Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña, 22 de septiembre de 1949) es un jurista español, actual presidente del Tribunal Constitucional desde 2023, órgano del que es magistrado desde 2017. Antes de entrar a formar parte del tribunal de garantías, había sido magistrado del Tribunal Supremo desde 1995. Asimismo, entre abril de 2004 y diciembre de 2011 fue fiscal general del Estado y consejero nato de Estado.
En otros aspectos, ha sido una persona muy activa en el mundo asociativo, llegando a ser presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (2007-2011), presidente de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (2009-2010) y fundador y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. También ha formado parte del entorno académico, siendo profesor de la Universidad del País Vasco, del Colegio Universitario de Segovia y del Centro de Estudios Jurídicos, siendo autor de numerosas publicaciones de derecho penal, civil y procesal. Desde junio de 2019 es miembro del Patronato de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Biografía
Nació en La Coruña el 22 de septiembre de 1949. Pertenece a una larga familia de juristas, siendo hijo del fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo, y nieto del magistrado Cándido Conde Pumpido, que fue presidente de las Audiencias Territoriales (antecedentes de los actuales Tribunales Superiores de Justicia) de La Coruña, Valladolid y Valencia.
Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. En 1974, inició su carrera profesional como juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora), continuándola en 1976 como juez de Carballino (Orense).
En febrero de 1981, fue destinado a San Sebastián como magistrado de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, ciudad en la que permaneció hasta diciembre de 1985. En esa fecha, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, cargo en el que fue renovado en 1991.
En 1995, fue ascendido a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, siendo destinado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional en materia penal, siendo, con 45 años, el magistrado más joven nombrado para este alto Tribunal.
El 23 de abril de 2004 fue nombrado fiscal general del Estado, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2011, siendo el fiscal general que más tiempo ha ocupado el cargo desde la aprobación de la Constitución de 1978. En calidad de fiscal general, también fue miembro nato del Consejo de Estado desde mayo del año 2004 a diciembre de 2011. Discurso del Presidente del Consejo de Estado en la toma de posesión de Conde-Pumpido, 20/05/2004.
Al concluir su mandato regresó a su plaza de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, puesto en el que permaneció desde enero de 2012 a marzo de 2017, fecha en la que fue elegido por el Senado magistrado del Tribunal Constitucional.
Está casado con la magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Clara Martínez de Careaga, y tiene tres hijos.
Fundador y portavoz de Jueces para la Democracia Miembro desde 1974 de Justicia Democrática, organización que agrupó a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales partidarios de un sistema democrático durante la dictadura y que se disolvió al aprobarse la Constitución, en 1983 formó parte del grupo de fundadores de la asociación judicial que heredó sus valores, Jueces para la Democracia.
Fue el primer portavoz de esta asociación en el período 1984-1986, "Primeros pasos de Jueces para la Democracia hacia una nueva asociación", Bonifacio de la Cuadra. El País, 28/05/1984. repitiendo en el cargo en el bienio 1992-1994. En esta segunda etapa como portavoz se opuso El portavoz de Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, Cándido Conde-Pumpido, critica la falta de efectividad de la ley de seguridad ciudadana, El País, 30/07/92 a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana promovida por el ministro José Luis Corcuera en materia de entrada y registro domiciliario, que más tarde fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 341/1993, de 18 de noviembre de 1993 Con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido manifestó como portavoz de Jueces para la Democracia: «confío en que este varapalo jurídico induzca al Ministerio del Interior a comprender que el camino de la disminución de las garantías jurídicas ni es legítimo ni es políticamente rentable». El Norte de Castilla, 19 de noviembre de 1993. Conde-Pumpido: «No es rentable disminuir las garantías jurídicas»
Actividad como magistrado en el País Vasco Conde-Pumpido permaneció como magistrado de la Audiencia de Guipúzcoa durante cinco años, desde febrero de 1981 a diciembre de 1985, considerados los «años de plomo» pues fueron los más violentos en el País Vasco por las actuaciones de la banda terrorista ETA y las respuestas de la denominada «guerra sucia» perpetrada por el GAL. Fue allí donde se fogueó como juez en los años duros del terrorismo. Allí coincidió con otros jóvenes jueces que apostaron por la permanencia en la región cuando lo habitual entonces era solicitar el traslado a la primera oportunidad a demarcaciones menos convulsas. Entre sus compañeros de entonces estaban Juan Alberto Belloch, después ministro de Justicia e Interior y posteriormente alcalde de Zaragoza, Joaquín Gímenez, presidente de la Audiencia de Bilbao y más tarde magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, entonces juez de instrucción de San Sebastián, más tarde presidente de la Audiencia Nacional y vicepresidente del Tribunal Supremo y Javier Zaragoza, entonces fiscal de la Audiencia de Guipúzcoa, posteriormente fiscal jefe de la Audiencia Nacional y hoy fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
Eran los años del comienzo de la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia y Conde-Pumpido fue uno de los primeros jueces que condenó a personajes relacionados con aquellas prácticas, como el comisario Manuel Ballesteros, a propósito del ametrallamiento, el 23 de noviembre de 1980, del bar Hendayais, en el sur de Francia, que produjo tres muertos y nueve heridos, en una sentencia de la que fue ponente dictada en 1985. "Cándido Conde-Pumpido será designado fiscal del Estado en sustitución de Cardenal". El País 21/04/2004, Julio M. Lázaro. En junio de 1984 dictó la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que condenó por un delito de tortura, El País, 9/06/1984, "La Audiencia de San Sebastián condena a seis meses de cárcel a un guardia civil por torturas", Bonifacio de la Cuadra. poco después de que la competencia por estos delitos pasase de la jurisdicción militar a la ordinaria.
Durante su estancia en San Sebastián fue uno de los fundadores de la Asociación Pro Derechos Humanos en el País Vasco, así como de la Asociación Magistrados Europeos para los Derechos y las Libertades (MEDEL), en ambos casos junto con su compañero el magistrado de Bilbao Juan Alberto Belloch. También ejerció como profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Ibaeta, de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), donde en octubre de 1980 fue asesinado por ETA el profesor Juan de Dios Doval Mateo.
Actividad como magistrado del Tribunal Supremo
Primera etapa thumb|250px|Tribunal Supremo.
Se incorporó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1995, siendo su presidente Enrique Ruiz Vadillo. Al ser el único magistrado de la Sala Penal en el que concurría la condición de economista, se especializó en delitos económicos y fiscales, dictando sentencias que determinaron la doctrina jurisprudencial en estas materias, por ejemplo en delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.
Formó parte de los tribunales que resolvieron los recursos de casación relativos a casos con multitud de perjudicados más relevantes de la época, como el segundo juicio por el envenenamiento por aceite de colza, que condenó por negligencia a los altos cargos responsables imponiendo en su conjunto la mayor indemnización establecida hasta la fecha, o el recurso por el derrumbamiento de la Presa de Tous.
Fue el ponente de las sentencias que determinaron la condena y abandono del cargo de tres presidentes autonómicos, Gabriel Urralburu, de Navarra, por cohecho, Juan Hormaechea, de Cantabria, por injurias e Ignacio Velázquez, de la ciudad autónoma de Melilla, por prevaricación.
En materia de corrupción fue ponente de sentencias que incrementaron las condenas dictadas en casos relevantes, como el asunto de Luis Roldán Ibáñez, ex director general de la Guardia Civil, o el caso Intelhorce, de Málaga, así como de la sentencia que confirmó la condena de Antonio Cuart en uno de los casos del túnel de Sóller.
En materia de guerra sucia formó parte del grupo mayoritario de magistrados que condenó, entre otros, al exministro de Interior, José Barrionuevo, por el secuestro de Segundo Marey. Conde-Pumpido, un juez comprometido con la investigación de los GAL, El Mundo, 21/04/2004
También fue ponente Cándido Conde-Pumpido en el caso denominado del «Padre Coraje», que anuló la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz para poder incorporar como prueba las cintas grabadas por el padre de un joven asesinado durante el asalto a una gasolinera, que se había infiltrado entre los supuestos asesinos.
Redactó un voto particular en el caso del Genocidio Maya, en defensa de la jurisdicción universal, que más tarde fue confirmado por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. , "El Constitucional dicta que se puedan juzgar casos de genocidio aunque no haya víctimas españolas" El Mundo 5/10/2005 El principal acusado en este caso, el expresidente de Guatemala Ríos Montt, fue condenado por genocidio en 2013, por un tribunal de Guatemala. El ex dictador guatemalteco Ríos Montt, condenado a 80 años de cárcel por genocidio. El Mundo, 11 de mayo de 2013
Segunda etapa En su segunda etapa como magistrado del Tribunal Supremo (2012-2017), después de ejercer como fiscal general del Estado, una de sus actuaciones más conocidas fue su intervención como instructor, en noviembre de 2016, en la declaración como imputada de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dentro del denominado caso Taula. Cabe destacar también la doctrina sentada en la STS 214/17, de 29 de marzo, sobre trata de seres humanos y en la STS de 29 de abril de 2015, sobre blanqueo de capitales y autoblanqueo. En materia de corrupción son relevantes la STS de 24 de noviembre de 2015, que condenó a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, por prevaricación, malversación y falsedad o la STS de 30 de abril de 2015, que condenó a un viceconsejero del Gobierno de Asturias, por prevaricación.
Actividad como fiscal general del Estado
Primer mandato (2004-2008) thumb|350px|Fiscalía General del Estado de España. Sede central en el Paseo de la Castellana de Madrid.