El alcalde de Bucaramanga es el jefe de la administración local y el representante legal del municipio; ejerce además la autoridad política y es la primera autoridad de policía dentro de su jurisdicción. Es elegido mediante voto popular por el sistema de mayoría simple para un período institucional de cuatro años y no puede ser reelegido para el período inmediatamente siguiente.
La naturaleza y la forma de provisión del cargo han variado con la evolución del régimen municipal colombiano. Hasta 1988 los alcaldes eran designados por los gobernadores; el Acto Legislativo 1 de 1986 introdujo su elección popular, celebrada por primera vez el 13 de marzo de 1988.
Cristian Portilla Pérez es el actual alcalde de Bucaramanga, siendo elegido para el periodo 2025-2027.
Historia Período colonial y primeros gobiernos locales Durante buena parte del período colonial, la parroquia de San Laureano de Bucaramanga careció de cabildo propio y estuvo subordinada a la jurisdicción de San Juan de Girón. Tras confirmarse esta dependencia en 1783, correspondió al cabildo gironés el nombramiento anual de los alcaldes pedáneos o partidarios de Bucaramanga, autoridades propias de las parroquias que no tenían gobierno municipal autónomo. Entre quienes desempeñaron el cargo se encuentran Jacinto Rubira en 1785; Antonio Navas y Salvador Benítez en 1790; nuevamente Rubira, junto con Hipólito de Aranda y Pradilla, en 1801; y José Calderón, José Ignacio Ordóñez y Manuel Mantilla entre 1802 y 1804. Este sistema se mantuvo hasta los cambios políticos de comienzos del siglo XIX, cuando Bucaramanga empezó a buscar una administración propia y en 1810 organizó su primer cabildo.
Con el inicio del proceso de independencia en 1810, los habitantes de Bucaramanga se atribuyeron la condición de villa de San Laureano y organizaron un cabildo propio, separándose de la administración ejercida hasta entonces desde Girón. El cabildo estaba encabezado por dos alcaldes ordinarios: Eusebio García Salgar, de primera nominación, y Francisco Javier Rey, de segunda nominación. También lo integraban Francisco Antonio Puyana como alcalde de la Santa Hermandad, José Puyana y Francisco Navas como regidores, Cleto Serrano como síndico procurador general y Mariano Estévez como escribano público y de cabildo.
De la municipalidad republicana al Estado de Santander (1825-1857)
La organización administrativa de Bucaramanga se estabilizó a partir de 1825, cuando la villa quedó constituida como cabecera del cantón de su nombre, dentro de la provincia de Pamplona, y adquirió el derecho a contar con una municipalidad propia. Durante estos primeros años continuaron apareciendo alcaldes y funcionarios pertenecientes a varias de las familias que habían participado en los cabildos de la etapa independentista. Una relación publicada posteriormente por el Centro de Historia de Santander registra para 1825 a Eusebio García Salgar y Enrique Puyana, en 1828 a Fernando Serrano y nuevamente a Enrique Puyana, y en 1829 y 1830 a Cirilo Serrano. Para 1826 el cabildo de la villa estaba integrado por José María Bretón, Esteban Rey, Rafael Benítez, José Puyana, Enrique Puyana Rizo y Francisco Vicente de Vera, mientras Manuel García ejercía como escribano del cantón.
Con la organización de la República de la Nueva Granada en 1832, el gobierno cantonal quedó encabezado por un jefe político, subordinado al gobernador de la provincia de Pamplona. Francisco Puyana desempeñó ese cargo entre 1832 y 1833, acompañado por Antonio Serrano como secretario; ese mismo año el Concejo de Bucaramanga estuvo integrado, entre otros, por Facundo Mutis, Enrique Puyana Rizo, Rafael Benítez, los hermanos Gerónimo, Francisco y José Ignacio Ordóñez Rovira, Raimundo Rodríguez, Fabián Reyes y Ramón Rey. Las autoridades locales continuaron variando durante las décadas siguientes: la relación del Centro de Historia registra a Fabián Reyes en 1835, José María Bretón en 1836 y José Ignacio Serrano en 1837. En 1850 el cantón de Bucaramanga dejó de depender de Pamplona y pasó a formar parte de la recién creada provincia de Soto, cuya capital se estableció en Piedecuesta. Ulpiano Valenzuela ejercía como jefe político del cantón en 1851, y a finales de 1853 el cargo era ocupado por Domingo Mutis Amaya, quien llegó además a encargarse de la gobernación provincial durante parte de 1853 y 1854. Tras nuevas modificaciones territoriales, Bucaramanga volvió a depender de la provincia de Pamplona en junio de 1855. Esta etapa terminó el 24 de noviembre de 1857, cuando la Asamblea Constituyente del recién creado Estado de Santander designó a Bucaramanga como su capital, decisión que marcó un nuevo cambio en la organización política y administrativa de la ciudad.
Estado de Santander y departamento de Soto (1857-1886)
La designación de Bucaramanga como capital del Estado de Santander en noviembre de 1857 estuvo acompañada de una nueva organización de su gobierno local. La ley provisoria de municipios, expedida en diciembre de ese año, convirtió los antiguos distritos parroquiales en municipios dotados de ayuntamiento propio, mientras Bucaramanga quedó además como cabeza del circuito de su nombre. Antonio Baraya fue el primer alcalde del distrito capital. El 21 de febrero de 1858 el Ayuntamiento expidió la Constitución Municipal de Bucaramanga, que reguló la organización política y fiscal del municipio y creó la figura del jefe municipal, cargo que podía recaer en la misma persona que ejerciera como alcalde del distrito.
La organización municipal volvió a modificarse en 1859, cuando el territorio del Estado fue dividido en departamentos y Bucaramanga quedó como capital del departamento de Soto. Los alcaldes de los distritos pasaron a actuar como agentes inmediatos del jefe departamental. Durante este período se sucedieron numerosos funcionarios en la alcaldía. Una relación histórica publicada por el Centro de Historia de Santander registra, entre otros, a Emilio Mutis, Mariano Estévez y Rafael Ordóñez en 1860; Antonio María Blanco en 1864; Guillermo Mutis en 1865; Marcos Gutiérrez en 1866; Tobías Valenzuela en 1868; Facundo Mutis en 1869 y 1870; Valentín Martínez en 1872; Pedro Ortiz en 1874; Ricardo Quevedo, Cayetano Pradilla y Evaristo Vega en 1875; Alfonso Cornejo en 1880 y Francisco Bustos en 1881.
Bucaramanga dejó de ser capital del Estado en 1861, aunque conservó su condición de capital del departamento de Soto, y la alcaldía distrital continuó funcionando bajo esa estructura administrativa. En 1886, con la transformación del Estado Soberano de Santander en departamento y el establecimiento de Bucaramanga como su capital, comenzó una nueva etapa en la organización política de la ciudad y en la forma de designación de sus autoridades municipales.
Alcaldes por designación (1886-1988) miniaturadeimagen|300px|Edificio de la Alcaldía de Bucaramanga en 1910. La Constitución de 1886 modificó nuevamente la organización territorial del país y sustituyó los antiguos estados soberanos por departamentos. Dentro del nuevo régimen, la administración de cada distrito quedó a cargo de un alcalde que tenía el carácter de agente del gobernador, por lo que su acceso al cargo no dependía de una elección popular. En los primeros años de este sistema los alcaldes eran designados dentro de la estructura administrativa departamental. El Código Político y Municipal de 1888 atribuyó a los prefectos de provincia la facultad de nombrar y remover a los alcaldes de los distritos municipales. La legislación de la época también estableció períodos relativamente breves para el ejercicio del cargo; la Ley 50 de 1894, por ejemplo, fijó en un año el período de los alcaldes y sus subalternos.
El régimen volvió a modificarse con la Ley 4 de 1913, que atribuyó expresamente a los gobernadores la facultad de nombrar y remover a los alcaldes municipales y permitió delegar el nombramiento en los prefectos. Bajo este esquema, que con diversas modificaciones se mantuvo durante buena parte del siglo XX, los habitantes de Bucaramanga elegían a los integrantes del Concejo Municipal, pero no al alcalde, cuyo nombramiento dependía de las autoridades departamentales. El alcalde continuó además vinculado jerárquicamente al gobernador como autoridad administrativa del municipio.
Desde la creación del Área Metropolitana de Bucaramanga en 1981, el alcalde de la ciudad asumió además la condición de «alcalde metropolitano». La Ordenanza 20 del 15 de diciembre de ese año dispuso que el alcalde de Bucaramanga ejercería simultáneamente como alcalde metropolitano, sería jefe de la administración del Área y presidiría su Junta Metropolitana. Esta circunstancia explica que durante la década de 1980 las fuentes oficiales y periodísticas utilizaran indistintamente las denominaciones «alcalde de Bucaramanga» y «alcalde metropolitano de Bucaramanga». Carlos Enrique Virviescas Pinzón ejerció la alcaldía entre 1984 y 1986. El 29 de agosto de 1986, mediante el Decreto 1255, fue designado Hernán Villalba Torres como alcalde metropolitano, quien se posesionó en septiembre de ese año.
El último alcalde de Bucaramanga antes de la entrada en funcionamiento de la elección popular fue Plinio Eduardo Silva Marín. En noviembre de 1987 la prensa local señalaba que había asumido la Alcaldía un mes antes y que debía entregar el cargo el 1.º de junio de 1988 a quien resultara elegido por voto popular.
El sistema de designación comenzó a desaparecer con la reforma constitucional de 1986, que estableció que los alcaldes serían elegidos directamente por los ciudadanos y fijó la primera elección para el segundo domingo de marzo de 1988. La Ley 78 de 1986 desarrolló la reforma y estableció inicialmente períodos de dos años, contados desde el 1.º de junio siguiente a la elección. La primera elección popular de alcaldes se celebró el 13 de marzo de 1988. En Bucaramanga resultó elegido Alberto Montoya Puyana, quien obtuvo 38 212 votos frente a los 35 662 de Emilio Suárez Clavijo y asumió la Alcaldía el 1.º de junio de ese año.
Elección popular (1988-actualidad) miniaturadeimagen|250px|Jaime Andrés Beltrán, elegido alcalde de Bucaramanga para el período 2024-2027. Su elección fue anulada por el Consejo de Estado en 2025. La elección directa de los alcaldes fue establecida en Colombia mediante la reforma constitucional de 1986, que dispuso que los mandatarios municipales serían escogidos por voto popular y fijó para marzo de 1988 la primera elección bajo este sistema. En Bucaramanga los comicios se realizaron el 13 de marzo de 1988 y dieron como ganador a Alberto Montoya Puyana, quien obtuvo 38 212 votos y se convirtió en el primer alcalde de la ciudad elegido directamente por sus habitantes. Montoya asumió el 1.º de junio de ese año para un período de dos años, duración establecida por la Ley 78 de 1986 para los primeros alcaldes de elección popular.
La Constitución de 1991 mantuvo la elección popular y amplió a tres años el período de los alcaldes, al tiempo que prohibió su reelección para el período inmediatamente siguiente. Como parte de la transición al nuevo régimen, los alcaldes elegidos en 1992 iniciaron su mandato el 1.º de junio de ese año y permanecieron hasta el 31 de diciembre de 1994; desde 1995 los períodos comenzaron a contarse desde el 1.º de enero. Una nueva reforma constitucional, aprobada en 2002, extendió el período de alcaldes y gobernadores a cuatro años y estableció períodos institucionales uniformes, régimen que continúa vigente.