La Guerra de Villarrica fue una serie de operaciones militares y de contrainsurgencia ejecutadas por el Estado colombiano entre 1954 y 1957 contra las autodefensas campesinas de filiación comunista y la población civil de Villarrica y el oriente del departamento del Tolima, en la región del Sumapaz. Enmarcado dentro del período conocido como La Violencia y desarrollado bajo la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, el conflicto se produjo en el contexto de la política anticomunista impulsada por el Gobierno tras la ilegalización del Partido Comunista Colombiano en 1954, alineada con la lógica de la Guerra Fría
El conflicto se desató luego de la detención de dirigentes comunistas como Isauro Yosa, el «Mayor Líster», en noviembre de 1954, y se intensificó tras el asesinato del capitán Alfredo Rojas ese mismo mes, hecho que el Gobierno atribuyó a la insurgencia comunista. En abril de 1955 el Ejército declaró «zona de operaciones militares» a ocho municipios del oriente del Tolima y desplegó cerca de nueve mil efectivos, entre ellos el Batallón Colombia, recién regresado de la Guerra de Corea, contra un sistema defensivo campesino de trincheras conocido como «La Cortina». La ofensiva incluyó bombardeos aéreos con bombas de napalm de fabricación nacional, en lo que se ha señalado como el primer uso documentado de tácticas militares profesionalizadas —aprendidas por oficiales colombianos en Corea— dentro del marco de La Violencia. thumb|250px|El general Gustavo Rojas Pinilla presidente de Colombia durante la Guerra de Villarrica. Como resultado, miles de campesinos fueron desplazados o recluidos en centros de concentración, como el establecido en Cunday, mientras los combatientes sobrevivientes emprendieron columnas de marcha hacia el sur del Tolima —Marquetalia y Riochiquito— y otras regiones del país, donde se reorganizaron como guerrillas móviles. Por esta razón, la historiografía sobre el conflicto armado interno de Colombia considera la Guerra de Villarrica un antecedente directo de la formación de las FARC-EP. Algunos autores han caracterizado el enfrentamiento como una temprana forma de guerra asimétrica en el país, dada la desproporción entre el poder de fuego estatal y la capacidad de las milicias campesinas, aunque el episodio permaneció en buena medida invisibilizado en la memoria histórica oficial del país debido a la censura de prensa que impuso el régimen sobre lo ocurrido en la zona.
Antecedentes
El movimiento agrario y las autodefensas campesinas Desde las décadas de 1920 y 1930, la región de la provincia del Sumapaz y el oriente del departamento del Tolima consolidaron un fuerte movimiento agrarista. Bajo el liderazgo de figuras como Erasmo Valencia y, posteriormente, del dirigente comunista Isauro Yosa (conocido como el «Mayor Líster»), los colonos y arrendatarios de la zona organizaron ligas campesinas para exigir la titulación de tierras y el fin de los regímenes de aparcería en las grandes haciendas cafeteras.
Durante la primera fase de La Violencia (1946-1953), tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la persecución oficial contra las agrupaciones campesinas e izquierdistas forzó la transformación de estas ligas agrarias en «autodefensas de masas», de carácter estático y defensivo, cuyo propósito era salvaguardar los territorios, los cultivos y la vida de las comunidades frente a las incursiones de los grupos paramilitares conservadores conocidos como «chulavitas» o «pájaros».
En ese contexto, a comienzos de 1950 un grupo de cerca de trescientas familias liberales, encabezadas por el campesino Gerardo Loaiza, se había asentado en la hacienda El Davis, en jurisdicción de Rioblanco, como núcleo de resistencia armada frente a la violencia bipartidista. Poco después llegó al mismo lugar Isauro Yosa al frente de un centenar de familias de orientación comunista que huían de la persecución en Chaparral y Natagaima, dando origen a una convivencia entre guerrillas «limpias» (liberales) y «comunes» (comunistas) que, con el tiempo, derivaría en tensiones internas y en la fragmentación del movimiento agrario del sur del Tolima.
La ruptura de 1953 y la ilegalización del comunismo En junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder mediante un golpe de Estado y decretó una amnistía general para poner fin a la guerra civil. Si bien la mayoría de las guerrillas de filiación liberal —como las comandadas por Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales— entregaron sus armas, las autodefensas campesinas de filiación comunista del Sumapaz y el oriente del Tolima mantuvieron una postura de desconfianza ante el nuevo régimen militar y optaron por esconder su armamento en lugar de entregarlo. Aunque se pactaron treguas locales efímeras, las comunidades agrarias se negaron a desmovilizarse por completo mientras el gobierno no garantizara reformas estructurales en la tenencia de la tierra, la inversión social y el cese de la persecución política; para el régimen, la persistencia de estos enclaves autónomos representaba un desafío directo a la autoridad del Estado.
El panorama se polarizó radicalmente en el marco de la Guerra Fría. Bajo la influencia de la doctrina de seguridad nacional estadounidense y del macartismo, el gobierno de Rojas Pinilla catalogó la resistencia campesina no como un conflicto social por la tierra —heredero de décadas de lucha de los colonos contra los latifundios—, sino como una amenaza de subversión internacional ligada al bloque soviético. El detonante institucional ocurrió el 14 de septiembre de 1954, cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), controlada por el régimen, sancionó el Acto Legislativo N.º 6 de ese año, que declaró «prohibida la actividad política del comunismo internacional» en todo el territorio nacional. Esta reforma, adoptada apenas tres semanas después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara su propia Ley de Control Comunista, otorgó plenas facultades legales y militares al Ejecutivo para perseguir de manera sistemática a las organizaciones agrarias del Tolima, preparando el terreno para la declaratoria de la región como zona de operaciones militares a comienzos de 1955.
En noviembre de 1954, el Ejército detuvo al Mayor Líster durante un acto público, episodio que —junto a la muerte de dos dirigentes agrarios en el mismo operativo— es señalado por sobrevivientes como el hecho que encendió la sublevación armada y dio inicio a la Guerra de Villarrica propiamente dicha.
Desarrollo de las operaciones
La ofensiva militar de 1955 El 28 de marzo de 1955 el coronel Cuéllar Velandia, recién nombrado jefe civil y militar del Tolima, denunció ante la prensa una «agitación comunista» en Ortega y Villarrica y anunció el inicio de una «drástica limpieza» en la región. Pocos días después, el 4 de abril de 1955, el comando del destacamento «Sumapaz» de las Fuerzas Armadas distribuyó volantes entre la población anunciando que los municipios de Icononzo, Pandi, Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica y Cabrera habían sido declarados «zona de operaciones militares». La declaratoria impuso un toque de queda entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m., prohibió la venta de licor y exigió un salvoconducto expedido por el comando militar para poder transitar por la zona, so pena de que quienes lo incumplieran fueran «tratados por las tropas del ejército como enemigas de la zona de operaciones». El aislamiento se completó con un empadronamiento general de la población y con el control militar del abastecimiento de alimentos hacia los municipios cercados, lo que en la práctica configuró un bloqueo económico sobre la región.
Para ejecutar la ofensiva, el Ejército desplegó al Batallón Colombia, unidad que acababa de regresar de la Guerra de Corea y que aplicó por primera vez en territorio nacional la doctrina de contrainsurgencia y las tácticas de patrullaje y ataque a objetivo limitado aprendidas en el conflicto asiático. Frente al avance de las tropas, las autodefensas campesinas habían levantado «La Cortina», un sistema defensivo de al menos doce kilómetros de longitud, con dos líneas de trincheras desde las que protegían el tránsito de la población civil y se comunicaban mediante señales de cuerno para advertir a las familias, que se refugiaban en cuevas y cambuches en el monte. Los combates más intensos se concentraron entre mayo y la segunda semana de junio de 1955. thumb|250px|Bomba de Napalm, combustible que se utilizó en esta guerra. Uso de armas incendiarias y guerra aérea Ante la resistencia de «La Cortina», el Ejército recurrió al bombardeo aéreo. El 6 de junio de 1955 el presidente Rojas Pinilla autorizó a la Fuerza Aérea Colombiana el uso «discreto» de bombas de napalm exclusivamente para esta operación. Entre el 7 y el 10 de junio, siete aviones B-26 adquiridos en Estados Unidos lanzaron al menos cincuenta bombas de napalm sobre la vereda La Colonia, considerada por ambos bandos el centro simbólico y logístico del movimiento agrario del oriente del Tolima
Según la reconstrucción periodística realizada posteriormente por Silvia Galvis y Alberto Donadío a partir de cables diplomáticos desclasificados, en mayo de 1955 el Gobierno colombiano había adquirido cerca de 3.000 bombas de napalm, un combustible gelificado que al detonar alcanza temperaturas cercanas a los 700 grados centígrados. El embajador de los Estados Unidos en Bogotá objetó inicialmente la operación por considerar que se trataba de un arma «de terror» cuyo empleo podría ser condenado en el resto del continente; sin embargo, ante la insistencia del alto mando militar colombiano —que se había fijado como plazo el 8 de junio, fecha de conmemoración del golpe de Estado de Rojas Pinilla, para dar por terminada la ofensiva— la misión aérea estadounidense en Bogotá terminó prestando asesoría técnica a la Fuerza Aérea Colombiana para la preparación de las bombas Los propios autores resumieron el episodio como un artefacto de «manufactura múltiple: asesoría norteamericana, materia prima europea y mano de obra colombiana»
Los bombardeos, unidos al avance de la infantería, lograron el 10 de junio de 1955 la ocupación de La Colonia, cuartel general de las autodefensas y punto de quiebre de «La Cortina». Sobrevivientes describieron escenas de pánico ante los ataques aéreos y los incendios provocados en el monte y en las viviendas por las bombas incendiarias Pese a la caída de su principal bastión, columnas guerrilleras y núcleos de población civil continuaron replegándose y combatiendo de forma intermitente durante el resto de 1955, mientras el Ejército mantenía el control militar de la «zona de operaciones» y ampliaba el radio de sus patrullajes hacia veredas vecinas como Mercadilla, Cuinde Blanco, Guanacas, Cuatro Mil, Mundo Nuevo y Lozanía.
Ocupación, centros de concentración y repliegue guerrillero Tras la toma de La Colonia, el Ejército impulsó una política de control poblacional sobre el oriente del Tolima que combinó el traslado forzoso de campesinos hacia «centros de trabajo» bajo vigilancia militar con la reclusión de presuntos colaboradores de la guerrilla en un campo de concentración habilitado en el municipio de Cunday, donde llegaron a estar detenidas cerca de 250 personas, entre ellas Isauro Yosa. Se calcula que alrededor de 4.000 personas fueron trasladadas a estos centros entre 1955 y 1956 La estrategia buscaba, de manera similar a otros conflictos contrainsurgentes de la época, separar a la población civil de las columnas armadas y despojar a estas últimas de su base social y logística en la región