En el Perú, diversos políticos han denunciado ser víctimas de lawfare debido a los procesos judiciales en los que están involucrados. A diferencia de otros países de América Latina en los cuales políticos de izquierda denunciaban el uso del lawfare en su contra, el Perú destacó por ser los políticos de derecha quienes inicialmente realizaron tales denuncias, siendo usado dicho discurso posteriormente por políticos de izquierda.

Uso del término El término «lawfare» empezó a ser usado de manera generalizada a partir del año 2016 en América Latina para denunciar una presunta «judicialización de la política orientada a neutralizar o inhabilitar en forma permanente o circunstancial a un adversario político». En el caso peruano, el término «lawfare» ha sido usado para acusar a los denominados «caviares» de presuntamente realizar lawfare contra los involucrados en procesos judiciales mediante investigaciones sesgadas y por tener supuestamente infiltrada instituciones judiciales. Según los adherentes a esta teoría, los fiscales a cargo del Caso Odebrecht (Rafael Vela y José Domingo Pérez), junto a algunos políticos como el expresidente Martín Vizcarra, usaron el lawfare para supuestamente perseguir a sus rivales políticos y encubrir a la empresa brasileña Odebrecht recurriendo, para tal fin, a la prensa, a quienes filtraban información reservada para «crea[r] el terreno propicio o crítico para cualquier decisión de los operadores de justicia», y a la DIVIAC, dirigida entonces por Harvey Colchado, al que señalan como «policía política». Además, se señala el Acuerdo de Colaboración Eficaz entre la fiscalía y Odebrecht, y otros similares, como un instrumento de impunidad que habría sido usado para «blindar» a Odebrecht y a los integrantes del Club de la Construcción así como a sus directivos, como el empresario José Graña. Según el periodista Jaime de Althaus, el Caso Odebrecht y el Caso Los Cuellos Blancos fueron instrumentalizados por Vizcarra para acumular popularidad mientras que Vela y Pérez presuntamente instrumentalizaron la lucha anticorrupción para hacer «populismo judicial» presentando acusaciones desvirtuadas. De acuerdo con De Althaus, dicha práctica hizo que los diversos partidos consolidados sean debilitados abriendo paso a personas no aptas para los cargos políticos así como a representantes de las economías ilegales.

Entre los involucrados en el caso Odebrecht que han señalado o han sido señalados de ser víctimas de lawfare están: Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, siendo Humala quien denunciara un presunto lawfare en su contra por ser de izquierda. Otros personajes que han sido señalados de ser víctimas de lawfare son el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, el ex contralor de la República Edgar Alarcón, entre otros. Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, mientras tanto, acusó a Justicia TV, el espacio televisivo del Poder Judicial, de ser una especie de «reality» de la criminalización de la política. El periodista Ricardo Uceda, por su parte, señaló diversas irregularidades con respecto a los procesos de Keiko Fujimori, Kuczynski, Vladimir Cerrón y Walter Aduviri.

Además, tras la popularización del término, el término ha sido usado para indicar como presuntas víctimas de lawfare a algunos militares provenientes del conflicto armado interno que han sido procesados por diversos casos, siendo éstos Luis Giampetri, el Comando Chavín de Huántar y Juan Rivero Lazo, así como para el expresidente Alberto Fujimori. El periodista Aldo Mariátegui ha acusado a IDL y «las ONG caviares» de presuntamente realizar lawfare contra el Perú a través de la Corte IDH y la CIDH. Por su parte, para la ex congresista Martha Chávez, el lawfare implicaba a las ONGs de derechos humanos y de orientación marxista quienes presuntamente adoctrinaban a los jueces y fiscales desde el año 2001 para que sean benevolentes con cuadros terroristas. El término ha sido usado también para señalar presuntas intromisiones del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano, conocida como «Ley Mulder», luego que fuera declarada inconstitucional por el TC.

Posteriormente, el término «lawfare» empezó a ser usado, de forma mayoritaria, por políticos de izquierda, siendo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, y el expresidente Pedro Castillo, quienes denunciaran dicha práctica en su contra. Al respecto, el Foro de Sao Paulo se pronunció en favor de ellos denunciando lawfare contra ellos. El diario cerronista Diario Uno también ha señalado un presunto lawfare en contra de Cerrón mientras que el Observatorio Lawfare usó dicho término para denunciar dicha práctica contra Castillo al igual que los simpatizantes castillistas. Otro personaje que ha sido señalado como víctima de lawfare es el líder etnocacerista Antauro Humala, esto tras ser declarado ilegal el Partido ANTAURO.

Ante las acusaciones de corrupción en sus gobiernos, tanto Castillo como Dina Boluarte denunciaron el presunto uso del lawfare en su contra, señalándose, en el caso de Castillo, a la derecha como practicante de la misma mientras que en el caso de Boluarte se señaló a los «caviares» como instigadores de las acusaciones en su contra.

Véase también

Mafia caviar Caso Odebrecht en Perú Crisis política en Perú de 2016-2021 Crisis política en Perú de 2021-presente Acusaciones de lawfare durante el gobierno de Yamandú Orsi

Referencias

Categoría:Corrupción en Perú Categoría:Caso Odebrecht en Perú Categoría:Crisis política en Perú de 2016-2021 Categoría:Crisis política en Perú de 2021-presente