thumb|300px|Instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya en Sestao, uno de los principales complejos siderúrgicos afectados por la reconversión industrial española de la década de 1980. La reconversión industrial fue el proceso de reestructuración de numerosos sectores de la industria española desarrollado principalmente durante las décadas de 1980 y 1990, con especial intensidad entre 1981 y 1986. Tuvo como objetivos reducir los excedentes de capacidad productiva, sanear empresas en crisis, modernizar instalaciones y adaptar determinados sectores a los cambios tecnológicos y a las nuevas condiciones de competencia internacional.
El proceso afectó especialmente a sectores considerados maduros o aquejados por importantes problemas de competitividad, como la siderurgia, los aceros especiales, la construcción naval, los electrodomésticos de línea blanca y otras ramas manufactureras. Su concentración territorial convirtió la reconversión en un fenómeno económico y social particularmente importante en regiones como Asturias, el País Vasco, Galicia, Cantabria, la Comunidad Valenciana, la bahía de Cádiz y determinadas áreas industriales de Madrid y Cataluña.
Las primeras políticas explícitas de reconversión fueron adoptadas por los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD). Tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1982, el Gobierno de Felipe González aceleró y amplió el proceso. La fase desarrollada entre 1983 y 1986 estuvo acompañada por una intensa conflictividad laboral, con huelgas, manifestaciones y enfrentamientos en lugares como Sagunto, Bilbao, Ferrol, Puerto Real y, posteriormente, Reinosa.
La reconversión se complementó con políticas de reindustrialización destinadas a fomentar nuevas inversiones y crear empleo alternativo en las zonas más afectadas. La Ley 27/1984 creó para ello la figura de las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR).
Antecedentes
La industria española había experimentado una rápida expansión durante las décadas de 1960 y comienzos de 1970. Parte de este crecimiento se produjo alrededor de grandes empresas públicas integradas en el Instituto Nacional de Industria (INI) y de industrias privadas protegidas por aranceles, regulación estatal y un mercado interior relativamente cerrado.
La crisis del petróleo de 1973 puso de manifiesto diversas debilidades del modelo industrial. El aumento de los costes energéticos coincidió con una ralentización de la demanda internacional, exceso de capacidad en industrias como la siderurgia y la construcción naval y una competencia creciente de productores de otros países.
El impacto de la crisis coincidió en España con la muerte de Francisco Franco en 1975 y la Transición española. La elevada conflictividad laboral y la prioridad política concedida a la consolidación democrática contribuyeron a retrasar algunos ajustes industriales que otros países europeos habían comenzado a realizar durante la década de 1970.
Durante estos años se acumularon pérdidas y endeudamiento en diversas empresas, especialmente en sectores con grandes instalaciones y plantillas numerosas. La siderurgia, la construcción naval, los aceros especiales y la fabricación de electrodomésticos fueron algunos de los primeros sectores en los que se plantearon medidas específicas.
Primeras medidas
Las políticas de reconversión comenzaron antes de la llegada del PSOE al Gobierno. En octubre de 1980 se aprobó, por ejemplo, un plan específico para los aceros especiales, cuyo objetivo era adecuar la producción y los costes del sector a la demanda existente y recuperar su competitividad internacional.
El 5 de junio de 1981, el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo aprobó el Real Decreto-ley 9/1981 sobre medidas para la reconversión industrial. La norma justificaba la intervención por la «situación de crisis» de sectores básicos y por la necesidad de adaptar los procesos productivos al desarrollo tecnológico y a las condiciones del mercado.
El decreto estableció instrumentos financieros, tributarios y laborales y reconoció expresamente como sectores ya sometidos a reconversión la siderurgia integral, los electrodomésticos de línea blanca y los aceros especiales.
En la siderurgia integral se había aprobado en mayo de 1981 un plan específico para las tres principales empresas del sector: Ensidesa, Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y Altos Hornos del Mediterráneo (AHM). El Estado concedió posteriormente beneficios fiscales y financieros para facilitar las inversiones y reorganizaciones previstas.
Intensificación durante el primer Gobierno de Felipe González
Tras las elecciones generales de octubre de 1982, el Gobierno socialista situó la modernización de la industria entre sus principales objetivos económicos. El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, y el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, desempeñaron un papel destacado en el diseño de la política económica de esta etapa.
El Gobierno consideraba que el mantenimiento continuado mediante fondos públicos de empresas con grandes pérdidas y exceso de capacidad dificultaba la modernización de la economía. La política aplicada combinó cierres de instalaciones, disminuciones de producción y plantilla, inversiones en plantas consideradas viables y saneamiento financiero.
La conflictividad aumentó rápidamente. Entre febrero de 1983 y comienzos de 1984 se multiplicaron las protestas en los sectores siderúrgico, naval y de aceros especiales. La prensa de la época describió las movilizaciones contra la reconversión como algunas de las mayores protestas laborales producidas desde la Transición.
En noviembre de 1983 el Gobierno aprobó un nuevo marco provisional mediante el Real Decreto-ley 8/1983, posteriormente sustituido por la Ley 27/1984 sobre reconversión y reindustrialización.
Ley de reconversión y reindustrialización de 1984
La Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización estableció el principal marco jurídico del proceso durante la década de 1980.
La norma permitía al Gobierno declarar un sector industrial —o excepcionalmente un grupo de empresas— en reconversión cuando atravesara una crisis de especial gravedad y su recuperación se considerase de interés general. Cada declaración debía ir acompañada de un plan que definiera los objetivos de producción, inversiones, financiación y empleo.
Los instrumentos previstos incluían ayudas financieras y fiscales, avales públicos, medidas para facilitar fusiones o reorganizaciones empresariales y mecanismos laborales destinados a gestionar los excedentes de plantilla.
Una de las principales novedades fueron los Fondos de Promoción de Empleo, concebidos para atender temporalmente a trabajadores excedentes procedentes de empresas en reconversión y facilitar su recolocación, jubilación u otras soluciones laborales.
La ley vinculó además por primera vez de manera sistemática la reconversión con la reindustrialización. Las zonas geográficas especialmente afectadas por pérdidas de empleo podían ser declaradas Zonas de Urgente Reindustrialización, con incentivos para atraer nuevas empresas e inversiones.
Principales sectores
Siderurgia integral
La siderurgia integral fue uno de los sectores más conflictivos. A comienzos de la década de 1980 estaba concentrada fundamentalmente en Ensidesa, en Asturias; Altos Hornos de Vizcaya, en el País Vasco; y Altos Hornos del Mediterráneo, en Puerto de Sagunto.
El plan buscaba reducir la capacidad productiva y concentrar las inversiones en las instalaciones consideradas más competitivas. La decisión más controvertida fue el cierre de la cabecera siderúrgica de Sagunto.
Sagunto thumb|200px|El alto horno número 2 de Altos Hornos del Mediterráneo, conservado posteriormente como patrimonio industrial.
En febrero de 1983 se comunicó la decisión de cerrar el alto horno número 2 de Altos Hornos del Mediterráneo. La medida desencadenó una prolongada movilización de los trabajadores y de buena parte de la población de Sagunto, con huelgas generales, manifestaciones, encierros y otras acciones de protesta.
El conflicto se convirtió en uno de los principales símbolos de la oposición obrera a la reconversión.
En abril de 1984, el INI, los sindicatos UGT y CCOO y el comité de empresa alcanzaron un acuerdo que aceptaba el cierre de las instalaciones de cabecera a cambio de medidas destinadas a evitar despidos directos y recolocar parte de los trabajadores.
La producción de la cabecera siderúrgica terminó definitivamente en octubre de 1984. La planta de laminación se mantuvo en funcionamiento.
Construcción naval
La construcción naval sufría una fuerte crisis internacional desde mediados de la década de 1970, provocada por el hundimiento de la demanda mundial de grandes buques y el exceso de capacidad de los astilleros.
En España, las primeras medidas específicas se habían adoptado durante el Gobierno de UCD, pero fueron consideradas insuficientes. En junio de 1984 el Gobierno aprobó un nuevo plan mediante el Real Decreto 1271/1984, que declaró en reconversión la construcción de buques de casco de acero.
El plan preveía disminuciones de capacidad y plantilla, reorganización de astilleros y medidas financieras y laborales. En octubre de 1984 se aprobaron planes que contemplaban más de 8000 puestos de trabajo excedentes en los grandes astilleros públicos.
La reconversión naval afectó especialmente a Ferrol, Vigo, la bahía de Cádiz y la ría de Bilbao. En Bilbao, el futuro de los Astilleros Euskalduna desencadenó un prolongado conflicto laboral que incluyó manifestaciones y enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas policiales.
Aceros especiales
El sector de los aceros especiales había sido uno de los primeros declarados en reconversión, en 1980. El objetivo era concentrar y modernizar una industria cuya capacidad productiva excedía la demanda y que presentaba importantes problemas financieros.
Las medidas afectaron especialmente a empresas del País Vasco y Cantabria y dieron lugar a procesos de concentración y reorganización empresarial. La reconversión de este sector continuó durante los años siguientes y estuvo relacionada con conflictos laborales como los posteriores incidentes de Reinosa.
Electrodomésticos
La fabricación de electrodomésticos de línea blanca fue otro de los primeros sectores incluidos en los planes de reconversión. El proceso buscó reducir capacidad, reorganizar empresas y facilitar inversiones destinadas a mejorar productividad y competitividad.
Durante los primeros años de la década de 1980 diversas empresas y grupos se acogieron a las medidas previstas en los planes, entre ellos CIESA y el grupo cooperativo Ulgor.
Zonas de Urgente Reindustrialización
Las consecuencias territoriales de los cierres y reducciones de plantilla llevaron al Gobierno a complementar la reconversión con políticas destinadas a atraer nuevas actividades económicas.
La Ley 27/1984 permitió declarar Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR) aquellas áreas especialmente afectadas por la crisis de sectores en reconversión. Las empresas que realizaran determinadas inversiones en estas zonas podían recibir subvenciones, acceso preferente al crédito oficial y beneficios fiscales.
Durante 1985 fueron declaradas ZUR, entre otras, la bahía de Cádiz, determinadas áreas industriales de Madrid, el Nervión y las zonas de Vigo y Ferrol.
El objetivo declarado de estas zonas era compensar la destrucción de empleo derivada de la reconversión, incentivar nuevas inversiones, favorecer la implantación de nuevas tecnologías y mejorar las infraestructuras industriales.
La Ley 50/1985, de incentivos regionales, integró posteriormente estos instrumentos dentro de un sistema más general de ayudas destinadas a corregir desequilibrios económicos territoriales.
Conflictividad social miniaturadeimagen|Mural contrario a la reconversión industrial.