La crisis energética de Perú de 2026 inició el 1 de marzo de ese año debido al desabastecimiento de gas tras la ruptura del gasoducto de transporte de gas natural de Camisea. La rotura del ducto se produjo en medio del conflicto de Irán, el fenómeno de El Niño costero, el endeudamiento de Petroperú y la falta de construcción del Gasoducto Sur, dejando sin suministro de gas natural, considerado uno de los recursos más económicos para generar energía, y encareciendo el coste de la electricidad. El gobierno declaró el estado de emergencia y ordenó suspender las exigencias de reservas de combustible para atender la situación.
El desabastecimiento afectó al de Lima Metropolitana, ciudad capital que depende del gas natural para el de los bienes y servicios que componen la cesta de consumo. En consecuencia, las ventas del sector de alimentos y pequeños comercios se redujeron por estar a un precio más alto del que los consumidores pueden pagar. El sector del transporte también se vio afectado, con un incremento de precios que se mantuvo incluso una vez reparado el gaseoducto. Según el ministro Ángelo Alfaro, se trató de «la crisis más grave de las últimas dos décadas» en el país.
Antecedentes En 2008, Perú sufrió una crisis energética debido al fallo de las plantas de producción de electricidad que dependían del yacimiento de gas de Camisea. Se trató de la primera crisis del . Los medios de comunicación locales aseguraron que hubo un apagón eléctrico en parte de Lima y que no existía una planificación estatal para depender del gas natural. El presidente Alan García aseguró que había suficiente abastecimiento de gas en el país. Posteriormente, García obligó a la Transportadora de Gas de Perú (TGP) a comprometerse a construir un gasoducto de redundancia mediante la RS 041-2010-EM. Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala lo eximió de la realización de dicha obra.
Entre 2004 y 2026 se han notificado al menos 13 averías en el gasoducto. Por ejemplo, en los primeros años ocurrió el derrame de miles de barriles de gas. En 2015 se notificó una avería en el gasoducto a la altura de Anco, en el departamento de Ayacucho. La avería se reparó en dos días. En 2018 se produjo la rotura de una tubería, lo que provocó la liberación de vapores, debido a un deslizamiento de tierras. En 2023, TGP formó su propio sindicato para atender denuncias de sus trabajadores. Hacia 2026, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) no contaba con una directiva para supervisar las operaciones de la TGP y garantizar la estabilidad del gasoducto.
Desde el Gobierno de Alejandro Toledo se prometió una mayor inversión en el gas peruano. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, afirmó que al menos seis empresas se interesaron en invertir en dicho gas, pero el Estado las rechazó. La Asociación de Consumidores del Gas señaló que TGP empezó a cobrar por ofrecer gas a tres veces el precio original, por lo que podría haber planeado terminar la instalación del gasoducto «dos veces».
Contexto El 1 de marzo de 2026 se detectó la ruptura de los ductos de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable del transporte del gas de Camisea. Ocurrió a la altura del punto kilométrico 43 (KP43) en el distrito de Megantoni, departamento de Cusco, donde se visualizó una llamarada. Según informó TGP, a las 11:00 se activó el plan de respuesta ante la emergencia y, como medida preventiva, los sistemas de transporte de gas natural y líquidos de gas natural fueron suspendidos de manera temporal. Por su parte, la municipalidad de Megantoni, a través de su Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, declararon que tomaron conocimiento de los hechos y llamaron a la calma a la población. El Ministerio de Salud confirmó que 35 personas resultaron afectadas por la fuga de gas, mientras que el alcalde distrital de Megantoni estimó que entre 1000 y 15 000 habitantes se habían visto afectados directamente por la fuga.
Sobre las causas del accidente, El Comercio informó que se podría deber a un error humano en las labores de mantenimiento. Enrique Martínez Stolzembach, gerente sénior de nuevos negocios y relaciones institucionales de TGP, declaró que no se podía descartar ninguna hipótesis sobre la ruptura del ducto, incluida el sabotaje, aunque todavía el incidente seguía en investigaciones.
Acontecimientos
Durante la reparación del gasoducto El 2 de marzo de 2026, el Viceministerio de Hidrocarburos (del Ministerio de Energía y Minas, MINEM), mediante Resolución Viceministerial n.º 004-2026-MINEM/VMH, declaró en emergencia el suministro de gas natural por 14 días, priorizándose el abastecimiento interno. Además, Ángelo Alfaro, ministro del MINEM, dispuso la conformación de un comité de crisis conformado por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), el Osinergmin, la TGP, la empresa distribuidora Cálidda, entre otras. Por su parte, la Dirección Nacional de Hidrocarburos activó un esquema de racionamiento bajo supervisión de Osinergmin para garantizar la distribución.
A partir del 3 de marzo se empezó a detectar largas colas en las estaciones de servicio que proveen de gas natural vehicular (GNV). Ante la crisis, el ministro Alfaro declaró que los transportistas debían usar otros combustibles, como gasolina, y advirtió de sanciones a los casos de especulación. Los transportistas, mientras tanto, declararon que optar por la gasolina reducía sus ingresos a la mitad y que los pasajeros se negaban al incremento de los pasajes para paliar la situación. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sacó un comunicado informando que el abastecimiento de los buses del Metropolitano estaba garantizado. La premier Denisse Miralles, en conferencia de prensa, declaró que se iba a priorizar el uso del gas para el ámbito doméstico y para el transporte masivo.
Debido al desabastecimiento de GNV, se detectó que los transportistas estaban modificando sus vehículos para usar gas licuado de petróleo (GLP) como sustituto a pesar del riesgo de que esta práctica podría hacer que los vehículos se incendiaran. Según se reportó, los conductores adquirían modificadores que costaban entre 40 a 60 soles para realizar este proceso. Se reportó el incendio de un vehículo en el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria en el Cercado de Lima. Otro caso reportado se detectó en Surco al lado de la Universidad de Lima. Además, se reportó la escasez y precios altos de la gasolina. Se informó que Pluspetrol, quien es el mayor productor de GLP en el Perú, detuvo la producción de GLP y otros derivados debido a lo acaecido con el ducto.
La Asociación Urbana de Transporte del Perú (ATSUPER) convocó para el 5 de marzo la paralización del servicio de transporte y una marcha debido a la crisis de extorsiones al transporte público y la falta de suministro de gas. De igual forma, la Coordinadora de Taxis Amarillos de Lima y Callao informó que estaban evaluando la realización de protestas. La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) sacó un comunicado en donde detallaba que, por Resolución Directoral N.º 020-2026-MINEM/DGH, se iba a priorizar la distribución a consumidores residenciales, comerciantes y al transporte masivo que usa GNV. Agregó, además, que no estaban en la prioridad los vehículos de carga y vehículos livianos como taxis o mototaxis. Aquel mismo día, el congreso de la República invito al ministro de energía y minas para que exponga sobre el impacto del desabastecimiento de gas, siendo la moción presentada por el congresista José Luna Gálvez. Debido a la urgencia de la situación, el presidente de la Mesa Directiva del congreso, Fernando Rospigliosi, citó para ese día a las 4:00 de la tarde al ministro, acto que fue aprobado con unanimidad. A la hora acordada, el ministro se presentó. Durante su presentación, declaró que el país estaba viviendo una de las crisis energéticas más importantes en las últimas dos décadas «por la alta dependencia del país a un solo sistema de transporte de gas», que el del sistema de gas estaba colapsado, que se estaba tratando de reponer la conectividad en el plazo de 14 días y que las causas del incidente estaban bajo investigación. La Comisión de Energía y Minas citó para el 6 de marzo al ministro para que exponga las acciones a realizarse ante la crisis.
Se reportó la subida del precio de los alimentos y del balón de gas, impactando la crisis en ciudades como Arequipa, Lima, Madre de Dios o Pisco. De igual forma, se informó de la formación de filas de camiones para abastecerse de combustible en la refinería de Pampilla, aunque la directora general de hidrocarburos del MINEM declaró que desconocía de dicho acontecimiento. La Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (ANATEC) comunicó que 1200 unidades de sus adherentes estaban afectados ante la situación y criticó la disposición de excluir al transporte terrestre de carga para ser abastecido ya que generaba problemas al estar interconectado con diversos sectores económicos. En Villa El Salvador se reportó que se paralizó la recolección de basura en el distrito debido a la escasez de GNV.
El 6 de marzo, debido a la crisis, la premier Miralles anunció el teletrabajo para el sector público en Lima y Callao y la promoción de la misma en el sector privado. Se dispuso, también, clases remotas para los colegios y universidades por una semana y el adelanto de vacaciones en los sectores afectados. La implementación de clases remotas y del teletrabajo fue criticado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). ComexPerú calificó de «inaceptable» la medida argumentando que las decisiones adoptadas trasladaban el peso de la crisis a los ciudadanos y a las empresas además de mencionar que el país no debía paralizar su funcionamiento ante emergencias similares. Por su parte, la CONFIEP comunicó que «consideramos que una crisis energética no debería resolverse generando, a su vez, problemas adicionales en la educación y en la actividad productiva». Mientras tanto, Carlos Puente, de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú, declaró que el impacto de la ruptura no solo afectaba al GNV sino que se extendía también al GLP, al diésel y el gasohol. Por su parte, el Grupo Gloria anunció que iban a mantener sus precios pese al desabastecimiento de gas. Se informó, además, que el presidente de la República José María Balcázar iba a viajar a Megantoni para ver las operaciones realizadas en la zona. Se detectó la conformación de grupos de WhatsApp de transportistas para localizar grifos abastecidos en tiempo real. Gerardo Hermoza, presidente de la junta del Corredor Morado, informó que iban a operar hasta que el GNV que tenían se acabe y criticó la gestión realizada por el MINEM calificando su gestión como «desastrosa». La Alianza de Escuelas Privadas criticó la decisión del Consejo de Ministros y pidió priorizar «la educación», posteriormente convocaron a un platón frente al MINEDU para el 9 de marzo ─pese a que el personal de este se encuentre en trabajo remoto para ese día─.