+ Regiones de León y Castilla la Vieja en la época de la Guerra Civil 270px thumb|270px| Provincias de la actual comunidad autónoma de Castilla y León. El desarrollo de la guerra civil española en la actual autonomía de Castilla y León ha sido poco estudiado. Si bien es cierto que en esta comunidad no hubo guerra propiamente dicha, ya que la mayor parte del territorio, con el apoyo de una parte de la población, quedó bajo el control de los sublevados en unos pocos días a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936 también ha existido desidia de historiadores y especialistas de la propia región que, salvo contadas excepciones, no han considerado relevante ni necesario su estudio. En la bibliografía existente se habla sobre todo de la guerra de columnas en la Sierra de Guadarrama y de la formación del Frente Norte. Castilla y León constituyó el germen y la sede del nuevo Estado español con la Junta de Defensa Nacional en Burgos, el Gobierno General en Valladolid y el Cuartel General del Generalísimo en Salamanca.
La guerra que tuvo lugar en Castilla y León entre 1936 y 1939 debe inscribirse en el contexto de la guerra civil española (17-18 de julio de 1936 - 1 de abril de 1939) y que tuvo como origen un alzamiento militar contra el gobierno de la República Española que tenía como objetivo establecer una junta militar y suprimir el sistema parlamentario. Durante el verano de 1936 España quedó dividida en dos zonas. En la zona gubernamental, el Estado se desmoronó a causa del golpe sufrido y de la revolución social que se desencadenó. En la zona dominada por los rebeldes se impuso el estado de guerra bajo el férreo control de los jefes militares, y dio comienzo una fuerte represión. A partir de noviembre de 1936, cuando los rebeldes fueron incapaces de tomar Madrid, el golpe de Estado se convirtió en una guerra civil abierta entre el gobierno legítimo de la República Española y quienes querían derrocarlo para conformar un gobierno para un nuevo Estado (autodenominado «Estado español»), que acabó con la victoria de este último y supuso la instauración de una dictadura, con el general Francisco Franco como Jefe del Estado hasta su muerte en 1975.
En 1936, el territorio de la actual comunidad autónoma de Castilla y León se dividía en dos regiones: León y Castilla la Vieja. Las regiones no tenían entidad administrativa.
En el territorio actualmente denominado Castilla y León los sublevados no tuvieron ningún problema para hacerse rápidamente con el control de todas las provincias. Aunque bien es cierto que el alzamiento contó con el apoyo de grandes sectores de la población, lo más característico de la Guerra Civil en Castilla y León es la represión desencadenada por las nuevas autoridades, incluso en los lugares donde no hubo ninguna resistencia (que fueron la mayor parte del territorio), represión que se cebó especialmente con los miembros de las organizaciones integrantes del Frente Popular, los alcaldes y concejales de esas organizaciones, los dirigentes de las organizaciones sindicales (en especial las sociedades de obreros del campo), los maestros y los masones.
El comienzo de la sublevación
En los primeros momentos de la sublevación, tan solo se dio una oposición armada, a cargo de columnas obreras improvisadas, en las comarcas mineras de León y de Palencia. En el sur de las provincias de Ávila y de Segovia también persistieron los choques armados hasta octubre de 1936. Los únicos hechos de armas de cierta importancia se dieron en los pasos de la sierra desde la meseta norte hacia Madrid (Somosierra, Navacerrada y Guadarrama). El frente de la sierra perdió importancia cuando los nacionalistas conquistaron Talavera de la Reina y Toledo (septiembre de 1936). Después del fracaso de los intentos nacionalistas de conquistar Madrid en las batallas de Madrid (noviembre de 1936), del Jarama (febrero de 1937) y de Guadalajara (marzo de 1937), ese frente permaneció olvidado hasta la ofensiva republicana sobre Segovia (mayo de 1937) y la batalla de Brunete (julio de 1937).
Al norte de las provincias de León, Palencia y Burgos se formó un frente con la zona republicana del Cantábrico que perduró hasta el otoño de 1937, cuando los nacionalistas conquistaron Vizcaya, Santander y Asturias. La conquista de la bolsa cantábrica se dio desde el Este (desde Navarra hacia Vizcaya y Santander) y desde el Oeste (desde Galicia hacia Asturias), actuando las fuerzas situadas en Castilla y León como elemento de contención al sur de las montañas.
En el plano político, una vez la sublevación se convirtió en guerra civil, comenzó a formarse un nuevo Estado español que tuvo como base territorial básicamente Castilla y León: la Junta de Defensa Nacional (Burgos), el Gobierno General (Valladolid) y el Cuartel General del Generalísimo (Salamanca).
A pesar del rápido control de todas las provincias por los militares sublevados, durante varios años persistió el fenómeno de la guerrilla en León y norte de Palencia, así como en el sur de Ávila.
Aspectos políticos El Alzamiento en Castilla y León
thumb|300px|Áreas controladas por los sublevados al inicio de la guerra.
Desde un punto de vista militar, el territorio de la actual comunidad de Castilla y León se dividía entre cuatro divisiones orgánicas, dos de las cuales tenían el cuartel general en la región (VI en Burgos y VII en Valladolid).V División Orgánica: Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria. VI División Orgánica: Burgos, Palencia, Santander, Logroño, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. VII División Orgánica: Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Cáceres. VIII División Orgánica: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León y Asturias (Comandancia exenta desde 1935). La trama conspirativa diseñada por el general Emilio Mola se desarrollaba dentro de los límites de cada División, relacionándose verticalmente cada organización conspirativa con "el Director" (Mola), sin relaciones horizontales entre ellas. La conspiración había alcanzado una gran amplitud entre los mandos intermedios de la VI y la VII Divisiones. También triunfó en la V (Zaragoza) y en la VIII (La Coruña).
En las dos jefaturas divisionarias castellanas se formaron, ya desde mayo de 1936, juntas militares y civiles clandestinas, con el objetivo de recabar apoyos entre las organizaciones políticas simpatizantes del golpe militar y, sobre todo, extender la organización conspirativa a todas las guarniciones militares y comandancias de la Guardia Civil.
Los conspiradores contaban con el apoyo incondicional de los tradicionalistas, los falangistas y amplios sectores de las Juventudes de Acción Popular. Los tradicionalistas eran más una corriente de opinión que una organización política. Falange Española contaba con pequeñas organizaciones en las capitales de provincia, pero carecía de arraigo, salvo en Valladolid. Las Juventudes de Acción Popular eran una organización muy importante en toda la región, y además se encontraba muy radicalizada.
En el ejército, los mandos intermedios eran por lo general partidarios del golpe, o al menos no estaban dispuestos a defender al gobierno del Frente Popular, pero los dos jefes divisionarios (Molero en Valladolid y Batet en Burgos) eran leales al orden constitucional.
El Cuerpo de Seguridad y Asalto se adhirió al Alzamiento, al igual que el de Carabineros. La Guardia Civil, en su condición de cuerpo militar, obedeció sin dudarlo las órdenes emanadas de las autoridades militares cuando declararon el estado de guerra. En realidad, la Guardia Civil y las milicias derechistas van a ser la fuerza de choque de los sublevados para conseguir el control del territorio, ya que los soldados de las guarniciones fueron enviados a los frentes de combate.
Por su parte, los partidos y sindicatos obreros y republicanos carecían de cualquier tipo de organización paramilitar, por lo que su capacidad de respuesta ante un alzamiento militar era nula. Solamente los mineros leoneses y palentinos presentaron una limitada oposición armada a los militares y guardias civiles, pero en todo caso fue un acción desesperada, defensiva, sin organización ni jefes.
La capacidad de actuación de las izquierdas residía sobre todo en la masa. Los partidos republicanos (Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Radical, etc.) eran más bien partidos de cuadros. El peso de la izquierda recaía en el Partido Socialista y en la UGT, tanto en sus sindicatos urbanos como en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, es decir, en todo el entramado de sociedades que conformaban la Casa del Pueblo, existente en todas las localidades donde hubiera un mínimo de organización obrera. Existían también, por todas las provincias, Sindicatos de Oficios Varios de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) con una práctica e ideología anarcosindicalista con gran presencia en las cuencas mineras leonesas y El Bierzo.
Ante un golpe de Estado en el que los militares se alzan en bloque contra el Gobierno, y además se unen a ellos la Guardia Civil y demás fuerzas de seguridad, ni el Estado republicano (a través de los gobiernos civiles y las alcaldías) ni las organizaciones políticas y sindicales leales a la República pueden hacer casi nada para salvaguardar la legalidad: declarar la huelga general y aguantar lo que se pueda.
El levantamiento militar en las provincias de Castilla y León
A partir del 18 de julio de 1936 los hechos se repiten casi punto por punto en todas las provincias de Castilla y León, con la excepción de León, Soria y Ávila.
El jueves 16 o el viernes 17 de julio, los militares conjurados acuartelan las tropas sin haber recibido una orden al respecto por parte del ministerio. El sábado 18 por la tarde o el domingo 19 por la mañana, al recibir la orden del general faccioso que controla la jefatura divisionaria, los conspiradores toman el mando de la guarnición y detienen al jefe, en el caso de que este no formara parte de la trama, así como al resto de los oficiales y soldados que se mostraran leales al gobierno de la República.
Paralelamente, las noticias sobre el alzamiento del ejército en África hacen que los dirigentes del Frente Popular se reúnan en el Gobierno Civil para evaluar la situación. Grupos de jóvenes de la Casa del Pueblo patrullan las calles para vigilar movimientos sospechosos de las tropas. A veces se producen tiroteos entre paisanos y militares. El gobernador civil trata de averiguar la postura del jefe de la Guardia Civil en la provincia. Se declara la huelga general.
Las tropas salen a la calle
En cuanto consideran la ocasión propicia, o cuando no les queda otro remedio, los militares sacan las tropas a la calle (normalmente el domingo 19 o el lunes 20) y, en un lugar céntrico, leen el bando de declaración del estado de guerra. A continuación se dirigen a tomar el Gobierno Civil, el ayuntamiento y la Casa del Pueblo. A menudo comienza un tiroteo con grupos obreros, más o menos enconado, más o menos prolongado en el tiempo, que termina siempre con la derrota de los obreros. Estos momentos iniciales son de gran confusión, ya que mucha gente piensa que los militares salen a la calle para defender el orden constitucional .
Los sublevados nombran nuevas autoridades civiles: gobernador, alcalde, presidente de la Diputación. En todas las provincias es nombrado un militar como nuevo gobernador civil, el cual llama por teléfono a todos los puestos de la Guardia Civil de la provincia y les ordena que declaren el estado de guerra, disuelvan la gestora municipal y detengan a los elementos extremistas (o sea, de izquierdas). Se ordena también la puesta en libertad de los falangistas y derechistas presos, si los hubiera.
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