La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) es una iniciativa internacional de la Organización de las Naciones Unidas que promueve la incorporación de la perspectiva de género en la prevención y resolución de conflictos, la construcción de paz y las políticas de seguridad.
Desde la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, la agenda se ha convertido en uno de los principales marcos normativos internacionales para impulsar la participación de las mujeres en los procesos de paz, prevenir la violencia de género en contextos de conflicto y fortalecer la protección de los derechos de mujeres y niñas. Su implementación se desarrolla mediante resoluciones complementarias, planes de acción nacionales y mecanismos de cooperación internacional.
Fue ampliada posteriormente mediante resoluciones complementarias del Consejo de Seguridad adoptadas entre 2000 y 2019. Estas resoluciones desarrollaron aspectos relacionados con la violencia sexual en conflictos armados, la participación política de las mujeres, los mecanismos de seguimiento y la consolidación de la paz.
Antecedentes Entre los antecedentes normativos de la AMPS destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Ambos instrumentos establecieron la necesidad de integrar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en las políticas internacionales y en los procesos de desarrollo y seguridad.
La aprobación de la Resolución 1325 estuvo impulsada por una coalición de Estados miembros geográficamente diversa y por organizaciones internacionales de mujeres agrupadas en redes de incidencia global. Entre los Estados que la respaldan se encuentran los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como Argentina, Bangladés, Canadá, Jamaica, Malasia, Malí, Namibia, Países Bajos, Túnez y Ucrania. La resolución fue impulsada principalmente por Namibia, cuya ministra de Asuntos de la Mujer, Netumbo Nandi-Ndaitwah, lideró el proceso cuando el país ejercía la Presidencia del Consejo de Seguridad. En paralelo, en 1999 se celebró la conferencia "La mujer, los conflictos violentos y la consolidación de la paz: perspectivas globales", a la que asistieron representantes de más de doscientas organizaciones de todo el mundo, lo que derivó en una campaña de demandas a la ONU que contribuyó a crear las condiciones políticas para la adopción de la resolución.
Resolución 1325 (2000) La Resolución 1325 fue la primera resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada específicamente a la relación entre género, paz y seguridad. Su adopción incorporó formalmente la participación de las mujeres como una cuestión vinculada a la paz y la seguridad internacionales.
La resolución reconoció que los conflictos armados generan efectos diferenciados sobre mujeres y niñas, en relación con desplazamientos forzados, violencia sexual y vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, subrayó la necesidad de incorporar a las mujeres en negociaciones de paz, operaciones de mantenimiento de paz y procesos de reconstrucción posconflicto.
La Resolución 1325 también exhortó a los Estados miembros y a los organismos de Naciones Unidas a incrementar la representación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones relacionadas con la prevención, gestión y resolución de conflictos. Además, promovió la incorporación de la perspectiva de género en operaciones de paz y programas humanitarios.
Pilares de la agenda La AMPS se estructura en cuatro pilares: prevención, participación, protección y socorro y recuperación. Estos pilares orientan las políticas y mecanismos de implementación desarrollados por los Estados y organismos internacionales.
El pilar de participación busca asegurar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en procesos de toma de decisiones relacionados con la paz y la seguridad, incluyendo negociaciones de paz, mediaciones, operaciones de mantenimiento de paz y procesos políticos posteriores a los conflictos El pilar de socorro y recuperación se refiere a la incorporación de las necesidades específicas de mujeres y niñas en procesos de rehabilitación, reintegración, asistencia humanitaria y reconstrucción posterior a conflictos o crisis. El pilar de prevención se centra en incorporar la perspectiva de género en estrategias destinadas a prevenir conflictos armados y violencia contra mujeres y niñas. Incluye medidas relacionadas con alerta temprana, prevención de violencia sexual y fortalecimiento institucional El pilar de protección promueve la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas durante y después de los conflictos armados, con énfasis en la prevención y atención de la violencia sexual y de género relacionada con conflictos.
Resoluciones complementarias Después de la Resolución 1325, el Consejo de Seguridad aprobó nuevas resoluciones relacionadas con la AMPS. Éstas ampliaron el marco normativo y establecieron mecanismos adicionales de seguimiento e implementación.
La Resolución 1820 (2008) reconoció que la violencia sexual utilizada como táctica de guerra puede constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Posteriormente, la Resolución 1888 (2009) creó la figura de la Representante Especial del secretario general sobre la Violencia Sexual en los Conflictos. La Resolución 1889 (2009) impulsó mecanismos de seguimiento para la implementación de la Resolución 1325 y promovió la creación de indicadores globales de evaluación. La Resolución 2122 (2013) señaló déficits persistentes en la aplicación de la agenda y llamó a fortalecer su implementación en todas las actividades del Consejo de Seguridad. La Resolución 2242 (2015) creó el Grupo Informal de Expertas y Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad y vinculó la agenda con la prevención del extremismo violento. Posteriormente, la Resolución 2493 (2019) exhortó a los Estados miembros a garantizar la participación de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz.
Implementación El principal mecanismo de implementación de la AMPS son los Planes de Acción Nacional (PAN), mediante los cuales los Estados traducen los compromisos internacionales en políticas públicas, estrategias institucionales e indicadores de seguimiento. De acuerdo con organismos internacionales, más de cien países habían adoptado al menos un PAN hacia 2024
La implementación de la agenda involucra a distintos organismos del sistema de Naciones Unidas, entre ellos ONU Mujeres, el Departamento de Operaciones de Paz y la oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos. Organismos regionales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos también han desarrollado marcos relacionados con la agenda.
Estudios del NGO Working Group on Women, Peace and Security (NGOWG) han señalado que existe una brecha persistente entre los compromisos asumidos por los Estados en materia de Mujeres, Paz y Seguridad y los recursos efectivamente destinados a su implementación. Asimismo, sus informes de monitoreo destacan que la insuficiencia de financiamiento y los mecanismos limitados de rendición de cuentas dificultan la ejecución efectiva de los Planes de Acción Nacional.
México México incorporó la AMPS dentro de su Política Exterior Feminista aprobada en enero de 2021 coincidiendo con el diseño de su primer Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad (PNA-1325) y su participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Secretaría de Relaciones Exteriores señala que la agenda constituye un componente de la política internacional mexicana en materia de igualdad de género y derechos humanos.
El Plan Nacional de Acción fue elaborado con la participación de instituciones federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de las Mujeres. El documento organiza sus acciones conforme a los cuatro pilares de la AMPS y establece objetivos, líneas de acción y mecanismos institucionales para implementar la Resolución 1325 y las resoluciones complementarias en el contexto nacional.
La participación de México en la AMPS también se ha desarrollado en organismos multilaterales. Un artículo de la Revista Mexicana de Política Exterior señala que México participó en iniciativas del Consejo de Seguridad relacionadas con Mujeres, Paz y Seguridad, incluyendo la denominada Tríada Presidencial junto con Irlanda y Kenia.
En el ámbito de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolló el programa “Misión Género: Mujeres, Paz y Seguridad”, orientado a fortalecer capacidades institucionales y acciones de prevención de violencia de género. El programa fue presentado como parte de una estrategia para la prevención de feminicidios y el fortalecimiento policial.
En 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el primer informe nacional sobre la implementación de la AMPS. El informe documentó acciones institucionales realizadas en el marco del Plan Nacional de Acción y mecanismos de cooperación internacional.
Colombia El Acuerdo Final de Paz de Colombia de 2016 fue considerado un acuerdo de paz con enfoque de género transversal, incluyendo medidas específicas para mujeres víctimas del conflicto armado y participación política femenina.
Afganistán ONU Mujeres, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han advertido que las restricciones impuestas a las mujeres y niñas afganas desde el retorno de los talibanes al poder en 2021 constituyen un desafío contemporáneo para la AMPS. Estas organizaciones han documentado la exclusión de las mujeres de la educación, el empleo, la participación política y numerosos espacios de la vida pública.
Críticas y desafíos ONU Mujeres, en su Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, y el NGO Working Group on Women, Peace and Security han señalado que la implementación de la AMPS continúa enfrentando obstáculos relacionados con la insuficiencia de recursos financieros, la falta de mecanismos efectivos de evaluación y las brechas entre los compromisos asumidos por los Estados y su aplicación práctica.
La académica Laura J. Shepherd ha advertido que la AMPS corre el riesgo de enmarcar la prevención de conflictos principalmente desde lógicas de seguridad y militarización, lo que puede limitar el potencial transformador de las políticas de género y paz. La misma académica ha señalado que la implementación de la Agenda MPS puede reproducir narrativas que presentan a las mujeres principalmente como víctimas de los conflictos, dejando en segundo plano su papel como actoras políticas, mediadoras y constructoras de paz. Igualmente, ha argumentado que la AMPS puede verse influenciada por lógicas de seguridad y militarización que limitan su potencial transformador, al priorizar enfoques centrados en la seguridad estatal sobre estrategias más amplias de construcción de paz e igualdad de género.
Organizaciones como el NGO Working Group on Women, Peace and Security han desempeñado un papel relevante en el monitoreo de la implementación de la AMPS. Esta coalición internacional realiza labores de análisis, seguimiento y rendición de cuentas respecto del cumplimiento de la Resolución 1325 y sus resoluciones complementarias por parte de los Estados y de las Naciones Unidas.