Las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana de 2026 son un proceso de diálogo político iniciado en junio de 2026 entre representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez y de la Asamblea Nacional electa en 2015, con una participación central de Estados Unidos. Las conversaciones están orientadas a la reorganización institucional, el restablecimiento de garantías políticas y electorales y la eventual celebración de nuevas elecciones en Venezuela.

El primer acercamiento público entre las partes se produjo el 18 de junio y las negociaciones formales comenzaron el 6 de agosto en Caracas, encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera. La primera ronda concluyó el 12 de agosto con acuerdos para renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y realizar gestiones conjuntas para recuperar activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra.

Antecedentes

Procesos de diálogo previos Durante los gobiernos de Hugo Chávez y, especialmente, de Nicolás Maduro, el oficialismo y la oposición venezolana recurrieron en numerosas oportunidades a mecanismos de diálogo y negociación para intentar resolver la prolongada crisis política del país. Entre ellos estuvieron las conversaciones de 2016, el proceso desarrollado en República Dominicana entre 2017 y 2018, las negociaciones de Barbados de 2019 y el proceso iniciado en México en 2021. Aunque algunos de estos mecanismos produjeron acuerdos parciales, liberaciones de detenidos y compromisos electorales, ninguno consiguió una solución duradera a la crisis ni una normalización del sistema político. Las conversaciones de México condujeron finalmente al Acuerdo de Barbados de octubre de 2023, mediante el cual el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática pactaron garantías políticas y electorales de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Crisis de 2024 Las autoridades venezolanas violaron el Acuerdo de Barbados durante 2024. Se mantuvo la inhabilitación política de María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras de 2023, y aumentaron las detenciones y restricciones contra dirigentes y activistas opositores. Estados Unidos, que había flexibilizado determinadas sanciones económicas después de la firma del acuerdo, revirtió parcialmente esas medidas al considerar que el gobierno de Maduro no estaba cumpliendo compromisos electorales fundamentales. Machado fue sustituida como candidata por Edmundo González Urrutia, quien concurrió a las elecciones presidenciales del 28 de julio con el apoyo de la principal coalición opositora.

El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador de las elecciones de 2024, pero no publicó resultados desagregados por mesa que permitieran verificar la cifra anunciada. La oposición rechazó el resultado oficial y difundió copias de actas electorales recopiladas por sus testigos con las que sostuvo que González había obtenido la mayoría de los votos. El Centro Carter, una de las pocas organizaciones internacionales autorizadas a observar los comicios, concluyó que la elección no había cumplido los estándares internacionales de integridad electoral y que los resultados proclamados por el CNE no podían ser verificados de manera independiente. La controversia electoral abrió una nueva etapa de confrontación política y dejó prácticamente agotado el marco de negociación construido desde México y Barbados.

Intervención estadounidense de 2026 El escenario cambió de forma abrupta el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en Venezuela y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió posteriormente la presidencia de manera interina, mientras buena parte de la estructura estatal y militar que había sostenido al chavismo permaneció inicialmente en funciones. Durante los meses siguientes, el gobierno interino introdujo cambios en algunas de las políticas de la etapa anterior y se produjo una progresiva recomposición de las relaciones con Estados Unidos, al mismo tiempo que comenzaron a discutirse mecanismos para una eventual normalización institucional y electoral.

La permanencia de instituciones controladas durante años por el chavismo, la inexistencia de un resultado electoral reconocido de manera generalizada tras los comicios de 2024 y la necesidad de definir un mecanismo político para nuevas elecciones mantuvieron abierta la cuestión de la legitimidad institucional. En ese contexto comenzaron durante el primer semestre de 2026 los contactos que desembocarían en las negociaciones entre el gobierno interino y representantes de la oposición. Las nuevas conversaciones se produjeron, sin embargo, bajo condiciones sustancialmente distintas de los procesos anteriores: Maduro ya no ejercía el poder, el gobierno encabezado por Rodríguez dependía de una relación estrecha con Washington y la discusión dejó de concentrarse únicamente en condiciones para una elección inmediata para abarcar también la reorganización de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Reconocimiento estadounidense a la Asamblea Nacional de 2015 Estados Unidos mantuvo durante los años posteriores a las elecciones parlamentarias de 2015 el reconocimiento de esa legislatura como la última Asamblea Nacional elegida democráticamente en Venezuela. A finales de 2022, la mayoría de los antiguos diputados aprobó poner fin al gobierno interino de Juan Guaidó y sustituir parte de su estructura por una comisión encargada, entre otras funciones, de la administración de activos venezolanos en el extranjero. La reorganización produjo además una progresiva reducción de la representación partidista activa dentro de la continuidad institucional de la Asamblea de 2015, que terminó concentrándose principalmente en dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular. En enero de 2023 fue elegida una nueva junta directiva encabezada por Dinorah Figuera.

La desaparición del gobierno interino no supuso que Washington retirara su reconocimiento a la legislatura. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró en enero de 2023 que continuaba considerando a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática existente en Venezuela. Ese reconocimiento adquirió nueva relevancia en 2026, cuando la Asamblea de 2015 fue utilizada como referencia institucional para conformar la representación opositora en las negociaciones y Figuera, en su condición de presidenta del órgano, pasó a encabezar la delegación.

Inicio del proceso

Primer acercamiento izquierda|miniaturadeimagen|267x267px|Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera durante el primer acercamiento entre el gobierno venezolano y la oposición, en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, el 18 de junio de 2026. El primer acercamiento público entre las partes se produjo el 18 de junio de 2026, cuando Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, sostuvieron una reunión en Caracas. Figuera había regresado al país desde su exilio en España en el contexto de las gestiones promovidas por Estados Unidos para abrir un nuevo canal de negociación. El encuentro fue presentado por Washington como el inicio de conversaciones vinculadas con una eventual transición democrática y con la reconstrucción de las instituciones políticas venezolanas.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron conformar una mesa técnica y política paritaria encargada de elaborar una agenda de trabajo con objetivos y plazos. Sin embargo, el desarrollo inmediato del proceso quedó condicionado por los terremotos del 24 de junio, que provocaron una grave emergencia humanitaria y desplazaron temporalmente la discusión política hacia las labores de atención y reconstrucción.

Durante las semanas posteriores, Rodríguez rechazó que la emergencia fuera utilizada para acelerar decisiones sobre la renovación de los poderes públicos. Consultado sobre el vencimiento del plazo constitucional asociado a la ausencia de Nicolás Maduro y sobre una eventual reorganización del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sostuvo que el gobierno no estaba en condiciones de concentrarse en esos asuntos mientras continuara la atención de los damnificados. Afirmó que no tenían «cabeza para estar preocupándonos del TSJ ahorita» y calificó como una «grosería» que los dirigentes políticos se reunieran para decidir la composición del CNE y del TSJ en medio de la emergencia.

Formalización de la agenda El 14 de julio, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera anunciaron la reanudación del proceso y acordaron iniciar a partir del 1 de agosto una agenda conjunta. Aunque ambas partes mantuvieron énfasis distintos en sus declaraciones públicas —el oficialismo destacó inicialmente la atención a la emergencia provocada por los terremotos, mientras la representación opositora insistió en la reinstitucionalización democrática—, la agenda posteriormente ratificada por las delegaciones incorporó asuntos políticos, institucionales, electorales y sociales.

Entre los temas difundidos para las negociaciones se encontraban:

la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de junio de 2026; el fortalecimiento y la reinstitucionalización democrática; la protección de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas; la reforma y renovación de los poderes públicos, particularmente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral; el restablecimiento de garantías para la participación de partidos y dirigentes políticos; la definición de condiciones y garantías electorales; y la elaboración de una hoja de ruta y un cronograma para la celebración de futuras elecciones.

La inclusión de la reforma del TSJ y del CNE supuso una ampliación respecto del énfasis público inicial del gobierno. Semanas antes, Rodríguez había rechazado que la emergencia por los terremotos fuese utilizada para discutir de inmediato la composición de esos organismos y había afirmado que el Ejecutivo no tenía «cabeza para estar preocupándonos del TSJ ahorita». Durante la instalación formal de la mesa el 6 de agosto, sin embargo, las delegaciones ratificaron la agenda institucional y acordaron desarrollar un primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto.

Negociaciones

Primera ronda La primera ronda formal de negociaciones comenzó el 6 de agosto de 2026 en Caracas, después de varios días de retraso respecto de la fecha inicialmente prevista.

Durante la instalación de la mesa, las delegaciones acordaron desarrollar un primer ciclo de trabajo hasta el 12 de agosto y organizar las discusiones alrededor de dos áreas principales: la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio y el fortalecimiento institucional y democrático. Las partes adoptaron como principios de funcionamiento la negociación de buena fe, el reconocimiento recíproco, la igualdad y el trato paritario entre las delegaciones, la búsqueda de una solución política, pacífica, democrática y constitucional, el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos políticos y humanos.

Las discusiones se desarrollaron con escasa información pública sobre el contenido de las reuniones. Durante el ciclo, organizaciones sindicales y grupos de ciudadanos realizaron concentraciones en Caracas para exigir mayor transparencia e inclusión de asuntos laborales, sociales y relacionados con los presos políticos en la agenda negociadora.