La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, en el Boletín Oficial de la República Argentina citada como Ley N.º 27.795, y popularmente como Ley de Financiamiento Universitario, es una ley del Congreso de la Nación Argentina sancionada el 2 de octubre de 2025. Establece la actualización automática del presupuesto universitario y de los salarios docentes y no docentes por inflación (IPC).

Se trata de una continuación de la Ley N.º 27.757 —conocida con el mismo nombre que esta—, aprobada el 12 de septiembre de 2024, que fue vetado por el presidente Javier Milei. El nuevo proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados el 25 de junio de 2025, con el aval de múltiples entidades del campo universitario-científico: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación la Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), las CTA Autónoma y de los Trabajadores, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y todos los institutos afiliados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

A pesar de estar vigente, su aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 759/2025, alegando falta de previsión presupuestaria. El 23 de diciembre de 2025 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de la ley en sus arts. 5 y 6 mientras se discutía la cuestión de fondo, al considerar que su inobservancia ocasiona «perjuicios graves de imposible reparación ulterior» y peligra los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional.

El PEN apeló esta sentencia, la cual fue rechazada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal el 31 de marzo de 2026 al considerar «poco serios» los argumentos del gobierno nacional para suspender una ley que fue insistida por el Congreso de la Nación. Quedando agotadas las instancias ordinarias de la justicia federal, el Poder Ejecutivo interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue otorgado con carácter suspensivo. En un intento de obtener un fallo favorable, se buscó apartar a los magistrados de la Corte de la causa alegando un conflicto de intereses por ser los tres docentes universitarios, argumento que fue rechazado por considerar que los supuestos de recusación y excusación de los ministros debe ser restrictiva y excepcional conforme a la Constitución, entendiendo que la condición de docente universitario no es una de ellas. Posteriormente, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario federal por motivos procesales, aunque el sumo tribunal decidió no pronunciarse sobre la cuestión de fondo, quedando firme la cautelar y dejando al PEN en rebeldía de no girar de forma inmediata los fondos respectivos a las universidades nacionales.

Antecedentes

Recortes en el sistema universitario nacional A comienzos de 2024 el gobierno nacional de Javier Milei, en busca de aplicar su política de ajuste fiscal sobre el presupuesto público y superávit económico, decidió prorrogar el presupuesto nacional de 2023 en lugar de aprobar uno nuevo para 2024. Esto significó que las universidades comenzaron el año con partidas calculadas para valores económicos del año anterior, pese a la fuerte inflación (270% interanual) existente en Argentina. En las universidades nacionales denunciaron los problemas presupuestarios y el congelamiento de partidas, motivando la denuncia pública de rectores, centros de estudiantes, docentes y sindicatos.

Primera Marcha Federal Universitaria miniaturadeimagen|329x329px|La Primera Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires, 2024. El 23 de abril de 2024 fue convocada una masiva marcha en defensa de la universidad pública y en reclamo de un aumento del financiamiento destinado al sistema universitario nacional. La protesta constituyó una de las mayores manifestaciones sociales ocurridas durante los primeros meses del gobierno de Milei y reunió a estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos independientes en distintas ciudades del país. Entre las principales consignas de la movilización se encontraron la defensa de la gratuidad universitaria, el rechazo al ajuste presupuestario y la exigencia de mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. Los manifestantes también expresaron preocupación por la situación salarial de docentes e investigadores, así como por el impacto que el recorte presupuestario podía tener sobre la investigación científica y tecnológica desarrollada en las universidades públicas.

Proyecto original y veto presidencial La Cámara de Diputados le dio media sanción el 15 de agosto de 2024, mientras que el Senado aprobó la ley el 12 de septiembre de 2024, con una amplia mayoría: 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

Poco después de la aprobación en el Senado, el presidente Javier Milei anunció públicamente que vetaría la norma, argumentando que afectaba el equilibrio fiscal y no especificaba fuentes de financiamiento.El veto total fue oficializado el 3 de octubre de 2024 mediante el Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial. El decreto sostuvo que la ley era «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente» por no prever el impacto fiscal de las medidas aprobadas. El veto presidencial fue tratado posteriormente por la Cámara de Diputados. La oposición no logró reunir la mayoría especial de dos tercios requerida para insistir con la sanción original, por lo que el veto quedó firme y la ley no entró en vigencia.

Toma de facultades Tras el veto presidencial dispuesto por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario, diversas facultades y universidades nacionales argentinas fueron ocupadas por estudiantes en señal de protesta. Las tomas comenzaron luego de que el Poder Ejecutivo vetara la norma aprobada por el Congreso, argumentando que comprometía el equilibrio fiscal y aumentaba el gasto público estatal. Las ocupaciones fueron impulsadas principalmente por centros de estudiantes, federaciones universitarias y agrupaciones estudiantiles vinculadas a sectores de la izquierda (PTS, MST, PO e IS), y el peronismo. Los manifestantes reclamaban la restitución de la ley, una mayor asignación presupuestaria para las universidades públicas y aumentos salariales para docentes y trabajadores no docentes.

Entre las instituciones donde se registraron tomas parciales o totales se encontraron facultades de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y otras universidades nacionales del país. En algunos casos, las ocupaciones incluyeron asambleas estudiantiles, clases públicas, actividades culturales y debates políticos.

Historia El proyecto, impulsado por la oposición dura (UxP y FIT-U), rectores universitarios y organizaciones sindicales vinculadas al sistema universitario nacional, fue presentado en mayo de 2025 en la Cámara de Diputados, el 8 de julio obtuvo dictamen de mayoría y pasó a ser debatida. Tuvo la media sanción de esta cámara el 7 de agosto, por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Finalmente el Senado le dio sanción completa el 21 de agosto de 2025, convirtiéndolo en ley bajo el número 27.795.

El 10 de septiembre el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 647/2025, mediante el cual observó parcialmente diversos artículos de la ley y cuestionó aspectos vinculados al impacto fiscal de las medidas aprobadas. El gobierno sostuvo que algunas disposiciones afectaban el objetivo de equilibrio fiscal y excedían las posibilidades presupuestarias del Estado nacional. Diversos sectores universitarios y legisladores opositores criticaron el decreto y defendieron la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema universitario público.

Finalmente, el 17 de septiembre y el 2 de octubre ambas cámaras reunieron las mayorías necesarias para rechazar las observaciones presidenciales y sostener la ley sancionada originalmente. Diversos medios señalaron que el rechazo legislativo al decreto constituyó uno de los principales reveses parlamentarios sufridos por el gobierno de Javier Milei y uno de los primeros casos en más de dos décadas en que el Congreso dejó sin efecto un veto presidencial.

Contenido La norma establece obligaciones presupuestarias para el Estado nacional destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y a la recomposición salarial del personal docente y no docente, contempla mecanismos de actualización presupuestaria vinculados a la inflación, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo de las partidas universitarias y de los salarios del sector y dispone que el gobierno debe recomponer todos los programas de becas, como el Progresar, Carreras Estratégicas, Enfermería, entre otros, ajustándolos a la variación acumulada de la inflación desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

Notas

Referencias

Categoría:Leyes de Argentina Categoría:Leyes de 2024