Las leyes sobre el discurso del odio son normas jurídicas que prohíben o limitan las expresiones públicas que manifiestan odio o que incitan a la violencia contra una persona o un grupo por motivos como la raza, la religión, el sexo o la orientación sexual. Suele entenderse por discurso del odio toda comunicación que exprese animadversión o desprecio hacia una persona o un grupo por una característica colectiva como la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la discapacidad, la religión o la orientación sexual. Citado en
El tratamiento legal del discurso del odio varía sustancialmente entre Estados. Algunos países lo penalizan a través del derecho penal mediante figuras específicas, otros lo abordan únicamente como agravante de delitos comunes, y otros, amparados en una protección amplia de la libertad de expresión, no contemplan delitos específicos de discurso del odio. La cobertura, los grupos protegidos y las penas también difieren considerablemente entre legislaciones.
Leyes sobre el discurso del odio por país
Alemania En Alemania, el Volksverhetzung (incitación al odio) está tipificado como delito en el artículo 130 del Strafgesetzbuch (código penal alemán) y puede acarrear hasta cinco años de prisión. El artículo 130 considera delito incitar públicamente al odio contra sectores de la población, llamar a adoptar medidas violentas o arbitrarias contra ellos, o injuriarlos, calumniarlos maliciosamente o difamarlos de forma que se vulnere su dignidad humana (constitucionalmente protegida). Por ello, está prohibido referirse públicamente a determinados grupos étnicos como «gusanos» o «aprovechados».StGB §130 (2) 1. c) El Volksverhetzung es punible en Alemania incluso cuando se comete en el extranjero y por ciudadanos no alemanes, siempre que la incitación al odio surta efecto en territorio alemán; por ejemplo, cuando la expresión sediciosa se difunde por escrito o de viva voz en alemán y resulta accesible en Alemania (principio de ubicuidad del código penal alemán, artículo 9 §1 alt. 3 y 4 del Strafgesetzbuch).
El 30 de junio de 2017, Alemania aprobó una ley que penaliza el discurso del odio en las redes sociales. Entre otras medidas, la norma prevé que los servicios de redes sociales se enfrenten a multas de hasta 50 millones de euros si reiteradamente no retiran en una semana los contenidos ilegales, incluidas las llamadas «noticias falsas» difamatorias.
En 2020, el Bundestag introdujo nuevas regulaciones para combatir el discurso del odio y el extremismo en internet, en respuesta a una serie de atentados terroristas de extrema derecha ocurridos en Alemania en 2019 y comienzos de 2020. Como parte de la actualización de la Ley de Aplicación en la Red (, NetzDG), se incrementaron las penas por insultos en línea y se reforzaron las obligaciones de denuncia que pesan sobre las plataformas. La reforma también introdujo previsiones que permiten perseguir penalmente la aprobación pública de delitos graves aún no cometidos, como respaldar o difundir publicaciones amenazantes en redes sociales. Desde 2022, las plataformas están obligadas a comunicar a la policía federal alemana las direcciones IP de los usuarios que difundan propaganda neonazi, amenazas de violencia grave o contenidos que muestren abusos sexuales.
El 14 de mayo de 2024, la mayor parte de la NetzDG fue derogada por la Digitale-Dienste-Gesetz (DDG, Ley de Servicios Digitales alemana), que adapta el ordenamiento interno al Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. El régimen de multas específico de la NetzDG dejó de aplicarse a los proveedores de servicios intermediarios; estos pasaron a regirse por el DSA, que prevé sanciones de hasta el 6 % de la facturación global. La Bundesnetzagentur fue designada Coordinadora de Servicios Digitales con competencia para ejecutar el DSA en Alemania.
Tras los atentados del 7 de octubre de 2023 y la consiguiente guerra de Gaza, la ministra del Interior Nancy Faeser prohibió toda actividad de Hamás el 2 de noviembre de 2023 y catalogó el lema «desde el río hasta el mar, Palestina será libre» («From the river to the sea, Palestine will be free») como un símbolo de la organización, lo que en la práctica acarrea su prohibición en manifestaciones bajo el artículo 86 del Código Penal y, en determinados contextos, su persecución como apología del terrorismo (art. 140), con penas de hasta tres años de prisión o multa. La aplicación ha sido desigual: en agosto de 2024, el Tribunal de Berlín impuso una multa de 600 euros a una activista por corear la consigna en una concentración prohibida, mientras que en 2024 y 2025 tribunales de Berlín, Duisburgo y otras ciudades absolvieron a manifestantes al considerar que la frase no es un identificador exclusivo de Hamás y queda amparada por la libertad de expresión.
Argelia Hasta el 28 de abril de 2020 no existía en el código penal argelino una norma formal o clara que prohibiera el discurso del odio. La ley adicional n.º 20/05 prohíbe y combate el sectarismo y el discurso del odio, al que define como cualquier expresión que difunda, incite, fomente o justifique el odio racial u otras formas de odio, como la humillación, la hostilidad o la violencia contra una persona o un grupo por razón de su raza, religión, origen étnico, origen nacional, sexo, estado de salud, discapacidad, pertenencia geográfica o identidad de género. La norma castiga también a quienes produzcan, mantengan o supervisen un sitio web o una cuenta electrónica destinados a respaldar iniciativas, ideas, noticias, dibujos o imágenes que puedan incitar al sectarismo y al odio social, conducta que se sanciona con pena de cinco a diez años de prisión y multa de 5.000.000 a 10.000.000 de dinares argelinos (DZD).
Australia En Australia, las leyes sobre el discurso del odio varían según la jurisdicción. El 20 de enero de 2026, ambas cámaras del Parlamento de Australia aprobaron una nueva ley federal, y entró en vigor como Combatting Antisemitism, Hate and Extremism (Criminal and Migration Laws) Act 2026 el 22 de enero de 2026, al día siguiente de recibir la sanción real.
Bélgica La Ley belga contra el racismo, cuyo nombre completo es la Ley de 30 de julio de 1981 sobre la represión de determinados actos inspirados por el racismo o la xenofobia, es una norma contra el discurso del odio y la discriminación aprobada por el Parlamento Federal de Bélgica en 1981. La ley considera ilegales determinados actos motivados por el racismo o la xenofobia. También se la conoce como Ley Moureaux, en alusión a Philippe Moureaux.
La Ley belga sobre la negación del Holocausto, aprobada el 23 de marzo de 1995, prohíbe la negación pública del Holocausto. En concreto, declara ilegal «negar, minimizar de forma flagrante, justificar o aprobar públicamente el genocidio cometido por el régimen de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial». La acusación corresponde al Centro para la Igualdad de Oportunidades belga. La infracción puede sancionarse con hasta un año de prisión y multas de hasta 3.500 €.
Brasil En Brasil, según la Constitución brasileña de 1988 (artículo 5, apartado XLII), el racismo constituye un delito «imprescriptible y no afianzable». En 2019, el Supremo Tribunal Federal (STF) determinó que la ley que tipifica el racismo debía aplicarse también a la homofobia y a la transfobia.Texto íntegro de la decisión judicial:
Canadá En Canadá, promover el genocidio contra cualquier «grupo identificable» constituye un delito procesable conforme al Criminal Code y se castiga con una pena máxima de cinco años de prisión, sin pena mínima.Criminal Code, RSC 1985, c. C-46, s. 318. Disponible en
Incitar públicamente al odio contra cualquier grupo identificable es también delito. Puede perseguirse como delito procesable, con una pena máxima de dos años de prisión, o como delito sumario, con una pena máxima de dos años menos un día —desde la entrada en vigor del proyecto de ley C-75 el 19 de septiembre de 2019, que elevó el máximo por defecto de la pena en condena sumaria de seis meses a dos años menos un día— o multa de hasta 5.000 dólares canadienses; en ningún caso existe pena mínima.Criminal Code, RSC 1985, c. C-46, s. 319. Disponible en El delito de incitación pública al odio admite excepciones para las afirmaciones veraces y para las cuestiones de debate público o doctrina religiosa. La sentencia que confirmó la constitucionalidad de esta ley fue R. v. Keegstra, dictada en 1990.
A efectos de ambos delitos, se entiende por «grupo identificable» «cualquier sector del público que se distinga por el color, la raza, la religión, el origen nacional o étnico, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género o la discapacidad mental o física».Criminal Code, RSC 1985, c. C-46, s. 318(4). Disponible en
En enero de 2022, mediante la Budget Implementation Act, 2022, se incorporó al Código Penal el artículo 319(2.1), que tipifica como delito la promoción intencional del antisemitismo mediante la condonación, negación o minimización del Holocausto. La pena máxima es de dos años de prisión cuando se persigue como delito procesable.
Chile El artículo 31 de la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo sanciona con una multa elevada a quienes, «por cualquier medio de comunicación social, realicen publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad». Esta norma se ha aplicado a expresiones difundidas a través de internet. Existe asimismo una norma que agrava las penas por delitos motivados por odio discriminatorio. La Ley n.º 20.609 de 24 de julio de 2012, conocida popularmente como Ley Zamudio —en memoria de Daniel Zamudio, joven asesinado en marzo de 2012 por móviles homofóbicos—, instaura un mecanismo judicial para responder ante actos de discriminación arbitraria y establece una agravante penal específica cuando el delito se comete por motivos de odio.
China El artículo 249 del Código Penal de la República Popular China dispone que quien incite al odio o a la discriminación étnicas puede ser condenado a custodia de corta duración, corrección sin privación de libertad, privación de derechos políticos o pena de prisión de hasta diez años, en función de la gravedad de las circunstancias.
Croacia La Constitución de Croacia garantiza la libertad de expresión, pero el código penal croata prohíbe la discriminación y sanciona a quien, «basándose en diferencias de raza, religión, lengua, opinión política o de otra índole, riqueza, nacimiento, educación, condición social u otras propiedades, género, color de piel, nacionalidad u origen étnico, vulnere los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la comunidad internacional».Artículo 174 del Código Penal de Croacia. Texto en Wikisource en croata. El artículo 325 del Código Penal (Kazneni zakon), titulado «Incitación pública a la violencia y al odio» (Javno poticanje na nasilje i mržnju), tipifica como delito difundir públicamente —por medios de prensa, radio, televisión, sistemas o redes informáticas o en reuniones públicas— materiales que inciten a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo o un miembro de un grupo por razón de raza, religión, pertenencia nacional o étnica, lengua, ascendencia, color de piel, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u otras características, con pena de hasta tres años de prisión.
Dinamarca Dinamarca prohíbe el discurso del odio y lo define como las manifestaciones públicas mediante las cuales se amenaza (), insulta () o degrada () a un grupo por razón de raza, color de piel, origen nacional o étnico, fe u orientación sexual.Código Penal de Dinamarca, Straffeloven, sección 266 B.
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