El Caso del Cerro Maravilla o los Asesinatos en el Cerro Maravilla fueron las denominaciones utilizadas por los medios de comunicación y el público puertorriqueño para describir los eventos que ocurrieron el 25 de julio de 1978 en el cerro Maravilla, una montaña en Puerto Rico, donde dos jóvenes activistas proindependencia puertorriqueños fueron asesinados en una emboscada de la policía con posible colaboración de la CIA. El evento provocó una serie de controversias políticas, tras las cuales los oficiales de policía fueron encontrados culpables de asesinato y varios funcionarios de alto rango del Gobierno local fueron acusados de planificar o encubrir el incidente.
Inicialmente declarada una intervención policial contra terroristas, los medios locales no tardaron en dudar de los testimonios de los oficiales, así como del único testigo sobreviviente, debido a sus inconsistencias. El gobernador de Puerto Rico en la época, Carlos Romero Barceló, ordenó al Departamento de Justicia local que iniciara varias investigaciones y solicitó al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ayudaran en tales investigaciones, las cuales concluyeron en que no hubo mala conducta de parte de los oficiales; sin embargo, después de que el partido político opositor local iniciara sus propias investigaciones, nuevas evidencias y testimonios revelaron una gran negligencia y la perpetración de los asesinatos por parte de los oficiales, así como la posibilidad de un encubrimiento a nivel local y federal. Consecuentemente anormales, tuvieron lugar juicios locales y un total de diez oficiales fueron convictos de varios crímenes.
El incidente y los eventos posteriores se han convertido en uno de los momentos más controvertidos en la historia política de Puerto Rico. A menudo, activistas locales independentistas lo califican de represión política contra el movimiento de independencia puertorriqueño. Hasta la fecha, la mayor parte de las personalidades públicas, incluyendo a aquellas que no estuvieron involucradas en el caso, raramente realiza comentarios sobre el incidente.
El Incidente En la mañana del 25 de julio de 1978, los jóvenes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, dos activistas independentistas del Movimiento Revolucionario Armado (M.R.A.), junto con un oficial de la Policía Estatal de Puerto Rico llamado Alejandro González Malavé, que servía como agente encubierto y que se había hecho pasar como un miembro del grupo, tomaron como rehén al taxista Julio Ortiz Molina y le ordenaron llevarlos en auto hasta el Cerro Maravilla ubicado en el pueblo de Jayuya en el área central de la Isla, donde se hallaban varias torres de comunicación entre ellas una de la Policía de Puerto Rico. Su plan original consistía en prender fuego, sabotear y destruir las torres en protesta por el encarcelamiento de nacionalistas puertorriqueños, convictos por el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos Harry S. Truman en 1950 y por el tiroteo en el Capitolio en 1954, donde cinco miembros del congreso Congreso fueron heridos. Los oficiales de la policía estatal conocían de antemano el plan y emboscaron a los activistas y les dispararon. El agente encubierto recibió una herida de bala menor durante el tiroteo, mientras que el taxista resultó ileso.
Declaraciones Iniciales La mañana después del incidente, los oficiales sostuvieron que actuaron en legítima defensa, al señalar que ordenaron a los activistas que se rindieran, momento en que los activistas empezaron a dispararles y, por tanto, ellos hicieron lo propio. Inicialmente, el taxista declaró que se escondió bajo el tablero de instrumentos de su taxi cuando empezó el tiroteo y no pudo ver quién disparó primero, aunque contradijo su declaración pocos días después en una entrevista en el San Juan Star, un periódico local, al afirmar que se agachó bajo el tablero de instrumentos después de que tres hombres (los dos activistas y el agente encubierto) abandonaran el automóvil y que vio a "diez hombres fuertemente armados" acercándose. Cuando emergió del taxi, vio a los tres hombres con vida, aunque dos de ellos estaban siendo golpeados por los hombres armados, quienes, más tarde, fueron identificados como policías.
Primeras Investigaciones thumb|180px|Gobernador de Puerto Rico Carlos Romero Barceló defendió la actuación de los oficiales en el cerro Maravilla. El entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló (PNP), elogió a los oficiales en una emisión televisiva al llamarlos "héroes". Así también, sostuvo que actuaron en defensa propia y que detuvieron un ataque terrorista; sin embargo, al enfrentarse a la presión pública debido a las declaraciones conflictivas del taxista, el gobernador ordenó dos investigaciones separadas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, además de la investigación policial que ya estaba en curso, todas las cuales concluyeron que las acciones de los oficiales estuvieron libres de cualquier mala conducta, a pesar de varias inconsistencias en sus historias. Los partidos políticos opositores, principalmente el Partido Popular Democrático (PPD), insistieron en que las investigaciones fueron solo encubrimientos y demandaron que un fiscal especial independiente fuera asignado para la investigación. Dos investigaciones especiales por parte de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y por el FBI fueron llevadas a cabo en distintas ocasiones entre 1978 y 1980. Ambas confirmaron las conclusiones del Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre que los oficiales actuaron en defensa propia.
Investigaciones Posteriores En las elecciones generales de noviembre de 1980, el gobernador Carlos Romero Barceló fue reelegido por un margen de 3.503 votos (una de las contiendas más reñidas de la historia de Puerto Rico), aunque su partido perdió el control de la Asamblea Legislativa en favor del mayor partido opositor, el Partido Popular Democrático (PPD). Esta derrota fue atribuida por The New York Times a la controversia en torno a las investigaciones en curso, aunque otros medios de comunicación, como la revista Time, la atribuyeron a la postura del gobernador Romero Barceló sobre la condición política de la isla. La Asamblea Legislativa inició rápidamente nuevas indagaciones y audiencias sobre el incidente en el cerro Maravilla. El Senado, entonces presidido por Miguel Hernández Agosto, encabezó las investigaciones y nombró al ex asistente del fiscal de distrito Héctor Rivera Cruz para encargarse de la investigación.
La segunda investigación realizada entre 1981 y 1984 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la prensa local descubrió un complot para asesinar a los activistas y una posible, aunque no concluyente, conspiración para encubrir estas acciones. Durante las entrevistas realizadas por el Comité de investigaciones del Senado en 1983, el oficial Miguel Cartagena Flores, un detective de la división de inteligencia del Departamento de policía de Puerto Rico, testificó: "cuando llegué a la escena, vi a 4 oficiales de policía apuntando sus armas a los dos activistas que estaban arrodillados delante de ellos. Volví la mirada y oí cinco disparos". Cartagena, a quien se le ofreció inmunidad por su testimonio, añadiría que varias horas antes del tiroteo, él y otros oficiales fueron informados por el coronel Ángel Pérez Casillas, comandante de la División de inteligencia, que "estos terroristas no deben bajar [de la montaña] con vida". Su testimonio fue corroborado por el oficial Carmelo Cruz, a quien también se le concedió inmunidad, aunque no fue testigo de los disparos fatales, y que confirmó muchos detalles aportados por Cartagena.
Otras investigaciones obtuvieron testimonios similares de testigos, incluyendo al taxista, quien esta vez sostenía que los activistas estaban "vivos y desarmados" cuando la policía lo sacó de la escena. El taxista sostuvo que hubo un pequeño intercambio de disparos y, cuando fue trasladado a otro lugar cercano, escuchó una segunda descarga de disparos; pero la policía y los investigadores del Departamento de Justicia de Puerto Rico le dijeron que olvidase la segunda ronda de disparos. La declaración sobre las dos descargas diferentes de disparos fue confirmada por varias personas, incluyendo al exoficial Jesús Quiñones, quien así lo declaró ante un gran jurado federal (se retiró de la fuerza policial poco después de los disparos) y otros tres civiles en una entrevista en el San Juan Star.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa y la prensa local comenzaron a cuestionar la actuación del Departamento de Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI durante las primeras investigaciones, al alegar que existía corrupción en el interior de las agencias y una conspiración para encubrir evidencias. Varios políticos y líderes locales enviaron cartas al entonces senador del Comité judicial del Senado de Estados Unidos, Edward Kennedy, para solicitar una pesquisa sobre la conducción de las investigaciones federales. Varias cartas incluso acusaron al exfiscal General de los Estados Unidos Benjamin R. Civiletti de ayudar al gobernador Romero Barceló durante las investigaciones. Los dos líderes de los partidos opositores, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, denunciaron que después de la reunión de diciembre de 1979 entre Romero y Civiletti, el gobernador, entonces considerado como un republicano de toda la vida, comenzó a hacer campaña para entregar 41 votos de la isla al Partido Demócrata de los Estados Unidos en favor de la nominación presidencial de Jimmy Carter (irónicamente, el rival de Carter para la nominación era el senador Kennedy). Casi 45 días después, Carter ganó la nominación por un delegado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que concluía su investigación por falta de pruebas. Un memorando interno del Departamento de Justicia que fue emitido el mismo mes de la reunión entre Romero Barceló y Civiletti desveló que las investigaciones estaban cerradas incluso cuando los agentes todavía estaban investigando pruebas importantes que incriminarían potencialmente a los oficiales, incluyendo "varias contusiones inexplicadas" en el rostro de una víctima y el hecho de que uno de los oficiales de policía se retractara de su historia original y declarara que, de hecho, hubo "dos ráfagas de disparos".
Estas y muchas otras acusaciones ocasionaron presión pública y política sobre todas las agencias investigadoras, que a su vez condujo a revisiones internas de las pruebas y los procedimientos de las primeras investigaciones, tanto a nivel local como a nivel federal, a pesar de que todas las organizaciones negaron firmemente cualquier conspiración de encubrimiento. Estas investigaciones posteriores tuvieron como resultado traslados, degradaciones y dimisiones entre oficiales de alto rango al interior del Departamento de Justicia de Puerto Rico, incluyendo a tres diferentes secretarios de justicia de Puerto Rico (equivalentes al fiscal general estatal) que aceptaron y renunciaron a sus cargos en un período de seis meses. El 29 de noviembre de 1983, tres fiscales fueron relevados de sus funciones después de que un informe, emitido por el Comité de investigaciones del Senado, encontrara que no habían investigado adecuadamente los asesinatos del Cerro Maravilla, citando 101 deficiencias específicas en dos investigaciones. Este fue el tercer fiscal general estatal que supervisó las investigaciones desde que los tiroteos ocurrieron en 1978.
Consecuencias Sospechosos