La ley de nacionalidad saharaui es la ley que regula la nacionalidad y la ciudadanía en la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La RASD es un estado parcialmente reconocido que reclama la soberanía sobre la totalidad del territorio del Sahara Occidental, pero que solo administra una parte de él. La RASD también administra los campamentos de refugiados saharauis.
Cuando España renunció al Sahara español, no hubo un acuerdo de sucesión de estados reconocido internacionalmente que definiera los términos de la transferencia de autoridad a un nuevo estado nación. La soberanía ha sido disputada durante casi cincuenta años por la RASD y Marruecos, que se enzarzaron en una guerra abierta hasta 1991 y han estado involucrados en una guerra más limitada desde 2020.
A pesar de un alto el fuego negociado en 1991 y administrado por las Naciones Unidas a través de la MINURSO, que incluía la resolución de la cuestión de la sucesión del estado mediante un referéndum acordado por las partes en conflicto, el estatus legal del territorio no se ha resuelto, ya que dicho referéndum aún no se ha celebrado. En este contexto, Marruecos, cuya administración del Sahara Occidental es considerada por las Naciones Unidas como una ocupación extranjera, no tiene la autoridad legal para otorgar nacionalidad o ciudadanía al pueblo saharaui. Por lo tanto, dado que el pueblo del Sahara Occidental no ha podido ejercer un referéndum de autodeterminación de un modo reconocido por el derecho internacional, ni la ley de nacionalidad de Marruecos ni la de ninguna otra nación soberana puede serles impuesta. Por otro lado, la RASD nunca ha aprobado una verdadera ley de nacionalidad que regule la adquisición de la nacionalidad o la ciudadanía para el pueblo saharaui.
Como resultado, los saharauis que no viven bajo la autoridad de la RASD solo pueden adquirir los derechos de ciudadanía convirtiéndose en nacionales de un estado extranjero. Según el derecho internacional, el resto del pueblo saharaui se encuentra en un limbo legal de apatridia.
Aplicabilidad del derecho internacional Según el derecho internacional, los cuatro elementos implicados en la sucesión de un estado son: 1) un territorio definido, 2) una población permanente, y 3) un gobierno que sea 4) capaz de establecer acuerdos con otros estados. Habitualmente, el principio de uti possidetis iuris, que sostiene que los estados sucesores deben conservar la integridad de las fronteras del estado anterior, sustenta las políticas de transferencia de las Naciones Unidas y se ha utilizado típicamente en África.
Estrechamente ligados a esos derechos y obligaciones está el consentimiento de las personas involucradas para aceptar su cambio de jurisdicción o gobierno. En 1923, la Corte Internacional de Justicia de La Haya estableció el precedente de que una nación no puede imponer su nacionalidad a ciudadanos extranjeros sin su acuerdo. Posteriormente, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada el 14 de diciembre de 1960, especificó que las personas que habitaban un territorio colonial tenían derecho a la autodeterminación y a la libre elección sobre su independencia.
La nacionalidad difiere de la relación doméstica de derechos y obligaciones entre un nacional y la nación, conocida como ciudadanía. La nacionalidad describe la relación de un individuo con el estado bajo el derecho internacional; la ciudadanía es la relación interna de un individuo dentro de la nación. Algunas naciones usan los términos nacionalidad y ciudadanía como sinónimos, a pesar de su distinción legal. La nacionalidad suele obtenerse bajo el principio de jus soli, es decir, por nacimiento en el territorio, o jus sanguinis, es decir, por descendencia de alguien que es nacional del país. Sin embargo, también puede otorgarse a personas con un vínculo con el país o con un nacional (por ejemplo, a través del matrimonio), o a un residente permanente que haya vivido en el país durante un periodo de tiempo determinado mediante naturalización o registro. Cuando se establecen nuevos estados, habitualmente la nacionalidad se hace extensiva a todos aquellos que nacieron (o descienden de alguien nacido) en el territorio del nuevo estado, a aquellos que residían legalmente en ese territorio durante un período específico antes del establecimiento del nuevo estado, o a aquellos que residen habitualmente allí y que de otro modo se convertirían en apátridas tras la retirada de la nacionalidad por parte del estado predecesor.
Historia y antecedentes España estableció un protectorado en el Sahara español en 1884 mediante la firma de acuerdos con los líderes de los habitantes. Entre 1958 y 1975, el Sahara español fue catalogado como provincia española y, como tal, a cualquier persona nacida en el territorio se le confería la nacionalidad española. Marruecos obtuvo su independencia en 1956 y comenzó una campaña nacionalista para reconstruir el Gran Marruecos y adquirir cualquier territorio, por la fuerza si fuera necesario, que hubiera sido colonizado por franceses o españoles y que compartiera herencia, historia o idioma con Marruecos. Esos territorios incluían la totalidad de los protectorados francés y español, así como territorios vecinos o partes de territorios de Argelia, Malí, Mauritania, el Sahara español y otros. A partir de 1963, las Naciones Unidas intentaron resolver la cuestión del Sahara español, centrándose en la descolonización y la disputa territorial sobre el área entre Mauritania, Marruecos y España.
La Resolución 2229 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitida el 20 de diciembre de 1966, exigió que España consultara con las personas que habitaban sus territorios de Ifni y el Sahara español, y con los gobiernos de Mauritania y Marruecos u otras partes interesadas, y que programara un referéndum para que la población de esas áreas determinara las condiciones de su descolonización. La postura española era que la zona era una provincia de España y que la población tendría que solicitar la independencia. Los funcionarios mauritanos y marroquíes afirmaban tener vínculos históricos y culturales con la región que habían sido cortados por la colonización. Una misión visitadora en 1975 concluyó que los habitantes deseaban la independencia. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchó a todas las partes y el 16 de octubre de 1975 dictaminó que, si bien la zona tenía vínculos históricos con Marruecos y Mauritania, dichos lazos eran insuficientes para demostrar la soberanía de ninguno de los dos países sobre el territorio en el momento de la colonización española. Sobre esta base, dictaminaron que los habitantes tenían derecho a la autodeterminación.
La respuesta marroquí al fallo fue iniciar la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975 y anexionarse el Sahara español. El 14 de noviembre de 1975, España, Marruecos y Mauritania firmaron los Acuerdos de Madrid, comprometiéndose a establecer una administración transitoria cooperativa sobre el territorio, que a partir de entonces se conocería como Sahara Occidental. El 19 de noviembre de 1975, España aprobó la Ley 40, que requería la adopción de leyes para facilitar la descolonización del territorio. Pero Francisco Franco, jefe de Estado de España, murió al día siguiente y no se aprobó más legislación relativa a los procesos de descolonización hasta el 4 de junio de 1976, cuando se emitió el Real Decreto 2258. El decreto estipulaba que los saharauis que desearan conservar su nacionalidad española podían solicitarlo durante el plazo de un año, pero incluía la condición de que los solicitantes debían comparecer en España y no podían tramitar la solicitud a través de los servicios consulares.
El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario, un movimiento de liberación del Sahara Occidental, declaró la República Árabe Saharaui Democrática y estableció un gobierno en el exilio en Tinduf, Argelia. Estalló un conflicto militar entre la República Saharaui, Mauritania y Marruecos, que continuó hasta 1979, año en que Mauritania llegó a un acuerdo con el Polisario para abandonar sus reivindicaciones sobre el territorio. Ese año, Mauritania renunció a sus pretensiones sobre la zona y el monarca marroquí extendió la nacionalidad marroquí a los saharauis. La Asamblea General de la ONU instó a Marruecos en la Resolución 34/37 del 21 de noviembre de 1979 a sumarse al proceso de paz y permitir que los saharauis celebraran un referéndum de autodeterminación, pero los combates continuaron hasta 1988, cuando ambas partes acordaron un armisticio y la asistencia de la ONU para resolver la disputa. En 1991, la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) pidió que se programara el referéndum. Al no lograrse determinar quién tendría derecho a participar en el proceso, el proceso de paz se abortó y el referéndum no se celebró.
Desde entonces, no ha habido acuerdo sobre cómo definir al pueblo saharaui (ya sea basándose en el censo español de 1974, la inclusión de todas las tribus saharianas con lazos históricos con el territorio, o la población actual, que debido a las políticas marroquíes ha desplazado a personas nativas del territorio) ni sobre quién sería elegible para participar en un referéndum. Como tal, no se ha celebrado ningún referéndum para determinar si el pueblo saharaui consiente en fusionarse con otro estado o si desea la independencia, y cualquier nacionalidad impuesta al pueblo por entidades externas incumpliría las normas legales internacionales.
Normalmente, los requisitos para obtener la nacionalidad, es decir, la pertenencia legal formal a una nación, están regulados por la constitución del país, la ley de nacionalidad y los diversos acuerdos internacionales de los que el país es signatario. Estas leyes determinan quién es, o puede ser, nacional de un estado soberano. La dificultad a la que se enfrenta el pueblo saharaui es que, cuando España renunció a su control sobre el Sahara Occidental, no se llegó a ningún acuerdo que estableciera un estado sucesor ni transfiriera la soberanía, así como los derechos y obligaciones del estado. Las Naciones Unidas siguen considerando que España es legalmente la potencia administradora del territorio, y mantienen que Marruecos no tiene autoridad legal y es una potencia extranjera ocupante.
Sin embargo, Marruecos controla el 85 por ciento del país y la República Árabe Saharaui Democrática controla el quince por ciento restante. La República Saharaui es un territorio no autónomo parcialmente reconocido que reclama la soberanía sobre la totalidad del Sahara Occidental, pero que tiene una administración interna limitada solo sobre una porción del territorio y carece de soberanía reconocida externamente.
Intentos de resolución