El motín del 2 de agosto de 1810, también llamada masacre del 2 de agosto de 1810, fue una revuelta ciudadana y una rebelión de prisioneros ocurrida en Quito, capital de la entonces Real Audiencia de Quito, en la que un grupo de partidarios juntistas asaltaron el Cuartel del Regimiento Real de Lima con la intención de liberar a los prisioneros que habían participado el año anterior en la Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito y que habían sido acusados de crímenes de traición a su majestad para los cuales el fiscal pedía pena de muerte o prisión permanente.
La lucha se extendió a las calles de la ciudad. Entre 200 y 300 personas (1% de la población de entonces), perdió la vida en la refriega. Hubo ejecuciones de vecinos españoles. El pueblo quiteño sublevado asaltó dos cuarteles y una cárcel y las autoridades realistas respondieron ejecutando a los presos que no habían huido y ordenando la salida de las tropas. El saqueo de las tropas realistas produjo pérdidas valoradas entre 200 y 500 mil pesos de la época. La matanza como represalia, ordenada por el gobernador realista, Manuel Ruiz Urriés de Castilla, y conde de Ruiz de Castilla, tuvo amplia repercusión en el virreinato de Nueva Granada, como un acto de barbarie y justificación de la "Guerra a Muerte" decretada por Simón Bolívar.
Antecedentes
El Primer Grito de Libertad
La primera Junta de Gobierno Autónoma fue un gobierno ejecutivo que se creó en el territorio de la Presidencia de Quito a raíz de la invasión napoleónica a España, y que dio inicio al proceso revolucionario que se extendería hasta 1812. Esta revolución, tuvo lugar en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1809, después del derrocamiento de Manuel Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas, I conde de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, por un grupo de sublevados que formaron una junta de gobierno provisional. A este evento se lo conoce en el Ecuador y otros países de la región como Primer Grito de Independencia Hispanoamericano, debido a que constituyó el inicio del proceso de emancipación de Latinoamérica. Además, a los gestores de este hecho se los conoce como los patriotas del 10 de agosto de 1809. De los participantes en la sonada, 32 acabaron siendo encarcelados y luego asesinados por órdenes de Ruiz de Castilla en el Motín del 2 de agosto de 1810.
El pueblo de Quito vio afectados sus intereses por las medidas tomadas por el Gobierno colonial, al mismo tiempo que los ideales de la Ilustración y la Revolución francesa, fueron propagados por intelectuales como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, que los extendieron entre todas las clases sociales de la población. La decadencia del régimen colonial español que era evidente en todo el continente, fue un detonante para intentar una sublevación contra el régimen, disfrazada bajo las llamadas máscaras de Fernando VII, en las que se fingía lealtad al rey español para evitar represiones, pero que tenían como fin lograr un gobierno autónomo.
El 6 de octubre de 1808 el cabildo de Quito recibe las noticias de la invasión napoleónica a España y las Capitulaciones de Bayona, por las que Fernando VII abdicó la corona en el emperador francés Napoleón Bonaparte. Este tema se discutía con frecuencia en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales, como intelectuales liberales influidos por la Ilustración.
El más conocido entre estos capítulos es el llamado Complot de Navidad, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1808 durante una reunión efectuada en la Hacienda Chillo-Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar, II marqués de Selva Alegre. En ella los invitados discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la Audiencia a causa de las reformas borbónicas, todo ello con planes autonomistas para Quito.
El 22 de febrero de 1809, Pedro de Montúfar, que ejercía como alcalde de Quito, recibió varias cartas de la Junta Central Suprema en las que se solicitaba que el Cabildo demostrase la fidelidad de la ciudad al depuesto rey Fernando VII, enviando cartas al virrey de Nueva Granada y a los Infantes de España; por ello el 17 de marzo se acordó el reconocimiento a la Junta Central como representante de la autoridad del Rey hasta que se consiga su restablecimiento en el trono, así como una ceremonia religiosa en la Catedral donde el Cabildo, el tribunal de la Real Audiencia y el cuerpo militar, jurasen dicha lealtad.
Sin embargo, el Complot de Navidad con planes autonomistas para Quito, salió a la luz pública los últimos días de febrero, cuando fue denunciado a los españoles por unos sacerdotes mercedarios a los que el coronel Salinas había hecho partícipes del plan buscando apoyo de esa congregación religiosa. El presidente Manuel Ruiz Urriés de Castilla ordenó apresar a Juan de Dios Morales, Nicolás de la Peña, el cura José Riofrío, el mismo Salinas, y otros asistentes a la reunión decembrina; aunque luego tuvo que liberarlos por falta de pruebas, ya que los expedientes del proceso fueron extraídos de la oficina del secretario que lo llevaba.
Ante lo que las autoridades españolas de la Presidencia consideraban ya una tentativa innegable de sublevación de los quiteños, éstas enviaron un comunicado al Cabildo que fue leído el 25 de abril, en el que se refiere a la reunión de diciembre en la hacienda del Marqués de Selva Alegre como «una Junta que se ha supuesto iba a entablarse contra el Gobierno actual» y se solicitaba que se detuviese, denunciase, e investigase estos movimientos que manchaban la imagen de lealtad de la ciudad.
Durante la noche del 9 a la madrugada del 10 de agosto de 1809 en casa de Manuela Cañizares, dama quiteña comprometida con la causa independentista. Decidieron reunirse un grupo conformado por nobles criollos, doctores, marqueses con el objetivo de organizar una junta suprema de gobierno. En esta junta se designó a Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre como Presidente, el obispo Cuero y Caicedo como vicepresidente, en el despacho del Interior a Juan de Dios Morales, en el de Gracia y Justicia a Manuel Rodríguez de Quiroga y en el de Hacienda a Juan Larrea.
El 10 de agosto de 1809 thumb|250px|Reunión de los próceres en la casa de Manuela Cañizares. Óleo sobre lienzo, autor desconocido (inicios del siglo XX). En la mañana del 10 de agosto de 1809 los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, con el fin de entregar al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, el oficio mediante el cual se lo había cesado de sus funciones. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjesen enfrentamientos armados. La tropa se formó en la Plaza de la Independencia, al mando de Salinas, cerca de las cinco de la mañana.
El doctor Antonio Ante se presentó, según relata el historiador Pedro Fermín Cevallos, en el Real Palacio antes de las seis de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia, para entregarle el siguiente oficio:
Esta supuesta muestra de fidelidad al rey era una estrategia conocida como la máscara de Fernando VII. Estrategia militar en la que supuestamente se juraba lealtad al rey, pero que tenía el único fin de lograr la autonomía sin temor a represalias.
La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del movimiento patriota. Sin embargo, en la misma época, tampoco quedaban dudas de que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por Eugenio Espejo (1747-1795) y que, sobre todo, al asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo, ejecutaba un acto revolucionario que, en última instancia, movilizaba un proyecto autonomista.
El júbilo popular fue inmenso, destaca Pedro Fermín Cevallos:
Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular de San Agustín, el día 16 de agosto.
En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Cevallos destaca la prisión de los siguientes funcionarios coloniales:
Intento de expansión Inicialmente la Junta había considerado entre sus proyectos el organizar un ejército de dos mil hombres para defender la ciudad de Quito.Encina, 1954: pp.17 Los revolucionarios solicitaron ayuda a los territorios de Cuenca, Guayaquil y Popayán, pero éstos se negaron al enterarse de la campaña que acababa de emprender el virrey del Perú José Fernando de Abascal en contra de la asonada, dejando solos a los quiteños, que contaban con apenas 800 fusiles, y debieron enviar 2000 hombres (solo 200 o 300 armados con fusiles, el resto con lanzas y sables) capitaneados por un inexperto Francisco Javier de Ascázubi, a tomar Pasto y Popayán, pero la mayoría de sus tropas desertaron y Ascázubi sería apresado por los pastenses.Encina, 1809 /2052pp.24-25, 31
Los quiteños terminaron rodeados por realistas tanto al norte como al sur, y sufrieron serias dificultades para alimentarse,Encina, 1954: pp.26 por lo que fueron fácilmente vencidos por un ejército de cinco mil realistas limeños y neogranadinos que avanzaron arrasando todo a su paso, con el apoyo del Corregimiento de Pasto, Gobierno de Guayaquil, y Gobierno de Cuenca.Encina, 1954: pp.27-28
Cuenca Juan de Salinas comprometió al sargento mayor Mariano Pozo, riobambeño de 36 años de edad, para que propagase las ideas independentistas en Cuenca, lugar al que debía viajar con una escolta de catorce soldados para relevar a los que estaban en esa urbe. Los delegados secretos llegaron el 8 de agosto y se entrevistaron con el capitán Francisco García-Calderón sobre los aprestos revolucionarios.
La noticia de los hechos sucedidos en Quito la madrugada del 10 de agosto, fueron conocidos en Cuenca varios días después debido a que Blas Santos, encargado del servicio postal, llevó la nueva al interventor de la Renta de Correos Joaquín Tovar. En esos mismos días, una carta enviada a Mariano Pozo desde Quito fue requisada por José Neyra y Vélez, que la entregó al gobernador Melchor de Aymerich, quien a su vez pidió a Francisco García-Calderón que le cediese los dineros públicos que tenía a su cargo, con el pretexto de levantar tropas e iniciar la marcha sobre la provincia rebelada, pero como no presentó las respectivas libranzas legales, éste se negó.
Mientras tanto, Aymerich había mandado a desarmar la escolta disponiendo la prisión del sargento Pozo y de otros vecinos, a quienes acusó de revolucionarios por simples chismes y delaciones. El 24 de agosto, mientras el alcalde Fernando Guerrero de Salazar y el capitán García-Calderón almorzaban juntos en casa de este último, fueron detenidos por el teniente Manuel Rodríguez y Villagómez, que los condujo a un cuartel hasta el 5 de septiembre, fecha en que fueron remitidos a Guayaquil.
Represión española y caída de la Junta de Quito Las autoridades coloniales cercanas a Quito, desde el primer momento, consideraron que la Junta Soberana era una rebelión contra el orden colonial y se apresuraron a reprimirla. A ningún funcionario español de la época le convencieron las declaraciones de fidelidad al rey Fernando VII.
Poco ayudaron circulares como ésta, que envió Quito a los cabildos de las ciudades más cercanas, hablando de conceptos inaceptables para los españoles, como patria, libertad e independencia: