La ocupación ilegal en Estados Unidos (en inglés, squatting) es la toma y el uso de un terreno o un inmueble ajeno —por lo general deshabitado o abandonado— por parte de quien no es su propietario ni su arrendatario ni cuenta con autorización legal para ocuparlo. Históricamente, hubo ocupaciones durante la colonización del Medio Oeste, cuando los colonos europeos fueron fijando sus derechos sobre la tierra, y durante la fiebre del oro de California. En Texas, la ocupación acompañó a la colonización angloamericana desde la década de 1820 y, tras la guerra de 1846-1848, numerosos angloamericanos disputaron sus tierras a los antiguos propietarios mexicanos. También hubo ocupaciones durante la Gran Depresión, en los poblados de chabolas conocidos como Hoovervilles, y durante la Segunda Guerra Mundial. Los poblados de chabolas reaparecieron en el país tras la Gran Recesión (2007-2009) y, en la década de 2010, un número creciente de personas ocupó viviendas ejecutadas valiéndose de documentos fraudulentos. En algunos casos, un ocupante puede llegar a adquirir la propiedad del bien mediante la usucapión.

Diversos colectivos vecinales han recurrido a la okupación —término que, escrito con «k», designa la ocupación de inmuebles con una motivación política— como táctica para reclamar mejores condiciones de vivienda y para alojar a las personas sin hogar. La organización ACORN impulsó una campaña de alcance nacional en 1979. La organización Operation Homestead ocupó 300 viviendas en Seattle a comienzos de la década de 1990. En Nueva York, los okupas ocuparon 32 edificios, y la Urban Homesteading Assistance Board (UHAB) ayudó después a legalizar algunos de ellos.

Historia

Colonización del Medio Oeste miniaturadeimagen|El Territorio del Noroeste en 1787.

Colonos sin títulos legales de propiedad, llamados despectivamente «ocupantes ilegales» (squatters), llevaban años desplazándose hacia el Medio Oeste antes de 1776. Durante las décadas de 1760 y 1770 avanzaron cada vez más siguiendo el curso del río Ohio y en ocasiones se enfrentaron y compitieron con los pueblos indígenas. Las autoridades británicas reaccionaron con indignación: querían que el Oeste quedara reservado para los indígenas, pero poco podían hacer para frenar a los colonos estadounidenses. Gran Bretaña perseguía desde hacía tiempo el objetivo de establecer un Estado tapón indígena en el Medio Oeste que sirviera para frenar la expansión estadounidense hacia el oeste.Dwight L. Smith, «A North American Neutral Indian Zone: Persistence of a British Idea», Northwest Ohio Quarterly, 1989, 61(2-4), pp. 46-63 (en inglés).

Tras la victoria en la Revolución estadounidense, el nuevo gobierno se planteó expulsar a los ocupantes de unas tierras que ahora eran terrenos públicos de propiedad federal.Alan Brown, «The Role of the Army in Western Settlement: Josiah Harmar's Command, 1785-1790», Pennsylvania Magazine of History and Biography, 93(2), pp. 161-172. en línea (en inglés). En 1785, un destacamento al mando del general Josiah Harmar fue enviado al territorio de Ohio con la orden de destruir las cosechas e incendiar las viviendas de cuantos ocupantes encontrara asentados allí. En términos generales, la política federal consistía en trasladar a los indígenas a tierras del oeste —como el Territorio Indio situado en la actual Oklahoma— y sustituir a un reducido número de cazadores por una gran cantidad de agricultores.Richard White, «It's Your Misfortune and None of My Own»: A New History of the American West, University of Oklahoma Press, 1991, pp. 137-143 (en inglés).Sobre la política federal, véase Benjamin Horace Hibbard, A History of the Public Land Policies, 1924. en línea (en inglés).Sobre los colonos y ocupantes, véase Everett Dick, The Lure of the Land: A Social History of the Public Lands from the Articles of Confederation to the New Deal, University of Nebraska Press, 1970, pp. 9-69. en línea (en inglés).Matthew Hill, «"They are not surpassed … by an equal number of citizens of any equal country in the world": squatter society in the American West», American Nineteenth Century History, 2023. (en inglés).

El Congreso debatió en repetidas ocasiones cómo legalizar los asentamientos. Los whigs, como Henry Clay, querían que el gobierno obtuviera los mayores ingresos posibles y aspiraban a asentamientos estables, de clase media y respetuosos de la ley, capaces de sostener a las ciudades y a los banqueros. Los demócratas jacksonianos, como Thomas Hart Benton, buscaban en cambio el apoyo de los agricultores pobres, que se multiplicaban con rapidez, disponían de poco dinero en efectivo y estaban ansiosos por adquirir tierras baratas en el Oeste. Los demócratas no querían un gobierno de gran tamaño, y mantener bajos los ingresos públicos favorecía ese objetivo. Evitaban además términos como «ocupante ilegal» (squatter) y consideraban «colonos de verdad» a quienes obtenían el título de una tierra, se establecían en ella y luego la mejoraban construyendo una casa, despejando el terreno y sembrando cultivos.

Varios mecanismos facilitaron la colonización legal de los territorios del Medio Oeste: la especulación con la tierra, las subastas federales de terrenos públicos, las concesiones de tierras otorgadas a los veteranos del ejército en lugar de una paga y, más adelante, los derechos de preferencia (preemption) reconocidos a los ocupantes. Con el tiempo, a medida que se despojaban de su imagen de gente al margen de la ley y se reinventaban como pioneros, los ocupantes pudieron comprar cada vez con mayor facilidad —y al precio mínimo— las tierras en las que se habían asentado, gracias a las diversas leyes de preferencia aprobadas entre las décadas de 1810 y 1840. En Washington, los demócratas jacksonianos defendían los derechos de los ocupantes, mientras que los whigs, próximos a los intereses de la banca, se oponían. Se impusieron los demócratas.

Leyes de asentamiento tras 1862

Las leyes de asentamiento rural (Homestead Acts) reconocieron legalmente el principio del homestead y lo distinguieron de la ocupación ilegal, ya que ofrecían a los colonos una vía legal para ocupar tierras «sin dueño». El presidente Abraham Lincoln promulgó la Homestead Act de 1862, concebida para favorecer el reparto de las tierras «despobladas» del Oeste. La ley se aplicaba tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los inmigrantes. Exigía un compromiso de cinco años, durante los cuales el adjudicatario debía construir una vivienda de doce por catorce pies (unos 3,7 por 4,3 metros) y cultivar o trabajar la parcela que se le asignaba, de 160 acres (unas 65 hectáreas). Transcurridos esos cinco años de aprovechamiento efectivo del terreno, el solicitante podía solicitar la escritura de la propiedad, para lo cual debía enviar la documentación a la Oficina General de Tierras (General Land Office) de Washington D. C.; desde allí, «las reclamaciones válidas recibían la titularidad plena y libre de cargas».

California Durante y después de la fiebre del oro de California (1848-1855), la población del territorio se disparó —de unos 15.000 habitantes en 1848 a 265.000 en 1852— y una avalancha de recién llegados ocupó tierras, muchas de ellas parte de las grandes concesiones ganaderas mexicanas, los ranchos de los californios. La Ley de Tierras de California de 1851 obligó a los titulares de las concesiones españolas y mexicanas a demostrar sus títulos ante una comisión: de las 813 reclamaciones examinadas se confirmaron 604, pero la carga de la prueba recaía sobre los propietarios y el proceso, lento y costoso, podía prolongarse durante años. Mientras se dirimían los pleitos, colonos y ocupantes anglosajones se instalaban en los ranchos y, cuando un título se rechazaba y la tierra pasaba al dominio público, reclamaban esas parcelas por derecho de preferencia; entre las ventas forzosas para costear la defensa, los litigios y la presión de los ocupantes, la mayoría de los californios acabó perdiendo sus tierras. El motín de los ocupantes (Squatters' Riot) de 1850 fue un enfrentamiento entre los ocupantes y el gobierno de Sacramento. En las décadas de 1970 y 1980, la minería del oro volvió a plantear problemas en lugares como Idaho. En 1975 se denunciaron más de 2000 explotaciones ilegales en California, y el Servicio Forestal de los Estados Unidos intervino frente a lo que denominó «intrusión por ocupación» (occupancy trespass).

Texas

En Texas, la ocupación de tierras acompañó a la colonización angloamericana desde la década de 1820. Cuando el gobierno mexicano abrió el territorio de Coahuila y Texas a los colonos extranjeros, muchas familias se asentaron sin cumplir todos los requisitos legales y se convirtieron en ocupantes de hecho; en 1834, unos comisionados de tierras terminaron por expedir títulos tanto a esos ocupantes de larga data como a los recién llegados. Tras la independencia de Texas en 1836 y su anexión a Estados Unidos en 1845, la República y más tarde el estado de Texas trataron de regularizar esas situaciones mediante las concesiones por derecho de asentamiento (headrights) y los llamados «títulos para ocupantes» (pre-emption grants), que permitían a quienes ya vivían en un terreno adquirir su propiedad al precio mínimo.

Las tierras mexicanas tras la guerra de 1848

La guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848) llevó al sur de Texas no solo a soldados, sino también a numerosos angloamericanos que enseguida disputaron a los mexicanos el control de la tierra, de modo que las concesiones españolas y mexicanas —algunas muy antiguas— se convirtieron en foco de conflicto. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra en 1848, garantizaba en sus artículos VIII y IX la propiedad de los mexicanos que quedaban en el lado estadounidense; sin embargo, el Senado de Estados Unidos suprimió el artículo X, que amparaba expresamente las concesiones de tierras, y el tratado no fijó ningún procedimiento para validar esos títulos. Ante esa indefinición, muchos antiguos propietarios mexicanos al norte del río Bravo quedaron en una situación jurídica incierta. Una comisión encabezada por William H. Bourland y James B. Miller y, más tarde, los tribunales confirmaron numerosas concesiones, pero el proceso fue lento y costoso, y bastantes propietarios mexicanos acabaron perdiendo sus tierras por la vía judicial, mediante ventas forzadas o ante la presión de los recién llegados.

La antropóloga Martha Menchaca ha analizado los medios «legales e ilegales» por los que los mexicanos del suroeste —Texas incluido— perdieron sus concesiones de tierras, en un proceso en el que la jerarquización racial fue recortando sus derechos de propiedad. Aquella población incluía a numerosos habitantes de ascendencia indígena y mestiza —entre ellos, indios cristianizados y de habla española que habían sido ciudadanos de México—; aunque el tratado los naturalizó de forma colectiva como ciudadanos estadounidenses, los distintos estados aplicaron de manera desigual las cláusulas de ciudadanía y la legislación racial acabó negándoles en la práctica muchos derechos, lo que menoscabó también su capacidad para conservar la tierra. El historiador David Montejano enmarcó ese despojo en las relaciones de poder entre anglos y mexicanos que se fueron configurando en Texas a partir de 1836.David Montejano, Anglos and Mexicans in the Making of Texas, 1836–1986, University of Texas Press, 1987 (en inglés). La historiografía mexicana describe en términos semejantes la experiencia de la población mexicana de Texas tras 1848: hacendados y rancheros de origen mexicano fueron hostigados, despojados de sus tierras y, en algunos casos, expulsados. En las fuentes mexicanas, a quienes se instalaban en tierras ajenas sin título se les denominaba «paracaidistas» o «posesionarios».