El 11 de septiembre de 1852 estalló en Buenos Aires, capital de Argentina, una revolución o golpe de Estado, que significó una reacción de la provincia de Buenos Aires contra las condiciones políticas impuestas por el predominio de Justo José de Urquiza después de triunfar en la batalla de Caseros sobre Juan Manuel de Rosas.
La batalla de Caseros había abierto la etapa denominada "Organización Nacional", en que todas las facciones políticas estaban de acuerdo en la sanción de una Constitución para todo el país. No obstante, las clases dirigentes de Buenos Aires pretendían, en oposición al resto del país, imponer condiciones políticas a las provincias argentinas, de manera tal que se mantuviera la tradicional preeminencia política y económica de la ciudad capital.
El resultado fue la separación –que duró diez años– entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Ambos Estados pregonaban pertenecer a una sola nación, pero en la práctica se comportaban como entidades separadas.
Antecedentes
thumb|Juan Manuel de Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y manejó la Confederación entre 1835 y 1852.
Tras el fracaso de las constituciones de 1819 y de 1826, rechazadas por las provincias del interior por su tendencia unitaria, el Partido Federal alcanzó la hegemonía de todos los gobiernos provinciales, victoria que le costó tres décadas de guerras civiles. A pesar de la derrota definitiva de las posiciones unitarias y la muerte o el exilio de sus principales figuras, las provincias no pudieron imponer una organización constitucional de tinte federal. Su principal obstáculo estaba en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que desde 1827 en adelante, todos sus gobernantes fueron federales.
Durante el gobierno de RosasEl sistema político dirigido por Rosas era una dictadura sui generis, ya que si bien asumió la Suma del Poder Público, mantuvo el funcionamiento de la Legislatura provincial, que discutía –aunque con escasas posibilidades de oponer resistencia al gobernador– las acciones del gobierno. En teoría, el general Rosas sólo gobernaba la provincia de Buenos Aires y representaba a las demás en las Relaciones Exteriores; no obstante, las guerras intestinas ocurridas durante su gobierno le permitieron circunscribir fuertemente las posibilidades políticas de los gobiernos provinciales, cuando no ayudaron a imponer directamente distintos gobernadores. Para un estudio de ambos procesos desde un punto de vista favorable a Rosas, véase Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Ed. Hyspamérica, Bs. As., 1987. de Juan Manuel de Rosas, desde 1835, éste impuso su criterio de postergar la sanción de una Constitución Nacional hasta que las provincias interiores estuvieran en paz y organizadas interiormente. Por otra parte, esto favorecía la imposición a las provincias de numerosos privilegios a favor de la provincia de Buenos Aires, especialmente el dominio económico a través del monopolio aduanero, y la representación de todas en las relaciones exteriores.
thumb|left|Justo José de Urquiza derrotó a Rosas en Caseros y asumió como Presidente de la Confederación, ahora sin la provincia de Buenos Aires, que formó un estado aparte. Una alianza de sectores de los dos partidos tradicionales, los unitarios, algunos de los federales del interior del país, el Imperio del Brasil y el gobierno colorado del Uruguay se lanzó a enfrentar a Rosas, organizando el Ejército Grande –dirigido por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza– y derrotándolo en la batalla de Caseros. Todos los grupos vencedores estaban de acuerdo en que el próximo paso era establecer las instituciones nacionales a través de una Constitución, pero a poco de andar se pudo ver que los unitarios –muchos de cuyos dirigentes habían pasado muchos años en el exilio y regresaron en los meses siguientes a la batalla– pretendían conservar la hegemonía de Buenos Aires.
Durante los primeros días posteriores a la batalla de Caseros, la preeminencia de Urquiza fue aceptada por todos. Este nombró gobernador interino a Vicente López y Planes el 4 de febrero; durante algunas semanas, una alianza entre unitarios y federales, simbolizada especialmente por la participación en el gabinete del líder unitario, Valentín Alsina, ejerció el gobierno provincial.
El 11 de abril, Urquiza llamó a elecciones para la Sala de Representantes, que dieron la victoria a los sectores unitarios, que de todos modos votaron gobernador titular al mismo López el 1 de mayo. Esta elección causó la renuncia de Alsina y del ministro de guerra, Manuel Escalada.
El Acuerdo de San Nicolás
thumb|Vicente López y Planes fue nombrado gobernador interino por Urquiza. Un acuerdo firmado el 6 de abril –en la casa de Rosas– por los cuatro gobernadores del litoral, conocido como el Protocolo de Palermo, encargó a Urquiza todos los poderes nacionales y las Relaciones Exteriores. También llamó a una reunión extraordinaria de todos los gobernadores provinciales en San Nicolás de los Arroyos. Unos días más tarde, una reunión de personalidades partidarias de Urquiza discutió un proyecto de acuerdo a ser presentado a los gobernadores, presentado por Juan Pujol.Entre las propuestas de Pujol estaba la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que fue rechazada airadamente por todos los dirigentes porteños, incluido el gobernador; por el momento, fue olvidada. Véase Scobie, op. cit., pág. 35. En la Sala de Representantes porteña, los liberales quisieron discutir ciertas condiciones a imponer en esa reunión; obviando esa discusión, el gobernador López partió hacia San Nicolás sin recabar la autorización de la Sala.
A la reunión en San Nicolás asistieron casi todos los gobernadores de provincia, y el 31 de mayo, los gobernadores firmaron el Acuerdo de San Nicolás, por el que se llamaba a un Congreso Constituyente, formado por dos diputados de cada provincia, que sancionaría una constitución. Entre otras disposiciones, se establecía también que los diputados debían concurrir con poderes plenos para votar según su conciencia, sin instrucciones que coartaran su libertad de acción, aunque las provincias podrían retirarlos y reemplazarlos de considerarlo oportuno. La disposición sobre los "plenos poderes" de los constituyentes había sido varias veces utilizada anteriormente por los gobiernos porteños, para presionar a los diputados a aceptar medidas opuestas a las exigidas por las provincias a través de las instrucciones dadas a sus representantes. La diferencia esencial era, esta vez, que la reunión del Congreso no sería en Buenos Aires, sino en Santa Fe. De modo que la presión la ejercería, no el gobierno porteño, sino el director Provisional de la Confederación Argentina: el mismo general Urquiza, que pagaba los sueldos de los diputados y había colocado en el gobierno al gobernador de Santa Fe.
Por otro lado, se otorgaba al general Urquiza el título de Director Provisorio de la Confederación Argentina, para que ejerciera el gobierno nacional con amplios poderes ejecutivos y legislativos.
Las jornadas de junio thumb|left|Bartolomé Mitre rechazaba el Acuerdo, sosteniendo que Vicente López no tenía la autorización de la Sala de Representantes para firmarlo. En Buenos Aires, la noticia de la firma del Acuerdo de San Nicolás provocó la reacción de los sectores más recalcitrantes del unitarismo. Cuando el gobernador López, acompañado por el general Urquiza, llegaron a Buenos Aires, el 12 de junio, la prensa ya había levantado la opinión pública contra el Acuerdo. Anticipando lo que iba a ocurrir, un artículo en el periódico El Nacional, presumiblemente escrito por su director, Dalmacio Vélez Sársfield, finalizaba con una afirmación llamativa:
En la Sala de Representantes, el coronel Bartolomé Mitre pronunció una serie de discursos rechazando el Acuerdo, con la excusa de que el gobernador no había tenido autorización de la Sala para firmar el Acuerdo, y de que las atribuciones asignadas al Director Provisorio eran dictatoriales.Años más tarde, se acusaría con razón al mismo Mitre de asumir atribuciones aún más amplias, durante los meses que separaron la disolución del gobierno de la Confederación –tras la batalla de Pavón, en 1861– y su asunción de la presidencia de la Nación. Véase Ruiz Moreno, Isidoro J., El misterio de Pavón, Ed. Claridad, Bs. As., 2005. ISBN 950-620-172-2
El Acuerdo no tenía defensores en la Sala, excepto por el diputado Francisco Pico y los ministros Juan María Gutiérrez y Vicente Fidel López –hijo del gobernador. Este último rechazó el supuesto derecho de los porteños a imponer sus condiciones al resto del país, con una frase muy conocida:
El público, enardecido en contra del gobierno, impidió a López continuar su discurso. Al día siguiente, seguros ya de que el Acuerdo sería rechazado, renunciaron todos los ministros. Unas horas más tarde, también el gobernador presentó su renuncia, que fue aceptada de inmediato. El presidente de la legislatura, el anciano general Manuel Pinto, fue nombrado gobernador provisional.
Urquiza, que se encontraba en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, reaccionó enérgica e inmediatamente: el día 24 de junio, Pinto recibió una nota de él que decía:
Notificaba además que la Sala quedaba oficialmente disuelta, que asumía personalmente el Poder Ejecutivo. También cerró varios de los periódicos opositores, y expulsó de su territorio a los dirigentes más exaltados, incluyendo a Alsina, Mitre y Sarmiento. Si bien repuso oficialmente a López en el gobierno, este no asumió la totalidad de los poderes.
Las vísperas
López dio por aprobado el Acuerdo por la provincia y llamó a elecciones, que tuvieron muy escasa asistencia, en las cuales se eligieron a Salvador María del Carril y Eduardo Lahitte como los dos diputados para concurrir al Congreso en Santa Fe.
El 26 de julio –en desacuerdo con la orden de Urquiza de devolver los bienes confiscados a Rosas– Vicente López renunció definitivamente a la gobernación.Este fue el fin de la carrera política de López, que no volvió a ejercer cargo político ni judicial alguno. Urquiza asumió el gobierno, en un antecedente de lo que la Constitución establecería con el nombre de intervención federal.
Durante su gobierno provincial, Urquiza envió en misión al Paraguay al doctor Santiago Derqui, a firmar tratados de libre navegación y reconocer la independencia de ese país, que había sido negada por Rosas en 1843. Simultáneamente, anunció la libre navegación de los ríos interiores, un viejo reclamo de las provincias del litoral, que los liberales porteños, opositores a Rosas, habían hecho suyo por razones ideológicas, pero la medida le atrajo más bien el odio de los antiguos rosistas, que veían a la provincia perder sus antiguos privilegios, y los acercó a las posiciones de los liberales.
Los dos meses posteriores al golpe de fuerza de Urquiza fueron de tensa calma: algunos de los exiliados regresaron, mientras la ciudad aceptaba con evidente mala gana la intervención y la ocupación militar. En público no hubo gestos agresivos hacia el general, e incluso su cumpleaños fue festejado en el recientemente creado Club del Progreso,Beatriz Bosch, Urquiza y su tiempo, Ed, Eudeba, Bs. As., 1972. pero los opositores avanzaban en planes de revolución, que Urquiza confiadamente ignoraba.
A principios de septiembre, Urquiza entregó el poder político al jefe de las fuerzas entrerrianas y correntinas en la ciudad, general José Miguel Galán, en un gesto de preferencia por su propia provincia que desagradó a los jefes de las tropas correntinas, los generales Juan Madariaga y José María Pirán. El 8 de septiembre, Urquiza partió hacia Santa Fe, para inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente.
La revolución thumb|El general Manuel Pinto asumió como gobernador provisional tras la revolución del 11 de septiembre.