Bienio Progresista es el nombre con el que se conoce el breve período de la historia de España transcurrido entre julio de 1854 y julio de 1856, durante el cual el Partido Progresista pretendió reformar el sistema político del reinado de Isabel II, dominado por el Partido Moderado desde 1843, al profundizar en las características propias del régimen liberal, tras el fracaso de los Gobiernos moderados en la década anterior. El bienio se abrió con la revolución de 1854, encabezada por el general moderado «puritano» Leopoldo O'Donnell, y se cerró con el abandono del Gobierno del general progresista Baldomero Espartero.
Antecedentes: la Revolución de 1854 y el fin de la década moderada
A partir de la dimisión de Juan Bravo Murillo a finales de 1852, los tres Ejecutivos que le sucedieron gobernaron por decreto, lo que vulneraba la Constitución de 1845. Las principales figuras moderadas, descontentas con esos gabinetes, habían sido apartadas por la madre de la reina, María Cristina de Borbón, quien ejercía de hecho el control sobre las filas moderadas. Así, Francisco Martínez de la Rosa, Alejandro Mon y Menéndez, y Leopoldo O'Donnell, hombres de gran peso y deseosos de formar un Gobierno que restaurase la confianza en la Corona sin quedar en manos del Partido Progresista, quedaban excluidos de cualquier iniciativa política.
En febrero de 1854 se produjeron las primeras protestas callejeras en Zaragoza, que se extendieron hasta julio por toda España. El 28 de junio de 1854, el general Leopoldo O'Donnell, que se había ocultado en Madrid durante las persecuciones contra liberales y diferentes sectores moderados en toda España, se unió a diversas fuerzas y se enfrentó con las tropas leales al Gobierno en Vicálvaro. Este pronunciamiento militar, que exigía un gobierno nuevo y que se acabase con la corrupción, recibió por ello el nombre de «La Vicalvarada». Para realizarlo, el general O'Donnell contó con el apoyo de Francia y Gran Bretaña, a través de sus respectivas embajadas.Conflictividad social y revuelta política en Zaragoza, 1854-1856, Vicente Pinilla Navarro, Diputación General de Aragón, 1985, pág. 206La financiación exterior del capitalismo español en el siglo XIX, María Teresa Costa, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1982, ISBN 84-7528-051-X, pág. 43La financiación exterior del capitalismo español en el siglo XIX, María Teresa Costa
El origen del pronunciamiento de O'Donnell hay que buscarlo en el rechazo a la violación de los usos parlamentarios por parte de la Corona. Esto provocó el acercamiento entre los moderados del general Ramón María Narváez y los moderados «puritanos» con los progresistas, que llegaron a formar un comité electoral para presentar candidaturas conjuntas en las elecciones, cuyo objetivo era la conservación del régimen representativo que veían en peligro. Asimismo los puritanos Antonio de los Ríos Rosas y Joaquín Francisco Pacheco entraron en contacto con varios militares adeptos —como O'Donnell— y progresistas —caso de los generales Domingo Dulce y Antonio Ros de Olano— para organizar un pronunciamiento y obligar así a la reina Isabel II a sustituir el Gobierno del conde de San Luis por otro de «unión liberal». 200px|thumb| Luis José Sartorius, conde de San Luis.
El pronunciamiento lo inició el general O'Donnell el 28 de junio de 1854, pero el enfrentamiento con las tropas fieles al Gobierno en la localidad de Vicálvaro resultó indeciso, por lo que las fuerzas de O'Donnell se retiraron hacia el sur, vagando por La Mancha y encaminándose a Portugal, mientras aguardaban a que otras unidades militares se sumaran al movimiento. Como esto no se producía, los conjurados concretaron «su programa liberal con el ánimo de agrupar a la oposición al Gobierno [del conde de San Luis] y conseguir más elementos de presión sobre la reina». Así fue como surgió el Manifiesto de Manzanares, escrito por Antonio Cánovas del Castillo aconsejado por el general Serrano, hecho público el 7 de julio, en el que se prometía la «regeneración liberal» mediante la aprobación de nuevas leyes de imprenta y electoral, la convocatoria de Cortes, la descentralización administrativa y el restablecimiento de la milicia nacional; todas ellas propuestas clásicas del Partido Progresista.
En la retirada hacia el sur, el general O'Donnell y sus tropas conectaron con el general Serrano, y juntos lanzaron el 7 de julio de 1854 el Manifiesto de Manzanares al país para movilizar a la población civil:
Fue entonces cuando empezó la segunda fase de la que se llamaría «revolución de 1854». El protagonismo correspondió a los progresistas y a los demócratas que iniciaron la insurrección el 14 de julio en Barcelona y el 17 de julio en Madrid, luego secundada en otros lugares donde también se formaron juntas, como en Alcira, Cuenca, Logroño, Valencia o Zaragoza. En Madrid estuvo en peligro la vida misma de María Cristina, madre de la reina, que debió buscar refugio.
thumb|General Baldomero Espartero. Ante el empeoramiento de la situación, Isabel II destituyó el día 17 de julio al conde de San Luis, sustituyéndolo por el general Fernando Fernández de Córdova. Este formó un Gobierno en el que había moderados puritanos y progresistas, pero a los dos días cedió la presidencia al duque de Rivas, quien solo duró dos días más. La revuelta popular, con un Madrid lleno de barricadas el 18 de julio, hizo imposible que los militares pronunciados O'Donnell y Serrano pudieran aceptar el arreglo de compromiso que ofrecía el Gobierno. El duque de Rivas intentó reprimir la sublevación popular —lo que le valió el nombre de «ministerio metralla»—, mientras esperaba la vuelta de las tropas que habían salido de la capital.
Finalmente, la reina, tal vez aconsejada por su madre, se decidió a llamar al general Baldomero Espartero, retirado en Logroño, para que formara Gobierno, a la vez que pedía a O'Donnell que regresara a la Corte. Para aceptar el cargo, Espartero exigió la convocatoria de Cortes Constituyentes, que la reina madre María Cristina respondiese de las acusaciones de corrupción y que Isabel publicase un manifiesto reconociendo los errores cometidos. La reina aceptó todas las condiciones y el 26 de julio publicó el manifiesto dirigido al país, en el que decía:
El 28 de julio, Espartero hacía su entrada triunfal en Madrid, aclamado por la multitud, abrazándose con su antiguo enemigo, el general O'Donnell. Así dio comienzo el Bienio Progresista.
Desarrollo
El nuevo Gobierno y las primeras medidas Solo dos días después de su entrada triunfal en Madrid, el general Espartero formó Gobierno, en el que el general O'Donnell exigió para sí el Ministerio de la Guerra. El moderado puritano Joaquín Francisco Pacheco se hizo cargo de la cartera de Estado, y el resto de ministerios los ocuparon figuras menores de los moderados puritanos y de los progresistas «templados».
La primera medida que tomó el nuevo Gobierno supuso el primer desengaño para los que habían participado en la insurrección popular, pues las juntas revolucionarias provinciales fueron convertidas en organismos consultivos y las medidas que hubieran aprobado quedaron suspendidas, sobre todo la abolición de los odiados consumos, que fueron repuestos ante la imposibilidad de reemplazarlos con otros impuestos. La segunda decepción se produjo el 14 de agosto, cuando las manifestaciones de obreros de las obras públicas que pedían aumento de salario «y que no se permitiesen las obras a destajo» fue reprimida por la restaurada milicia nacional, cuya misión era ahora —según el Gobierno— defender el «nuevo orden». La tercera decepción llegó el 25 de agosto, cuando el Gobierno no cumplió su compromiso de juzgar a la reina madre María Cristina de Borbón y la dejó marchar «expulsada» junto a su marido Agustín Fernando Muñoz y Sánchez hacia Portugal. Cuando los demócratas intentaron sublevarse en señal de protesta, la milicia nacional intervino de nuevo, los desarmó y los envió a prisión.
Las Cortes Constituyentes y el debate de la nueva Constitución
El Gobierno cumplió su promesa de convocar elecciones a Cortes Constituyentes, y se realizaron según la ley electoral de 1837, que aumentaba el número de 100 000 votantes —los que tenían derecho al sufragio durante la Década Moderada— a cerca de 500 000. Además, los distritos uninominales de la ley de 1846 fueron sustituidos por los distritos provinciales. Las elecciones tuvieron lugar en octubre, con victoria para los candidatos gubernamentales —obtuvieron unos 240 escaños— integrados en una llamada «unión liberal», que estaba formada por los moderados puritanos, entre los que ya destacaba un joven Antonio Cánovas del Castillo, y por los progresistas templados, encabezados por Manuel Cortina. Los grupos de oposición los formaban, por la derecha, los moderados, que obtuvieron una veintena de diputados; y, por la izquierda, los demócratas, con un número similar de escaños. En el centro izquierda se situaban los setenta diputados progresistas puros, que no se habían integrado en la unión liberal y que estaban encabezados por Salustiano de Olózaga, Pedro Calvo Asensio y un joven Práxedes Mateo Sagasta.
Las Cortes Constituyentes abrieron sus sesiones el 8 de noviembre de 1854, y en seguida comenzó el debate de la nueva Constitución que debía reemplazar a la 1845. La aprobación de una tímida tolerancia religiosa —la base segunda del proyecto, después de establecer que la nación se obligaba a sostener «el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles», decía que nadie sería perseguido «por sus opiniones y creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios contra la religión»— provocó las protestas de los obispos españoles y la ruptura de relaciones con el Vaticano, que se agravaron todavía más cuando se aprobó la ley de desamortización general civil y eclesiástica, más conocida como la «desamortización de Madoz», por el nombre del ministro que la promovió. Las presiones de la jerarquía católica llegaron hasta la reina, a quien se le dijo que, si sancionaba la «ley general desamortizadora», iría al infierno. Finalmente, Isabel II se resignó a hacerlo ante el temor de perder la Corona, y la ley fue promulgada el 1 de mayo de 1855. Fue entonces cuando aparecieron algunas partidas carlistas, alentadas por las protestas clericales. Sin embargo, la propuesta de los demócratas de que se aprobase una auténtica «libertad de cultos» fue rechazada por el resto de grupos de la Cámara. Tampoco fueron aceptadas sus propuestas de establecer la educación primaria gratuita o el sufragio universal (masculino).
La huelga general en Cataluña de 1855