thumb|Zonas contaminadas por la minería ilegal en el departamento de Madre de Dios. La minería ilegal o extracción ilegal de minerales es una actividad económica recurrida en Perú, que consiste en la explotación de minerales metálicos (como el oro y cobre), y no metálicos (arcilla, mármoles, arena gruesa y fina, entre otros) en zonas no permitidas por ley (ríos, Áreas Naturales Protegidas, etc.) usando maquinaria no autorizada para la pequeña minería o minería artesanal además de usar insumos prohibidos como mercurio, siendo realizada por organizaciones criminales nacionales o internacionales. En el Perú, la minería ilegal es considerada la actividad económica ilegal más grande por delante del narcotráfico y la trata de personas. Tiene su origen a finales de los años 1970 con el surgimiento de la informalidad en ese sector. Se caracteriza por no tener control ni regulación social y ambiental, que comparte el sector artesanal en el país.
Los que la promueven y realizan, disponen de medios y formas de organización, que actúan al margen de los mecanismos de control del Estado y evaden de manera sistemática las normas legales pertinentes,Guillermo Medina, Jorge Arévalo A. Felipe Quea J. “Estudio de Investigación de la Minería Ilegal en el Perú: Repercusión para el Sector Minero y el país”, Arequipa, 2007, pág 5 http://www.iimp.org.pe/website2/publicaciones/EstudioIIMP3_MineriaIlegal.pdf se ubican principalmente en Madre de Dios, Puno y La Libertad. En el caso de la Amazonía peruana, 17 áreas naturales protegidas fueron comprometidas por ella.
Según Antonio Brack, biólogo, ecologista, investigador peruano y primer ministro del Ambiente del Perú, la ilegalidad de esta actividad reside en la falta de estudios de impacto ambiental.
Hacia mediados de la década de 2020, la minería ilegal se había expandido a 32 distritos y 22 cauces fluviales en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, según un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. El Instituto Peruano de Economía indicó que el valor de las exportaciones igualaría por primera vez al de las exportaciones legales. A pesar de esta situación, el Observatorio de Minería Ilegal criticó que el Congreso de la República promoviera leyes propuestas por Eduardo Salhuana para que los responsables de la minería no sean denunciados por delitos como la contaminación ambiental.
Características La minería ilegal se caracteriza por desarrollarse en lugares remotos, donde existen pocas instituciones del Estado, lo que dificulta la labor de vigilancia y fiscalización en menoscabo de la legalidad. Se trabaja en distintos niveles: mediana minería, minería a pequeña escala y minería artesanal. El recurso que se obtiene en mayor cantidad es el oro.
Un aspecto que caracteriza a los involucrados es que actúan de manera premeditada, al margen de la ley, por lo general esta es una característica de los mineros que utilizan maquinaria e invierten en métodos tecnificados, a diferencia de otro sector que trabaja sin maquinaria pesada.
Los extractores ilegales conocen las reglas y saben cómo evadirlas; promueven operaciones ilícitas; compran la producción de quienes extraen minerales como estrategia de sobrevivencia y suelen mantener una relación de dependencia con los microextractores o mineros artesanales, facilitándoles insumos y dinero como forma de asegurar su fidelidad y dependencia permanente.Guillermo Medina, Jorge Arévalo A. Felipe Quea J. pág 6
Los extractores ilegales usurpan concesiones y terrenos de propiedad privada o del Estado. La ilegalidad en que se desenvuelve este tipo de actividad y los conflictos que genera, colocan a los extractores ilegales en situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica, lo que contribuye a un estado de temporalidad.
La extracción ilegal tiene carácter de subsistencia para los microextractores, pues perciben bajos ingresos. Esto restringe las posibilidades de asumir los costos requeridos para la mejora de la situación ambiental y las condiciones de seguridad. Además, explotan los recursos con poca recuperación y alta depredación de los mismos, sin tener ningún cuidado por el medio ambiente.
En julio de 2007, los agricultores y ganaderos de los distritos de Las Lomas, Tambo Grande, Suyo, Sapillica y distrito de Paimas de las provincias de Piura y Ayabaca, en el departamento de Piura, marcharon por las calles de la ciudad por los problemas de contaminación que genera la minería ilegal en esas zonas. Esto debido a que los microextractores ilegales utilizan cianuro y mercurio, elementos químicos que, usados sin observar normas, protocolos ni medidas de seguridad, se convierten en contaminantes tóxicos y dañinos para la salud humana, la agricultura y el ecosistema. José Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riesgo del Perú (JNUDRP), opinó que deberían declararse intangibles, las áreas afectadas por la minería ilegal en Piura.Junta Nacional de Usuarios de los distritos de riego del Perú, 2007. “Agricultores del norte marcharon contra minería artesanal”. Consultado 4 de agosto de 2009. http://www.jnudrp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=34
Las personas dedicadas a esta actividad tienen un bajo nivel de instrucción y realizan la extracción de manera individual o en pequeños grupos. El Estudio de Investigación de la Minería Ilegal en el Perú: Repercusión para el sector minero y el país, indica que esta situación desintegra el proceso productivo, dificulta la explotación sostenible del recurso y el manejo medioambiental.
En minería ilegal también se produce el uso ilegal de explosivos, que son empleados sin consideraciones ambientales ni de seguridad, los mismos que son conseguidos a través del contrabando o robo.
En febrero del 2009, la Fiscalía incautó 300 cartuchos de dinamita que eran guardados en dos viviendas de Antabamba, Abancay. Se conoció que el material incautado era de propiedad de la empresa Laytaruma S.A. y J.K.L. Pardo Corporation S.A.C. e iba a ser entregado a extractores ilegales de oro y cobre, que operan en el distrito y que posteriormente es comercializado por ambas firmas.Paul Pilco Dorregaray. “Fiscalía incauta dinamita oculta en dos viviendas de Ayahuay”. 2009. Abancay. http://www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=print&sid=1238
No existen procesos de seguridad, lo que implica que toda el área de explotación ilegal de minerales se constituye en un potencial foco de alteraciones del ecosistema, que pone en riesgo la integridad y la salud de las personas. Es por eso que para 2014 el artículo 307 del Código Penal establece como delito.
Supuesto proceso de formalización (Reinfo) Se sabe que un buen sector de los ilegales, aun teniendo la posibilidad de acogerse a la legalidad, no lo hace, no paga impuestos y no permite el desarrollo de las comunidades donde se produce la extracción. En 2001 se promulgó la Ley de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que entró en vigor al año siguiente. Se esperaba que el proceso de formalización llegara hasta 2012, pero se han ido prorrogando hasta 2020. La medida solo consiguió formalizar alrededor de 2000 negocios. Por ejemplo, un grupo humano ha decidido ingresar en el mundo de la legalidad a través de iniciativas como la de Arequipa.
En 2017, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para conocer la lista de mineros artesanales interesados en formalizarse. En 2020, los gobiernos regionales se hicieron cargo del Reinfo. En 2024, se promulgó la Ley 32213 para ampliar aún más el plazo de la supuesta formalización. Bancadas congresales como el Bloque Magisterial, Podemos Perú y Renovación Popular han presentado proyectos para respaldar esta medida, y otras bancadas como Fuerza Popular han votado a favor. Esto coincidió con las medidas del Congreso de la República que restringieron la capacidad de las fuerzas policiales para enjuiciar a los responsables de delitos contra el ambiente y otros. Al año siguiente se supo de un decreto supremo del gobierno de Dina Boluarte que permitía transferir la titularidad de los inscritos en el Reinfo a sus herederos, a pesar de que esta posibilidad no estaba contemplada en la Ley 32213.
El supuesto proceso de formalización fue muy criticado por especialistas por su falta de viabilidad e intereses ocultos. Según la consultora Videnza, el registro tuvo motivaciones políticas, ya que supuso un millón de potenciales votos para los candidatos que apoyaban la supuesta formalización, y permitió que la minería ilegal de oro «[fuera] más rentable que el narcotráfico» en el país. Los gremios de la industria minera compartieron un comunicado en el que señalaban que Reinfo «ha permitido, durante años, la expansión de actividades ilegales». El especialista José Iturrios advirtió que el cierre de la financiación de la USAID a varios países beneficiaría a los mineros ilegales y también a los productores de coca.
El portal Inforegión describió que «la búsqueda de la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala resultó ineficaz, mientras la minería ilegal creció». Uno de estos casos ocurrió en Pataz, donde se produjo una crisis de seguridad. Según Infobae, Pataz se convirtió en «la cuna del crimen organizado y la minería ilegal». La Compañía Minera Poderosa acusó a los poderes ejecutivo y legislativo de ralentizar el proceso de Reinfo y afirmó que «sirve de manto protector para mineros ilegales». El fiscal ambiental Frank Almanza Altamirano advirtió que otros diez lugares (como Madre de Dios, Arequipa, Cajamarca y Ayacucho) podrían sufrir una crisis similar a la de Pataz.
En 2025, Máximo Gallo declaró a Infobae que los mineros no formalizados están alquilando miles de hectáreas que fueron concesionadas hace más de 30 años y cuyos contratos se caducaron. El Tribunal Constitucional ordenó a los poderes del Estado que se abstuvieran de contemplar un marco jurídico-normativo de exención de responsabilidades penales, civiles y administrativas en el proceso de formalización minera, la prórroga del régimen transitorio y en cualquier política pública que regule dicha actividad de manera permanente.
En 2026, el analista Iván Arenas sugirió que existe una bancada parlamentaria que mantiene la vigencia del Reinfo. La periodista Graciela Villasís advirtió que el Ministerio de Energía y Minas estaba copado políticamente por designaciones de personas cercanas a José Jerí y su partido político Somos Perú. Políticos como Rafael López Aliaga no han reconocido la minería ilegal como un problema, mientras que el abogado ambientalista César Ipenza señaló que solo los partidos Ahora Nación, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y Primero la Gente han intentado abordar la problemática en sus planes de gobierno.
Desarrollo del sector clandestino El aumento de la actividad minera ilegal es directamente proporcional al incremento del precio del oro a nivel internacional. Actualmente se calcula que de los 5 millones de onzas que exporta el Perú anualmente, más de un millón (22% aproximadamente) corresponden a la minería ilegal. Esta actividad ilícita genera anualmente utilidades por US$1000 millones y evade impuestos por US$305 millones, según estimaciones de Macroconsult.miniaturadeimagen|Una mina clandestina creada artesanalmente.