La masacre de Tolata y Epizana, conocida a veces como masacre del Valle, fue una represión militar ejercida en Bolivia el 29 de enero de 1974 contra campesinos en el departamento de Cochabamba que bloqueaban carreteras en protesta por una serie de decretos económicos del gobierno de facto de Hugo Banzer. El hecho central ocurrió en dos localidades distintas y distantes entre sí, Tolata, en la provincia de Germán Jordán, y Epizana, en la provincia de Carrasco, y dejó un número de muertos y desaparecidos que nunca fue establecido con precisión.
La masacre marcó la ruptura del Pacto Militar Campesino, vigente desde el gobierno de René Barrientos en 1964, y aceleró la organización sindical campesina independiente que culminaría en 1979 con la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La Comisión de la Verdad del Estado Plurinacional de Bolivia la considera la primera masacre campesina cometida durante el ciclo de dictaduras que gobernó el país entre 1964 y 1982.
Antecedentes miniaturadeimagen|Hugo Banzer explica su política socioeconómica al campesinado, publicado en el periódico Presencia en 1974. miniaturadeimagen|Hugo Banzer, presidente de Bolivia entre 1971 y 1978. El campesinado parcelario surgido de la reforma agraria de 1953 se convirtió, después de la Revolución boliviana, en uno de los principales soportes sociales del Estado boliviano. Esa relación fue institucionalizada por el gobierno de René Barrientos a partir de 1964 mediante el Pacto Militar Campesino, un acuerdo con el cual las Fuerzas Armadas servían de interlocutor y protector del campesinado a cambio de su respaldo político. El gobierno de Hugo Banzer, instaurado mediante un golpe de Estado el 21 de agosto de 1971, se caracterizó por una represión sistemática de la oposición política y sindical: en 1974, el mismo año de la masacre, el Tribunal Russell de Roma lo declaró culpable de violaciones graves, repetidas y sistemáticas de los derechos humanos, en la misma categoría que las dictaduras de Brasil, Chile y Uruguay. El sindicalismo campesino en el departamento de Cochabamba, pionero en Bolivia desde la fundación de un sindicato agrario en Ucureña en 1936, había perdido autonomía debido al faccionalismo político y su dependencia de este pacto. Sin embargo, durante los dos años previos a 1974 comenzó a surgir una nueva generación de dirigentes, más jóvenes y con mayor acceso a la educación, que impulsó una renovación del movimiento y mostró una creciente voluntad de independencia.
Durante el gobierno de Hugo Banzer, la política económica favoreció de forma sistemática a los sectores exportadores en desmedro de la agricultura parcelaria. El gasto fiscal se incrementó en un 875,8 % entre 1972 y 1978, pero de una deuda externa contratada de 3400 millones de dólares hacia mediados de 1979, menos del 2 % se destinó al sector agropecuario tradicional. En ese mismo período, el poder adquisitivo de los salarios cayó cerca de un 30 %, y el de la producción campesina se deterioró en un 32,3 % entre 1972 y 1975.
El detonante inmediato fue la devaluación de octubre de 1972, que redujo en un 66,5 % el valor de la moneda boliviana sin que los bonos de compensación otorgados por el Gobierno lograran compensar la pérdida del poder adquisitivo. El 20 de enero de 1974, el gobierno promulgó nuevos decretos que elevaron en más de un 100 % los precios de productos básicos como el azúcar, el arroz, la harina, los fideos y el café, ninguno de los cuales se producía en los valles o el altiplano. A diferencia de los trabajadores asalariados, que recibieron un bono de compensación de 400 pesos bolivianos, el sector campesino quedó excluido de esta medida.
Cronología Quillacollo y los primeros bloqueos El 21 de enero, tras conocerse los decretos, un grupo de mujeres de los mercados de La Paz se concentró en la plaza Murillo en señal de protesta. Ese mismo día, más de 15 000 trabajadores de la ciudad iniciaron un paro de 48 horas, mientras los mineros declararon otro paro de 24 horas. Al día siguiente, 22 de enero, los obreros de la fábrica de calzados Manaco, filial de la empresa Bata, marcharon desde Quillacollo, bloqueando la carretera hacia Oruro y La Paz. Horas más tarde, tomaron como rehenes al jefe departamental de Tránsito, mayor Walter Mustafá, y a otros cuatro oficiales. Al amanecer del 23, las fuerzas del orden ocuparon Quillacollo, intervinieron militarmente la radioemisora local y detuvieron a sus operadores.
Ese mismo día se alcanzó un acuerdo, mediado por el monseñor Genaro Costas, obispo auxiliar de Cochabamba, mediante el cual los manifestantes accedieron a liberar a los rehenes a cambio de la retirada de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el acuerdo se rompió poco después, cuando nuevos grupos, esta vez con participación campesina, volvieron a bloquear la carretera para exigir la derogación de los decretos. En los enfrentamientos que siguieron murió un joven de 18 años que recibió el impacto de una bomba de gases lacrimógenos en el rostro, mientras que al menos otras seis personas resultaron heridas.
Bloqueo del Valle Alto A partir del 24 de enero, campesinos del Valle Alto bloquearon la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, inicialmente en los desvíos a Cliza (km 30) y a Punata (km 45). Para el 25 de enero, los bloqueos se extendían a lo largo de unos 100 kilómetros, desde la Angostura (km 20) hasta el desvío a Sucre en Epizana (km 126). En los días siguientes, el movimiento llegó a congregar entre 10 000 y 20 000 campesinos. La movilización estuvo encabezada en el Valle Alto por dirigentes como Jacinto Rojas, René Cabrera, Oswaldo Camacho y Juvenal Tenorio, y en Epizana por Casiano Vásquez. Los dirigentes procuraron mantener el movimiento al margen de banderas políticas. Asimismo, prohibieron expresamente el consumo de alcohol y la presencia de armas en los bloqueos, aunque algunos campesinos de Epizana portaban antiguos fusiles de la guerra del Chaco (1932-1935).
El 26 de enero, los campesinos de Sacaba se sumaron a las protestas mediante el bloqueo de la carretera al Chapare, mientras el Regimiento Blindado Tarapacá, procedente de La Paz, desfilaba por Cochabamba y Quillacollo. La noche del 28 de enero, ante la falta de resultados de las sucesivas comisiones negociadoras del Gobierno y de la Iglesia, Banzer decretó el estado de sitio en todo el país. El gobierno denunció un "plan subversivo internacional" y designó al general Juan Pérez Tapia como interventor militar de Cochabamba, con representación personal del presidente ante los campesinos.
En la mañana del 29 de enero, Pérez Tapia, que era quechuaparlante, se reunió por separado con los campesinos concentrados en Tolata y en Cuchupunata. En ambas reuniones alcanzó un acuerdo verbal con sus dirigentes, según el cual el presidente Banzer llegaría hasta el km 45, tras lo cual los bloqueos serían levantados. Al retirarse de la zona, cerca de las cuatro de la tarde, Pérez Tapia se encontró a la altura del km 18 con una columna militar integrada por seis tanques y ocho camiones, la mayoría de ellos volquetas municipales de Cochabamba, que avanzaba hacia el Valle Alto. El oficial al mando, mayor Cordero, respondió a sus objeciones que actuaba por "órdenes superiores" y continuó la marcha.
Las masacres miniaturadeimagen|Iglesia San Antonio de Tolata. Cuando la columna militar se acercó al bloqueo de Tolata, cerca de las cinco de la tarde, los campesinos, convencidos de que se acercaba el propio presidente, permanecieron en el lugar. Tras un intercambio verbal, se escucharon varias ráfagas de ametralladora procedentes de un vehículo blindado, con apoyo de aviones de combate de la Fuerza Aérea. Posteriormente, un soldado presente en el lugar afirmó haber visto "montones de cadáveres de campesinos amontonados como leña". El primer comunicado oficial informó de solo dos "bajas", cifra que contrastaba con los sepelios realizados durante esos días en los pueblos del Valle: ocho en Cliza, tres en Toco, dos en Tarata, dos en Tolata y uno en San Isidro. Un testigo afirmó haber visto hasta 42 cadáveres cargados en volquetas municipales con destino desconocido, mientras que otro observó el traslado de unas treinta camillas cubiertas con mantas militares a un avión de la Fuerza Aérea.
Tres horas más tarde, alrededor de las ocho de la noche, la represión se repitió en Epizana, una localidad situada a unos 127 km de la ciudad de Cochabamba, en la zona de transición montañosa hacia el oriente boliviano, alejada del Valle Alto. Entre 500 y 1000 campesinos se encontraban reunidos junto al puente de Epizana cuando efectivos del regimiento Manchego Ranger trasladado desde Santa Cruz de la Sierra en camiones, los rodearon por los cerros cercanos en una maniobra envolvente. Durante el enfrentamiento, un campesino hirió con un antiguo fusil a un soldado, en lo que sería la única baja confirmada del lado militar durante todo el conflicto. A partir de entonces el fuego de ametralladora se mantuvo intenso durante unos veinte minutos.
Los primeros informes registraron 15 muertos y 20 desaparecidos. Investigaciones posteriores permitieron identificar, por sus comunidades de origen, a siete de los campesinos fallecidos, procedentes de Loma Larga, Chilijchi, Mojopampa, Ch'alla, Pabellón y Chaupiloma. La cifra de desaparecidos, en cambio, continuó siendo objeto de estimaciones diferentes, situándola entre 12 y 25 personas. Se presume que varios de los cuerpos fueron arrojados al río, crecido por las lluvias, o a los barrancos de la carretera.
Sacaba y despeje de los últimos bloqueos Al día siguiente, 30 de enero, unos 400 campesinos desarmados que mantenían bloqueado el ingreso a Sacaba fueron dispersados con gases lacrimógenos y disparos, que dejaron al menos nueve heridos, trasladados a los hospitales Viedma y Militar de Cochabamba. Ese mismo día fueron despejados, sin mayores enfrentamientos, los bloqueos de la carretera Cochabamba-Oruro a la altura de Suticollo y Parotani, así como un bloqueo solidario realizado por campesinos de la provincia de Aroma, sobre la carretera La Paz-Oruro, donde se registraron entre 45 y 85 detenidos. Un tercer bloqueo, en la carretera Sucre-Cochabamba, fue levantado pacíficamente después de que las autoridades del departamento de Chuquisaca aceptaran que los campesinos incrementaran el precio de sus propios productos. El 31 de enero, el Comando de la VII División del Ejército declaró concluidas las operaciones militares.
Cifras de víctimas El número de muertos y desaparecidos en Tolata y Epizana nunca pudo establecerse de manera definitiva. Las cifras de los partes oficiales variaron durante los días posteriores a los hechos: el primer comunicado, emitido el 29 de enero, informó de solo dos bajas en Tolata, mientras que el informe final del Comando de la VII División de Ejército, fechado el 1 de febrero de 1974, reconoció 13 muertos, 10 heridos y 21 detenidos para el conjunto de la operación. Esta última cifra fue corroborada de forma independiente por la prensa boliviana décadas después.