Las protestas en Bolivia de 2026 fueron una serie de movilizaciones sociales, bloqueos de carreteras y enfrentamientos que comenzaron a principios de mayo de 2026 en distintas regiones del país, con epicentro en las ciudades de La Paz y El Alto. Las movilizaciones fueron convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sindicales y campesinos con demandas de carácter económico y sectorial, entre ellas el incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la abrogación de la Ley 1720. Con el desarrollo del conflicto, las protestas incorporaron la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
El conflicto ha provocado consecuencias humanitarias y económicas, incluyendo fallecimientos asociados a la interrupción del tránsito de servicios de emergencia, pérdidas económicas significativas, episodios de violencia en la sede de Gobierno del país y declaraciones de emergencia humanitaria en regiones afectadas por el desabastecimiento. Diversos representantes gubernamentales, sectores sociales y económicos han calificado determinadas acciones vinculadas a los bloqueos como actos de terrorismo. En su punto de mayor intensidad, se llegaron a registrar casi noventa puntos de bloqueo activos en seis departamentos.
El 19 de junio de 2026, el Gobierno de Paz y la COB alcanzaron un acuerdo para iniciar mesas de trabajo sectoriales y avanzar en la suspensión de las medidas de presión. Horas después, el Gobierno declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por un período de noventa días, restringiendo temporalmente las concentraciones masivas y prohibiendo los bloqueos de vías. Para el 23 de junio, todos los puntos de bloqueo habían sido levantados y solo persistían trabajos de limpieza en algunas rutas.
Antecedentes
Las elecciones generales de 2025 no dieron mayoría a ningún candidato en primera vuelta, lo que llevó a una segunda vuelta el 19 de octubre entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el expresidente Jorge Quiroga, de Libertad y República (Libre). Paz ganó con el 54,96% de los votos, siendo la primera vez en la historia de Bolivia que la presidencia cambió de manos a través de una segunda vuelta electoral, poniendo fin a dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, desde que asumió el cargo, Paz se ha distanciado de muchos de esos votantes. Conformó su gabinete principalmente con líderes empresariales conservadores, dejando a operadores indígenas y a los sectores laboral y agrario sin representación en puestos clave.
Los primeros meses del gobierno de Paz estuvieron marcados por sucesivas crisis políticas y económicas. Entre ellas destacó el deterioro de la relación entre el presidente Paz y el vicepresidente Edmand Lara, cuyas tensiones se hicieron públicas pocas semanas después de la asunción del nuevo Gobierno, en noviembre de 2025. Lara denunció haber sido marginado de la toma de decisiones y cuestionó en reiteradas ocasiones la conducción del Ejecutivo, mientras que Paz evitó confrontaciones directas y llamó al diálogo. La disputa derivó en un progresivo distanciamiento político entre ambas autoridades y en la pérdida de influencia del vicepresidente dentro del Gobierno. A finales de diciembre de 2025, Lara se opuso públicamente al Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los combustibles, e intentó sin éxito revertir la medida desde la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Posteriormente, el 11 de enero de 2026, el Gobierno de Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo para abrogar el Decreto Supremo 5503, que había provocado protestas y bloqueos de carreteras en distintas regiones del país desde comienzos de enero. El acuerdo contempló la elaboración de un nuevo decreto que mantuviera disposiciones relacionadas con la política de combustibles, la reprogramación de créditos y medidas salariales, además del levantamiento de las medidas de presión impulsadas por los sectores movilizados.
A principios de febrero de 2026, empezó una crisis por la venta de combustibles en mal estado, que desató protestas de transportistas y terminó con la salida del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, a fines de abril. Hasta principios de mayo, hubo más de cinco mil vehículos dañados en Bolivia que fueron compensados a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) creado por la empresa estatal de hidrocarburos YPFB.
A ello se sumó el conflicto en torno a la Ley 1720, promulgada por Paz el 8 de abril durante un acto con empresarios agroindustriales del departamento de Santa Cruz. La norma, impulsada por el senador Branko Marinković, aliado de Libre y empresario soyero, permitía la titulación voluntaria de pequeñas propiedades agrarias como propiedades medianas, modificando así el régimen de clasificación de la tierra establecido por la Ley INRA y consagrado en la Constitución Política del Estado. Organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas la rechazaron de inmediato por considerarla inconstitucional y favorable a los intereses agroindustriales. El mismo día de la promulgación, estas organizaciones iniciaron una marcha desde la Amazonía boliviana con destino a La Paz. El Gobierno declaró inicialmente que no daría marcha atrás en la aplicación de la norma.
Desarrollo Mayo La crisis de combustibles, el conflicto agrario y las demandas salariales insatisfechas derivaron en las protestas de mayo de 2026. El 1 de mayo de 2026, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró que llevaría a cabo un paro general indefinido desde ese día. Entre sus principales demandas estaban el aumento de salarios y el apoyo a la marcha de los indígenas de la Amazonía boliviana que exigían la abrogación de la Ley 1720. El 4 de mayo, centenares de indígenas amazónicos llegaron a la ciudad de La Paz tras una marcha de veintiocho días para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz la anulación de dicha norma. miniaturadeimagen|Dirigentes indígenas en vigilia, esperando la abrogación de la Ley 1720 en cercanías de la fachada de la vicepresidencia de Bolivia y el edificio del Banco Central de Bolivia. El 12 de mayo, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales iniciaron en el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro, una caminata denominada «marcha por la vida», con destino previsto a La Paz. La movilización incorporó a participantes del Chapare y de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro, que exigió soluciones a la crisis económica y al abastecimiento de combustible. Ese mismo día se registraron disturbios y enfrentamientos en el sector de Río Seco del municipio de El Alto, durante las movilizaciones y bloqueos en las rutas hacia Laja y Copacabana. Según reportes locales, se produjeron intervenciones policiales con uso de agentes químicos, así como daños a vehículos y el cierre forzado de comercios por parte de grupos movilizados. miniaturadeimagen|Cartel de la marcha indígena contra la Ley 1720. La madrugada del 13 de mayo, la Policía boliviana ejecutó un operativo para desbloquear la Ruta 3 entre La Paz y Coroico y restablecer la circulación vehicular en el sector de los Yungas. Según el reporte policial, las personas que mantenían los bloqueos se retiraron paulatinamente ante la presencia de los efectivos, sin registrarse enfrentamientos, tras lo cual se procedió al retiro de piedras, árboles y tierra que obstruían la vía. Ese mismo día, Paz abrogó la Ley 1720, pero la medida no logró frenar las protestas.
El 14 de mayo, tras un diálogo con el Gobierno que se extendió por más de doce horas, la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí anunció su respaldo al Ejecutivo y acordó desmovilizarse, en el marco de un entendimiento sobre demandas sectoriales. Asimismo, el sector no descartó participar en acciones de desbloqueo de vías, en rechazo a las movilizaciones convocadas por la COB y otros sectores sociales. Ese mismo día, movilizados del magisterio rural causaron daños en el edificio del Ministerio de Educación, en La Paz, durante una protesta en el centro de la ciudad, que incluyó la caída parcial de un muro, la rotura de vidrios y otros destrozos materiales. También en la misma jornada se registraron bloqueos en la carretera entre Santa Cruz de la Sierra y San Julián, que provocaron la interrupción parcial del servicio de transporte intermunicipal desde Santa Cruz.
El 15 de mayo, la Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió un recurso de Acción Popular presentado por el exdiputado Amílkar Barral en contra del dirigente de la COB, Mario Argollo, del senador de la Alianza Unidad Nilton Condori y del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, debido a los bloqueos registrados en el país, y fijó audiencia virtual para analizar la solicitud de levantamiento de las medidas de presión.
El 16 de mayo, policías y militares ejecutaron operativos de desbloqueo en distintas rutas de acceso a La Paz y El Alto, incluidos los sectores de Río Seco, Huajchilla y Lipari, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Durante los operativos se reportó que grupos movilizados saquearon instalaciones del Polideportivo Héroes de Octubre, en El Alto. Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó que las intervenciones dejaron 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas. Ese mismo día, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció la toma del aeropuerto de Chimoré, en el centro del país, por grupos afines a Evo Morales, quienes instalaron una vigilia e impidieron operaciones aéreas mediante la colocación de ramas y piedras sobre la pista. Organizaciones de las Seis Federaciones del Trópico (provincia del Chapare) justificaron la ocupación ante versiones sobre un supuesto operativo destinado a aprehender a Morales.
El 18 de mayo, sectores movilizados, entre ellos grupos afines a Evo Morales, campesinos, Ponchos Rojos, gremiales y mineros, marcharon hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Paz, registrándose enfrentamientos con la Policía Boliviana y daños a infraestructuras estatales. Durante la jornada, las fuerzas del orden aprehendieron a más de cien personas en distintos puntos de la ciudad.
El 19 de mayo, sindicatos de comerciantes, transportistas, productores locales y juntas vecinales participaron en una marcha en Cochabamba convocada por el Comité Multisectorial de esa región, que exigió el levantamiento de los bloqueos de carreteras que afectaban al departamento de La Paz. Ese mismo día, en la segunda noche consecutiva de movilizaciones, centenares de personas autoconvocadas mediante redes sociales y vinculadas a plataformas ciudadanas conocidas como «pititas» marcharon por el centro de La Paz para exigir el levantamiento de los bloqueos y la restitución del orden en el país.
El 21 de mayo, sectores ciudadanos y cívicos realizaron movilizaciones en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad en rechazo a los bloqueos y en demanda de la pacificación del país.
El 23 de mayo, grupos movilizados atacaron una caravana integrada por policías, militares y civiles que intentaba habilitar un corredor humanitario entre Oruro y La Paz para el ingreso de alimentos, combustibles y medicamentos. Durante los enfrentamientos se registraron ataques con piedras, explosivos artesanales y otros objetos, además del saqueo e incendio de instalaciones públicas y vehículos estatales en sectores como Copata, Achica Arriba y Vilaque. Ese día, la Policía Boliviana denunció el secuestro y agresión de un efectivo policial en El Alto durante los operativos y disturbios registrados.
El 24 de mayo, el Senado aprobó en la ciudad de Sucre un proyecto de ley para abrogar la Ley 1341 de Estados de Excepción y remitió la norma a la Cámara de Diputados para su revisión.