thumb|300px|Caricatura sobre las etapas del Sexenio Democrático, publicada por la revista La Madeja, otra de las cabeceras de La Flaca, el 14 de marzo de 1875. Se conoce como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario al periodo de la historia contemporánea de España transcurrido desde el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868 hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874, que supuso el inicio de la etapa conocida como Restauración borbónica.
El Sexenio suele dividirse en tres (o cuatro) etapas: la primera, la del Gobierno provisional de 1868-1871; la segunda, el reinado de Amadeo I (1871-1873); la tercera, la Primera República Española, proclamada tras la renuncia al trono del rey Amadeo de Saboya en febrero de 1873. A su vez, ésta se divide entre el período de la República federal, a la que pone fin el golpe de Pavía de enero de 1874, y la República unitaria —también conocida como la dictadura de Serrano—, que se cierra con el pronunciamiento en diciembre de 1874 en Sagunto del general Arsenio Martínez Campos en favor de la restauración de la Monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II: Alfonso XII.
En la actividad política de estos años se advierte la participación de cuatro bloques políticos: los unionistas, encabezados por el general Serrano; los progresistas, encabezados por el general Prim y, tras su asesinato, por Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla; los demócratas monárquicos llamados «cimbrios», encabezados por Cristino Martos y Nicolás María Rivero; y los republicanos federales, cuyos líderes eran Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Además, hay que contar con el Partido Moderado, decantado cada vez más hacia las posiciones de los alfonsinos dirigidos por Antonio Cánovas del Castillo; con los carlistas, que desencadenarán en 1872 la tercera guerra carlista para intentar poner en el trono al pretendiente Carlos VII; así como con los independentistas cubanos, lo que dará lugar tras el Grito de Yara a la guerra de los Diez Años.
Antecedentes
En 1863, la reina Isabel II destituyó al general Leopoldo O'Donnell, que durante los cinco años anteriores había presidido el «gobierno largo» de la Unión Liberal. El Partido Progresista esperaba ser llamado al Gobierno, pero la reina decidió nombrar al frente del poder ejecutivo a un veterano miembro del Partido Moderado: el marqués de Miraflores. Esto inclinó a los progresistas a optar por el retraimiento, lo que significaba que no presentarían candidatos a las elecciones, deslegitimando así las Cortes que salieran de ellas —e implícitamente a la propia Monarquía—. El Gobierno de Miraflores tuvo una corta duración, como los dos siguientes, también encabezados moderados, hasta que en 1864 fue nombrado presidente del Gobierno el «hombre fuerte» del Partido Moderado: el general Ramón María Narváez. Éste se mantuvo en el poder hasta junio de 1865, siendo destituido por la reina a consecuencia de los trágicos sucesos conocidos como la Noche de San Daniel. Entonces, Isabel II volvió a llamar al Gobierno a Leopoldo O'Donnell, al frente de su partido la Unión Liberal, una especie de partido de «centro» del que formaban los moderados más progresistas («puritanos») y los progresistas más moderados («templados»).
En junio de 1866 tuvo lugar una insurrección en Madrid para acabar con la Monarquía, conocida como la sublevación del cuartel de San Gil, porque fueron los sargentos de este cuartel de artillería los que protagonizaron el alzamiento. Al mes siguiente, la reina Isabel II destituyó al general O'Donnell por considerar que había sido demasiado blando con los insurrectos —a pesar de que habían sido fusilados 66 de ellos— y llamó de nuevo al general Narváez para sustituirle. Narváez adoptó inmediatamente una política autoritaria y represiva que hizo imposible el turno en el poder con la Unión Liberal, que entonces optó por hacer el «vacío en Palacio» —según la expresión del propio O'Donnell—, lo que significaba el retraimiento en el Senado.
La crisis económica de 1866-1868 thumb|right|300px|La red de ferrocarriles en España durante el . A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. Aunque estuvo precedida de la crisis de la industria textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en 1862 a consecuencia de la escasez de algodón provocada por la guerra civil estadounidense, el detonante de la crisis financiera de 1866 fueron las pérdidas de las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. Las primeras quiebras de sociedades de crédito vinculadas a las compañías ferroviarias se produjeron en 1864, pero fue en mayo de 1866 cuando la crisis alcanzó a dos importantes sociedades de crédito de Barcelona, la Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés, lo que desató una oleada de pánico.
A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de subsistencias en 1867 y 1868, motivada por la malas cosechas de esos años. Los afectados no fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares, debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por seis su precio, o en Granada, al grito de «¡Pan a ocho!» (reales). La crisis de subsistencias se vio agravada por el crecimiento del paro, provocado por la crisis económica —a su vez desencadenada por la crisis financiera—, que afectó sobre todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban: las obras públicas —incluidos los ferrocarriles— y la construcción. La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencias, creaba «unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino».
Según ha señalado Juan Francisco Fuentes, hay que descartar «una relación causa-efecto entre la crisis económica y la Revolución de 1868», aunque no «se puede ignorar la importancia que aquella gran crisis del capitalismo español iniciada en 1864 tuvo en la percepción general de las élites políticas y económicas: el convencimiento de que el régimen isabelino, reducido finalmente a una pequeña camarilla político-clerical, se había aislado por completo de la realidad nacional. A los ojos de una buena parte de la sociedad española, aquello era el final de una época. Una grave crisis de subsistencias en los años 1867-1868 acabaría de generalizar esa sensación de catástrofe nacional que se apodera del país en la última etapa del reinado de Isabel II».
La crisis económica aceleró el deterioro político del régimen isabelino. El Gobierno debía enfrentarse a varios grupos hostiles, como los inversores, que querían salvar su patrimonio; los industriales, que precisaban mayor proteccionismo; y los campesinos y obreros, que no querían pasar hambre.thumb|Juan Prim en 1869.
El pacto de Ostende El Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, que recibe su nombre por el de la ciudad de Bélgica donde se firmó el 16 de agosto de 1866, fue una iniciativa del general progresista Juan Prim con el objetivo de derribar la Monarquía de Isabel II. Constaba de dos puntos:
La ambigua redacción del primer punto permitía incorporar al mismo a otras personalidades y fuerzas políticas. Así, tras el fallecimiento de O'Donnell el 5 de noviembre de 1867, los generales Prim y Serrano —paradójicamente, el mismo militar que había dirigido la represión de la sublevación del cuartel de San Gil— firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por el que la Unión Liberal se sumaba al mismo. Con esto, «la Unión Liberal aceptaba la entrada en un nuevo proceso constituyente y en la búsqueda de una nueva dinastía, y, según el punto segundo [del Pacto de Ostende], la soberanía única de la nación y el sufragio universal».thumb|Almirante Juan Bautista Topete (1887) por Rafael Monleón (Museo Naval de Madrid).La respuesta de Narváez fue acentuar su política autoritaria. Las Cortes, cerradas en julio de 1866, no volvieron a abrirse, pues fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para principios de 1867. La «influencia moral» del Gobierno dio una mayoría tan aplastante a los diputados ministeriales que la Unión Liberal, lo más parecido a una oposición parlamentaria, quedó reducida a cuatro diputados. Además en el nuevo reglamento de las Cortes aprobado en junio de 1867, tres meses después de haber sido abiertas, se suprimió el voto de censura, reduciendo así sensiblemente su capacidad para controlar al Gobierno. En abril de 1868 falleció el general Narváez, y la reina nombró para sustituirle al ultraconservador Luis González Bravo, que siguió con la política autoritaria y represiva de su antecesor.
Revolución: «la Gloriosa»
El 16 de septiembre de 1868, el general Prim llegó a Cádiz procedente de Londres, vía Gibraltar, y dos días después, el 18 de septiembre, se sublevaba el almirante Juan Bautista Topete al frente de la escuadra. El 19, tras la llegada desde Canarias del general Serrano y del resto de los generales unionistas comprometidos, Topete leyó un manifiesto redactado por el escritor unionista Adelardo López de Ayala en el que se justificaba el pronunciamiento y que acababa con el grito «¡Viva España con honra!», que se haría célebre. En los días siguientes, el levantamiento se fue extendiendo por el resto del país, empezando por Andalucía. Se formaron juntas provinciales que se encargaron de movilizar a la población mediante promesas de sufragio universal, de eliminación de los consumos, del fin del reclutamiento forzoso y de una nueva Constitución. En las ciudades, las juntas revolucionarias, formadas por demócratas y progresistas, asumieron el poder.
El mismo día en que se hizo público el manifiesto de los sublevados, González Bravo dimitió. La reina Isabel II nombró para sustituirle al general José Gutiérrez de la Concha, quien organizó un ejército en Madrid como pudo, dada la falta de apoyo que encontró entre los mandos militares, y lo envió a Andalucía al mando del general Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, para que acabara con la rebelión. Al mismo tiempo, aconsejó a la reina que volviera a Madrid desde San Sebastián, donde estaba de veraneo; pero, al poco tiempo de iniciar el viaje en tren, el general de la Concha le envió un telegrama a la reina pidiéndole ahora que siguiera en San Sebastián, porque las situación de las fuerzas leales había empeorado.
El 28 de septiembre tuvo lugar la decisiva batalla de Alcolea (en la provincia de Córdoba), en la que la victoria fue para las fuerzas sublevadas al mando del general Serrano, que contaron con el apoyo de millares de voluntarios armados. Al día siguiente, el levantamiento triunfaba en Madrid; y, el día 30, Isabel II abandonaba España desde San Sebastián. Entonces terminó toda resistencia de las fuerzas leales a la reina y el 8 de octubre se formaba un Gobierno provisional presidido por el general Serrano, y del que formaban parte el general Prim y el almirante Topete. Se sellaba así el triunfo de la que sería llamada la Revolución de 1868 o la «Gloriosa», que había puesto fin al reinado de Isabel II.thumb|280px| El Gobierno provisional en 1869. De izquierda a derecha: Laureano Figuerola (Hacienda), Práxedes Mateo Sagasta (Gobernación), Manuel Ruiz Zorrilla (Fomento), Juan Prim (Guerra), Francisco Serrano (presidente del Gobierno provisional), Juan Bautista Topete (Marina), Adelardo López de Ayala (Ultramar), Antonio Romero Ortiz (Gracia y Justicia) y Juan Álvarez Lorenzana (Estado). Fotografía de J. Laurent.
El Gobierno Provisional
Composición del Gobierno provisional y fuerzas políticas