La Masacre de Napalpí fue una matanza cometida por una fuerza de más de cien hombres de la Policía Nacional de Territorios de la Argentina, en la que resultaron asesinadas entre doscientas y setecientas personas pertenecientes a los pueblos qom y mocoví-moqoit, el 19 de julio de 1924 en el paraje El Aguará, en cercanías de la reducción aborigen Napalpí, ubicada en el entonces territorio nacional del Chaco. La masacre fue cometida por fuerzas policiales nacionales, con participación de civiles, bajo órdenes del gobernador Fernando Centeno, quien había sido designado por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, perteneciente de la Unión Cívica Radical (UCR). Junto con la Masacre de Rincón Bomba perpetrada en octubre de 1947 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón contra la nación pilagá, son las masacres de mayor magnitud cometidas contra pueblos originarios en la República Argentina durante el .
Circunstancias thumb|En 2004 el Directorio del I.D.A.CH. resuelve iniciar la demanda por la Masacre de Napalpí a través de la Asociación Comunitaria La Matanza.|izquierda|265x265px En 2004 el Instituto del Aborigen Chaqueño, I.D.A.CH., en asamblea unánime, presentes cuarenta y seis comunidades indígenas de los pueblos indígenas Qom, Mocoví-Mocoi y Wichi, resuelven iniciar una acción judicial de reparación resarcitoria por $ 350 000 000, por daños y perjuicios, garantía de no repetición y solicitud de perdón del Estado Nacional Argentino. La demanda es presentada en diciembre del 2004, fundada en la teoría de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, por los abogados chaqueños Carlos Alberto Díaz, David H. Parras, Mónica M. Echevarría al que luego se suma Julio C. García.Así se comenzó en noviembre de 2004 la tramitación del expediente «Asociación Comunitaria La Matanza c/ PEN-Estado Nacional Argentino s/Daños y Perjuicios». En mayo de 2005, el gobierno de Néstor Kirchner a través de la Procuración del Tesoro de la Nación pidió el rechazo de la demanda argumentando que los tobas no constituían una etnia y que la masacre de Napalpí no podía considerarse crimen de lesa humanidad, en términos que los aborígenes repudiaron "por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad".
El 25 de noviembre del año 2019 la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal n.º 1, de Resistencia, Chaco, dictó sentencia de primera instancia, reconociendo la existencia de la Masacre de Napalpí, pero estableciendo que no correspondía reparación económica alguna debido a la prescripción de la acción. El fallo fue apelado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada por las juezas Rocío Alcalá y María Delfina Denogens. El 14 de septiembre del año 2020, la Cámara revocó el fallo de primera instancia, declaró la imprescriptibilidad no sólo de la acción penal sino incluso de la pretensión resarcitoria,le reconoció personería como reclamante a la Asociación Comunitaria La Matanza, quien actuó por sí y en nombre y representación de todo el Pueblo Qom y terminó condenando al Estado Nacional a pagar la cantidad de $ $ 375 000 000 en concepto de indemnización por daño moral.
El Estado Nacional, representado por la Procuración General del Tesoro interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia en el que ratificó que “la posición del Estado Nacional siempre fue que la llamada “Masacre de Napalpí” no constituyó un genocidio, pues ni antes ni después se persiguió a la comunidad indígena que la actora dice nuclear, ni se la exterminó, ni se la sacó de la sociedad, más allá de su propia auto-aislación” y pidió se deje sin efecto la condena.Recurso en quejaEste recurso fue acogido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 2 de noviembre de 2023 rechazó la demanda con costas, debido a la falta de legitimación de la Asociación Comunitaria La Matanza, asociación que no logró acreditar la representación del pueblo Toba que se arrogaba, ni tampoco estaba entre los fines establecidos por su estatuto la promoción de acciones colectivas.
En 2014, el Estado argentino, a través del Ministerio Público Federal, investigó, fuera del expediente de indemnización, durante cuatro años los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, para luego solicitar la apertura de un juicio por la verdad, puesto que todos los culpables ya habían muerto.El juicio terminó el 19 de mayo de 2022 con un veredicto que reconoció la responsabilidad del Estado en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre y ordenó medidas reparatorias, entre las que se destacan la continuación del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona y la inclusión, dentro de los diseños curriculares nacionales de todos los niveles, del estudio de los hechos probados de Napalpí.
El fallo reconoce como medidas adecuadas de reparación al pedido de disculpas realizado en 2008 por el entonces gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, en nombre del estado provincial, a los pueblos indígenas por la Masacre de Napalpí; la Ley 6.604, que declaró en el 2010 lenguas oficiales del Chaco, además del castellano, a las de los pueblos preexistentes Qom, Wichi y Moqoit; diseños curriculares de Educación Intercultural Bilingüe para los tres niveles de la enseñanza obligatoria; la Ley 7.446 (2014) de Educación Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena, como así la construcción del Sitio Histórico Memorial Napalpí (2021).
Contexto histórico Unos cuarenta años antes, el Ejército Argentino había lanzado una campaña militar para someter a los pueblos indígenas del Chaco, lo que dio como resultado la muerte de millares de indígenas y la desintegración social y cultural de numerosas etnias en las actuales provincias argentinas de Formosa y Chaco que en ese momento eran territorios nacionales.
Se fundaron numerosos fortines con el fin de mantener a raya a los indígenas vencidos. Sus tierras fueron vendidas a colonos europeos, en particular italianos y franceses, quienes pronto las destinaron a la producción de algodón. Numerosas tribus fueron confinadas en reducciones. La Reducción Indígena de Napalpí (nombre qom que significa «lugar de los muertos», fundada en 1921 y cuyo nombre actual es Colonia Aborigen Chaco), a ciento veinte kilómetros de Resistencia, era un espacio en el que se concentraban principalmente indígenas Qom (Toba) y Moqoit (Mocoví), junto con algunos criollos. Eran utilizados como mano de obra agrícola, especialmente para la producción de algodón (por entonces el territorio nacional del Chaco se perfilaba como el primer productor nacional de algodón), pero bajo condiciones que la documentación y los testimonios posteriores describieron como extremadamente coercitivas.
En 1924, el presidente Marcelo T. de Alvear nombró como gobernador del Territorio Nacional del Chaco al estanciero algodonero y político radical Fernando Centeno. Entre sus primeras disposiciones estuvo la disposición de que los indígenas de la reducción debían entregar el 15% de su producción de algodón. Esta quita compulsiva provocó gran descontento entre los habitantes y provocó una protesta de las comunidades. La documentación histórica incorporada al juicio de la verdad ubica ya en mayo de 1924 los reclamos contra esa retención. En julio de 1924, las comunidades qom y mocoví se declararon en huelga; denunciaron los maltratos y la explotación de los terratenientes, y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión.https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-251066-2014-07-19.html
La masacre A muy tempranas horas del día 19 de julio de 1924, un grupo de unos ciento treinta hombres, entre policías, estancieros y civiles criollos de la zona, fuertemente armados con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el campamento donde se habían reunido los indígenas alzados que, armados con palos, bailaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes en la zona del Aguará, un área considerada sagrada por los qom ubicada dentro de los límites de la colonia. Convencidos de que los dioses les protegerían de las armas de fuego de los hombres blancos, no ofrecieron resistencia a los disparos dirigidos al campamento durante cuarenta minutos. Luego, los blancos entraron al mismo para rematar a machetazos a los indígenas que quedaban, muchos moribundos, incluidos mujeres y niños. Los heridos fueron degollados, algunos colgados.
A finales de los años veinte, el periódico Heraldo del Norte recordó así el hecho:
En el libro Napalpí, la herida abierta de 1998, el periodista Mario Vidal detalla: «El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el . Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, también hubo colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista».
Debate en la Cámara de Diputados
El 29 de agosto, cuarenta días después de la matanza, el exdirector de la Reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional:
En septiembre de 1924, el tema llegó a la Cámara de Diputados. La discusión duró un mes, una sesión por semana. El diputado socialista Francisco Pérez Leirós leyó la carta de Lynch Arribálzaga y expuso lo que llamó «hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco», mostrando el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana.
En el libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva confirma el hecho y cuenta que al mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, «se lo mató de manera salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla».
Memoria Qom
Los hechos y los lugares en que fueron cometidos permanecieron en la memoria oral y colectiva del pueblo Qom. En particular, el historiador Juan Chico, nacido en Napalpí, siguió por años las huellas del exterminio, fundando con ese fin la Fundación Napalpí. Debido a su investigación, Chico logró tomar contacto con una testigo sobreviviente, 95 años después de la matanza, de nombre Rosa Grillo, quien siendo niña se salvó con su madre, pero vio morir a su padre.
Pedido de perdón de la Provincia del Chaco En enero de 2008, el gobierno de la Provincia del Chaco, a cargo del gobernador Jorge Capitanich, pidió disculpas públicas y oficiales por la masacre y rindió homenaje a la única sobreviviente, Melitona Enrique, quien cumplía 107 años ese día y que fallecería el 13 de noviembre de 2008.
Los fiscales federales de Chaco argumentaron que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad, y analizaron la posibilidad de la intervención del Equipo de Antropología Forense, E.A.A.F., para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los indígenas.http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-masacre-de-napalpi-podria-ser-juzgado-ser-delito-de-lesa-humanidad-9254.html
Pedido de perdón del Gobierno nacional En 2022 el Gobierno nacional pidió perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1924 en la llamada “Masacre de Napalpí” contra el pueblo Qom y Mocoit. Junto con el pedido de perdón, el Poder Ejecutivo hizo saber que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue designado garante del cumplimiento de las medidas reparatorias ordenadas por la sentencia dictada en el juicio por la verdad en Napalpí.