La diversidad sexual en Argentina refiere en particular a la situación de los colectivos LGBT+ (lesbianas, gais, bisexuales, personas trans y demás orientaciones sexuales e identidades de género alternativas a la sexualidad heteronormativa tradicional) en este país. En 2019, la Comisión Organizadora de la XXVIII Marcha del Orgullo de Buenos Aires decidió no utilizar la sigla LGBTI ni ninguna otra con mayor cantidad de letras, "porque dejaron de ser representativas, ya que cada día empiezan a visibilizarse nuevas identidades que rompen con las normas sobre la sexualidad”.
En 1946, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, firmó un decreto que no permitía votar a las personas homosexuales; ese decreto fue derogado recién en la década de 1980, aunque estrictamente su cumplimiento nunca fue aplicado.En 1951, una enmienda al Código Bustillo de Justicia Militar prohíbió especialmente a los homosexuales ingresar al Ejército. Tras la recuperación de la democracia en 1983, las leyes del país y la opinión pública tuvieron una evolución notable, progresiva y a favor de una mayor aceptación de la diversidad sexual y la inclusión de las comunidades y personas con preferencias no heterosexuales. En 2012 se derogaron las últimas normas que criminalizaban las sexualidades LGBTI.
En 2003 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Río Negro establecieron la institución de la unión civil de dos personas, con independencia de su sexo, reconociendo aquellas que hayan convivido en una relación de afectividad estable y pública durante un tiempo determinado.
En julio de 2010 se sancionó la Ley n.º 26.618 de Matrimonio Igualitario, que anuló toda distinción entre géneros y orientaciones sexuales en el derecho de familia, ampliando a las personas homosexuales los mismos derechos conyugales que ya tenían las heterosexuales, incluido el derecho a la adopción y el reconocimiento sin distinción de la familia homoparental. En 2015, tras la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, las parejas sean del mismo o de diferente sexo pueden acceder a la figura legal llamada unión convivencial, con la cual se ejerce el derecho a vivir en familia, obteniendo ciertos efectos jurídicos aun cuando no se contraiga matrimonio.
En 2012, se aprobó la Ley n.º 26.743 de Identidad de Género, permitiendo a las personas Trans que en sus documentos personales se registren con el nombre y el sexo con el que se identifican. En el sector público, desde 2006, se prohíbe la discriminación laboral por motivos de orientación sexual (Decreto 214) y desde 2020 por identidad de género y su expresión (Decreto 721).
Historia
Luego de milenios de culturas originarias, en varias de las cuales había respeto por la variedad de géneros y deseos sexuales, la Conquista Española impuso tres siglos de represión sexual, como consecuencia de un orden heteronormativo y patriarcal, impulsado por la Iglesia católica, que se mantuvo en las costumbres luego de la Independencia (1810-1816), aunque atenuada por la eliminación del delito de sodomía al abolirse la Inquisición.
Durante los siglos y , como en el resto de Occidente, la represión se consolidó con el discurso médico que sostenía que las personas con deseos sexuales y géneros en conflicto con una sexualidad reproductiva y heterosexual, estaban enfermas. La policía detenía sistemáticamente a hombres homosexuales y vestidos con ropas femeninas, desde la década de 1930 utilizó los llamados edictos policiales (2F y 2H) para perseguir a las disidencias sexuales.
A mediados del , se consolidó la identidad homosexual masculina, surgió una protoidentidad gay/travesti autodenominada como «maricas», «mariconas» o «locas», y se mantuvo invisibilizada una comunidad de mujeres que amaban mujeres, autodenominadas «betters». A partir de la segunda mitad de la década de 1960 aparecieron las primeras organizaciones de lesbianas y hombres homosexuales, pero las dictaduras militares frenaron su desarrollo. Simultáneamente los avances en biotecnología permitieron transformar las características sexuales de los cuerpos, impulsando la aparición de personas travestis, transexuales y transgénero, pero impulsando también la emergencia masiva de la prostitución de mujeres trans.
Con la recuperación de la democracia en 1983, los movimientos de diversidad sexual se reorganizaron y comenzaron progresivamente a obtener avances, a partir de la despatologización y visibilización de las disidencias sexuales. En las dos primeras décadas del se eliminaron todas las normas represivas locales y policiales y se sancionaron leyes como la del matrimonio igualitario (2010) e identidad de género (2012), que a su vez abrió camino en 2021 al reconocimiento oficial de la existencia de múltiples identidades de género.
Con la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 se inició desde el Estado una campaña desde el sector "libertario", para suprimir derechos y libertades, entre ellas aquellas vinculadas a la diversidad sexual y de género. El 1 de febrero de 2025 se realizó la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, en repudio al "discurso de odio" y amenazas de Milei contra la "ideología de género" y el colectivo LGBT, y los derechos feministas y LGBT, en el Foro de Davos. La marcha tuvo una adhesión multitudinaria y fue realizada en las principales ciudades argentinas, de Europa, América Latina y Estados Unidos. En la ciudad de Buenos Aires la marcha ocupó las 17 cuadras de la Avenida de Mayo y cubrió la Plaza de Mayo, siendo calculada por los organizadores en un millón de personas.
Legislación y derechos de la diversidad sexual y de género
Reconocimiento de uniones del mismo sexo
Uniones civiles El día 28 de agosto de 2001, el proyecto fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, la cual decidió pedir informes sobre la constitucionalidad del mismo y sobre la importancia y valor. Es por ello que se pidieron informes al Tribunal Superior de Justicia, al Colegio Público de Abogados, a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Buenos Aires.
La Universidad Católica Argentina organizó una "Jornada sobre la Unión Civil", en donde abogados, sociólogos y psicólogos repudiaron el proyecto de la ONG Comunidad Homosexual Argentina. La CHA, por su parte, organizó una conferencia con académicos de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Palermo y del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires.
Luego de un año y medio, en el cual el proyecto pasó por cuatro comisiones, el 12 de diciembre de 2002, la Legislatura porteña decidió debatir el tema. Los pasillos del recinto se llenaron de agrupaciones LGBTI, medios de prensa nacionales e internacionales. A las 11 de la noche, la diputada María Lucila Colombo (presidente del bloque del Partido Justicialista) anticipaba que su bloque no daría cuórum y se retirarían. Los diputados comenzaban a retirarse del recinto y los militantes del movimiento LGBTI veían truncadas las esperanzas de que el Estado reconozca este tipo de uniones.
Entonces, unos veinte alumnos de la Universidad Católica Argentina entraron gritando al recinto, sentándose detrás del diputado Jorge Enríquez, generando descontrol en el lugar. La jueza Graciela Medina, una de las autoras de la ley, fue empujada e increpada por estos alumnos en el momento que se dirigía al baño. Luego de eso, se produjo una amenaza de bomba, por lo que varios policías de civil debieron revisar por completo la Legislatura. La bomba apareció, era de estruendo y estaba en manos del grupo de jóvenes católicos. Desde ese momento, ningún legislador más abandonó el recinto.
A las 5:25 de la mañana la Legislatura de Buenos Aires sancionó la Ley de Unión Civil. El 17 de enero de 2003, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, promulgó la ley mediante el decreto n.º 63.
El 18 de julio de 2003, Marcelo Suntheim y César Cigliutti (CHA) se convirtieron en la primera pareja de hombres latinoamericanos en unirse. La ceremonia fue transmitida por diversos canales de televisión y tuvo repercusión en los medios gráficos de Argentina y el mundo. Una multitud se congregó en la calle Uruguay, frente al Registro Civil. El 21 de agosto de 2003, le llegó el turno a María Rachid y Claudia Castro, históricas dirigentes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).
El 11 de abril de 2003, la Legislatura de la provincia de Río Negro también aprobó una ley de unión civil para parejas del mismo sexo. El 7 de mayo de 2009 el Concejo Deliberante de Río Cuarto (Córdoba) aprobó una ordenanza municipal que permite la unión civil sin distinción de sexo.
Matrimonio
Amparos judiciales Desde 2007 fueron presentadas acciones de amparo en la Justicia, reclamando se declare la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el ejercicio del derecho al matrimonio a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
El primer amparo fue presentado por María Rachid (presidenta de la FALGBT), junto con su pareja Claudia Castro. El amparo fue elevado a la Corte Suprema de Justicia, quien se pronunciaría a favor del mismo,
Siguiendo la misma estrategia, el 22 de abril de 2009, Alex Freyre y José María Di Bello se presentaron en el Registro Civil de la calle Uriburu 1022 (Ciudad de Buenos Aires) para pedir fecha de casamiento, pero al ser ambos hombres la solicitud les fue denegada. Es por ello, que la pareja presentó en mayo una acción de amparo contra la ciudad de Buenos Aires. Con ese, se elevaba a cuatro el número de amparos presentados dentro de una campaña nacional de la FALGBT por el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El 10 de noviembre de 2009, la jueza Gabriela Seijas, titular del Juzgado 15 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil y ordenó al Registro Civil que celebre el matrimonio de Alex Freyre y José María Di Bello.
Después del inédito fallo de Seijas, la ciudad tenía tres días hábiles para acatar o apelar el fallo. El jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, decidió no apelar el fallo, por lo que el registro civil quedó habilitado para celebrar el matrimonio.
El 17 de noviembre, Di Bello y Freyre se presentaron en el Registro Civil de Beruti 3325 del barrio de Palermo para solicitar un turno para casarse, y eligieron el 1 de diciembre para hacerlo, fecha donde además se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, ya que ambos novios son portadores del VIH y activistas.
El 30 de noviembre, horas antes de celebrarse el matrimonio, la magistrada Martha Gómez Alsina, del Juzgado Nacional en lo Civil 85, suspendió -a través de una medida cautelar- el casamiento programado en función de lo resuelto por el fallo que estaba firme de su colega Seijas. Esto, al aceptar una petición de nulidad presentada por el abogado Francisco Roggero. Más tarde, un fallo de la Sala E de la Cámara Civil revocaba una medida de primera instancia -que había rechazado el pedido de cautelar porque con eso se quería intervenir en la ejecución de una sentencia firme- y ordenaba la suspensión de la boda. Existían entonces tres fallos, uno firme de la Ciudad que autorizaba la boda y otros dos -cautelares- que la impedían. Es por eso que el gobierno de la Ciudad, por medio de la Procuraduría General, decidió pedir a la Corte Suprema de Justicia que resuelva el conflicto de competencias judiciales que se había generado.
El 1 de diciembre, Alex Freyre y José María Di Bello se presentaron en el Registro Civil con la intención de casarse. Acompañaron a la pareja la titular del INADI, María José Lubertino, junto a Taty Almeida y Nora Cortiñas, miembros de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.