Silvia Arce (Ciudad Juárez, desaparecida 11 de marzo de 1998) fue una mujer mexicana cuya desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos por la falta de interés en la investigación por parte del Estado mexicano y la respuesta tardía de las autoridades, ocurriendo en un contexto de desapariciones y violencia en contra de las mujeres en la ciudad. El caso ganó notoriedad a nivel internacional y por parte organismos de derechos humanos como ejemplo de la impunidad reinante en Ciudad Juárez y gran parte de la república.
El 7 de marzo de 2025, en una ceremonia en conmemoración de las víctimas de violencia de género, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública por el daño y la impunidad causado hacia la familia de Silvia Arce durante estos años, además de compremeterse a llevar a los responsables a la justicia. Desaparición El 11 de marzo de 1998, Arce salió de su casa alrededor de las 19:00 horas rumbo a su trabajó. Fue vista por última vez en la madrugada del 12 de marzo saliendo de su trabajo en compañía de su amiga Griselda Mares Mata (“Adriana”), abordando un automóvil en el que también viajaban otras personas. Ninguna de ellas ha sido encontrada desde entonces. Ambas familias presentaron denuncias por su desaparición, y la madre de Silvia, Evangelina Arce, acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua a presentar la denuncia el 14 de marzo de 1998.
La desaparición de Silvia tomó lugar durante la ola de feminicidios azotó a la ciudad durante la década de 1990, época marcada por la impunidad, violencia de género y el marcado machismo en la sociedad mexicana.
Investigación Desde el inicio, la investigación de la Procuraduría enfrentó omisiones, irregularidades e inacción, según las organizaciones que han seguido el caso. La familia y colectivos de derechos humanos denunciaron la falta de diligencia de las autoridades para buscar a Silvia y a Griselda, lo que derivó en una queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos humanos. Informes y peticiones ante la CIDH se centraron en la violación de diversas obligaciones internacionales del Estado mexicano por no investigar con perspectiva de género ni aplicar debida diligencia en la búsqueda de mujeres desaparecidas. El 30 de diciembre de 2003, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Justicia Para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la CIDH por las violaciones cometidas en perjuicio de Silvia y su familia.
En mayo de 2005, después de una larga investigación realizada por Evangelina Arce y otros familiares dieron con los exagentes de la Policía Judicial Federal (PJF) Eleazar Medina Rojas y Jorge García Paz se encuentran detenidos en San Antonio, Texas y Veracruz, respectivamente, ambos por delitos contra la salud; el segundo también por secuestro. Sin embargo, hasta ahora no han sido interrogados en relación con la desaparición de Silvia Arce y Griselda Mares; el tercer involucrado se llama Carlos Cárdenas Cruz. La familia confirmó que una semana después de la desaparición de su hija, una joven identificada solamente como Verónica Rivera presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia estatal por tortura y secuestro contra los mismos agentes de la PJF que posiblemente raptaron a Silvia y Griselda.
El 2 de marzo de 2013, la activista Evangelina Arce señalo públicamente el entonces comandante Jorge García Paz y dos agentes de la desaparecida Policía Federal Preventiva (PFP), de acuerdo con declaraciones que hizo el presunto narcotraficante Óscar Alonso Escajeda, detenido el 27 de abril de 2007 en el valle de Juárez.
Tras años de trámite, el 14 de julio de 2020, la CIDH aprobó el Informe de Fondo N.º 195/20, en el que concluyó que el Estado mexicano era responsable por la violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos, por no actuar con debida diligencia ante la desaparición de Silvia, así como por no garantizar la protección judicial de su familia. A Ángel, el segundo hijo de Silvia, lo mataron cuando cumplió 18 años. Días antes de su muerte, dos agentes federales fueron a la casa de Evangelina “y me lo pidieron prestado para que los acompañara y les indicara donde vivía su papá. Quedaron en regresar por él, para llevarlo a declarar por lo que él sabía de la desaparición de su mamá, pero fue asesinado”.
No fue hasta agosto de 2024, cuando un equipo multidisciplinario de la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada de la Mujer realizaron pesquisas en un inmueble decomisado en la colonia La Raza, en la cabecera municipal de Ciudad Juárez. Autoridades confirmaron que se descartó la presencia de indicios relacionados con el caso, mencionando que siguen comprometidos en la investigación. Reconocimiento y disculpa del Estado Como resultado de la sentencia de la CIDH y de la lucha de la familia Arce, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional el 11 de marzo de 2022, 24 años después de la desaparición de Silvia. Esta disculpa se realizó en el Monumento del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, en presencia de la madre de Silvia, funcionarios del gobierno federal como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez y estatal, y representantes de organizaciones civiles.
Durante el acto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración se comprometió a continuar con la investigación con perspectiva de género, aclarar los hechos, sancionar a los responsables y adoptar medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
Repercusiones y memoria El caso de Silvia Arce ha servido como un ejemplo emblemático de las fallas en el sistema de procuración de justicia frente a desapariciones de mujeres en México, especialmente en Ciudad Juárez, y ha sido citado en análisis de violencia de género y derechos humanos. En actos conmemorativos realizados años después, colectivos y familiares han exigido la búsqueda efectiva y justicia en el caso, que permanece sin resolución definitiva.
Véase también Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México Desaparición forzada en México Feminicidas del campo algodonero Referencias
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