las negociaciones tripartitas tendrán lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre y darán como resultado los acuerdos.
Con los acuerdos firmados, el 15 de noviembre se vota en el Congreso de los Diputados la Ley para la Descolonización del Sáhara, la cual se aprobará con tan solo cuatro votos en contra y 4 abstenciones (ni los procuradores canarios ni los saharauis se encontraban en la cámara el día de la votación).