Mullin contra Doe, consolidado con el caso Trump contra Miot, es un caso pendiente de la Corte Suprema de los Estados Unidos relativo a la finalización del estatus de protección temporal (TPS) para haitianos y sirios por parte de la segunda presidencia de Donald Trump.En una sentencia de 6 a 3 dictada el 25 de junio de 2026, la Corte falló siguiendo criterios ideológicos, allanando el camino para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pusiera fin a las protecciones de que disfrutaban unos 350 000 haitianos y 6 000 sirios.
El juez Samuel Alito redactó el fallo mayoritario, en el que sostenía que la disposición legal que prohíbe «la revisión judicial de cualquier resolución» relacionada con la designación del TPS era «clara» y «muy amplia». La jueza Elena Kagan, junto con las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, disintieron. Dado que la sentencia sostenía que los tribunales no pueden revisar la mayoría de las rescisiones del TPS, los comentaristas señalaron que ello ponía en peligro las protecciones de los casi 1,3 millones de personas de 17 países que en ese momento estaban inscritas en el programa.
Antecedentes
Doe contra Noem En septiembre de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció la finalización del TPS para los sirios. En octubre de 2025, el International Refugee Assistance Project presentó Doe contra Noem impugnando la finalización.
Miot contra Trump En junio de 2025, Noem anunció la finalización del TPS para los haitianos. En julio de 2025, un grupo de haitianos que buscaban una demanda colectiva presentó Miot contra Trump impugnando la finalización. En febrero de 2026, la jueza Ana C. Reyes bloqueó la orden de finalización de Noem y el DHS, afirmando que Noem no tenía la autoridad para poner fin al estatus y que sus argumentos para hacerlo eran deficientes y estaban motivados por consideraciones raciales. Su fallo cita a Trump denigrando previamente a los inmigrantes haitianos al repetir el bulo del consumo de mascotas en Springfield, y a Noem llamándolos «sanguijuelas», «adictos a los subsidios» e «invasores extranjeros». Después de que la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia se negara a suspender el fallo de Ana C. Reyes, la Corte Suprema concedió al gobierno una apelación de emergencia.
Corte Suprema El 16 de marzo de 2026, la Corte Suprema concedió el certiorari antes de la sentencia.
El 29 de abril de 2026, el procurador general D. John Sauer argumentó en representación de la administración Trump, Ahilan Arulanantham argumentó en representación de Doe y Geoffrey Pipoly argumentó en representación de Miot. Durante los alegatos orales,*la jueza Jackson preguntó: «¿cuál era el sentido de que el Congreso creara esta ley y estableciera requisitos para la Secretaria si nadie tenía la posibilidad de impugnar el cumplimiento de la Secretaria?». La jueza Sotomayor dijo: «Lo que básicamente está diciendo es que el Congreso redactó una ley sin ningún propósito». La administración argumentó que el proceso de revisión está «confiado a las ramas políticas» y que no existe revisión judicial de la revisión del TPS por parte de la administración.Sauer afirmó que «los intentos de los demandados de crear excepciones a la prohibición de revisión la vaciarían de contenido, porque prácticamente cualquier impugnación sustantiva podría reformularse como una reclamación procesal, como demuestran sus propias reclamaciones».
Cuando la jueza Barrett le preguntó «si se trata solo de una especie de ejercicio de marcar casillas, es decir, ¿por qué permitiría el Congreso la revisión del aspecto procesal cuando, en realidad, lo que a todos les importa mucho más es el fondo?», Arulanantham respondió: «Creo que es porque el Congreso, y nosotros también, y los millones de personas que conviven con los beneficiarios del TPS tienen cierta fe en el gobierno, y creen que, si hay consulta, las decisiones serán mejores». La jueza Jackson señaló que el requisito procesal «no es inusual», como ocurre con la Ley de Procedimiento Administrativo. La jueza Sotomayor dijo: «esta es una reclamación de debido proceso; nunca hemos dicho qué determinación final es importante para el debido proceso».
Las juezas Sotomayor y Jackson hicieron referencia a Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp. en relación con las opiniones raciales de Donald Trump, opiniones que, según la jueza Jackson, la jueza Reyes encontró «esclarecedoras». Sotomayor le dijo a la administración: «no hace mucho vinieron y dijeron que todo funcionario ejecutivo debe responder ante el Presidente» y «Noem dijo que estaba siguiendo la política del Presidente. (...) Así que no sé cómo no podemos atribuir lo que el Presidente dijo que era su política cuando ella misma dice que la está siguiendo». Sauer dijo: «Es la tercera vez que se presenta este tipo de reclamación. Los tribunales inferiores están encariñados con esta clase de reclamaciones, pero esta es la tercera vez que este tipo de reclamación llega ante este Tribunal. La rechazó en Hawái, la rechazó en Regents, y debería rechazarse de nuevo aquí». El juez Roberts dijo que Hawái versaba sobre «restricciones de entrada (...) Aquí, nos ocupamos de (...) extranjeros que ya están presentes. Su argumento es una ampliación significativa de Trump contra Hawái». Sauer dijo, sobre Webster contra Doe: «no sostenemos que la prohibición de revisión judicial se extienda a la reclamación constitucional».
Decisión
La Corte dictó su fallo el 25 de junio de 2026. En una resolución de 6 votos contra 3, dividida según las líneas ideológicas habituales, sostuvo que la ley del TPS impide la revisión judicial de las reclamaciones no constitucionales y que era improbable que los recurridos haitianos prosperaran en su reclamación basada en la cláusula de igual protección, revocando así a los tribunales inferiores, que habían aplazado las terminaciones. El juez Samuel Alito redactó la opinión de la Corte, salvo en cuanto a la Parte III–A. El presidente de la Corte Suprema John Roberts y los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh se sumaron en su totalidad; los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett se sumaron salvo en la Parte III–A, lo que convirtió esa parte en una opinión de pluralidad.
Alito escribió que la ley no admite «ninguna revisión judicial de determinación alguna [...] con respecto a la [...] terminación» de una designación del TPS, y que «este texto es claro, y su significado llano es muy amplio». Razonó que la palabra «determinación» abarcaba tanto la decisión individual como el proceso que conducía a ella, y que la expresión «con respecto a» tenía un «efecto ampliador», de modo que la prohibición alcanzaba «todas las reclamaciones no constitucionales de los recurridos». Al abordar la reclamación de igual protección de los recurridos haitianos, Alito escribió que «ninguna de las declaraciones citadas, ni del presidente ni del secretario, era abiertamente racial», y que el historial de la administración de poner fin a «toda designación del TPS que ha llegado a su renovación» aportaba «una explicación sólida y neutral en cuanto a la raza». Concluyó que era «improbable que [los recurridos] probaran que la raza fue un factor motivador» y que no tenían derecho a una medida cautelar.
El juez Thomas presentó una opinión concurrente en la que se adhería a la mayoría «en su totalidad», pero escribió por separado para sostener que la reclamación de igual protección también quedaba «fuera de la jurisdicción del Tribunal de Distrito» y que «los extranjeros no tienen derechos a la igual protección frente al Gobierno Federal».
La jueza Elena Kagan, a la que se sumaron las juezas Sotomayor y Jackson, emitió un voto disidente. Escribió que las pruebas de animadversión incluían «declaraciones del presidente tan repugnantes y de tal sesgo racial que la mayoría se niega a ponerlas por escrito», y reprodujo varias de ellas, entre ellas comentarios que aludían al bulo sobre el consumo de mascotas en Springfield y que describían a Haití como un «país de mierda». Esas declaraciones, escribió, «claman a voces, tanto en sus tonos soterrados como en los manifiestos, que la raza influyó en la determinación del presidente de expulsar a los haitianos de este país». Kagan también argumentó que la prohibición de revisión judicial no alcanzaba los pasos procesales que el secretario estaba obligado a cumplir antes de adoptar una determinación, y advirtió que «cientos de miles de vidas se verán desarraigadas, la mayoría de forma permanente» mientras continuara el litigio de fondo.
Referencias
Categoría:Casos de la Corte Suprema de Estados Unidos Categoría:Inmigración en Estados Unidos