Fiesta Mexicana es el nombre acuñado el 13 de febrero de 2014 por el ministro de interior de Venezuela Miguel Rodríguez Torres para referirse a sus acusaciones contra el activista Gustavo Tovar-Arroyo. Rodríguez Torres acusó a Tovar-Arroyo de organizar una reunión en México en 2010 con el propósito de «desestabilizar» al país, responsabilizándolo de la violencia ocurrida el 12 de febrero al inicio de las protestas en Venezuela el mismo año, y acusando de participar a la mayoría de los líderes del movimiento estudiantil venezolano de 2007 y 2009 y a funcionarios de gobierno extranjeros.
Gustavo Tovar-Arroyo rechazó categóricamente las acusaciones, declarando que organizó una reunión en 2010 con objetivos pacíficos, para discutir sobre la situación del país y la organización de las elecciones presidenciales de 2012, fines diferentes a los afirmados por el gobierno venezolano. La comunidad venezolana en México se movilizó a la embajada de Venezuela para protestar contra las afirmaciones del ministro.
La dictadura venezolana procedió a perseguir a Tovar-Arroyo y a su hermana, siendo obligados a salir del país. Años después, el mismo Rodríguez Torres fue arrestado en 2018 en Venezuela por expresar su desacuerdo con el entonces presidente Nicolás Maduro.
Acusaciones El 13 de febrero de 2014, al inicio de las protestas en Venezuela el mismo año y tras el asesinato de Bassil da Costa, Robert Redman, y Juan Montoya, el entonces ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres acusó a estudiantes de ser grupos de infiltrados y de ser entrenados en México, y los responsabilizó por los enfrentamientos ocurridos en Caracas el día anterior. Rodríguez Torres llamó al plan como la Fiesta Mexicana y acusó al activista Gustavo Tovar-Arroyo de organizar una reunión en 2010 en dicho país «y tenía la finalidad de adiestrar en métodos de desestabilización violenta a los líderes estudiantiles y de la juventud de extrema derecha». El ministró también acusó a casi todos los líderes del movimiento estudiantil de 2007 y 2009 de promover el encuentro, incluyendo a Gaby Arellano, Freddy Guevara, Yon Goicoechea, David Smolasky y Daniel Ceballos, al igual que al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; el exsecretario adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Otto Reich; y el banquero venezolano Eligio Cedeño, además de vincular al expresidente mexicano Vicente Fox.
Gustavo Tovar-Arroyo rechazó categóricamente las acusaciones, describiéndolas como «falso, difamatorio y vergonzoso», y expresando que «si tuviera la posibilidad de demandarlo lo haría por mentiroso, por criminal». Declaró que dicha reunión sí tuvo lugar en 2010, pero no con los fines que afirmaba el gobierno venezolan, sino discutir sobre la situación del país y la organización de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2012, donde el presidente Hugo Chávez compitió contra el gobernador de Miranda Henrique Capriles, y sobre la defensa del voto en dichos comicios. También afirmó que «mi lucha ha sido siempre a favor del Estado de Derecho, los valores humanos, la vida y la libertad. A diferencia del gobierno militar de Venezuela, no creo en la guerra, creo en la paz», y que su objetivo era «la restitución de la democracia y la reivindicación de los derechos humanos a través del diálogo». Tovar-Arroyo dijo que presentaría una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por varias amenazas de muerte en su contra.
Como respuesta a las acusaciones, la comunidad venezolana en México se movilizó a la embajada de Venezuela en Ciudad de México para protestar contra las afirmaciones de Miguel Rodríguez Torres. Entre ellos, el economista venezolano Leonardo Acevedo comentó: «Es una política de echarle la culpa a los demás. En México hemos recibido a líderes de la oposición venezolana que han venido a darle pláticas a la comunidad, sobre cuál es la situación, cuáles son los caminos. Cada vez que Venezuela entra en crisis, hay un magnicidio».
Legado La dictadura venezolana procedió a congelar las cuentas bancarias de Tovar-Arroyo y debió huir del país. Su hermana, la maestra de kínder Marisela Tovar Arroyo, también sufrió persecusión y se vio forzada a refugiarse en la embajada de México en Caracas.
Años después, Miguel Rodríguez Torres fue arrestado el 13 de marzo de 2018 luego de expresar su desacuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro y fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un año por la Contraloría General de Venezuela. En 2023, fue expatriado a España por el gobierno de Maduro.
Véase también Golpe Azul Operación Daktari Relaciones México-Venezuela
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