El asesinato de Manuel Gutiérrez fue un caso de violencia policial ocurrido la noche del 25 de agosto de 2011 en la comuna de Macul, Santiago, Chile. La víctima, Manuel Gutiérrez Reany, un estudiante secundario de 16 años, recibió un impacto de bala mortal en el tórax percutado por un efectivo de Carabineros de Chile mientras observaba las manifestaciones en el marco del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Manuel residía en la Villa Jaime Eyzaguirre de Macul y era el menor de cuatro hermanos.

El proyectil fue percutado por el sargento 2.º de Carabineros Miguel Millacura utilizando un subfusil Uzi. El hecho provocó una profunda conmoción pública, derivó en la baja de los funcionarios involucrados, la renuncia de altos mandos policiales y reabrió el debate sobre el uso de armas de fuego en el control del orden público y la competencia de la justicia militar en delitos cometidos contra civiles. Quince años después del crimen, la familia de la víctima mantenía su búsqueda de justicia, esta vez a nivel internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Antecedentes y los hechos Durante la jornada del 25 de agosto de 2011, en el contexto de un paro nacional de dos días convocado por organizaciones sindicales y estudiantiles, se registraron protestas, cacerolazos y barricadas en diversos sectores del Gran Santiago.

Cerca de la medianoche, Manuel Gutiérrez acompañaba a su hermano mayor usuario de silla de ruedas y a un grupo de amigos en una pasarela peatonal sobre la Avenida Américo Vespucio, a la altura de la calle Amanda Labarca, en la comuna de Macul. Según los testimonios recopilados, el grupo no participaba activamente en los disturbios; se encontraban observando las manifestaciones desde la distancia.

En ese momento, una patrulla de Carabineros circulaba por el sector. El sargento Miguel Millacura disparó su arma de servicio, un subfusil Uzi. Uno de los proyectiles impactó a Gutiérrez en el tórax. El joven fue trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Doctor Luis Tisné en Peñalolén, donde se confirmó su fallecimiento en la madrugada del 26 de agosto de 2011. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco como consecuencia de la herida de bala en el tórax.

Investigación y responsabilidad policial En las primeras horas tras el suceso, voceros de Carabineros negaron la participación de efectivos policiales en el disparo, sugiriendo que el proyectil provenía de enfrentamientos entre civiles o manifestantes armados. El alto mando de Carabineros y el Ministerio del Interior sostuvieron inicialmente que el disparo se habría producido por una posible riña entre adolescentes, versión rechazada por diversos testigos.

Sin embargo, las pericias balísticas desarrolladas por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y los testimonios recopilados desmintieron la versión institucional. Días después, las indagatorias internas confirmaron que el sargento 2.º de Carabineros Miguel Millacura había percutado su arma de servicio en el lugar, admitiendo posteriormente haber efectuado disparos al aire.

Investigaciones posteriores revelaron que Millacura, la mañana siguiente al disparo, sospechó que uno de sus tiros pudo haber impactado al adolescente. Antes de entregar su turno, repuso las municiones gastadas, limpió la subametralladora UZI con un líquido especial y devolvió el arma sin reportar novedad alguna. En su declaración ante la Fiscalía Militar del 30 de agosto de 2011, reconoció haber efectuado dos disparos con la UZI institucional, afirmando que lo hizo al aire y en diagonal para proteger a sus compañeros que eran atacados con piedras y armas hechizas. También admitió que la visibilidad era "casi regular" debido al humo de fogatas y gases lacrimógenos, y que no pudo distinguir a los manifestantes. Esta manipulación de evidencia constituyó uno de los elementos centrales de la acusación sobre encubrimiento y obstrucción a la investigación.

El caso derivó en las siguientes acciones institucionales: Baja de funcionarios: Miguel Millacura fue dado de baja junto a los efectivos que ocultaron la información sobre el uso del armamento esa noche. Remoción de mandos: El caso provocó la salida del general jefe de la Zona Metropolitana Este, Sergio Gajardo, y semanas más tarde la renuncia del General Director de Carabineros, Eduardo Gordon.

Proceso judicial El caso fue remitido inicialmente a la Justicia Militar, decisión cuestionada por organismos de derechos humanos y la familia de la víctima. Al año 2011 aún se mantenía la competencia de los tribunales militares para juzgar delitos de carabineros en actos de servicio, lo que implicaba la falta de la condición mínima de imparcialidad que debe tener un tribunal para juzgar delitos tan graves como la pérdida de vida de civiles. La familia de Manuel Gutiérrez denunció que era "como ser juzgado por tus pares y no por un tribunal imparcial". La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos, y que la intervención de la justicia militar debe ser mínima y excepcional. El Segundo Juzgado Militar de Santiago asumió la causa.

En mayo de 2014, la Corte Marcial condenó a Miguel Millacura a tres años y un día de presidio bajo la figura de cuasidelito de homicidio, otorgándole el beneficio de la libertad vigilada. La levedad de la pena ratificó las críticas públicas sobre el fuero militar para juzgar abusos policiales contra civiles. La familia de Manuel Gutiérrez expresó que, aunque hubo una condena, nunca sintieron que se hiciera justicia, pues la investigación dejó responsabilidades sin aclarar y obligaciones estatales incumplidas, propiciando la impunidad.

Búsqueda de justicia internacional Tras no obtener justicia a nivel local, el caso de Manuel Gutiérrez fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A la fecha, la petición se encuentra pendiente de una decisión sobre el fondo por parte de este organismo internacional. En agosto de 2026, al cumplirse 15 años del crimen, la familia de Manuel y la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial reiteraron su demanda de justicia ante instancias internacionales, señalando que "lo que más nos importa al cumplirse 15 años de la muerte de Manuel es que exista una comprensión y una empatía al dolor de la pérdida que como familia hemos vivido, sumado a la impunidad por la falta de justicia, al no existir penalidades proporcionales hacia el autor del delito". La familia busca que el Estado de Chile responda internacionalmente y que la investigación alcance más allá del autor del disparo, abarcando también las responsabilidades institucionales y las obligaciones estatales incumplidas.

Legado e impacto Reformas a la Justicia Militar: Aceleró la discusión legislativa que derivó en la modificación de la Ley N.º 20.477, restringiendo la competencia de los tribunales militares para que no juzguen causas que involucren a civiles como víctimas o imputados. La reforma a la justicia militar se concretó finalmente en 2016. Espacios de memoria: La pasarela peatonal de Macul donde ocurrió el hecho fue intervenida con murales y un memorial en recuerdo del estudiante. El caso de Manuel Gutiérrez es recogido por el proyecto "Rehuir el Olvido" del INDH, que documenta memorias sobre derechos humanos del presente y destaca la gravedad de la violencia policial contra la protesta social. Protocolos policiales: Marcó un punto de inflexión en las exigencias de transparencia respecto al uso de la fuerza y control de armamento percutado en manifestaciones.

Véase también Derechos humanos en Chile Violencia policial Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Referencias

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