La corrupciónEn este artículo, se entiende por corrupción al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo.«Le clientélisme en question.» junio de 2005. «Tutorial» propuesto por el periódico le Ravi. en Argentina, así como su denuncia y la lucha contra los actos de corrupción, tienen antecedentes de larga data. En 1890, el presidente Miguel Juárez Celman, cuñado a su vez del importante político Julio Argentino Roca, debió renunciar a raíz del golpe de Estado de 1890 que si bien fracasó militarmente lo afectó políticamente, en medio de graves denuncias de corrupción. El período conocido como la Década Infame (1930-1943), fue denominado así por los generalizados actos de corrupción que involucraron a los partidos oficialistas y opositores.José Luis Torres escribió en 1945 un libro titulado La Década Infame, en el que analiza críticamente el período. El término fue desde entonces tomado de manera generalizada para denominar al período. En ese momento el senador Lisandro de la Torre se hizo célebre por denunciar los negociados de los frigoríficos ingleses y funcionarios del gobierno, ganándose el apodo del Fiscal de la Patria.
Entre los casos más resonantes se encuentran los que involucraron a las empresas Baring Brothers, los ferrocarriles ingleses, la Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE) y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (la Ítalo), el frigorífico Swift y las empresas Deltec, IBM, Siemens, entre otros empresarios.
En 2024 Argentina quedó en el puesto 99 entre 180 países en el Índice de percepción de corrupción (IPC).
Mecanismos contra la corrupción
Los principales mecanismos para la lucha contra la corrupción en el Estado nacional, son la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Cada provincia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tienen entidades similares. El código penal argentino contempla el delito de enriquecimiento ilícito, que considera que es el funcionario quien debe probar de donde provienen sus fondos y los motivos del aumento de su patrimonio y no a la inversa - que el denunciante tenga que probar el enriquecimiento ilícito -.Los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, también son usuales en las imputaciones en los casos de corrupción.
thumb|Mapa que muestra los países y territorios según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, en orden ascendente. Argentina tiene un puntaje de 38 puntos de 100. |500px
En 1999 fue creada la Oficina Anticorrupción una secretaría perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, la cual se encuentra a cargo de un Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y Descentralizada. la oficina actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. Cabe aclarar que la OA no tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones Provinciales y Municipales.
Durante 2003 mediante el Decreto N.º 1172 del 3 de diciembre de 2003, se estableció el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional reconociendo en el Derecho a la Información una precondición para el ejercicio de la participación ciudadana en un sistema democráticohttps://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1-2008-140037/texto
Durante la presidencia de Mauricio Macri se sancionó el 19 de octubre de 2016 la ley 27.304 que sustituyó el art. 41 ter del Código Penal, que creó la figura del imputado arrepentido, que es la persona que dentro de un proceso penal brinda información o datos precisos, comprobables y verosímiles y contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación del delito; a esclarecer el hecho y a revelar la identidad o paradero de autores, instigadores o partícipes, a condición de que sean suficientes para que permitan un avance significativo de la investigación, y que permita recuperar los bienes o ganancias del delito, o conocer cómo se financian las organizaciones criminales, a cambio de beneficios.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró, en el marco del Caso IBM-Banco Nación, en agosto de 2018 que los delitos de corrupción no prescriben; el juez Gustavo Hornos afirmó al fundamentar su voto que "quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático" cuando se producen mediante maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia por lo que conforme a artículo 36 de la Constitución Nacional resultan imprescriptibles.
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La corrupción en Argentina comenzó con la colonización española y la práctica del contrabando a gran escala por los altos funcionarios, que hizo del incumplimiento de la ley una costumbre generalizada.
El expresidente Domingo F. Sarmiento, denuncia en una carta que le enviara a Mariano Sarratea, los actos de corrupción cometidos por Bartolomé Mitre durante su presidencia (1862-1868) y fundador del diario La Nación, aún activo:
Luís Alves de Lima e Silva, comandante de las tropas brasileñas durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) afirmó que el gobierno argentino no quería terminar la guerra, debido a los negocios ilegales que estaban realizando aprovechando la misma.
La crisis de 1890 sacó a la luz la corrupción escandalosa del presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890). Juan Balestra escribía en 1935 que Juárez Célman se convirtió en el hombre más rico de Argentina gracias a la corrupción:
Entre 1895 y 1901 Francisco Sicardi escribió cinco tomos de un libro titulado Libro extraño, detallando los sobornos y la corrupción en la urbanización de Buenos Aires.
El 10 de marzo de 1907 el diario La Razón reflejó la magnitud que había alcanzado la corrupción en Argentina titulando un artículo "El imperio de la coima". Tres años después, durante el Centenario, el periódico italiano La Stampa revelaba la corrupción generalizada:
En enero de 1929, durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, Roberto Arlt publicó en el diario El Mundo, un artículo titulado "Su Majestad, la coima", donde escribe:
La prórroga de concesiones del servicio eléctrico miniaturadeimagen|250px|El político monárquico-franquista Francisco Cambó fue el presidente de la CHADE. Impuso una gestión empresarial que promovió sistemáticamente la corrupción política.
La CHADE-CADE y la CIAE eran titulares de la concesión del servicio eléctrico de Buenos Aires, debido a contratos realizados en la primera década del (1907 para la primera y 1912 para la segunda). El plazo de la concesión era de 50 años con vencimiento en 1957 y 1962, respectivamente. El 8 de octubre de 1936 la CHADE-CADE presentó una propuesta al Concejo Deliberante para extender la concesión 25 años más (desde 1957), con opción a otros 25 y dejar sin efecto las cláusulas que no había cumplido. Los sectores más progresistas y honestos de la Unión Cívica Radical, intentaron abortar el negociado ordenando a los concejales radicales oponerse al proyecto. Finalmente, el 29 de diciembre de diciembre de 1936 se aprobaron las ordenanzas 8028 y 8029 estableciendo las prórrogas de las concesiones para la CHADE-CADE y la Italo.
La CHADE-CADE estaba presidida por el político español Francisco Cambó, quien llevó adelante una política sistemática de corrupción, tanto en la Argentina, como en Chile y Uruguay, llegando a sobornar al presidente radical Marcelo T. de Alvear (1922-1928) y al presidente conservador Agustín P. Justo (1932-1938). Su biógrafo Borja de Riquer i Permanyer dice al respecto:
En 1941 el Comité Nacional de la UCR intentó crear una comisión que investigara los delitos cometidos por miembros del radicalismo en el negociado de la CHADE-CADE, pero Marcelo T. de Alvear bloqueó la iniciativa con el argumento de que «se está exagerando los vicios del sistema democrático».Luna, 220-221 Poco después, cuando la Cámara de Diputados de la Nación creó una comisión con el mismo objeto, «presionó a su presidente, el Dr. Emilio Ravignani, para que la conducta de los concejales implicados no quedara descubierta».
Una de las primeras medidas tomadas por el dictador general Pedro Pablo Ramírez luego de derrocar al presidente Ramón Castillo el 4 de junio de 1943 fue crear una Comisión Investigadora de los pormenores de la prórroga de las concesiones eléctricas en 1936. La Comisión fue puesta bajo la dirección del Coronel Matías Rodríguez Conde y estaba integrada también por el ingeniero Juan Sabato (hermano del Ernesto Sabato y futuro miembro del grupo íntimo de Raúl Alfonsín) y el abogado Juan P. Oliver. La Comisión entrevistó a la mayor parte de los involucrados y obtuvo documentación crucial para develar los mecanismos internos de la corrupción, como el intercambio telegráfico interno de las empresas.
El 27 de mayo de 1944 la Comisión terminó su trabajo realizando un informe y proponiendo dos decretos para cancelar las personerías jurídicas de la CADE, la CIAE y la ANSAC, anulando las prórrogas y reduciendo las tarifas. Inicialmente el trámite de los proyectos fue paralizado por decisión del entonces vicepresidente Juan D. Perón.Del Río, 211-212 La CHADE, la CIAE y la ANSAC no fueron estatizadas durante el gobierno de Perón (1946-1955); en el caso de la CADE, había aportado financieramente en la campaña de Perón para las elecciones.Luna, Félix (1994). Breve historia de los argentinos. Buenos Aires: Planeta / Espejo de la Argentina. ISBN 950-742-415-6.
En 1955 tomó el poder una dictadura autodenominada Revolución Libertadora luego de derrocar al gobierno constitucional presidido por Juan D. Perón. Los días 24 y 25 de abril de 1956, la Junta Consultiva de la dictadura, integrada por los partidos antiperonistas, aconsejó aprobar los decretos recomendados por el Informe Rodríguez Conde, cancelando las personerías jurídicas de la CADE, la CIADE y la ANSEC. El 22 de julio de 1957 una Comisión Asesora presidida por el procurador Sebastián Soler, aconsejó declarar nulos los decretos de 1936 y restablecer las concesiones de 1907 y 1912.
El 23 de julio de 1957 el dictador Pedro Eugenio Aramburu siguió este último consejo y firmó el Decreto N.º 8377/57, declarando la nulidad de los dos decretos de 1936 y declarando la vigencia de las concesiones tal como habían sido establecidas en 1907 para la CADE y el 1912 para la CIADE. Debido a que la concesión de la CADE vencía ese el 31 de diciembre de ese año, el decreto dispuso la intervención de la CADE a fin de garantizar la entrega de sus bienes a la Municipalidad de Buenos Aires.
La CADE y la CIADE iniciaron entonces una campaña internacional contra la decisión de la dictadura y cuestionaron judicialmente el decreto de nulidad de las concesiones y solicitó una medida de no innovar. La dictadura aceptó la medida de no innovar y el juez interviniente la dictó, aclarando que la misma no impedía al Estado ejercer su derecho de expropiar las empresas si así lo decidía. Al llegar el 31 de diciembre de 1957, fecha de finalización de la concesión de la CADE iniciada en 1907, nada sucedió.