miniatura|El rey Alfonso XIII, junto al general Miguel Primo de Rivera (derecha) después de su nombramiento como jefe del Gobierno y presidente del Directorio militar. La dictadura de Primo de Rivera fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de este el 28 de enero de 1930 y su sustitución por la «dictablanda» del general Dámaso Berenguer. Ha sido considerada como «el primer ensayo de institucionalización consciente del nacionalismo español autoritario» cuyo instrumento fue el Ejército, fuertemente corporativo y militarista.
Se ha discutido su relación con el fascismo, que solo un año antes había llegado al poder en Italia. José Luis Rodríguez Jiménez considera que «el régimen de Primo de Rivera tenía poco que ver con el fascismo. En cambio, sí enlaza perfectamente con varios regímenes dictatoriales existentes en el este de Europa, como el del general Metaxas en Grecia, de Milan Stojadinovic en Yugoslavia, Pilsudski en Polonia, y Horthy en Hungría». Sin embargo, este mismo historiador advierte que «sí fue uno de los primeros regímenes europeos en adoptar algunos de los rasgos del fascismo, entre los que sobresale el intento de crear un partido único», y además, «algunos de los ministros y propagandistas del régimen, admiradores de la figura de Mussolini, empleaban un discurso próximo al fascismo».
Antecedentes
La creciente intervención del Ejército en la vida política miniatura|izquierda|Retrato de Alfonso XIII vestido con el hábito de la Orden de Calatrava (1917). Desde el «Desastre de 1898» se produjo en la vida política española una creciente intervención del Ejército, que se presentó como el intérprete de la «voluntad popular» y el defensor del «interés nacional, por encima de los intereses parciales y de la política partidista». Dos momentos clave de este pretorianismo fueron los hechos del ¡Cu-Cut! de 1905 —el asalto por oficiales de la guarnición de Barcelona a la redacción y los talleres de esta publicación satírica nacionalista catalana, y también los del periódico La Veu de Catalunya, en respuesta a una viñeta satírica sobre los militares— que condujeron a la Ley de Jurisdicciones de 1906 y, sobre todo, a la crisis española de 1917, en la que cobraron un especial protagonismo las autodenominadas Juntas de Defensa, integradas exclusivamente por militares.
Como ha señalado José Luis Gómez-Navarro, «entre los jefes y oficiales españoles, desde principios del pero de forma creciente a partir de la Primera Guerra Mundial, se había extendido un antiparlamentarismo y un rechazo de la política... Se consolidó en el ejército español la defensa de valores consubstanciales al profesionalismo militar pero cuyo peso se incrementó ante la crisis: orden, jerarquía, disciplina y autoridad; a lo que se añadía su creciente papel de defensores de los fundamentos del orden social y de la institución moderadora que garantizaba la continuidad del sistema social y político: la monarquía».
El «trienio bolchevique» en Andalucía y la «guerra social» en Cataluña (1918-1923) En los años posteriores a la crisis de 1917 se produjo el estallido de una grave crisis social en Cataluña y en el campo andaluz. «Una auténtica 'guerra social', con atentados anarquistas y de pistoleros a sueldo de patronos, se declaró en Cataluña y tres años de movilizaciones de jornaleros del campo a los que habían llegado los ecos de la revolución rusa en Andalucía». Aunque las dos grandes organizaciones obreras españolas, CNT y PSOE-UGT no se incorporaron al movimiento comunista, la Revolución de Octubre «actuó en España como un imparable mito movilizador que conmocionó durante años al obrerismo, arrastró a sus dirigentes y encandiló a las masas que intentaban encuadrar».
En Andalucía entre 1918 y 1920 se produjo una intensificación de las movilizaciones, que se conoce con el nombre de «trienio bolchevique». Hubo constantes huelgas de jornaleros que fueron respondidas con extraordinaria dureza por los patronos y las autoridades. Durante las huelgas los jornaleros ocupaban las fincas, siendo desalojados violentamente de ellas por la guardia civil y por el ejército. También hubo sabotajes y atentados. miniatura|Parte posterior del coche en el que fue asesinado Eduardo Dato y en la que se observan los orificios de las balas. En Cataluña el conflicto se inició en febrero de 1919 con la huelga de la Canadiense, que era el nombre con el que era conocida la empresa Barcelona Traction, Light and Power que suministraba electricidad a Barcelona. En consecuencia la ciudad se quedó sin luz, sin agua y sin tranvías. El gobierno liberal del conde de Romanones optó por la vía de la negociación acompañada de la aprobación del decreto «de las ocho horas» y de un nuevo sistema de seguros sociales, pero tuvo que ceder a las presiones de la patronal que exigía mano dura y que encontró un valioso apoyo en el capitán general de Cataluña Joaquín Milans del Bosch y en el rey Alfonso XIII. Así fue como el conflicto obrero catalán degeneró en una "guerra social" que tuvo por escenario principal Barcelona. La violencia de los pistoleros de la patronal fue respondida con atentados terroristas perpetrados por los grupos de acción anarquistas.
El nuevo gobierno del conservador Eduardo Dato nombró al general Severiano Martínez Anido como gobernador civil, quien acrecentó notablemente la dura política represiva aplicada por Milans del Bosch contra la CNT. «Implantó un régimen de terror que se valía del sindicalismo libre, perseguía a los dirigentes cenetistas y aplicaba la ley de fugas: algunos detenidos eran ejecutados sobre la marcha por las fuerzas del orden, con el pretexto de que habían intentado huir». Los actos terroristas y la violencia callejera entre anarquistas y miembros de los libres y de las fuerzas parapoliciales, se sucedieron entre 1920 y 1923. La espiral de violencia alcanzó al propio Dato que fue acribillado a balazos en Madrid por tres anarquistas el 8 de marzo de 1921. En 1923 caían también asesinados Salvador Seguí, ―dirigente de la CNT que no había apoyado la vía violenta y que defendía la vuelta a la vía sindical―, y el arzobispo de Zaragoza Juan Soldevilla.
El polémico discurso de Alfonso XIII en el Casino de Córdoba (23 de mayo de 1921) miniatura|Salón Liceo del Casino de la Amistad de Córdoba. El primer problema al que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno formado tras el asesinato de Eduardo Dato, que estaba presidido por el también conservador Manuel Allendesalazar, fue la polémica levantada por el discurso de Alfonso XIII pronunciado el 23 de mayo de 1921 en el Casino de la Amistad de Córdoba ante los grandes propietarios de la provincia y las autoridades de la capital. El rey se quejó de los políticos cuyas «maquinaciones y mezquindades» impedían que fueran aprobados en las Cortes los proyectos que «interesan a todos», por lo que propuso que «las provincias» comenzaran un «movimiento de apoyo a vuestro Rey y a los proyectos beneficiosos y entonces el Parlamento se acordará de que es mandatario del pueblo, pues no otra cosa significa el voto que le dais en las urnas. Entonces la firma del Rey será una ejecutoria y una garantía de que harán proyectos beneficiosos para España» ―el rey era consciente de lo que estaba diciendo porque antes de lanzar la propuesta había dicho: «Algunos dirán que me estoy saliendo de mis deberes constitucionales pero llevo diecinueve años de Rey constitucional y me he jugado la vida muchas veces para que me vengan ahora a coger en una falta constitucional»―. Al parecer también dijo «que él, dentro o fuera de la Constitución, tendría que imponerse y sacrificarse por el bien de la Patria». El ministro que lo acompañaba, Juan de la Cierva, intentó que los periodistas solo publicaran el «suave resumen» que él había preparado, pero el texto completo lo difundió con carteles un noticiario cinematográfico (fue la primera vez —y la última— que un discurso del rey era dado a conocer de este modo).
El Congreso de los Diputados se ocupó del asunto cuatro días después. El socialista Julián Besteiro afirmó que el rey había tenido unas palabras de «desprecio» hacia el Parlamento y el también socialista Indalecio Prieto proclamó a gritos hasta en tres ocasiones: «¡El Parlamento tiene más dignidad que el Rey!» (la frase de Prieto no figuró en el Diario de Sesiones pero circuló por todo Madrid). En cambio, el conservador Antonio Maura apoyó al monarca diciendo que sus palabras habían sido aplaudidas por «la España sensata» y el diario católico El Debate publicó que serían «fervorosamente aplaudidas» por las «gentes desligadas de la política». Por su parte, Alfonso XIII «por el momento, se asustó ante el impacto de sus manifestaciones y negó cualquier intención antiparlamentaria», aunque en privado confesó que había dicho lo que pensaba, con lo que «don Alfonso sintonizaba con los críticos del parlamentarismo, que abundaban en España —como en toda Europa, también en América Latina— durante aquellos años».
El «Desastre de Annual» de julio de 1921 y sus consecuencias miniatura|Cadáveres encontrados en Annual. El problema más grave que tuvo que afrontar el gobierno Allendesalazar fue la crisis provocada por el desastre de Annual, acaecido dos meses después en el Protectorado español de Marruecos. «La ofensiva inesperada de los indígenas [encabezados por Abd el-Krim] concluyó en una desbandada general del Ejército español en dirección a Melilla. Las tropas españolas estaban dispersas en un frente muy extenso con un número de posiciones muy elevado y con graves problemas de aprovisionamiento. Las unidades estaban mal pertrechadas... El derrumbamiento del frente tuvo como consecuencia la pérdida en tan sólo unos días de lo conseguido con graves dificultades durante años. No sólo el general Silvestre [comandante general de Melilla y jefe de las fuerzas españolas en la mitad oriental del Protectorado] murió sino también otros 10 000 soldados».
El «desastre de Annual» conmocionó a la opinión pública. Hubo manifestaciones y huelgas de protesta exigiendo responsabilidades. En las Cortes y en la prensa también se exigieron y el propio rey Alfonso XIII fue acusado de haber alentado a Fernández Silvestre para actuar de la forma tan imprudente como lo hizo. Las personas que más destacaron en las acusaciones contra el rey fueron el escritor Miguel de Unamuno y el diputado socialista Indalecio Prieto. Este último concluyó una de sus intervenciones en las Cortes con una frase que provocó un gran escándalo en el hemiciclo y por la que fue procesado: «Aquellos campos de dominio son hoy campos de muerte: ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno de las gradas del trono en demanda de justicia». Prieto también se refirió a una expresión atribuida a Alfonso XIII que aludía a la gran cantidad de dinero que exigían los rebeldes rifeños para liberar a los cientos de prisioneros españoles que seguían en su poder (Prieto de nuevo fue amonestado por el presidente del Congreso de los Diputados): «Hay quien atribuye esta actitud del Gobierno a una frase altísima, según la cual resulta cara la carne de gallina». El historiador Javier Moreno Luzón apostilla: «Semejante sarcasmo real, sobre el valor de los apresados, no se olvidaría con facilidad». Por su parte Unamuno se refirió a un supuesto telegrama enviado por el rey a Fernández Silvestre animándole a que lanzara la ofensiva en el que le decía: «¡Olé los hombres!» (o «¡Olé tus cojones!» u «¡Olé los hombres, el 25 te espero!», en referencia a la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España). El supuesto telegrama, si es que había existido, nunca fue encontrado.