El Reinado del Terror en Irán fue una campaña de violencia patrocinada por el Estado, cuyo objetivo era exterminar a los adversarios políticos y religiosos de la República Islámica de Irán. Estas masacres siguieron a un período de disturbios y protestas que culminó con el Atentado de Haft-e Tir del 28 de junio de 1981 contra la sede del Partido de la República Islámica, en el que murieron 74 altos cargos de la República Islámica de Irán. El período posterior de represalias se conoció como el reinado del terror. Entre las víctimas se encontraban intelectuales, científicos, artistas, socialistas, socialdemócratas, miembros y simpatizantes de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, nacionalistas, liberales, monárquicos, minorías étnicas y seguidores de religiones minoritarias como la Fe Bahá'í.
Fue impulsada en gran medida por la Revolución Cultural Islámica decretada por Ruhollah Jomeini el 14 de junio de 1980, con la intención de "purificar" la sociedad iraní de elementos no islámicos. En julio de 2024, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Irán publicó un informe histórico sobre la masacre de 1981 y clasificó los crímenes atroces cometidos en 1981 y 1982 como genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este informe, el Relator pidió el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas independiente e internacional.
Antecedentes históricos El Reinado del Terror en Irán ocurrió 2 años después de la revolución iraní de 1979, bajo el pretexto de islamizar los sistemas político y legal de la recién establecida República Islámica. El gobierno, liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini, buscaba implementar un marco teocrático basado en sus interpretaciones del islam chií y la doctrina de Wilayat Faqih. Con el objetivo de transformar la sociedad iraní en una teocracia chií, Jomeini emitió varias fatuas y órdenes ejecutivas para "purificar" las instituciones públicas y la educación superior de influencias marxistas, no islámicas, occidentales y liberales.
La masacre se llevó a cabo bajo el amparo de la Revolución Cultural Islámica. Iniciada por una orden del ayatolá Ruhollah Jomeini el 14 de junio de 1980, la revolución buscaba eliminar los elementos occidentales, liberales y de izquierda del sistema educativo, lo que llevó al cierre de universidades, la prohibición de sindicatos estudiantiles y la ocupación violenta de campus. Durante este período, los clérigos chiíes impusieron políticas para islamizar la sociedad iraní, haciendo obligatorio el uso del hiyab para las mujeres, expulsando a académicos críticos, reprimiendo a grupos políticos laicos y persiguiendo a intelectuales y artistas.
Estas medidas provocaron protestas a gran escala en todo el país. El 15 de junio de 1981, el Frente Nacional y otros grupos de oposición laica criticaron públicamente una propuesta para islamizar el sistema de justicia penal, lo que llevó al ayatolá Ruhollah Jomeini a emitir una fatua que derivó en el arresto masivo de cientos de manifestantes y críticos. miniaturadeimagen|Protestas iraníes del 20 de junio de 1981. Las Protestas iraníes del 20 de junio de 1981 fueron una gran manifestación antigubernamental organizada por la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán que respondió al controvertido juicio político contra el presidente Abolhassan Banisadr. Las autoridades anunciaron que los manifestantes, de cualquier edad, serían tildados de «enemigos de Dios». El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica disparó contra multitudes de manifestantes, lo que provocó alrededor de 50 muertos y más de 200 heridos.
En respuesta a las crecientes oleadas de protestas, los clérigos reaccionaron con ferocidad. El ayatolá Ruhollah Jomeini hizo varias declaraciones religiosas contra los críticos, caracterizándolos como apóstotas (murtad), comunistas "antiislámicos" (zed-e Islam), ateos (kafir) e hipócritas religiosos (munafiqs). Siguiendo la orden de Jomeini, cientos de jóvenes manifestantes, incluidas adolescentes y críticos fueron arrestados, muchos de ellos condenados a muerte por los Tribunales Revolucionarios Islámicos. El 21 de junio de 1981, Saeed Soltanpour, un destacado poeta y dramaturgo, junto con otros 14 disidentes de izquierda, fueron ejecutados sumariamente bajo cargos de "enemistad contra el Islam, Alá y su profeta" y "difundir la corrupción en la tierra". Sus ejecuciones marcaron el comienzo de la mayor ola de ejecuciones masivas que el país presenciaría en su historia reciente. Entre junio de 1981 y marzo de 1982, miles de disidentes fueron sometidos a torturas sistemáticas, ejecuciones sumarias y arbitrarias bajo cargos de motivación religiosa de moharebeh ('enemistad contra Alá'), ifsad-fil-arz ('difundir la corrupción en la Tierra') e irtidad (apostasía). miniaturadeimagen|Mártires del Atentado de Haft-e Tir. El 28 de junio, los opositores de la República Islámica, presuntamente, tomaron represalias con el Atentado de Haft-e Tir contra la sede del Partido de la República Islámica. Este período en Irán se conoció como el "reinado del terror".
Alcance de la masacre Aunque aún se desconoce el alcance real del Reinado del Terror, Rastyad Collective ha verificado y documentado las identidades de más de 3500 víctimas ejecutadas entre el 21 de junio de 1981 y el 21 de marzo de 1982 en 85 ciudades. Estos datos se basan en más de 250 documentos oficiales de autoridades judiciales y políticas, incluyendo declaraciones y comunicados de prensa emitidos por los Tribunales Revolucionarios Islámicos y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en dichas ciudades. Muchas víctimas de la violencia estatal durante la masacre de 1981 eran menores de 18 años. Al menos 103 personas, que representan el 10 % de las víctimas identificadas, asesinadas o ejecutadas en Teherán, eran menores de edad. Muchas de estas víctimas menores de edad fueron sometidas a detención arbitraria, tortura brutal y ejecuciones sumarias bajo cargos de moharebeh (enemistad contra Alá) e ifsad-fil-arz (difusión de la corrupción en la Tierra). Estas cifras y hallazgos fueron resaltados por un informe histórico de la ONU del Relatoría especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Otras fuentes académicas han ofrecido estimaciones similares con respecto al alcance de la masacre.
Grupos afectados Durante este período, el gobierno llevó a cabo ataques coordinados contra la población civil mediante una política estatal destinada a eliminar a los grupos considerados una amenaza. Esto incluía a un amplio abanico de ciudadanos iraníes, atacados por su oposición, real o presunta, a la República Islámica.
Según los registros oficiales, el gobierno iraní tildó a todos sus opositores políticos de «moharebs», «mufsids», contrarrevolucionarios, «hipócritas», terroristas, «apóstatas» o mercenarios prooccidentales. La violencia patrocinada por el Estado no se dirigía a un solo grupo, sino que tenía como objetivo eliminar una amplia gama de ideologías políticas que pudieran desafiar al Estado. Estas incluían a liberales, nacionalistas, minorías étnicas, comunistas, muyahidines del pueblo que era el principal grupo de oposición, socialistas, socialdemócratas, monárquicos o seguidores de la Fe baháʼí.
Ejecución de menores y jóvenes Durante la masacre, cientos de menores fueron sometidos a detención arbitraria, tortura y ejecuciones sumarias por parte de los tribunales revolucionarios, bajo cargos ideológicamente motivados de ifsad-fi-alarz y moharebeh. Entre junio de 1981 y marzo de 1982, la mayor proporción de ejecuciones correspondió a personas de entre 11 y 24 años. La mayoría de estos jóvenes activistas eran estudiantes de secundaria o recién graduados de universidades en Irán y en el extranjero. Los datos también muestran que más del 10 % de las víctimas eran menores de 18 años. Los más jóvenes fueron Amrollah Kordi-Loo (1970-1981) y Elaheh Mohabbat (1965-1981), ejecutados a los 11 y 15 años, respectivamente. En el contexto de la situación social e histórica moderna de Irán, la ejecución de menores fue un hecho sin precedentes y sumamente controvertido.
Respuesta de los funcionarios iraníes miniaturadeimagen|Mohammad Mohammadi Gilani uno de los jueces que dictó sentencias de muerte a manifestantes. Los clérigos gobernantes pretendían desmantelar cualquier posibilidad de fusionar el modernismo con el islam, una visión que el presidente Abolhasán Banisadr había perseguido idealistamente. Si bien el padre de Banisadr, el ayatolá Seyed Nasrollah Banisadr, había sido «un líder islámico venerado por Ruhollah Jomeini», los clérigos lo veían como una influencia occidental y secular potencialmente peligrosa dentro del gobierno revolucionario.
En 1981 se formó un consejo presidencial de tres miembros. El consejo estaba encabezado por el ayatolá Mohammad Beheshtí, con Akbar Hashemí Rafsanyaní y Mohammad Alí Rayaí como los otros miembros. Mohammad Mohammadi Gilani fue uno de los jueces que dictó sentencias de muerte contra los manifestantes. Durante una rueda de prensa, Gilani justificó los juicios y ejecuciones de las jóvenes, declarando:«Según el canon islámico, una niña de 9 años es madura. Por lo tanto, para nosotros no hay diferencia entre una niña de 9 años y un hombre de 40».En una entrevista televisiva, el fiscal revolucionario de Teherán, Asadollah Lajevardi, reconoció que los azotes y el castigo físico se empleaban como estrategias eficaces para promover el «arrepentimiento» y facilitar la integración de los «presos políticos en el orden de la República Islámica». Este uso metódico de la tortura tenía como objetivo alterar las creencias religiosas, las opiniones políticas y la visión del mundo de los prisioneros, además de presionarlos para que hicieran falsas confesiones públicas.
Dimensión jurídica El Reinado del Terror marcó un período crucial en el que los jueces de la Sharia en Irán obtuvieron el poder de definir e imponer su interpretación de la "justicia islámica". Utilizaron sentencias y veredictos para convertir términos como "corrupción en la tierra" y "declarar la guerra a Alá" en herramientas políticas, tachando a sus críticos de "hipócritas", "enemigos de Alá" y "apóstatas". Estos términos fueron finalmente codificados en el Código penal de 1982, que sentó las bases del sistema judicial moderno de la República Islámica de Irán. A los arrestados no se les permitía asistencia letrada y las confesiones podían obtenerse bajo tortura. La ejecución masiva de niños violó el artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Irán había ratificado en 1975.
Acusación de genocidio Según Nasiri y Faghfouri Azar, el carácter religioso de las acusaciones contra los disidentes durante las masacres, junto con el establecimiento sistemático de tribunales religiosos ad hoc (Tribunales Revolucionarios Islámicos) en todo el país, sugiere firmemente que el régimen islámico tenía la intención deliberada de eliminar a los grupos que consideraba antiislámicos, incluyendo la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, marxistas, comunistas y otras organizaciones políticas con ideologías no teístas. En un informe histórico de la ONU de julio de 2024, el Relatoría especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán calificó las atrocidades cometidas en 1981 y 1982 como el crimen de genocidio y crímenes de lesa humanidad, y pidió «el establecimiento de un mecanismo internacional de rendición de cuentas para garantizar investigaciones penales rápidas, imparciales, exhaustivas y transparentes».