Catalino Orlando de Jesús Aguirre Gómez (San José, 23 de marzo de 1943) es un jurista, académico y magistrado costarricense. Cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en el Poder Judicial de Costa Rica, donde ha ejercido desde cargos operativos básicos hasta la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Su gestión en la alta cúpula judicial ha estado marcada por tensiones con el Poder Ejecutivo y valoraciones críticas en mediciones de opinión pública relacionadas a que, durante su presidencia, Costa Rica registro los tres años con más homicidios alcanzando un máximo de 905 en 2023 y una creciente mora judicial.

Primeros años y formación académica

Aguirre ingresó al Poder Judicial a una edad temprana en roles operativos de menor rango. Comenzó su carrera laborando como conserje en el Juzgado Civil de Puntarenas y posteriormente se desempeñó como citador y conductor de personas detenidas. A la par de su trabajo, completó la educación secundaria e ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de donde se graduó como Licenciado en Derecho en octubre de 1976 y Notario Público en enero de 1978.

En el ámbito docente, ha sido profesor de Derecho Procesal, Derechos Reales y Juicios Universales, además de instructor en la Escuela Judicial.

Trayectoria judicial

Carrera en la judicatura

Tras obtener su título profesional, Aguirre ocupó diversos puestos en la administración de justicia: 1976, Juez contravencional y de menor cuantia de Aserri. 1977, Juez contravencional y civil de menor cuantia de Tibas. 1977 a 1979, Actuario del juzgado segundo civil de San Jose. 1979 a 1983, Juez primero civil de San Jose. 1983 a 1989, Juez superior civil de San Jose.

Sala Segunda y Presidencia de la Corte En enero de 1989 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de asuntos laborales, de familia y juicios universales, asumiendo la presidencia de dicha Sala en 1991. El 26 de septiembre de 2022, la Corte Plena lo eligió como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al asumir el cargo, planteó entre sus prioridades la descongestión de asuntos en la Corte Plena, el traslado de trámites administrativos a otros órganos auxiliares y el combate a la mora judicial.

Controversias y tensiones políticas La gestión de Aguirre Gómez al frente de la Corte Suprema de Justicia ha estado atravesada por enfrentamientos políticos y cuestionamientos a las actuaciones de la judicatura en materia penal y de ejecución de la pena.

Liberación de privados de libertad y roces con el Ejecutivo Uno de los puntos de fricción recurrentes con el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Ejecutivo ha sido el otorgamiento de beneficios de libertad condicional a reclusos condenados por delitos graves como homicidios o agresiones sexuales.

Desde el Ejecutivo se ha criticado que los Juzgados de Ejecución de la Pena concedan medidas alternativas apartándose del criterio técnico negativo del Instituto Nacional de Criminología. Mientras las autoridades de Gobierno señalan que estas liberaciones impactan la seguridad ciudadana, la representación del Poder Judicial presidida por Aguirre ha sostenido que las recomendaciones del INC no son vinculantes para los jueces, quienes deben mantener independencia de criterio aplicando principios de proporcionalidad y reinserción social.

Choques institucionales con el Gobierno En el marco de discusiones sobre la lucha contra el crimen organizado y la seguridad nacional, ministros y voceros del Gobierno han vertido fuertes críticas contra el Poder Judicial. Figuras del Ejecutivo han llegado a declarar que el crimen organizado se encuentra infiltrado en la estructura judicial costarricense, e incluso las tensiones escalaron al punto de acusaciones mutuas y señalamientos de «golpe de estado» o interferencia entre poderes de la República, en medio de protestas y manifestaciones públicas organizadas por sectores críticos a las políticas gubernamentales.

Evaluaciones de opinión pública y rechazo ciudadano En el tramo más reciente de su ejercicio en la Presidencia de la Corte, evaluaciones demoscópicas han reflejado una percepción ciudadana predominantemente negativa sobre su figura y la de otros altos jerarcas de la institucionalidad judicial.

Según estudio de la firma OPol Consultores de agosto de 2026 sobre figuras políticas e institucionales asociadas a protestas y bloques de oposición al Gobierno Orlando Aguirre Gómez se situó al final de la lista de figuras públicas evaluadas en dicho estudio, registrando el balance negativo más alto de la medición, con una cifra neta del -48,1%. La desaprobación hacia su gestión y su rol público supera el 60% de opinión negativa entre las personas que afirman conocerle, ubicándose en los niveles más bajos de popularidad respecto a otros actores de los poderes del Estado. Estos resultados han sido señalados por analistas como un reflejo del desgaste en la confianza pública hacia el sistema judicial y del impacto de la retórica política en torno a la impunidad, la mora en la resolución de causas y la percepción de inseguridad en el país.

Referencias

Categoría:Jueces de Costa Rica Categoría:Abogados de Costa Rica Categoría:Magistrados de Costa Rica Categoría:Alumnado de la Universidad de Costa Rica