El caso Sepur Zarco fue un proceso judicial desarrollado en Guatemala en el año 2016, que dio como consecuencia la primera condena a nivel mundial dictada por un tribunal nacional por delitos de esclavitud sexual y esclavitud doméstica cometidos durante un conflicto armado interno. Este proceso fue causado para denunciar las vulneraciones cometidas contra la población civil maya q'eqchi' por personal militar durante la guerra civil guatemalteca.
Contexto histórico miniaturadeimagen|Collage de imágenes relacionadas con el conflicto armado interno de Guatemala, contexto histórico en el que ocurrieron los hechos del caso Sepur Zarco. Durante la Guerra Civil de Guatemala, entre 1978 y 1983, se registró la etapa más violenta, cuando el Estado implementó una estrategia de contrainsurgencia basada en la Doctrina de Seguridad Nacional. Bajo esta doctrina, el ejército identificó como "enemigos internos" a comunidades indígenas enteras, acusándolas de apoyar a la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), generando distintas masacres, desapariciones forzadas y políticas de "tierra arrasada". Dichas acciones ocasionaron más de 200 000 muertos y desaparecidos, de los cuales el 83% eran indígenas mayas Específicamente, la comunidad maya q’eqchi’ de Sepur Zarco, sufría una historia de despojo de tierras que se remontaba a la época colonial y se profundizó con las dictaduras liberales del siglo XIX.
En la década de 1970, los líderes q’eqchi’ se organizaron en comités agrícolas para legalizar sus tierras ancestrales, que habían sido convertidas ilegalmente en latifundios privados. Los terratenientes locales, sintiéndose amenazados por estos reclamos legales, acusaron a los líderes indígenas de ser insurgentes con la intención de asegurar la intervención del ejército. A partir de 1982, el ejército instaló un destacamento militar en Sepur Zarco como área de "descanso y recreación", lo que desencadenó una serie de crímenes sistemáticos. El ejército detuvo, torturó y desapareció forzadamente a los líderes campesinos que reclamaban tierras. Al menos siete hombres, familiares de las mujeres sobrevivientes del caso Sepur Zarco, fueron desaparecidos de esta forma.
Tras la desaparición de los hombres, 15 mujeres q'eqchi' fueron forzadas a trasladarse cerca del destacamento. Durante meses y hasta seis años, fueron obligadas a cocinar, lavar uniformes (usando su propio jabón y maíz) y fueron sometidas a violaciones sexuales sistemáticas y colectivas por parte de la tropa. Las mujeres eran inyectadas a la fuerza o se les sometía a medicamentos desconocidos para evitar embarazos de los soldados. Los soldados quemaron hogares, destruyeron cultivos y asesinaron animales. Muchas mujeres huyeron a las montañas, donde sus hijos murieron de hambre, frío y enfermedades debido a la persecución militar constante. Entre los hechos más polémicos, fue el de Dominga Coc, quien fue violada y asesinada junto con sus dos pequeñas hijas. La violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra para destruir la dignidad de la mujer y, con ello, fragmentar el tejido social de la comunidad. Las sobrevivientes cargaron durante décadas con el estigma de ser llamadas "mujeres del ejército", enfrentando el rechazo de su propio pueblo.
Víctimas involucradas Las víctimas de los abusos en el caso Sepur Zarco fueron principalmente 15 mujeres mayas q’eqchi’ y 7 hombres líderes comunitarios de la región del Valle del Polochic, Guatemala. Las denunciantes fueron las propias sobrevivientes, hoy conocidas respetuosamente como las "Abuelas de Sepur Zarco".
Mujeres sobrevivientes: +Nombre TestimonioRosa Tiul“Cuando vivía con mi esposo teníamos de todo: casa, vacas, aves, ahorrábamos un poco y por sobre todo, no comprábamos maíz ni chile, pero cuando a él lo matan ya no pudimos trabajar la tierra” “El Ejército lo trató como si fuera un animal, los soldados parecía que no sentían dolor y que actuaban por gusto, porque no había delito, él solo defendía la tierra donde vivíamos y era promotor de salud de la comunidad, inyectaba a la gente, daba pastillas para el paludismo, ayudaba en lo que podía”Velásquez Nimatuj, Irma Alicia (2019). La justicia nunca estuvo de nuestro lado: Peritaje cultural sobre conflicto armado y violencia sexual en el caso Sepur Zarco, Guatemala. Hegoa / Universidad del País Vasco. p. 49. ISBN 978-84-16257-45-4.Candelaria Maas Sacul"Me sentí bien, un poco aliviada, cuando declaré todo lo que viví durante el conflicto armado interno. Sé que no somos las únicas que pasamos por esto, sino que hay otras. Y me siento feliz de saber que nosotras las mujeres pudimos encontrar justicia."María Bá Caal"Todo se acabó y en medio de las cenizas el comisionado me dijo que debía trasladarme a Sepur Zarco” “Me quedé con la destrucción de mi familia, sin casa, que fue quemada por los soldados, quemaron toda la comida y la ropa. Por todo lo que hicieron, cada noche íbamos a quedarnos al monte”Felisa Cuc“Los soldados tenían un listado con los hombres que tenían que llevarse y allí se llevaron a mi esposo” Al mes de la desaparición de su esposo fue víctima de abuso sexual en el destacamento militar de Sepur Zarco, “las veces que los soldados quisieron”.Rosario Xo"Hemos abierto el camino para que otras mujeres no tengan miedo de hablar y contar lo que vivieron.” Refiriéndose a las acciones que empezaron para dar justicia a su caso.Vicenta Col Pop“Nos miraban como mujeres indígenas, por eso hacían lo que querían al violarnos, no podíamos defendernos de las violaciones porque nos enseñaban las armas, por eso teníamos que dejarnos. Además, aprovechaban el momento en que llegaban a patrullar para llevarse y violar a las mujeres”Margarita Chuc Choc“Se lo llevaron los militares en 1982 y no tenía delito, únicamente por defender la tierra en donde vivimos, decía el patrón que era de él, el supuesto dueño de las tierras, pero no era cierto, mi esposo decía que los campesinos íbamos a ganar la tierra, y por eso se lo llevaron, destruyendo nuestra familia”Cecilia Caal"Yo quedé viuda durante el conflicto armado interno. Yo tenía 30 años cuando los militares le quitaron la vida a mi esposo. Él no era ladrón, ni hacía nada malo. Sino que él trabajaba para mantener a la familia. Cultivaba maíz, frijol y arroz. El conflicto me separó de mi esposo y dividió a mi familia. Mi esposo estuvo como alcalde auxiliar y en el Comité de Tierras, durante el conflicto armado interno, cuando lo desaparecieron. Nosotros estábamos acá en La Esperanza y de acá se llevaron a mi esposo."Magdalena Pop“Todo se cambió, antes tenía una familia tranquila en la aldea, tenía animalitos, pero todo se terminó” “Fue hasta que poco a poco, junto a otras mujeres de la comunidad, que empecé a contar mi dolor, a sacar esto que quedó aquí, mi tragedia, mi sufrimiento de adentro y de afuera”.Carmen Xol Ical"Yo soy viuda porque vinieron a capturar a mi esposo y se lo llevaron. A veces pensamos que lo fueron a tirar a un río. Hasta la fecha no hemos podido encontrar sus restos, sus huesos. Y ya llevamos varios años en la búsqueda. Mi esposo se llamaba Heriberto Choc Tzi. Estaba amaneciendo cuando vinieron los militares a la casa."Demecia Yat"Lo que yo viví durante el conflicto armado en nuestra comunidad fue que desaparecieron nuestros esposos. Mi esposo se llama Juan Choc. Lo capturaron y amarraron aquí en la comunidad La Esperanza y se lo llevaron al destacamento militar de la finca Tinajas. Cuando se llevaron a mi esposo pasé al destacamento militar de Tinajas, pero me dijeron que tal vez estaba en Panzós. Fui hasta allá al destacamento militar de Panzós pero no encontré nada. Yo iba junto a mis dos hijos." "Nos sacaron de este lugar (La Esperanza) y nos mandaron a vivir a Sepur Zarco, ahí nos juntamos con gente de otras comunidades. Porque si nos quedábamos acá, nos acusaban de dar comida a los guerrilleros y además quemaron nuestras casas. En la comunidad había comisionado militares que mandaban a las viudas a trabajar al destacamento militar. Teníamos que cocinarles frijol, arroz y hacerles tortillas a los militares."Catarina Caal"Lo que viví en el conflicto armado fueron 6 años de vivencia, debajo la montaña. Para poder salvar la vida, por culpa de los militares. En los años 80 desapareció mi esposo hasta el momento yo no sé donde pueda estar. Mis hijos y yo tuvimos que aguantar hambre y frío en la montaña." Aunque el proceso fue iniciado por 15 mujeres, la sentencia reconoció reparaciones individuales para 11 sobrevivientes.
Mujeres asesinadas:
La señora Dominga Coc (o Cuc) Anita Seb Coc Hermelinda Coc
Hombres víctimas de desaparición forzada: Antonio Sub Coc Manuel Cac Santiago Cac Bá Pedro Cac Bá Abelardo Coc Heriberto Coc Tzi (o Heriberto Choc) Juan Choc.
Inicio del proceso judicial La denuncia fue presentada formalmente en septiembre de 2011 por 15 mujeres sobrevivientes del pueblo maya q'eqchi', llamadas abuelas Zarco. Tras décadas de silencio y haber enfrentado el estigma y rechazo en sus propias comunidades (donde eran llamadas "mujeres del ejército"), las víctimas decidieron buscar justicia.
En este proceso fueron acompañadas por la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, conformada por tres organizaciones clave:
Mujeres Transformando el Mundo (MTM): Organización encargada de la estrategia jurídica y el litigio estratégico. Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG): Centrada en el empoderamiento político y la estrategia de comunicación. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP): Responsable del acompañamiento emocional y apoyo psicosocial para procesar el trauma.
En 2014, las sobrevivientes se organizaron legalmente como la Colectiva Jalok U ("Cambiando de mirada" en q'eqchi') para constituirse como querellantes adhesivas en el proceso penal, logrando así tener voz propia y participación activa en el juicio.
Investigación del caso Ante el tiempo transcurrido y la ocultación de información estatal, el testimonio de las sobrevivientes se constituyó como la prueba fundamental del proceso judicial. Para garantizar la fluidez de estos relatos, la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad (MTM, UNAMG y ECAP) implementó una estrategia psicojurídica que preparó a las 15 mujeres q'eqchi' para enfrentar el entorno judicial minimizando la revictimización. Debido a la avanzada edad de las víctimas, en el año 2012 se realizaron audiencias de anticipo de prueba grabadas en video, asegurando así la validez de sus declaraciones para el debate oral posterior.
La evidencia física fue obtenida mediante exhumaciones realizadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). En la Finca Tinajas, lugar donde se había construido el destacamento militar, se localizaron 51 osamentas de hombres indígenas que presentaban signos de violencia, como manos y pies atados, ojos vendados y heridas de bala, lo que permitió probar científicamente las desapariciones forzadas de los esposos de las sobrevivientes. Asimismo, en las orillas del río Roquepur se recuperaron prendas de vestir pertenecientes a la fallecida Dominga Coc y sus 2 hijas menores. El tribunal acreditó un total de 18 peritajes técnicos en los que participaron 26 expertos multidisciplinarios para fundamentar los testimonios y contextualizar los crímenes:
Sociológico-militar: Héctor Rosada explicó las líneas de mando del ejército y detalló cómo la violencia sexual fue utilizada como una estrategia militar premeditada bajo la Doctrina de Seguridad Nacional para castigar a comunidades catalogadas como "enemigo interno". Arquitectura forense: Se utilizaron modelos computarizados y en 3D para reconstruir el destacamento de Sepur Zarco, demostrando que, por la cercanía entre los dormitorios de los oficiales y las áreas de servicio, era imposible que los mandos ignoraran las violaciones sistemáticas.