El espionaje con Pegasus al Gobierno de España fue una serie de ataques informáticos contra los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros mediante Pegasus, un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Los ataques se produjeron principalmente entre 2020 y 2021 y fueron descubiertos y anunciados públicamente por el Gobierno de España en mayo de 2022.

Los análisis realizados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) detectaron infecciones o intentos de infección en los dispositivos de Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura Luis Planas. El Gobierno calificó inicialmente las intrusiones de «ilícitas y externas» al no haber sido realizadas por organismos estatales españoles ni contar con autorización judicial.

La Audiencia Nacional abrió una investigación en mayo de 2022 por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. El procedimiento fue archivado provisionalmente en julio de 2023 ante la falta de cooperación de las autoridades de Israel, reabierto en abril de 2024 a raíz de información remitida por la justicia francesa y archivado de nuevo provisionalmente en enero de 2026 al no haberse podido determinar la identidad de los responsables.

La autoría de los ataques no ha sido determinada judicialmente. Desde 2022 diversas investigaciones periodísticas señalaron a Marruecos como una posible fuente del espionaje, hipótesis relacionada con el uso atribuido a los servicios de inteligencia marroquíes de Pegasus y con la coincidencia temporal de algunas de las intrusiones con la crisis diplomática entre España y Marruecos de 2021. Una investigación periodística internacional publicada en julio de 2026 aportó nuevos elementos que vinculaban operaciones de Pegasus contra altos cargos españoles con una cuenta atribuida al servicio de inteligencia interior marroquí, aunque estas conclusiones no han dado lugar a una atribución judicial de los ataques.

Antecedentes

Pegasus

Pegasus es un programa de espionaje desarrollado por la compañía israelí NSO Group. Una vez instalado en un teléfono móvil puede permitir el acceso a mensajes, fotografías, correos electrónicos y otros archivos, así como activar de forma remota determinados sensores del dispositivo, entre ellos el micrófono y la cámara.

NSO Group ha afirmado que comercializa Pegasus únicamente con organismos gubernamentales y que su finalidad es combatir el terrorismo y la delincuencia grave. Sin embargo, investigaciones realizadas desde mediados de la década de 2010 documentaron su utilización contra periodistas, activistas, abogados, opositores políticos y cargos públicos de numerosos países.

El uso internacional de Pegasus dio lugar a diferentes investigaciones periodísticas y judiciales. En 2021, el denominado Pegasus Project, coordinado por Forbidden Stories con la participación de varios medios de comunicación y el apoyo técnico de Amnistía Internacional, analizó una base de datos de más de 50 000 números telefónicos seleccionados como posibles objetivos por clientes de NSO Group.

Catalangate El descubrimiento del espionaje contra miembros del Gobierno español se produjo en el contexto de la controversia conocida como Catalangate. El 18 de abril de 2022, el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicó una investigación en la que identificó al menos 65 personas relacionadas con el independentismo catalán cuyos teléfonos habían sido infectados o seleccionados como objetivos de Pegasus o del programa espía Candiru.

Entre las personas afectadas se encontraban políticos, abogados, activistas y miembros de organizaciones independentistas. Citizen Lab señaló la existencia de indicios circunstanciales que apuntaban a un vínculo con las autoridades españolas, aunque afirmó que no podía atribuir de forma concluyente las operaciones a una entidad concreta.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reconoció posteriormente haber intervenido las comunicaciones de 18 de las personas incluidas en las informaciones sobre el caso, en todos esos supuestos con autorización previa del magistrado del Tribunal Supremo encargado del control judicial del servicio de inteligencia. El Defensor del Pueblo examinó la documentación clasificada correspondiente y concluyó que esas 18 intervenciones se habían realizado conforme a la Constitución y a la legislación aplicable.

Aunque ambos episodios se hicieron públicos prácticamente al mismo tiempo y utilizaron el mismo programa informático, el espionaje sufrido por miembros del Gobierno y el Catalangate constituyen investigaciones distintas. En el Catalangate, el CNI reconoció determinadas intervenciones realizadas con autorización judicial; en cambio, en el caso de los miembros del Gobierno, las propias autoridades españolas fueron las denunciantes y calificaron las intrusiones de externas e ilícitas.

La publicación del informe de Citizen Lab llevó al Gobierno a reforzar la revisión de la seguridad de sus comunicaciones y a analizar los teléfonos utilizados por los miembros del Consejo de Ministros. Estos exámenes permitieron detectar posteriormente rastros compatibles con Pegasus en los dispositivos de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. La Audiencia Nacional abrió una investigación para identificar a los responsables de los ataques, sin conseguir determinar judicialmente su autoría.

La simultaneidad de ambos asuntos convirtió Pegasus en una controversia política de alcance nacional y abrió un debate sobre el control de los servicios de inteligencia, la seguridad de las comunicaciones gubernamentales, los límites de la vigilancia estatal y la regulación de los programas espía comerciales.

Descubrimiento del espionaje

Tras las revelaciones del Catalangate, el Gobierno ordenó revisar los teléfonos utilizados por sus miembros mediante las herramientas del Centro Criptológico Nacional. Los análisis detectaron rastros compatibles con Pegasus en los dispositivos del presidente del Gobierno y de varios ministros.

El 2 de mayo de 2022, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, convocaron una comparecencia extraordinaria en el Palacio de la Moncloa para anunciar que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles habían sido infectados.

Según la información facilitada inicialmente por el Gobierno, se habían detectado dos intrusiones en el dispositivo de Sánchez en mayo de 2021. En la primera se habrían extraído aproximadamente 2,6 GB de información y en la segunda unos 130 MB. Del teléfono de Robles se habrían extraído aproximadamente 9 MB en una intrusión producida en junio de 2021.

Bolaños afirmó que se trataba de intervenciones «ilícitas y externas». El Ejecutivo utilizó el término «externas» para señalar que las intrusiones se habían producido al margen de los organismos del Estado español y sin autorización judicial.

La revisión se extendió posteriormente a los teléfonos del resto de miembros del Consejo de Ministros.

Miembros del Gobierno afectados

Pedro Sánchez

El teléfono oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el dispositivo del que se extrajo el mayor volumen de información conocido inicialmente. El Gobierno anunció en mayo de 2022 dos intrusiones correspondientes a mayo de 2021, de las que se habrían extraído aproximadamente 2,6 GB y 130 MB respectivamente.

La documentación de la investigación judicial conocida posteriormente amplió el número de episodios detectados. Según el sumario de la Audiencia Nacional citado en enero de 2026, el dispositivo de Sánchez había registrado cinco infecciones o ataques entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. La extracción de mayor volumen conocida correspondía a mayo de 2021, cuando fueron transferidos aproximadamente 2,57 GB.

Las investigaciones no consiguieron determinar qué archivos concretos fueron extraídos del teléfono. El funcionamiento de Pegasus permite conocer el volumen de datos transmitidos pero no necesariamente reconstruir posteriormente el contenido que fue sustraído.

Margarita Robles

El teléfono oficial de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también presentó rastros de Pegasus. El Gobierno informó inicialmente de una infección producida en junio de 2021 de la que se habían extraído aproximadamente 9 MB de información.

La documentación judicial conocida posteriormente contabilizó cuatro ataques o infecciones contra su dispositivo entre mayo y octubre de 2021.

Fernando Grande-Marlaska

El 10 de mayo de 2022, después de revisar los teléfonos del resto del Consejo de Ministros, el Gobierno informó de que también se habían encontrado rastros de Pegasus en el dispositivo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La documentación judicial situó dos ataques contra su teléfono en junio de 2021. A diferencia de Sánchez y Robles, Grande-Marlaska utilizaba un dispositivo particular cuando se produjo la intrusión, según el informe elaborado posteriormente por el Parlamento Europeo.

Luis Planas

Los análisis del teléfono del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, detectaron un intento de infección mediante Pegasus correspondiente a junio de 2021. El Gobierno informó el 10 de mayo de 2022 de que el intento había resultado fallido.

La causa judicial incorporó posteriormente su dispositivo entre los investigados. La documentación del procedimiento contabilizó un ataque contra su teléfono en junio de 2021.

Otros posibles afectados

El informe de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre Pegasus recogió informaciones según las cuales también habría sido objeto de espionaje el teléfono de Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores durante la crisis diplomática con Marruecos de 2021. Sin embargo, no se pudo determinar el origen del supuesto ataque ni confirmar que el programa empleado fuera Pegasus.

Investigación judicial

Apertura de la causa

El 2 de mayo de 2022 la Abogacía General del Estado presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por las intrusiones detectadas inicialmente en los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles.

Al día siguiente, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, abrió diligencias previas por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El 5 de mayo, Calama declaró secreta la causa durante un mes y ofreció a Sánchez y Robles la posibilidad de personarse como perjudicados. El magistrado justificó la decisión por la posible existencia de información clasificada y por el riesgo de que el conocimiento público de las diligencias pudiera obstaculizar la investigación.

Tras descubrirse los ataques contra los teléfonos de Grande-Marlaska y Planas, la Abogacía del Estado amplió la denuncia y ambos casos fueron incorporados al procedimiento.

Diligencias

Durante la investigación declararon como testigos la entonces directora del CNI, Paz Esteban, y el funcionario del organismo encargado de elaborar los informes técnicos sobre las infecciones. El juez también citó como testigo a Félix Bolaños y solicitó diferentes informes al Centro Criptológico Nacional.

Uno de los principales objetivos de las diligencias fue obtener información de NSO Group acerca de las infecciones y de la identidad del cliente que pudiera haber utilizado Pegasus contra los miembros del Gobierno.

El 10 de mayo de 2022, Calama remitió una comisión rogatoria a Israel para solicitar información a NSO Group. Posteriormente pidió autorización para que una comisión judicial española pudiera desplazarse a Israel y tomar declaración como testigo al consejero delegado de la compañía.

Las peticiones fueron reiteradas y ampliadas en varias ocasiones sin obtener respuesta de las autoridades israelíes.

Primer archivo en 2023