José María de Mena Álvarez (Villarcayo, 1 de diciembre de 1936) es un jurista español, miembro de una familia de juristas.
Biografía Licenciado en Derecho, fue profesor de derecho penal en la Universidad de La Laguna y después en la Universidad de Barcelona. Entre 1964 y 1967 fue fiscal en Santa Cruz de Tenerife, donde después de pedir penas de cárcel para unos empresarios a causa de la muerte de 14 trabajadores en accidente laboral, fue trasladado forzosamente a Barcelona. Poco después se afilió al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), razón por la cual en 1972 fue desterrado en Lérida. En 1975 regresó a Barcelona, abandonando la militancia política. Es uno de los fundadores de la asociación Unión Progresista de Fiscales."La reforma del Gobierno ha hundido el barco de la fiscalía", El País, 26 de octubre de 2003, consultado el 26 de mayo de 2011.Elogios para un fiscal querido y temido, El País, 3 de diciembre de 2006, consultado el 26 de mayo de 2011.
En 1984 se hizo cargo, junto con Carlos Jiménez Villarejo, de la querella contra Banca Catalana, que finalmente fue archivada. También participó en los casos Planasdemunt (1994), Bertran de Caralt, Luis Pascual Estevill o Javier de la Rosa. En 1996 fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sustitución de Carlos Jiménez Villarejo, cargo que ocupó hasta su jubilación en 2006. Desde su cargo destacó por enfrentarse al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, al negarse a repatriar a los menores de edad extranjeros indocumentadosMena rechaza repatriar a los menores extranjeros a los que sus padres impulsan a emigrar, El País, 12 de diciembre de 2003, consultado el 26 de mayo de 2011 y a denunciar las concentraciones ante el Partido Popular la noche antes de las elecciones generales de 2004.Mena desobedecerá a Cardenal y no denunciará al juez las concentraciones ante las sedes del PP, El País, 24 de marzo de 2004, consultado el 26 de mayo de 2011. También apoyó al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuando fue declarado culpable del delito de prevaricación y condenado a expulsión de la carrera judicial por el Tribunal Supremo, al haber grabado ilegalmente las conversaciones de investigados con sus letrados defensores, vulnerando sus derechos fundamentales y garantías procesales. Desde entonces ha pasado a presidir la Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD). En 2010 fue galardonado con la Cruz de Sant Jordi, que otorga la Generalidad de Cataluña. Es autor del libro, De oficio, fiscal (2010).
Desde 2020, se propagó en Internet una falsa teoría conspirativa conocida como "Expediente Royuela", promovida principalmente por los ultraderechistas Alberto y Santiago Royuela, enviados a prisión provisional en 2023 por supuesta organización criminal, apropiación indebida y estafa agravada. Alberto Royuela también fue condenado en 2003 por presentar denuncias falsas contra jueces y fiscales, y de nuevo en 2026 a seis meses de prisión por un delito de calumnias contra el político Javier Alfonso Cendón, a quien vinculó sin pruebas con el caso "Tito Berni". Por su parte, Santiago Royuela también fue condenado en 2026 por intromisión ilegítima al honor de la fundadora de Newtral, Ana Pastor, en su canal de Youtube, y en 2019 por ataques violentos vinculados a grupos de ultraderecha. Según sus promotores, existe un dosier de manuscritos que probaría la existencia de más de mil crímenes (incluidos asesinatos, narcotráfico y fraude fiscal) encargados por una supuesta trama de políticos, jueces y fiscales corruptos, entre los que se encontraría José María Mena Álvarez. No se puede comprobar el origen ni la autoría de las notas manuscritas y los extractos bancarios usados para argumentar a favor de la existencia de esta trama, por lo que no existen pruebas verídicas para afirmar la existencia de dicha organización; además de que la tipografía y las firmas reales de los involucrados no coinciden con las que aparecen en el dosier. La actividad de los Royuela también está íntimamente relacionada con el caso del exjuez Fernando Presencia, fundador y presidente de la asociación "Acodap", condenado a varios años de prisión por corrupción al dirigir una organización que buscaba lucrarse mediante la presentación de denuncias falsas contra diferentes autoridades y por prevaricación judicial.
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