El caso del vídeo sexual de Pedro J. Ramírez fue un procedimiento judicial y escándalo político y mediático ocurrido en España a partir de 1997, después de que fuera grabado clandestinamente y posteriormente distribuido un vídeo de contenido sexual protagonizado por el periodista Pedro J. Ramírez, entonces director de El Mundo, y Exuperancia Rapú Muebake.

La grabación fue realizada sin conocimiento de Ramírez el 6 de marzo de 1997 en un domicilio de Madrid. Una cámara instalada en el interior de un armario registró el encuentro entre el periodista y Rapú. Meses después, copias de la cinta fueron ofrecidas a distintos medios de comunicación y finalmente enviadas de forma anónima a numerosas personalidades públicas y medios españoles.

La investigación judicial acabó procesando a siete personas vinculadas a la grabación, comercialización o difusión de las imágenes, entre ellas el exgobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. En julio de 2002, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a seis de los acusados a penas de entre dos y cuatro años de prisión y absolvió a Vera al considerar que no existían pruebas suficientes para establecer su participación en los hechos. En diciembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó las condenas y la absolución de Vera.

El caso adquirió una importante dimensión política debido a la presencia entre los investigados de antiguos responsables de seguridad vinculados a los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González y a la interpretación mantenida por Ramírez y El Mundo de que la grabación formaba parte de una operación destinada a desacreditar al periodista por las investigaciones de su periódico sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y otros escándalos de la etapa socialista. La existencia de una operación política dirigida desde la cúpula del PSOE no quedó acreditada judicialmente y Rafael Vera, a quien inicialmente se atribuyó un papel relevante, fue finalmente absuelto.

Antecedentes

Durante la década de 1990, Pedro J. Ramírez, como director de El Mundo, desempeñó un papel destacado en la publicación de investigaciones relacionadas con los Grupos Antiterroristas de Liberación, el uso irregular de fondos reservados y otros escándalos que afectaron a altos cargos de los gobiernos socialistas de Felipe González.

En ese contexto se produjo el encuentro entre Ramírez y Exuperancia Rapú Muebake. Rapú declaró posteriormente que conocía a Ramírez desde 1989 y que ambos habían mantenido relaciones esporádicas desde entonces. Ramírez sostuvo, por el contrario, que el encuentro del 6 de marzo de 1997 había formado parte de una trampa preparada para grabarlo y posteriormente desacreditarlo.

Grabación del vídeo La filmación se realizó el 6 de marzo de 1997 en el domicilio de Rapú. Según quedó establecido en el procedimiento, José María González Sánchez-Cantalejo se ocultó en el interior de un armario del dormitorio y grabó el encuentro mediante una cámara de vídeo.

Las versiones de Ramírez y Rapú sobre las circunstancias del encuentro fueron discrepantes. Rapú manifestó durante el juicio que no había informado al periodista de la presencia de González Sánchez-Cantalejo, pero afirmó que ambos habían grabado anteriormente encuentros sexuales de mutuo acuerdo y que pretendía sorprenderlo. Ramírez negó esa versión y afirmó que aquella noche había sido víctima de una encerrona preparada para registrar su encuentro sexual y utilizar posteriormente las imágenes contra él.

Durante el proceso, la acusación de Ramírez sostuvo asimismo que Rapú pudo haberle suministrado alguna sustancia para alterar su voluntad. Rapú negó haberlo drogado, y las declaraciones de ambos sobre las circunstancias del encuentro mantuvieron importantes contradicciones durante el juicio.

Intento de comercialización Después de la grabación, González Sánchez-Cantalejo contactó con distintos periodistas y medios de comunicación con el objetivo de vender la cinta. Según las actuaciones judiciales, inicialmente se llegó a solicitar por ella una cantidad de alrededor de 300 millones de pesetas, aunque la cifra fue posteriormente rebajada.

Entre los medios a los que se ofrecieron las imágenes estuvo el Grupo Zeta, editor entonces de la revista Interviú. Tras varias reuniones, el grupo decidió no adquirir ni publicar el material. El entonces director de Interviú, Agustín Valladolid, reconoció posteriormente que la cinta había sido ofrecida a la revista, pero afirmó que se descartó su publicación al considerarse que carecía de interés periodístico suficiente.

Ángel Patón Pérez, antiguo colaborador de la Presidencia del Gobierno durante la etapa socialista, participó posteriormente en contactos relacionados con la posible venta de la cinta. La Audiencia de Madrid consideró probado que había contribuido a poner en contacto a los responsables de la grabación con posibles compradores.

Distribución del vídeo A comienzos de octubre de 1997 comenzaron a llegar por correo copias de la grabación a políticos, periodistas y otras personalidades públicas. Los envíos se realizaban en sobres con remitentes falsos y acompañados de un escrito atribuido a Exuperancia Rapú en el que se identificaba a los protagonistas del vídeo.

La mayor parte de los principales medios de comunicación españoles evitó inicialmente publicar las imágenes o informar detalladamente sobre ellas. El diario Ya, sin embargo, llegó a reproducir fotogramas de la grabación pese a una orden judicial que prohibía su difusión. Su director, Francisco Javier Gómez Bleda, fue posteriormente condenado tanto por el delito contra la intimidad de Ramírez como por desobedecer la prohibición judicial.

El 16 de octubre de 1997, Ramírez presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción dirigido por la magistrada Ana Revuelta por un presunto delito de revelación de secretos relativos a su vida sexual.

Investigación judicial

Detención de Exuperancia Rapú Tras la denuncia de Ramírez, Exuperancia Rapú fue detenida e ingresó en prisión provisional. Permaneció aproximadamente una semana encarcelada antes de ser puesta en libertad sin fianza.

Durante la instrucción, Rapú comenzó a identificar a distintas personas que, según su versión, habían participado en la preparación, financiación o difusión del vídeo. Entre ellas figuraban José María González Sánchez-Cantalejo, Ángel Patón, el exgobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu y el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

Rapú contó durante esa fase con la defensa del abogado penalista Jacobo Teijelo. A través de su abogado manifestó también que temía por su seguridad, lo que llevó a la jueza instructora a acordar medidas de protección policial.

José María González Sánchez-Cantalejo José María González Sánchez-Cantalejo, señalado como autor material de la grabación, permaneció durante varios meses en paradero desconocido después de la distribución de las cintas. Fue detenido en Madrid en febrero de 1998.

Según la investigación, González Sánchez-Cantalejo había grabado las imágenes desde el interior del armario y posteriormente había tratado de venderlas a diferentes medios de comunicación.

Investigación de Rafael Vera y José Ramón Goñi Tirapu La investigación alcanzó también al exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al exgobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu, ambos vinculados a los gobiernos socialistas de Felipe González.

Rapú declaró durante la investigación que había recibido dinero relacionado con la operación y vinculó su procedencia a Goñi Tirapu y, en último término, a Vera. El Mundo sostuvo a partir de esas declaraciones que el vídeo formaba parte de una operación organizada desde antiguos sectores del aparato de seguridad del Estado para vengarse de Ramírez por la publicación de informaciones relacionadas con los GAL.

Vera negó desde el comienzo cualquier participación en la grabación o difusión. Durante la instrucción llegó a figurar como imputado, pero en marzo de 1999 la jueza levantó temporalmente su imputación. Posteriormente volvió a sentarse en el banquillo durante el juicio celebrado en 2002.

Interpretación política del caso La difusión de la cinta se produjo poco después del final de los gobiernos de Felipe González y en un momento de fuerte enfrentamiento entre El Mundo y antiguos responsables socialistas por las investigaciones periodísticas sobre los GAL, los fondos reservados y otros episodios de corrupción y guerra sucia.

El propio periódico calificó los hechos como una conspiración política contra su director y llegó a describir el episodio como una prolongación de las prácticas asociadas a las llamadas «cloacas del Estado». Diversos dirigentes socialistas rechazaron esas acusaciones y negaron cualquier relación entre el PSOE y la grabación.

El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, calificó públicamente el episodio de «repugnante» y manifestó su disposición a comparecer ante el Congreso para explicar las actuaciones de su departamento. También expresaron públicamente su rechazo a la utilización de la vida privada de Ramírez dirigentes de distintas formaciones políticas, entre ellos Julio Anguita.

La sentencia definitiva no consideró probado que Rafael Vera hubiera intervenido en la operación, por lo que fue absuelto. Sí consideró acreditada la participación de José Ramón Goñi Tirapu y de otras cinco personas en distintos aspectos de la elaboración, comercialización o difusión de la grabación.

Juicio El juicio se inició en junio de 2002 ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid. Se sentaron en el banquillo siete acusados: Exuperancia Rapú, José María González Sánchez-Cantalejo, Ángel Patón, José Ramón Goñi Tirapu, Emilio Rodríguez Menéndez, Francisco Javier Gómez Bleda y Rafael Vera.

Las defensas cuestionaron, entre otros aspectos, la legalidad de la intervención de varias copias del vídeo en una oficina de Correos antes de que existiera una orden judicial. Seis de los siete abogados solicitaron la nulidad del procedimiento por considerar que se había vulnerado el secreto de las comunicaciones, alegaciones que no fueron aceptadas por el tribunal.

Durante las sesiones declararon tanto Ramírez como Rapú. Debido a las contradicciones de sus testimonios, el tribunal ordenó un careo entre ambos acerca de la naturaleza de su relación y de las circunstancias en las que se habían producido anteriores encuentros.

Sentencia de la Audiencia Provincial El 31 de julio de 2002, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia y condenó a seis de los siete acusados por su participación en el delito contra la intimidad de Pedro J. Ramírez.

Exuperancia Rapú, José María González Sánchez-Cantalejo y Ángel Patón fueron condenados a cuatro años de prisión cada uno por su participación en la preparación, grabación o difusión de las imágenes.

José Ramón Goñi Tirapu y Emilio Rodríguez Menéndez fueron condenados a dos años de prisión por su participación en las negociaciones relacionadas con la adquisición y difusión de la cinta.

Francisco Javier Gómez Bleda, director del diario Ya, fue condenado a dos años y medio de prisión y a una multa por vulnerar la intimidad de Ramírez y desobedecer la orden judicial que prohibía publicar fotogramas del vídeo.

Rafael Vera fue absuelto. La Audiencia consideró que las pruebas practicadas no permitían alcanzar una convicción más allá de toda duda razonable sobre su intervención en los hechos.

Las penas impuestas sumaban en conjunto dieciocho años y medio de prisión.

Sentencia del Tribunal Supremo Las partes recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo. En diciembre de 2004, la Sala Segunda confirmó sustancialmente la resolución de la Audiencia Provincial.