El atentado de Tlajomulco de 2023 fue un ataque con explosivos ocurrido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, el 11 de julio de 2023, cuando personal de la Fiscalía de Jalisco y policías municipales acudían a un punto tras un reporte sobre un supuesto hallazgo de restos humanos, hecho que autoridades vincularon con una emboscada previamente planeada.

El ataque fue señalado como uno de los más brutales y elaborados por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que han tenido un aumento significativo en el uso de explosivos artesanales.

Antecedentes Los ataques con artefactos explosivos han sido raros en México, remontándose a algunas organizaciones guerrilleras como la seguidilla de ataques realizados por el Ejército Popular Revolucionario contra oleoductos o instalaciones de Pemex en julio de 2007, pero viéndose de manera esporádica al inicio del inicio de la Guerra contra el narcotráfico en México. El primer atentado de gravedad ocurrió en Ciudad Juárez, el 15 de julio de 2010, que mato a dos civiles, dos policías e hirió de gravedad a otros doce personas. Durante la década del 2020, el uso de artefactos explosivos improvisados por parte de los cárteles de la droga en México ha alcanzado niveles críticos e históricos, consolidándose como una herramienta táctica común en sus disputas criminales y ataques directos a las fuerzas federales y otros enemigos.

El 6 de julio de ese mismo año, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Grupo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) del Ejército Mexicano desactivaron un coche bomba abandonado en la ciudad de Teocaltiche, cabecera del municipio homónimo tras un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, demostrando que esta clase de ataques se estaban replicando rápidamente. El artefacto estaba diseñado con una trampa mecánica configurada para activarse mediante la manipulación de los controles internos del vehículo, lo que representaba un peligro inmediato al intentar operarlo.

En Jalisco, la búsqueda de personas desaparecidas y el hallazgo de indicios asociados a fosas clandestinas han sido temas recurrentes en este periodo, y el ataque ocurrió en el marco de un despliegue tras un reporte sobre posibles restos humanos. En cuando a la desaparición forzada, Jalisco es uno de los estados con mayor prevalencia de este delito, que hombres en 9 de cada 10 casos. De las 13,866 denuncias activas hasta diciembre del 2022, el 57 por ciento se presentó en los últimos cuatro años, esto es, 7,873 casos.

Ataque La agresión ocurrió en la noche del 11 de julio de 2023. Reportes periodísticos y comunicados oficiales señalaron que, cuando los elementos se encontraban en el área, detonaron explosivos improvisados (mencionados como siete artefactos explosivos) que causaron la muerte de cuatro policías, dos civiles y más de 15 resultaron heridas, además de importantes daños materiales a vehículos.

En los reportes internacionales se describió que el ataque estuvo dirigido contra un convoy integrado por funcionarios estatales y policías municipales que acudían a verificar el reporte. De acuerdo con las versiones difundidas por el gobierno de Jalisco y la Fiscalía estatal, el ataque se desencadenó después de que se atendiera un reporte relacionado con la posible existencia de restos humanos en un sitio del municipio. El estado señaló que el reporte habría sido utilizado como “trampa” para atraer a los uniformados al lugar.

Las autoridades informaron que el ataque dejó un saldo de seis personas fallecidas y 14 heridas (las cifras de lesionados reportadas en distintas notas se ubicaron alrededor de una decena y media, con actualizaciones posteriores). Entre las víctimas mortales se reportó la presencia de agentes de la Fiscalía y policías municipales, además de civiles. Según testigos, escucharon cinco explosiones y observaron el incendio, llegando a pensar que una tormenta se aproximaba, pero cuando salieron de sus propiedades, vieron que varias mujeres estaban asustadas y llorando según mencionan los habitantes.

También hubo acciones de resguardo del área, atención médica a personas lesionadas y medidas orientadas a la seguridad en el municipio, además de que se reportó la suspensión temporal de labores relacionadas con los reportes de hallazgos mientras se revisaban protocolos.

El 31 de julio del mismo año, se reportó una nueva explosión en una zona del ataque donde no se realizaron labores de peritaje, señalando que fueron plantados en el mismo periodo del ataque. Después del incidente (donde no hubo heridos y solo hubo un par de cráteres) las autoridades confirmaron que ampliarían el perímetro de búsqueda para evitar el abandono de posibles explosivos abandonados.

Investigación y proceso penal Posteriormente, autoridades informaron sobre detenciones de personas presuntamente relacionadas con el ataque. Entre los nombres reportados por medios se mencionó a Samuel “N” y Sergio Julián “N”, detenidos en el mismo municipio el 17 de julio, vinculándolos a proceso días después. Más adelante, se reportó que ambos fueron vinculados a proceso por delitos asociados como homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, y asociación delictuosa, siendo vinculados a proceso y la medida cautelar de dos años de prisión preventiva.

Los familiares de las madres buscadoras han mencionado la apatía de las autoridades y como apenas tres personas responsables del ataque han sido arraigadas.

Reacciones El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, calificó el hecho como un “acto de terror brutal”.

Por su parte, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el ataque y señaló que se investigaba si el contacto telefónico usado para citar al personal provenía o no de integrantes de colectivos de búsqueda, en el contexto de versiones encontradas, además de negar que el ataque sea considerado un atentado terrorista, limitando el suceso como un acto de provocación por parte del crimen organizado.

Además, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco negó haber participado o haber recibido la llamada mencionada por autoridades. Véase también Atentados en Ecuador del 1 de noviembre de 2022 Atentado de Ciudad Juárez de 2010

Referencias

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