Se entiende por detención administrativa el arresto y detención de personas por el Estado sin que medie juicio, normalmente aduciéndose motivos de seguridad. Diversos países, tanto democráticos como autoritarios, han recurrido a la detención administrativa como recurso para luchar contra el terrorismo, contra la inmigración ilegal o como medida de mantenimiento del régimen en el poder.
A diferencia del encarcelamiento, que se impone tras una condena en un juicio, la detención administrativa es un mecanismo adoptado a priori, antes de la existencia de un juicio. Mientras que los procesos judiciales tienen un enfoque retrospectivo -intentando aclarar si el acusado cometió un delito en el pasado-, el razonamiento en que se basa la detención administrativa está vinculado a la convicción o especulación en torno a la posibilidad de que el sospechoso pudiese constituir una amenaza en el futuro. Está concebida como una medida preventiva, por contraposición a las medidas punitivas adoptadas tras los procesos judiciales. La práctica de la detención administrativa ha sido criticada por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos como una grave violación de los derechos civiles y políticos.
Lucha contra el terrorismo Las detenciones administrativas aparecen reflejadas en los códigos penales de diversos estados del mundo. En los países democráticos que usan la detención administrativa en su lucha contra el terrorismo, sus defensores argumentan que los sistemas legales existentes están mal preparados para asumir los desafíos específicos que plantea el terrorismo. Además, afirman que los códigos penales basados en los derechos del acusado y en estrictas normas en torno a las pruebas no pueden usarse de manera efectiva para eliminar el riesgo que suponen los terroristas. Entre los motivos que aportan para defender esta postura se encuentra la idea de que la información usada para identificar a los terroristas y sus planes podría incluir fuentes y métodos de inteligencia extremadamente sensibles que, en caso de ser descubiertos durante el juicio, podrían socavar futuras operaciones antiterroristas. También defienden que las condiciones en las que algunos terroristas son capturados, especialmente si es en zonas de combate, hacen imposible aportar pruebas normales siguiendo las normas de los procesos criminales estándar. Sus defensores también aseguran que los procesos judiciales están diseñados para castigar comportamientos pasados y, por lo tanto, están deliberadamente decantados de favor del acusado para evitar en la medida de lo posible que se castigue a inocentes. La lucha antiterrorista, por otro lado, tiene como objetivo la prevención de acciones futuras, y por lo tanto requiere un sistema que dé más peso a la reducción de posibles amenazas intentando en la medida de lo posible que ningún culpable quede libre.
Las leyes de la guerra son, para los defensores de esta medida, simplemente inadecuadas. Estas leyes permiten la captura de combatientes enemigos y su detención sin juicio hasta el final del conflicto. Sin embargo, las leyes de la guerra nacieron de la necesidad de regular los combates entre ejércitos profesionales pertenecientes a estados soberanos implicados en conflictos que, incluso aunque se alargasen en el tiempo, tenían un carácter finito. Intentar aplicar estas normas a terroristas que se entremezclan con la población civil y de los que ningún estado es responsable abre la posibilidad de una detención indefinida sin juicio, combinada con un importante margen de error.
Los contrarios a la detención administrativa cuestionan todas las afirmaciones anteriores. Aunque reconocen la necesidad de proteger a las fuentes y los métodos de los que se obtiene la información sensible, mantienen que las leyes existentes pueden equilibrar con éxito la necesidad de proteger las fuentes y la de asegurar el derecho a un juicio justo del acusado. Destacan los numerosos casos en los que los fiscales consiguieron condenas por terrorismo usando los códigos penales existentes. Los contrarios a la detención administrativa mantienen que, en esencia, esta es una forma de castigo colectivo dado que, al no requerir pruebas de la culpabilidad de un individuo, atribuye a todos los miembros de un colectivo las acciones de unos pocos.
Detención de inmigrantes Diversos países utilizan la detención administrativa con inmigrantes llegados de manera irregular -los que llegan a un determinado país sin autorización previa- como un paso intermedio antes de la deportación o de la concesión de un permiso de residencia. La detención de inmigrantes resulta polémica porque representa un conflicto entre la defensa tradicional de las libertades individuales y la noción de la soberanía territorial de los estados. Los estudios comparativos llevados a cabo en torno a los países que aplican esta detención administrativa a los inmigrantes irregulares han demostrado que aquellos países que reciben flujos masivos de inmigrantes a través del mar (como Estados Unidos o Australia) son los que aplican medidas más severas. Los defensores de aplicar este tipo de medida a los inmigrantes irregulares argumentan que es necesaria, dado que los inmigrantes no han cometido ningún crimen según los códigos penales de los estados a los que llegan, pero si se les permitiera esperar a su deportación sin estar bajo custodia se correría el riesgo de que se evadiesen. Los detractores de esta medida mantienen que existen medidas alternativas y que dichas medidas son preferibles porque no violan las libertades personales de los recién llegados a la vez que suponen una menor carga económica para los estados. Entre las alternativas propuestas están la liberación y asignación del inmigrante a una ONG, la liberación bajo custodia de ciudadanos del Estado de acogida que garanticen que el inmigrante se presentará a las vistas judiciales, y "centros de detención abiertos" en los que los inmigrantes deberían comparecer regular y obligatoriamente.Research Paper on Alternatives to Detention, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Londres, Septiembre de 1997.
Uso en regímenes autoritarios En muchos países carentes de regímenes democráticos, los responsables del régimen en el gobierno aplican la administración administrativa para eliminar las discrepancias y para castigar a los contrarios al régimen. Las autoridades coloniales francesas e inglesas fueron las primeras en introducir la detención administrativa en el continente asiático poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el fin original era suprimir las ideas revolucionarias e independentistas de las poblaciones nativas, la detención administrativa pervivió en las excolonias una vez que estas consiguieron la independencia, legitimando el uso de la medida contra los opositores políticos en sus propias constituciones. En numerosos casos, pasaron a quedar registradas en los códigos penales como "medidas de emergencia" o leyes de "seguridad interna". Algunos ejemplos de estas excolonias francesas o británicas que mantuvieron la medida de la detención administrativa son Bangladés, India, Malasia, Myanmar, Pakistán, Singapur, Sri Lanka e Israel. En Vietnam, excolonia francesa, las autoridades coloniales usaron ampliamente la detención administrativa en los años treinta del para arrestar a aquellos que eran sospechosos de simpatizar con el comunismo. Una vez adquirida la independencia, las autoridades vietnamitas pasaron a aplicar esta medida contra los sospechosos de llevar a cabo acciones "contrarrevolucionarias".Human Rights Watch - RURAL UNREST IN VIETNAM Algunos de estos presos políticos, como Aung San Suu Kyi en Myanmar, se han hecho famosos a nivel mundial por su lucha y han sido defendidos por organizaciones en pro de los derechos humanos, si bien la propia Aung San Suu Kyi, una vez en el poder tras ganar las elecciones, mantuvo la detención administrativa como medida a aplicar contra sus detractores.
Ejemplos de detención administrativa Armenia Human Rights Watch ha criticado a Armenia por no reformar por completo el sistema legal heredado de la anterior república soviética y por no poner el sistema de detención administrativa actual en concordancia con las leyes internacionales. Durante las elecciones presidenciales de 2003, la policía armenia aplicó de manera arbitraria el Código de Delitos Administrativos, que autoriza la detención administrativa y que permitió el arresto de docenas de activistas y simpatizantes de la oposición por periodos de hasta quince días.
Australia Como algunos otros países que experimentan movimientos migratorios masivos, como es también el caso de Canadá o los Estados Unidos, Australia tiene un sistema de detención administrativa obligatoria para los inmigrantes irregulares y para los solicitantes de asilo que llegan a sus costas sin los visados necesarios."The Administrative Detention of Non-Nationals Pursuant to Immigration Control: International and Constitutional Law Perspectives", Daniel Wilsher, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53, No. 4, pp. 897-934, 2004 La base legal de esta medida se encuentra en la Ley de Inmigración de 1958 (Cth), que autorizaba la detención indefinida de un ciudadano en situación irregular que no pueda ser deportado inmediatamente."Migration and Refugee Law in Australia", Mirko Bagaric, Kim Boyd, John Vrachnas, Penny Dimopoulos, Sue Tongue, p. 471, Cambridge University Press, 2007 Human Rights Watch ha criticado el uso de la detención administrativa por parte de las autoridades australianas, afirmando que contraviene gravemente las obligaciones de Australia con aquellos que no son sus ciudadanos, con los refugiados y los solicitantes de asilo según el derecho internacional humanitario y la ley de refugiados. Además, diversos grupos religiosos, comunitarios y políticos se han opuesto a la medida, incluidos el Consejo Nacional de Iglesias de Australia, Amnistía Internacional o el partido verde.
Brasil En Brasil solamente es legal aplicar la detención administrativa a miembros del ejército. Cualquier miembro de las fuerzas armadas brasileñas puede ser detenido si se le encuentra culpable de violar repetidamente el Reglamento Disciplinario Militar (Regulamento Disciplinar). Cada rama militar ha enumerado una lista de "transgresiones" de sus Reglamentos Disciplinarios. El mayor castigo posible bajo este tipo de detención administrativa es de 30 días. Sin embargo, los miembros de las fuerzas armadas brasileñas que se encuentran bajo detención administrativa pueden tener garantizado un habeas corpus de la justicia ordinaria que les libere de dicha detención, puesto que retienen todos sus derechos como ciudadanos.
China El uso de la detención administrativa en China ha sido habitual desde antes de 1949. Por aquella época se usaba principalmente contra pequeños criminales y contra adictos al opio, prostitutas, vagabundos y enfermos mentales. Desde las reformas legales de 1978, los organismos de seguridad pública (gong'an jiguan), y en especial la policía, tienen poderes de detención administrativa que usan de manera paralela al sistema judicial del Estado. La detención administrativa se usa contra aquellos que están considerados como "socialmente indeseables" por el régimen gobernante con el fin de mantener el orden público y la estabilidad social y política. Bajo esta etiqueta se engloba a prostitutas y sus clientes, drogadictos, disidentes políticos y pequeños criminales que llevan a cabo delitos menores que no son lo suficientemente graves para ser perseguidos por el sistema judicial.