derecha|miniatura|Franco junto al dirigente nazi Heinrich Himmler, durante la visita que el dirigente alemán realizó a Madrid, en 1940. La Alemania nazi junto a la Italia fascista fueron dos de las fuentes de inspiración de la política económica autárquica española, durante los años cuarenta. La economía de España durante el período de autarquía describe el periodo franquista de crisis económica casi permanente que sufrió España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959, caracterizado por una larga y profunda depresión económica, que conllevó un grave deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, el crecimiento de la miseria, el mercado negro (estraperlo) y que supuso el retroceso más grave en los niveles de bienestar de la población en los últimos 200 años de historia. Las directrices de la política económica siguieron unas pautas de carácter autárquico, en un ambiente de aislamiento internacional.
La economía de España durante la era franquista se puede dividir en un primer periodo de autarquía y aislamiento que comprende los años que transcurren desde 1939, en que termina la guerra civil, hasta 1959 cuando se aprueba el plan nacional de Estabilización y que daría inicio al segundo periodo que se extendió desde entonces hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Este segundo periodo estuvo marcado por una mayor apertura comercial al exterior y un fortalecimiento del desarrollo.
Algunos autores cierran esta primera etapa a mediados de 1950 y abren un nuevo período bisagra desde entonces hasta 1959, durante el cual la producción inicia una recuperación y el aislamiento de la economía ya no es tan extremo, aunque continúen los desequilibrios económicos y el fuerte intervencionismo.
La primera etapa autárquica, durante los años 1940, se caracteriza por una gran depresión de la producción, la escasez de todo tipo de bienes y la interrupción del proceso de modernización y crecimiento iniciado en algunos ámbitos durante la Segunda República. En el ámbito internacional destaca el proteccionismo comercial y financiero adoptado por los países europeos durante la guerra mundial y en los primeros años de la posguerra, así como el aislamiento impuesto a España por razones políticas. Estos factores, junto a los daños producidos en la guerra civil, fueron los principales factores determinantes de los efectos negativos producidos en la economía española. Sin embargo, los débiles resultados de este periodo no se explican adecuadamente sin tener en cuenta como elemento fundamental la política económica del gobierno, inspirada en unas aspiraciones autárquicas y un talante intervencionista extremo.Rojo: p. VII En el periodo autárquico se llevaron hasta el extremo algunas tendencias proteccionistas e intervencionistas que se habían ido manifestando en la economía española desde el final del y durante el que las autoridades del gobierno franquista siguieron los planteamientos propuestos en los países totalitarios de Europa (Alemania e Italia) durante los años treinta. Las actuaciones estatales se expresaron en un desplazamiento de la iniciativa privada por las regulaciones públicas, un proceso de inversiones públicas concentradas en la industria financiadas por vías inflacionistas, una rígida reglamentación de las relaciones laborales, la proliferación de controles de precios y una fuerte sobrevaloración del tipo de cambio de la peseta, apoyada en una conjunto de normas de controles cambiarios.
Antecedentes En España el nacionalismo económico, que se inicia a finales del («Arancel Cánovas» de 1891), experimentó un notable impulso durante la Gran Guerra, como quedó patente en el proteccionista «Arancel Cambó» de 1922, pero fue durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) cuando alcanzó unos niveles desconocidos hasta entonces. Como ha señalado el hispanista israelí Shlomo Ben-Ami, «Primo era un intervencionista fanático». En una discurso ante la Asamblea Nacional Consultiva llegó a decir que «en el orden económico, el gobierno, con todos sus asesoramientos y órganos, es el consejo de administración de la nación».
En consecuencia, como ha señalado también Ben-Ami, durante la Dictadura de Primo de Rivera «la economía española se sometió a un alto grado de dirigismo y tutela. Los monopolios, ayudados por el Estado, y una amplia serie de comisiones reguladoras excesivamente burocratizadas supervisaban las actividades económicas hasta los menores detalles». Se creó el Consejo de Economía Nacional, presidido por el propio dictador, como el instrumento para la defensa de la producción nacional, en especial de la industria y singularmente de la industria militar (el Comité Regulador de la Producción Industrial fue dotado de amplias competencias como la autorización para el establecimiento de nuevas industrias o el control del volumen de producción, de los precios o de la adquisición de nueva maquinaria). Se acusó al organismo de que sólo beneficiaba a las grandes empresas a lo que Primo de Rivera respondió que de ellas «irradian las fuentes de riqueza de un país».
La producción nacional fue protegida con fuertes aranceles. El semanario liberal británico The Economist advirtió que España compartía con la Unión Soviética «la poco envidiable distinción de tener las barreras aduaneras relativamente más altas de Europa» y con «la Italia fascista el enfoque patriotero de la producción nacional». Por su parte el diario del régimen La Nación elogió el «patriotismo arancelario» y lamentó que no se hubiera aplicado mucho antes.
La situación de partida al final de la Guerra Civil: ¿una guerra devastadora? miniatura|Estado de Granollers después de un bombardeo italiano en 1938. Las infraestructuras sufrieron un importante deterioro durante la guerra civil, aunque en un nivel inferior al experimentado por muchos de los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial. El régimen franquista achacó la grave situación económica que vivió España en la década de 1940 e inicios de la siguiente a la «devastación» causada por la guerra civil, de la que hacía responsables a los republicanos. El 30 de septiembre de 1939 el número dos del régimen Ramón Serrano Súñer culpaba a la «criminal prolongación de la lucha de los rojos» del hambre y la falta de gasolina y de electricidad que se padecía en aquellos momentos. Siete años después, cuando el colapso económico continuaba, el propio Generalísimo Franco seguía culpando de las «dificultades» al «despojo de oro, las divisas y cuantos remanentes de materias primas tenía la nación» por parte de los «rojos» durante «tres años de guerra interna», a lo que añadía «la herencia de un atraso o deuda comercial en divisas considerable», «un estado monetario agravado por el peso de la circulación de billetes creada por los rojos», la «destrucción de una parte muy importante de nuestra Marina mercante» y «nuestra red de ferrocarriles falta de material y en trance de colapso». En una fecha tan tardía como 1959 el general Franco seguía insistiendo en que «el gobierno rojo fue el que antes de su fuga, destrozó la economía con el robo del oro y causando todo género de destrucciones».
El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco ha sostenido recientemente (2025) que, aunque «todavía hoy es difícil valorar el impacto económico del conflicto bélico», «hoy sabemos que sus consecuencias no fueron tan catastróficas. El caso español no es comparable con la devastadora guerra civil rusa (1917-1922)... La economía no quedó paralizada ni desvertebrada como en la Unión Soviética». Para sustentar esta tesis Del Arco repasa sector a sector: constata que la producción industrial en 1940 había disminuido un 20% respecto a la de 1935, pero advierte que «los daños en las fábricas no fueron tan significativos como para explicar la lenta recuperación del sector secundario durante la posguerra»; sobre las explotaciones agrarias afirma que «no se vieron afectadas por las destrucciones, pero sí señala la notable disminución de la cabaña ganadera, aunque advierte que no afectó a todas las regiones (Galicia, por ejemplo, no la padeció)»; respecto a los transportes y las comunicaciones, reconoce que «las destrucciones fueron significativas», «pero no lo suficiente para impedir su recuperación en un tiempo relativamente corto» (las cifras dadas por el ministro franquista Alfonso Peña Boeuf sobre la destrucción de mil locomotoras, dos mil seiscientos coches de viajeros y treinta mil vagones las considera exageradas basándose en estudios recientes sobre las compañías de ferrocarril de la época); por último, respecto de la destrucción de viviendas, situada en el 4% del parque de viviendas de 1936, señala que fue inferior a la sufrida por Italia (el 5%), Francia (el 8%) o Grecia (20%), y que «la crónica escasez de inmuebles afectó especialmente a las clases más bajas».
Otros historiadores y economistas ya habían advertido que el deterioro de las infraestructuras, principalmente ferroviarias, había sido inferior al sufrido por los países beligerantes en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en España hubo una pérdida del 34 % de locomotoras, mientras que estos porcentajes fueron mayores en Francia (76 %), Italia (50 %) y Grecia (82 %). Igual sucede con la potencia eléctrica instalada que en España bajó el 0,9 %, mientras que en Francia fue el 2,8 %, Italia el 5,4 % y en Grecia el 3,1 %.Carreras y Tafunell: p.280 Asimismo han destacado que la evolución económica de España contrasta sobremanera con la llevada en el resto de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Comparativamente, en el continente la economía se recuperó de manera más rápida y así en 1950 los países participantes en esta guerra, más larga y profunda que la española, habían conseguido superar los niveles máximos de renta per cápita previos al conflicto y a los países que habían permanecido neutrales como Suecia, Portugal y Suiza les había ido mucho mejor y en 1950 habían duplicado su producción industrial. El racionamiento de productos de primera necesidad, que también se produjo en Europa al finalizar la guerra mundial, duró unos tres años mientras que en España se arrastró durante más de doce años, hasta 1952, y no recuperaría los niveles de producción de preguerra hasta varios años después.Carreras y Tafunell: p.286
En cuanto a las pérdidas de población se estima que fueron entre un 1,1 % y 1,5 % de la población, similares a las sufridas por Italia (0,9 %) y Francia (1,4 %) durante la guerra mundial, aunque inferiores a Grecia que perdió el 7 % de la población. La población activa española, sin embargo, perdió entre un 2,7 % y un 4 % de la misma, superior a las pérdidas de Italia (2 %) o Francia (3 %), aunque también muy inferior a la griega (18 %). A los fallecidos durante la guerra hay que sumar los muertos en la posterior represión política, el exilio de unos doscientos mil ciudadanos y el encarcelamiento de otros trescientos mil, bajas que dañaron muy seriamente el capital humano disponible.
Concepción de la autarquía franquista