La historia LGBT en Puerto Rico se refiere a la diversidad de prácticas, militancias y valoraciones culturales sobre sexualidad y géneros disidentes que se desplegaron históricamente en el actual territorio puertorriqueño.
Época precolombina La información sobre sexualidad y género entre el pueblo taíno es escasa, pero las crónicas españolas indican cierta tolerancia a las diversidades sexuales indígenas. En 1525, el misionero dominico fray Tomás de Ortiz emitió uno de los primeros juicios condenatorios sobre el comportamiento de los nativos, afirmando que los caribes «no solo eran caníbales, sino que eran más sodomitas que cualquier otra raza». El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo (1535) describe que «indios e indias eran sodomitas» y portaban como ornamento de oro la imagen de «un hombre sobre otro en aquel diabólico y nefando acto de Sodoma». Además, estudios lingüísticos y etnográficos han identificado el término taíno naguacokios (hombres vestidos con naguas) para designar a varones que, al asumir roles pasivos en relaciones homosexuales, vestían la falda femenina (nagua); la sociedad taína reconocía esos comportamientos asignándoles atributos de mujer y permitiendo uniones sociales semejantes al matrimonio.
Época colonial española Con la conquista y colonización en el siglo XVI, Puerto Rico cayó bajo la jurisdicción del Derecho Indiano español y la moral cristiana. Las Siete Partidas del rey Alfonso X (1256), aún vigentes en las colonias, tipificaban la sodomía como crimen «contra natura» castigado con la muerte. En la práctica, la influencia de la Iglesia católica marcó las actitudes sociales: la homosexualidad se consideraba un grave pecado y delito. Por ejemplo, una normativa colonial señalaba que «cualquiera en el pueblo puede acusar a los hombres que cometan pecado contra natura» y que, de probarse, debían morir:
Durante el siglo XVII, se articuló en el Puerto Rico colonial un entramado clandestino de hombres que mantenían vínculos sexuales entre sí, configurando una subcultura que operaba al margen de la estricta moralidad de la época. Pese al carácter proscrito de estas prácticas, la existencia de dichas redes era conocida incluso por las más altas esferas del poder, incluyendo al gobernador, lo que evidenciaba una atmósfera de tolerancia selectiva o silencio tácito en ciertos sectores sociales. Pese a esta relativa tolerancia, algunos casos enfrentaron el rigor judicial, derivando en procesos punitivos bajo el cargo de sodomía.
Siglo XIX Con la implementación del Código Penal español de 1848, cuya vigencia se extendió a las provincias de ultramar, la sodomía dejó de figurar como delito expresamente tipificado en la legislación penal. A diferencia de la normativa penal anterior, que la sancionaba como «pecado nefando» en tanto infracción de carácter religioso, el nuevo código eliminó toda referencia explícita a esta conducta, incorporando en su lugar disposiciones generales relativas a los «escándalos públicos», las «ofensas a la moral» y las «faltas contra la decencia», sin mención específica a prácticas sexuales determinadas.
Durante este periodo, la ciudad de San Juan experimentó un endurecimiento de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los cuales buscaban limpiar el espacio público de sujetos considerados «viciosos» o perniciosos, términos que las autoridades coloniales utilizaban para criminalizar a hombres que no se ajustaban a los cánones de masculinidad y sexualidad de la época.
Caso Sabat y Colombo Uno de los eventos mejor documentados que evidencia la represión legal y moral de la diversidad sexual en Puerto Rico en el siglo XIX es el proceso judicial contra el sastre y mulato Francisco Javier Sabat Almira y el sargento José Colombo, ocurridos en San Juan bajo la jurisdicción del derecho colonial español. Este proceso ha sido objeto de atención histórica porque expone cómo la justicia criminalizaba relaciones entre personas del mismo sexo y empleaba términos peyorativos como «maricón», reflejo explícito del prejuicio social y legal de la época.
Ambos se conocieron hacia 1840 y desarrollaron una relación pública de estrecha cercanía, caracterizada por visitas frecuentes, comidas compartidas e intercambio de cartas, varias de las cuales fueron halladas durante la investigación. La denuncia se originó en conflictos personales con Francisco Sabat y fue presentada por Felipa Sierra con el apoyo de Margarita Hernaiz, quienes acusaron a Sabat de mantener un trato ilícito e indecente con el sargento José Colombo, lo que motivó la intervención de las autoridades y la apertura de un proceso en la jurisdicción militar.
El Consejo de Guerra reunido en julio de 1842 condenó a Colombo a ocho años de prisión por sodomía y a Sabat a seis años por incitación a la deserción, mientras que en paralelo la justicia civil sentenció a Sabat a cuatro años adicionales por sodomía, el 29 de marzo de 1843, pese a las apelaciones. Así, Sabat acumuló una condena total de diez años en la prisión de San Juan, de la cual fue parcialmente indultado en 1852, reduciéndose su tiempo de reclusión, mientras que en el caso de Colombo no se conserva evidencia concluyente sobre la duración efectiva de su encarcelamiento, aunque consta su envío a la prisión de Ceuta en el norte de África.
Siglo XX Primeras décadas A principios del siglo XX, la transición de Puerto Rico a la soberanía estadounidense trajo consigo una codificación legal más rígida de la sexualidad; en 1902, el nuevo Código Penal criminalizó explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo a través del Artículo 278, que penalizaba los «actos contra la naturaleza». Durante las primeras décadas del siglo, la población LGBT vivió bajo un régimen de invisibilidad y discreción absoluta, manteniendo estilos de vida aparentemente heterosexuales para evitar el estigma legal y social. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas derivadas de la Segunda Guerra Mundial catalizaron un cambio significativo: el desplazamiento de la fuerza laboral hacia las grandes ciudades permitió el anonimato urbano y el surgimiento de nuevas oportunidades de interacción social.
Década de 1950 Para la década de 1950, una creciente visibilidad dio paso a una subcultura urbana palpable en clubes, bares y espacios de encuentro, lo que a su vez provocó una reacción conservadora de las autoridades y la prensa, quienes comenzaron a etiquetar a la población LGBT como un «problema de degeneración sexual», «hombres afeminados», «enfermos mentales» y un «peligro para la juventud», sentando las bases de una tensión política y pública que estallaría en las décadas posteriores.
Década de 1960 Durante la década de los 60, el panorama para la comunidad LGBT en Puerto Rico estuvo marcado por una profunda tensión entre la represión institucional y los primeros intentos de reforma. Por un lado, el estigma social era muy fuerte; en 1961, el gobernador Luis Muñoz Marín llegó a solicitar informes policiales sobre el «problema homosexual», una expresión de la vigilancia estatal activa sobre lo que se consideraba una «enfermedad mental» o un peligro para la juventud. Sin embargo, a finales de la década, el clima de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y la histórica Revuelta de Stonewall en 1969 comenzaron a permear la isla. Este espíritu combativo impulsó a legisladores reformistas a cuestionar las leyes de sodomía de 1902 y sentó las bases ideológicas para que, poco después, el activismo LGBT emergiera, transformando el miedo y la invisibilidad en una resistencia política organizada.
Década de 1970 El histórico Edificio Comunidad de Orgullo Gay de Puerto Rico (construido en 1937, con importancia histórica entre 1974 y 1976), ubicado en la calle Saldaña n.° 3 en San Juan, está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. A la fecha de la foto (2017), la planta baja se ha convertido en un restaurante.|miniaturadeimagen
Puerto Rico ocupó un lugar central dentro de las redes transnacionales del activismo homosexual latinoamericano durante la década de 1970. Estas redes funcionaban de manera multi-nodal, con distintos puntos de conexión en la región, entre los que se destacaban además de Puerto Rico: México, Argentina, Brasil, Colombia y Jamaica. A través de la correspondencia entre activistas y organizaciones, se construyeron alianzas políticas y afectivas que permitieron sostener un proyecto liberacionista de alcance regional. Dentro de ese entramado, Puerto Rico se convirtió en un punto estratégico para la circulación de información. En momentos de fuerte represión en países como Argentina, las cartas del Frente de Liberación Homosexual eran centralizadas en San Juan para luego ser enviadas de forma discreta a Buenos Aires. La Comunidad de Orgullo Gay de San Juan y su revista Pa’fuera se consolidaron como un epicentro de difusión de noticias y contactos, mientras su líder, Rafael Cruet, mantenía una activa correspondencia con otros militantes para fortalecer las redes regionales.
El movimiento puertorriqueño también cumplió funciones de mediación y apoyo entre organizaciones de distintos países. La Comunidad de Orgullo Gay llegó a canalizar la correspondencia de grupos como el Frente de Liberación Homosexual de México para evitar persecuciones policiales, y facilitó la conexión entre activistas sudamericanos y estadounidenses. A pesar de esta importancia, el papel del Caribe y de Puerto Rico ha sido poco reconocido en la historia del activismo queer latinoamericano, pese a su rol como uno de los principales nodos de traducción, intercambio y articulación política en los años setenta.
Comunidad de Orgullo Gay Durante la década de 1970 se gestaron en Puerto Rico las primeras expresiones organizadas del activismo LGBT en un contexto de criminalización de la homosexualidad y fuerte moral conservadora respaldada por el Estado y la Iglesia. En 1974 surgió la Comunidad de Orgullo Gay (COG), incorporada formalmente en 1975, como el primer grupo estructurado de gays y lesbianas en la isla. Su creación respondió a la discriminación legal y social imperante, y constituyó el primer esfuerzo colectivo para confrontar el orden heteronormativo mediante la acción política, la educación y la organización comunitaria. El epicentro de este proyecto fue Casa Orgullo, un espacio en San Juan que funcionó como refugio seguro, ofreciendo asesoría legal, apoyo emocional y servicios de salud pioneros, al tiempo que promovía la conciencia política y la ruptura con décadas de invisibilidad y represión institucionalizada.
Entre sus aportes más significativos destacó la publicación de la revista Pa’fuera (1974–1976), que operó como plataforma política y cultural para debatir la identidad sexual, denunciar la violencia policial, cuestionar artículos del Código Penal y analizar la representación mediática de las personas homosexuales. La COG también enfrentó tensiones internas, especialmente en torno a la necesidad de espacios autónomos para mujeres lesbianas, lo que dio paso a la Alianza de Mujeres de la Comunidad Orgullo Gay y evidenció la diversidad del activismo emergente. Aunque el colectivo se disolvió a finales de 1976 por presiones económicas y personales, su legado fue decisivo para el reemplazo del estigma por un discurso de orgullo y dignidad, y sentó las bases organizativas y discursivas del posterior movimiento de liberación LGBT en Puerto Rico. Década de 1980 miniaturadeimagen|La gráfica muestra la cantidad de muertes cada 100000 habitantes en Puerto Rico en la pandemia de VIH, en una escala ascendente muy acelerada desde 1986 hasta 1995 hasta llegar a su pico máximo aproximado de 40 muertes por cada 100.000 habitantes