Crisis de 1917 es el nombre que da la historiografía española al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el verano de 1917 en España, destacadamente tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno e incluso al mismo sistema de la Restauración: un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un movimiento político (la Asamblea de Parlamentarios que tuvo lugar en Barcelona convocada por la Liga Regionalista) y un movimiento social (la huelga general revolucionaria). Coincidieron con una coyuntura internacional especialmente crítica en ese mismo año, posiblemente uno de los más cruciales en toda la historia moderna. En cambio, la historiografía mundial no suele emplear el nombre de crisis para este periodo y lo reserva para algunas cuestionesl: la crisis de reclutamiento en CanadáArtículo de la Wikipedia en inglés. Un artículo sobre el tema en "Historica": (en inglés) y la crisis de construcción naval en Estados Unidos. Hay que recordar que España se mantuvo neutral durante todo el conflicto. La crisis española de 1917 se enmarca en la crisis de la Restauración.
Coyuntura internacional thumb|El Slava, barco de guerra ruso, inutilizado por los alemanes en el Báltico, octubre de 1917. En Rusia, la Revolución de febrero de 1917 había derribado la autocracia zarista y el gobierno de Kerenski intentaba construir un sistema democrático al tiempo que continuaba la guerra contra los Imperios Centrales (desastrosa en términos militares, económicos y humanos y cada vez más impopular). El descontento creciente lo estaban aprovechado los bolcheviques (se produce el famoso viaje de Lenin que atraviesa Europa en un vagón sellado), que alcanzaron el poder en la Revolución de Octubre del mismo año.
La Primera Guerra Mundial atravesaba una fase de incertidumbre, pues la ventaja alemana en el frente oriental (que en poco tiempo fue total, tras la paz por separado negociada con los soviéticos, Tratado de Brest-Litovsk del 3 de marzo de 1918) se compensaba con la entrada en guerra de los Estados Unidos (6 de abril), que desequilibró el frente occidental.
Sin que en ese momento se manifestaran sus efectos, en el invierno de 1917 a 1918 se inició lo que en el bienio siguiente (1918-1919) se develó como la más mortífera epidemia de la Edad Contemporánea (de hecho la última mortalidad catastrófica de la historia), la gripe española, llamada así porque fueron los periódicos españoles, los únicos no sometidos a censura de guerra al ser España neutral, los primeros en hablar de ella. El número de muertos (entre 50 y 100 millones) superó ampliamente a los causados por la guerra; pero ésta, en gran medida, contribuyó a expandir la epidemia por todo el mundo a una escala y velocidad nunca antes experimentadas. Los efectos en España fueron graves: 8 millones de contagiados y 300 000 muertos (reducidos a 147.114 en las estadísticas oficiales).Una breve descripción con una caricatura española de la época, por Juan Carlos Losada: La gripe española En La aventura de la Historia, El Mundo.
La crisis en España
thumb|left|Barraca de la huerta valenciana. Esta precaria construcción rural tradicional continuaba representando el atraso estructural de la agricultura en España y las míseras condiciones de vida de la mayor parte de la población, como denunciaba la novela social (Vicente Blasco Ibáñez había publicado La barraca en 1898 y Cañas y barro en 1902). Los emigrantes a las zonas urbanas e industriales -Cataluña, País Vasco y Madrid- habían comenzado a constituir un creciente proletariado con una conciencia de clase cada vez más organizada.
Economía y sociedad
La neutralidad española había fomentado las exportaciones de todo tipo de productos, desde materias primas (agrícolas y mineras) hasta ciertas manufacturas de la incipiente industria, concentrada en el textil catalán y la siderurgia vasca, y las actividades terciarias (fletes navales y servicios bancarios). El saldo de la balanza comercial pasó de ser negativo en más de cien millones de pesetas a ser positivo en quinientos millones. La buena época para los negocios favorecía a la burguesía industrial y comercial y a la oligarquía terrateniente y financiera, pero al mismo tiempo produjo una escalada de precios (el crecimiento de la producción real de bienes y servicios no se tradujo en un aumento de oferta interna por las exportaciones) que no iba acompañada por subidas similares en los salarios. Mientras que los beneficios alcanzaron tasas de crecimiento extraordinariamente importantes, descendió notablemente el nivel de vida de las clases populares, fundamentalmente del proletariado urbano e industrial, que aun así era el que demostró más capacidad de presión para mantener continuadas subidas salariales. En el campo, la situación era diferente: el efecto inflacionista era mayor, pero la disponibilidad más directa de alimentos amortiguaba sus consecuencias para el campesinado en el caso de los pequeños propietarios o arrendatarios (predominantes en la estructura agraria del norte de España), que pudieron incluso verse beneficiados; pero no así, sino todo lo contrario, para los jornaleros sin tierra, la parte fundamental de la población activa en la mitad sur de España (sobre todo en Andalucía y Extremadura). Los resultados del proceso, visibles de forma aguda ya en 1917, fueron una violenta redistribución de rentas a escala nacional (tanto entre clases sociales como entre territorios), con agravación progresiva de las tensiones campo-ciudad (éxodo rural, contraste del nivel de desarrollo entre la naciente industria y la agricultura atrasada) y centro-periferia.José Luis García Delgado Proceso inflacionista y política económica. Florencia Algunas conclusiones en La economía española entre 1900 y 1923 en Tuñón de Lara (dir). op. cit., pgs. 447-448.
Tres desafíos
Desafío militar: las Juntas de Defensa
Se crearon las Juntas de Defensa, un movimiento sindical militar no previsto en la legislación, en lo que era un claro desafío al gobierno del liberal Manuel García Prieto que, impotente para controlarlas, se vio obligado a dimitir. Su reemplazo, el conservador Eduardo Dato, optó por legalizarlas.
Las juntas (que utilizaban un nombre muy usual entre las instituciones españolas, y prestigiado por la historia en la rebelión popular de la Guerra de Independencia) decían defender los intereses de los oficiales de graduación intermedia, aunque su vocación de intervenir en política era evidente.
Uno de los temas de mayor capacidad movilizadora dentro del ejército había venido siendo su obsesión por la unidad nacional, manifestada con claridad desde la agresión al periódico satírico catalanista ¡Cu-Cut! (1905), tras la que el gobierno cedió para contentarles con la promulgación de la Ley de Jurisdicciones, que sometía a la justicia militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército. La situación social de los militares era peculiar, pues mientras sus colegas de prácticamente todo el mundo ascendían rápidamente por méritos de guerra y por la necesidad de encuadrar gigantescas masas de soldados, ellos se veían reducidos a la inacción, que ni siquiera podía compensarse con los destinos en colonias, ya que se habían perdido en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. De hecho, había una verdadera "megacefalia" (16 000 oficiales para 80 000 soldados; mientras que la movilizada Francia disponía sólo de 29 000 para medio millón). Dentro del ejército español, se veían situaciones de agravio comparativo entre los únicos destinos coloniales (en Marruecos) y el resto. La inflación iba minando cada vez más el poder adquisitivo de los salarios de los militares, que a diferencia de los más flexibles contratos de los obreros, dependían de los rígidos Presupuestos Generales del Estado.
La actividad de las Juntas empezó en el primer trimestre de 1916 como consecuencia de unas pruebas de aptitud para el mando, parte de un programa de modernización impulsado por el gobierno del Conde de Romanones. Este aceptó sus protestas en un principio, pero viendo la peligrosidad de un movimiento cuasi-sindical en el ejército, ordenó la disolución de las Juntas, sin ninguna efectividad. Aún en situación ilegal, habían aumentado su tono desde finales de 1916, sobre todo en la muy activa impulsora del movimiento: la Junta de Defensa del Arma de Infantería de Barcelona, dirigida por el coronel Benito Márquez. A finales de mayo de 1917 se produjo una enérgica reacción disciplinaria por parte del nuevo gobierno dirigido entonces por García Prieto, a través del ministro de Guerra general Aguilera: el arresto en el Castillo de Montjuic de varios de sus miembros (dos tenientes, tres capitanes, un comandante, un teniente coronel y un coronel -Benito Márquez, el más visible dirigente del movimiento-). No obstante, la constitución inmediata de una Junta Suplente, que recibió la solidaridad de las juntas de Artillería e Ingenieros, e incluso de la Guardia Civil, en su "respetuosa" petición de libertad para los arrestados (1 de junio), supuso un espectacular aumento de la tensión militar, el lanzamiento de un "órdago" que García Prieto no se vio con apoyos suficientes para asumir (el papel del rey dada la naturaleza del asunto y su especial vinculación con el ejército no puede obviarse). Optó por dimitir, tras lo que Alfonso XIII encarga formar gobierno a Eduardo Dato, que consideró oportuno ceder a las reivindicaciones militares, liberando a los arrestados y legalizando las Juntas. Para mantener una postura firme de control de la situación, se suspendieron las garantías constitucionales y se incrementó la censura de prensa.David Ruiz González: La crisis de 1917, en Tuñón de Lara, op. cit., tomo 8, p. 498;
Desafío político
La burguesía catalanista estaba representada por la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó, y con una base de poder local recientemente adquirida (la Mancomunidad catalana, surgida en 1914 por agregación de las Diputaciones Provinciales y dirigida inicialmente por Prat de la Riba, muerto este mismo año de 1917).
En vista de la crisis abierta, Cambó exigió al gobierno la convocatoria de Cortes, que este no aceptó. Ante esa negativa, y la imposibilidad de utilizar cauces parlamentarios ordinarios, por la no convocatoria de sesiones del Congreso, una gran parte de los diputados elegidos por circunscripciones catalanas (48, todos menos los de los partidos "dinásticos"), se reunieron en la llamada Asamblea de Parlamentarios de Barcelona a primeros de julio de 1917, que exigió la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, de cara a una nueva organización del Estado que reconociera la autonomía de las regiones. También se exigían medidas urgentes en el terreno económico y militar.
La conexión de este movimiento con el descontento económico de los oficiales de rango inferior de las Juntas de Defensa era altamente improbable, pero no podía descartarse, o, al menos, el intento se explicitó en una proclama de la Asamblea, la cual pidió que:
A pesar de no representar una parte demasiado amplia de los diputados totales (menos del 10%), se vivía un ambiente prerrevolucionario, que cuestionaba las bases del sistema político de la Restauración: el turno de los partidos dinásticos que habían fundado Cánovas y Sagasta y el predominio claro del poder ejecutivo sobre el legislativo, con un papel arbitral del rey. La respuesta de Dato fue declarar sediciosa la Asamblea, la suspensión de los periódicos y la ocupación militar de Barcelona.