Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Eritrea se enfrentan a graves desafíos que no experimentan los residentes que no pertenecen a estas poblaciones. Los actos homosexuales son ilegales en Eritrea y generalmente se castigan con hasta siete años de prisión. Según informes, las personas pertenecientes a la diversidad sexual son judicializadas por el gobierno y además enfrentan hostilidad por parte de la población en general. El gobierno también restringe la libertad de expresión y fomenta la censura de temas LGBT.

Situación legal Tanto las expresiones masculinas como femeninas de actividad sexual entre personas del mismo sexo son ilegales en Eritrea. La actividad sexual entre personas del mismo sexo está prohibida en la Sección II (Desviaciones Sexuales) del Código Penal de 1957, heredado de Etiopía después de la independencia y que a su vez es un legado colonial británico. En la práctica, se sabe poco sobre la aplicación de esta ley, ya que la prensa eritrea controlada por el Estado no informa sobre el enjuiciamiento de la homosexualidad.

La Embajada Británica en Asmara informó que las personas que participan en actividades homosexuales son encarceladas y declaradas culpables regularmente. El gobierno detiene rutinariamente a personas por actividad homosexual consensuada y presuntamente realiza redadas periódicas de lesbianas y gais conocidos o sospechosos en el país. En muchos casos, no se presentan cargos y a las familias de los detenidos se les niega información sobre su estado o dónde están detenidos. El sistema judicial eritreo es opaco y a menudo arbitrario al tratar acusaciones de actividad homosexual. El abuso, la tortura y las palizas a los prisioneros son algo común, y algunos han informado que los prisioneros son ejecutados ilegalmente. En 2003, seis hombres homosexuales fueron arrestados en un baño público en Asmara y posteriormente trasladados al centro penitenciario de Adi Abeyto, conocido por albergar a presos políticos y periodistas. Incluso aquellos con vínculos tenues con la comunidad gay y lésbica dentro de Eritrea corren el riesgo de ser sospechosos de conducta homosexual y, en consecuencia, arrestados y encarcelados.

El Gobierno de Eritrea rechazó una solicitud del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para legalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Esto se consideró "en directa contradicción con los valores y tradiciones del pueblo eritreo". Además, no existen esfuerzos importantes para modificar o derogar las leyes vigentes.

No existen protecciones legales contra la discriminación basada en la orientación sexual o la dentidad de género.

Censura Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2023, Eritrea no cuenta con organizaciones públicas LGBT y el gobierno restringe severamente la libertad de expresión, incluso en temas relacionados con la orientación sexual o la identidad/expresión de género. Las personas LGBT+ no pueden reunirse, asociarse ni expresarse públicamente por temor a ser identificadas, arrestadas, discriminadas o violentas. La censura está patrocinada por el Estado, pero se ve reforzada por el fuerte estigma social que rodea a las personas LGBTQ, lo que a menudo conduce al abuso y al acoso.

Condiciones de vida El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró en 2011 que existían "fuertes tabúes sociales" contra la conducta homosexual en Eritrea. De manera similar, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que los gais y las lesbianas enfrentaban "una grave discriminación social". En general, estos temas no se discuten abiertamente en el país y la homosexualidad no se considera un asunto público. Existe una conciencia pública limitada sobre la existencia de minorías sexuales y de género, excepto entre las agencias de aplicación de la ley encargadas de combatir la homosexualidad. No se conocen grupos u organizaciones LGBT en el país. La discriminación social se ve exacerbada por la ilegalidad de la homosexualidad, lo que lleva a un aumento en la incidencia de abuso y acoso contra gais y lesbianas. Freedom House también encontró que la criminalización de la actividad homosexual había resultado en discriminación tanto social como legal. El Gobierno de Eritrea ha afirmado en numerosas ocasiones que la homosexualidad es contraria a los valores y normas tradicionales del país. Además, a principios de la década de 2000, emitió varios programas de radio y televisión en estaciones estatales que detallaban los supuestos peligros de la homosexualidad.

Se ha informado que los gais y las lesbianas que prestan servicio en el ejército eritreo han sido "sometidos a graves abusos", aunque estos informes no han sido confirmados. Un solicitante de asilo en el Reino Unido en 2002 informó que él y su pareja, ambos en las fuerzas armadas, sufrieron abusos físicos y verbales, incluidas amenazas, tanto de superiores como de compañeros soldados.

La discriminación social contra las personas con VIH/sida era un "área de preocupación" en el informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos en Eritrea. ILGA y algunos grupos de prevención del VIH/sida han condenado la criminalización de la actividad homosexual por el Artículo 600, argumentando que socava los objetivos de salud pública al hacer que los programas de prevención dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres sean extremadamente difíciles.

El gobierno de Eritrea ha acusado repetidamente a los países occidentales de promover la homosexualidad dentro del país para desestabilizar el régimen. Los opositores o presuntos opositores del régimen fueron etiquetados como "gays, traidores, violadores, pedófilos y traficantes" en un intento por reprimir y deslegitimar las críticas al gobierno.

En 2010, junto con otros estados africanos, Eritrea rechazó los Principios de Yogyakarta, que pretenden aplicar estándares desarrollados de derechos humanos a cuestiones de orientación sexual e identidad sexual. El grupo africano consideró que estos estándares eran demasiado controvertidos y los acusó de inventar nuevos derechos humanos sin fundamento en el derecho internacional.

En Eritrea no existen leyes que prohíban la terapia de conversión. Se han reportado casos de personas LGBT a quienes se les ofrece terapia de conversión en lugar de ir a prisión. La organización benéfica LGBT OutRight Action International descubrió que la terapia de conversión y los intentos de "cambiar" por la fuerza la orientación sexual o la identidad de género de una persona estaban muy extendidos debido al estigma social.

Extranjeros LGBT En 2013, Paolo Mannina, un ciudadano italiano gay, fue despedido de su trabajo como profesor de literatura en una escuela técnica en Asmara y deportado de Eritrea. Mannina aceptó irse, y aseveró temer por su seguridad. No se dio ninguna explicación oficial para su expulsión del país, pero el gobierno de Eritrea declaró que Mannina era un "individuo peligroso que potencialmente desestabiliza el orden moral y público del país". Tras ser interrogado por funcionarios italianos, el gobierno eritreo aclaró que, a pesar de la falta de mención de la orientación sexual en los contratos de las escuelas italianas que operan en el país, la expulsión estaba justificada con base en el Artículo 7 del Acuerdo sobre Escuelas Técnicas Italianas en Eritrea. El Acuerdo exige el cumplimiento de las leyes locales, y el gobierno argumentó que esto incluía el Artículo 600 del Código Penal eritreo. El embajador eritreo en Italia comentó que «todo extranjero presente en Eritrea tiene la obligación de respetar las costumbres y tradiciones locales y, aún más, las disposiciones legales que prohíben las relaciones homosexuales». Los funcionarios diplomáticos italianos condenaron la acción.

En 2004, tres trabajadores hoteleros de países occidentales fueron expulsados de Eritrea por actividad homosexual. Al menos uno de los trabajadores deportados fue descrito como abiertamente homosexual.

Referencias

Eritrea