Seprotec Multilingual Solutions es una empresa española de servicios lingüísticos con sede en Las Rozas de Madrid, dedicada a servicios de traducción e interpretación.
Historia En septiembre de 2021, Nazca Capital adquirió una participación del 80% en Seprotec Multilingual Solutions a través de su Fondo Nazca IV, en una operación valorada en torno a 60 millones de euros según diversos medios económicos.
En abril de 2022, Seprotec adquirió tsd Technik-Sprachendienst GmbH, empresa alemana fundada en 1978 con sede en Colonia.
La empresa ha prestado servicios de interpretación y traducción para organismos policiales y agencias europeas. En 2013, El Confidencial informó de que la Policía Nacional destinaba alrededor de 10 millones de euros anuales a empresas de traducción para sus escuchas telefónicas e interrogatorios, y señaló a Seprotec entre las empresas adjudicatarias.
En septiembre de 2022, Frontex adjudicó al consorcio formado por Seprotec y CIES un contrato de interpretación y mediación cultural valorado en 41,5 millones de dólares para un período máximo de cuatro años.
Seprotec ocupó el puesto 56 en la edición de 2026 del ranking Nimdzi 100, elaborado por Nimdzi Insights.
Controversia sobre la calidad de la interpretación judicial (2016-2019) Entre 2016 y 2019, Seprotec fue objeto de críticas en la prensa española por la cualificación y las condiciones de los intérpretes que suministraba a juzgados y cuerpos policiales. En septiembre de 2016, Vozpópuli informó de que el Defensor del Pueblo había admitido a trámite una queja presentada por la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) contra Seprotec y otras dos empresas adjudicatarias, Atlas y Ofilingua, en la que se las acusaba de contratar intérpretes no cualificados y de ofrecer un servicio deficiente. Seprotec rechazó las acusaciones y declaró al periódico que las incidencias reportadas afectaban a una fracción mínima de los cerca de 150 millones de palabras que traducía anualmente, y que la Administración de Justicia solicitaba con frecuencia intérpretes de idiomas poco comunes con escaso margen de tiempo.
En julio de 2019, elDiario.es publicó una nueva investigación sobre la externalización de los servicios de interpretación judicial en España, citando un estudio de 2017 de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) según el cual los intérpretes cometían una media de 25 errores graves por hora en las vistas observadas. El artículo recogía declaraciones de representantes de varias asociaciones profesionales y sindicatos, entre ellos ASETRAD, Themis y SISEJ, quienes afirmaron que los intérpretes externalizados no siempre eran seleccionados con suficiente rigor. Isabel Arroyo, responsable del departamento de interpretación para servicios públicos de Seprotec, declaró al medio que la empresa examinaba a los candidatos mediante entrevistas, aunque no siempre se realizaba una prueba de idioma, y que la compañía recibía quejas en aproximadamente el 0,08% de sus cerca de 550 servicios diarios.
Controversia sobre condiciones laborales (2022) En agosto de 2022, The Guardian publicó una investigación en la que un grupo de intérpretes que trabajaban para Frontex a través de Seprotec afirmó percibir una remuneración efectiva inferior a 2,50 euros por hora, al exigirse disponibilidad permanente sin remunerar los períodos de espera. Seprotec rechazó esas cifras calificándolas de «flagrantemente sesgadas» y sostuvo que la remuneración real equivalía a entre cinco y ocho veces la cifra alegada. Frontex declaró que supervisaría el cumplimiento del contrato y que se reservaba el derecho a rescindirlo en caso de detectarse irregularidades.
Referencias