Caballero Rosa es el nombre de un operativo policial ejecutado en 2005 en Guayaquil, Ecuador. Fue iniciado por orden del gobernador de Guayas, Guido Chiriboga Parra, y tenía como objetivo expulsar a personas LGBT, principalmente mujeres transgénero, del área del Barrio Orellana.
El operativo fue blanco de denuncias de abusos policiales y condenas por parte de la Defensoría del Pueblo y organismos de defensa de derechos LGBT. Caballero Rosa se dio además en un contexto de años de hostigamiento institucional en la ciudad contra personas pertenecientes a la diversidad sexual.
Historia La homosexualidad en Ecuador se despenalizó en 1997. Antes de ello, las relaciones entre personas del mismo sexo estaban criminalizadas con una pena de cuatro a ocho años de reclusión. Sin embargo, incluso luego de la despenalización, las personas LGBT continuaron sufriendo discriminación en ciudades como Guayaquil. A principios del , la alcaldía de la ciudad inició un plan conocido como Más Seguridad que tenía como objetivo reducir la delincuencia, pero que en la práctica implantó un modelo de expulsión forzada de personas consideradas «indeseables» de ciertos espacios públicos, con particular énfasis en personas LGBT y cualquiera que violara lo que las ordenanzas definían como «decoro y buenas costumbres». De esta forma, se volvió común que guardias de seguridad echaran de sitios considerados turísticos a personas que percibieran como LGBT.
En este contexto se ejecutó el operativo Caballero Rosa. Fue creado como un operativo permanente por orden del gobernador provincial de Guayas, Guido Chiriboga Parra, con el objetivo de «erradicar la presencia de travestis y transexuales» del sector del Barrio Orellana, según se indicaba en un boletín publicado por la propia gobernación. El operativo arrancó el 23 de julio de 2005 y para el 2 de agosto había resultado en 17 detenciones, realizadas en las calles Carchi, Tulcán, Los Ríos, Esmeraldas, Primero de Mayo y Aguirre. Para el 24 de agosto, la cifra había aumentado a 40 detenidos, aunque de acuerdo a la policía todos habían sido liberadas días después de su aprehensión.
El operativo generó numerosas críticas y denuncias de abuso, entre ellas de mujeres transgénero que indicaron haber sido golpeadas durante las detenciones policiales. Debido a las críticas, el gobernador Chiriboga Parra afirmó en un comunicado que «no se detiene a estas personas por su orientación sexual sino por la práctica de la prostitución y por realizar actos reñidos en contra de la moral en la vía pública». También alegó contar con el apoyo de ciudadanos que supuestamente le habrían comentado en «comunicados y llamadas que se sienten más seguros porque han bajado los índices delincuenciales y por el freno que también se ha puesto a las demostraciones inmorales que realizaban los homosexuales y travestis».
La organización LGBT Famivida y la Defensoría del Pueblo condenaron de forma pública el operativo policial. Neptalí Arias, activista dirigente de Famivida, puso una queja en el Comando de Policía del Guayas por los abusos cometidos por los uniformados durante la operación y exigió igualdad y respeto para las personas LGBT. La Defensoría del Pueblo convocó además a una audiencia pública, realizada el 16 de agosto, donde se reunieron con representantes de la policía, aunque ningún representante de la gobernación asistió. Durante la audiencia, Arias indicó que los propios partes policiales señalaban en la razón de las detenciones la orientación sexual, además de que las personas eran detenidas por más tiempo del límite legal.
Según señaló la activista LGBT Silvia Buendía en 2019, la respuesta al operativo Caballero Rosa representó una de las primeras ocasiones en que activistas LGBT de Guayaquil reclamaron públicamente contra los abusos de las autoridades locales, que llevaban años cometiendo vulneraciones similares al derecho de las personas LGBT de uso del espacio público.
Véase también Diversidad sexual en Guayaquil
Referencias
Bibliografía
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