Febrero Negro es el nombre que recibe un período de conflictividad social en la sede de gobierno de Bolivia, La Paz, que tuvo lugar entre el 12 y el 13 de febrero de 2003. Los disturbios se desencadenaron por la imposición de un impuesto progresivo a los salarios, denominado el impuestazo, destinado a cumplir con el objetivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal del país del 8,7 % del producto interno bruto (PIB) al 5,5 %. La medida movilizó a una amplia diversidad de sectores en contra de la propuesta, entre ellos grupos empresariales, sindicatos y estudiantes universitarios.
El punto culminante del descontento público se produjo cuando el Cuerpo Nacional de Policía se amotinó contra el gobierno, lo que dio lugar a enfrentamientos armados violentos entre la policía y el Ejército. En el segundo día de disturbios, el gobierno y la policía alcanzaron un acuerdo, y las fuerzas del orden sofocaron la violencia. Para entonces, grupos de manifestantes habían apedreado el Palacio Quemado, incendiado la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda, y atacado otros edificios públicos y municipales. El saldo oficial fue de treinta y un muertos y 268 heridos, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) atribuyó la responsabilidad de la convulsión social a la Policía Nacional. Un total de diecinueve personas fueron imputadas por las muertes ocasionadas, y el juicio fue instalado en 2008. Sin embargo, el proceso judicial se encuentra paralizado y, hasta 2026, el juicio no ha sido iniciado.
Antecedentes miniaturadeimagen|El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. A partir de 1998, la economía boliviana, caracterizada por un período de crecimiento lento desde 1986, entró en una fase de desaceleración provocada por factores externos: el deterioro de los términos de intercambio y la reversión de los flujos de capital. Al finalizar 2002, Bolivia, que ingresaba en su quinto año de recesión, enfrentaba una grave crisis financiera: el desempleo alcanzaba el 7,7 %, el crecimiento del PIB fue de apenas 2,5 % (muy por debajo del 8 % proyectado) y la deuda externa había llegado al 54,2 % del PIB. De manera particularmente urgente, el déficit fiscal se había disparado del 3,3 % del ingreso nacional en 1997 al 8,7 % en 2002. Este último factor llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a exigir que el gobierno boliviano redujera el déficit al 5,5 % del PIB. Para ello se requería un recorte de 250 millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 8 % del presupuesto nacional. El incumplimiento habría significado la retirada del acuerdo de financiamiento a largo plazo del FMI. Sin ese acuerdo, el gobierno boliviano enfrentaba la pérdida no solo de préstamos del Fondo, sino también de millones de dólares en ayuda externa provenientes de Dinamarca, Alemania y Suecia.
Tras los sucesos de febrero, el FMI sostuvo que el gobierno boliviano había aceptado plenamente la meta del 5,5 %. Sin embargo, Carlos Mesa (entonces vicepresidente) afirmó que el gobierno había advertido a funcionarios del FMI que los recortes presupuestarios necesarios para cumplir esa meta eran demasiado drásticos. Aun así, según el director nacional de Presupuesto, Edwin Aldunate, el FMI se mantuvo firme en el 5,5 %, rechazando la contrapropuesta boliviana de fijar la meta en 6,5 %, pese a haber sido advertido de los “serios problemas sociales” que podían generar las políticas requeridas para alcanzar el objetivo del organismo.
Para cumplir las exigencias del FMI, el gobierno inicialmente apuntó a las petroleras extranjeras, elaborando un plan tributario que habría generado hasta 160 millones de dólares anuales. No obstante, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada descartó pronto esa idea, al temer que dañara la capacidad del país de proyectar una imagen estable ante los inversores extranjeros. En su lugar, el presidente y sus asesores acordaron una segunda propuesta: un impuesto progresivo a los ingresos dirigido al 4 % más rico de la población, con una recaudación estimada de 20 millones de dólares anuales. Dado el bajo monto de ingresos, se decidió ampliar el impuesto a todas las personas que percibieran el doble del salario mínimo nacional. En un discurso a la nación la noche del 9 de febrero de 2003, Sánchez de Lozada presentó al Congreso su propuesta de austeridad fiscal en el marco del Presupuesto General del Estado de 2003. La iniciativa proyectaba un aumento del 25 % de la inversión pública (unos 1 000 millones de dólares), un incremento del salario mínimo del 2,45 % (de 430 a 440,5 Bs), y una reducción del 0,5 % en los impuestos al consumo y a las transacciones financieras. Además, proponía una reducción del 10 % de los gastos burocráticos del Estado: del gobierno central, el legislativo y el judicial. Con ello, Sánchez de Lozada esperaba liberar 280 millones de bolivianos hacia la economía. La controversia surgió por la imposición de un impuesto a los salarios para quienes ganaran más de 880 bolivianos mensuales, con una tasa progresiva que alcanzaría el 12,5 %. Según Los Tiempos, la medida habría afectado a 500 000 trabajadores, alrededor del 5 % de la población y aproximadamente el 25 % de la población asalariada. Para los sectores de menores ingresos (como enfermeras, policías y maestros), el alza equivalía a dos dólares mensuales adicionales o lo suficiente para comprar alimentos para tres días.
Febrero Negro Huelgas generales El anuncio del impuesto fue rechazado casi de manera unánime por la población. Empresarios, partidos de oposición y sindicatos amenazaron con movilizarse contra el impuestazo. El diputado Evo Morales (líder de la oposición y dirigente de los sindicatos cocaleros) calificó la propuesta como un intento de “descargar la crisis económica sobre las espaldas del pueblo”. El Estado Mayor del Pueblo (un conglomerado de organizaciones sociales opositoras al gobierno del que Morales era miembro) anunció movilizaciones en Cochabamba contra el impuesto. También lo hizo la Central Obrera Boliviana (COB), que rompió las negociaciones sobre seguridad social que mantenía con el gobierno y declaró una huelga general de 24 horas. Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) propuso una “rebelión” abierta contra el gobierno, en coordinación con otras organizaciones sindicales.
El sector empresarial también se opuso al proyecto, al considerarlo perjudicial para la economía por reducir el consumo, aumentar el desempleo y promover la economía informal, que evade el pago de impuestos. En una reunión de emergencia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó una reunión urgente con Sánchez de Lozada para negociar la reversión del proyecto tributario. Sánchez de Lozada se mantuvo firme, sosteniendo que cualquier otro plan presupuestario sería inviable sin “poner en peligro la estabilidad de nuestra economía... Si no se aprueba un presupuesto como éste, [Bolivia] va ir a un colapso económico”.
El impuesto también se discutía entre oficiales de base de la Policía Nacional (PN), ya que sus salarios de 880 bolivianos se verían directamente afectados. La fuerza policial, mayoritariamente aimara y caracterizada por el respeto a formas de toma de decisiones comunitaria, resolvió oponerse a la reforma tributaria del gobierno. En el centro de estas discusiones se encontraba el Grupo Especial de Seguridad (GES) bajo el mando del mayor Vargas tenía antecedentes de participación en actos considerados “sediciosos” por el gobierno, pues había intervenido en la llamada Guerra del agua en Cochabamba menos de tres años antes, aunque no enfrentó repercusiones legales. El GES exigía un aumento del 40 % en los salarios policiales. Además, pedía modificar el proyecto para que solo se aplicara a los sectores más acomodados, con ingresos equivalentes a 660 dólares mensuales. Si se cumplían sus demandas, los efectivos se comprometían a cesar las protestas. Aunque el ministro de Gobierno Alberto Gasser había declarado públicamente que el impuesto era “no negociable”, se reunió al día siguiente con el alto mando policial.
thumb|David Vargas fue una figura central en las huelgas policiales que derivaron en disturbios en febrero de 2003.|238x238px|alt=Retrato de David Vargas
Motín policial Gasser llegó a la sede del GES a las 6:00 de la mañana del 12 de febrero, donde comunicó a Vargas y a otros oficiales superiores que el impuesto no podía retirarse debido al compromiso del gobierno con el FMI. Para entonces, policías uniformados y de civil de distintas unidades ya se congregaban alrededor de la sede, ubicada a media cuadra de la Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio Quemado (palacio presidencial) y otras instituciones gubernamentales. Durante la mañana, policías de La Paz y sus alrededores abandonaron sus puestos y se reunieron en las inmediaciones de la plaza y del GES, armados con armas policiales y equipos antidisturbios. Se les unieron cadetes trasladados desde la Academia Nacional de Policías, así como bomberos y algunos jubilados. Algunos efectivos se ubicaron en el techo del GES y desde allí se desplazaron al edificio adyacente de la Cancillería.
A las 10:00, alrededor de 100 policías comenzaron a marchar por la plaza, gritando sus demandas hacia las ventanas del Palacio Quemado, donde el presidente Sánchez de Lozada, el vicepresidente Mesa y el gabinete se habían reunido en una sesión de emergencia una hora antes. Tras deliberar, se decidió no ceder a las demandas de la PN y, en su lugar, intentar negociar con Vargas y los amotinados. Sánchez de Lozada delegó esta tarea a sus ministros de Presidencia, Gobierno y Defensa: Alberto Gasser y Freddy Teodovich, respectivamente. Poco después de las 10:30, el presidente contactó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, John W. Snow, para solicitar 120 millones de dólares en ayuda, con el fin de contar con margen para eventuales modificaciones al proyecto impositivo. Snow ofreció 15 millones de dólares, cifra que Sánchez de Lozada consideró insultante e inaceptable. Según Mesa, el presidente respondió, en perfecto inglés, que con eso “ni siquiera podía pagar los cigarros que fumaba”, y colgó. Poco después, el jefe de seguridad del palacio ordenó que todos se trasladaran al tercer piso. De acuerdo con el relato de Mesa, la conversación giró hacia la macroeconomía con una intención implícita de “separarse de la realidad dramática”.
Protestas estudiantiles Fuera del Palacio Quemado, la situación se deterioraba rápidamente. Entre las 10:00 y las 11:00, estudiantes del Colegio Ayacucho abandonaron su establecimiento para sumarse a las protestas en la plaza, pero fueron repelidos en la esquina de las calles Ayacucho y Comercio por unidades de control de multitudes de la Academia de Policías, que emplearon gas lacrimógeno para dispersarlos. Posteriormente, los estudiantes se reagruparon y avanzaron hacia el Palacio Quemado, obligando a los policías a replegarse hacia el Palacio Legislativo. Un pequeño contingente de soldados intentó dispersar a los estudiantes, pero recibió gas lacrimógeno por parte de efectivos de la PN. Al no contar con máscaras antigás, los soldados se retiraron al interior del palacio, dejando el exterior sin resguardo. Ante la falta de seguridad, los estudiantes comenzaron a apedrear la fachada del palacio, rompiendo ventanas desde la planta baja hasta el segundo piso. Para proteger el edificio, los guardias del palacio lanzaron gas lacrimógeno contra los estudiantes. Según Vargas, el gas llegó hasta la sede policial y fue interpretado como una provocación, por lo que la policía respondió. En ese momento, un contingente del ejército de alrededor de mil efectivos ingresó a la plaza, iniciándose un enfrentamiento entre militares y policías.
Estallido de las hostilidades miniaturadeimagen|Vista de la Plaza Murillo en 2012.